Sin abusar del calificativo, pocas veces se habrá podido decir con tanta
razón que unas elecciones van a ser históricas. En un mundo que
normaliza la inhumanidad y la brutalidad, España no quedará al margen de un
ciclo político que ya ha transformado Estados Unidos, buena parte de América del Sur y numerosos países europeos.
Cuando digo España me refiero también a todas sus realidades políticas
interiores, se piensen a sí mismas como nación, nacionalidad, comunidad
autónoma o región. La desigualdad desatada, la xenofobia, la reacción machista, la crisis climática o el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas no se detendrán ante ninguna
frontera nacional. Ningún territorio dispone de una inmunidad democrática
que le permita desentenderse de lo que sucede a su alrededor.
En este escenario, lo que necesitamos de cara a las próximas elecciones
generales es bastante sencillo de exponer, aunque seguramente mucho más difícil
de conseguir. Son dos exigencias: la primera responde a la ética; la segunda, a
la lógica electoral.
La primera es una sociedad civil plenamente movilizada. En las calles, en las
organizaciones sociales, en los sindicatos, en los barrios, pero también en las
urnas. La democracia necesita una ciudadanía organizada, capaz de
defender sus derechos y de exigir responsabilidades a quienes gobiernan y las
elecciones constituyen un momento especialmente importante de esa
responsabilidad colectiva.
Comprendo el hartazgo de quienes han perdido la confianza en la democracia
electoral, si es que alguna vez la tuvieron. Comprendo el cansancio ante las interminables peleítas entre las izquierdas, sus
personalismos y sus disputas por espacios de poder cada vez más pequeños. Hay
motivos sobrados para la decepción. Pero también hay una pregunta que
deberíamos hacernos antes de decidir que votar ya no merece la pena: ¿quiénes
van a pagar las consecuencias de nuestras decisiones?
Pensemos en las personas que dependen de unos servicios públicos accesibles, en quienes no pueden pagar un alquiler, en las familias amenazadas por un desahucio, en las mujeres amenazadas por la violencia machista, en las personas migrantes y refugiadas cuyos derechos son cuestionados, en quienes sobreviven gracias a unas prestaciones sociales siempre insuficientes. Pensemos en quienes tienen menos recursos para protegerse de las decisiones políticas que afectan a sus vidas.
La abstención puede expresar una protesta legítima, pero sus consecuencias
no se distribuyen por igual. Quienes disponemos de patrimonio, contactos y
recursos siempre encontraremos más posibilidades de protegernos. Las personas
más vulneradas, bastante menos. Por eso creo que, incluso desde la decepción más profunda, merece la pena
preguntarse por la responsabilidad que tenemos hacia quienes seguro sufrirán un
retroceso de sus derechos y condiciones materiales de vida si gobiernan PP y
Vox. La ética política empieza ahí, en la conciencia de que nuestras
decisiones, incluida la de quedarnos en casa, afectan a otras personas.
La segunda exigencia se dirige a las organizaciones políticas. Si se
pretende que la participación electoral tenga una traducción institucional
eficaz, hay que afrontar el problema de la dispersión de
candidaturas. Ya que, en un sistema electoral como el español, la división
entre opciones próximas se traduce en una importante pérdida de representación.
Es una cuestión conocida, pero parece que nunca suficientemente aprendida.
Ya hay pequeñas formaciones, tan impolutas como históricamente impotentes,
que han anunciado a bombo y platillo su voluntad de concurrir a las elecciones
con sus propias siglas, aunque sus posibilidades de obtener representación sean
nulas. No quisiera despreciar a nadie, pero me resulta difícil disimular el
hartazgo ante una fragmentación que parece reproducirse indefinidamente. Pero
las principales fuerzas de la izquierda a la izquierda del PSOE todavía tienen
margen para buscar acuerdos amplios, aunque este margen es ya mínimo.
¿Son importantes los liderazgos, las caras que representen ese proyecto
compartido? Sin duda, pues vivimos en democracias profundamente mediatizadas,
en las que la imagen y la comunicación condicionan la percepción pública de la
política. Pero resulta desolador que las conversaciones sobre la unidad de las izquierdas acaben
reducidas a quién encabeza una candidatura, quién ocupa cada puesto o qué
organización consigue mayor visibilidad.
Las primarias pueden contribuir a democratizar estas decisiones, aunque tampoco conviene idealizarlas ya que con frecuencia terminan funcionando como mecanismos de selección entre élites previamente constituidas, mientras las cuestiones de fondo quedan relegadas. La participación democrática en los partidos debería abarcar bastante más que elegir nombres en una papeleta. En esto se recuerda poco a Julio Anguita: «Programa, programa, programa». Y, sin embargo, pocas cosas resultan hoy tan necesarias como recuperar aquella exigencia. Porque lo verdaderamente importante para construir una unidad reconocible y capaz de suscitar ilusión es acordar qué se quiere hacer, con quién y frente a qué intereses.
Necesitamos un programa de confrontación democrática. Sí, de confrontación.
Porque hay conflictos sociales reales que ninguna apelación abstracta al
consenso puede resolver. No se puede garantizar el derecho a la vivienda sin intervenir sobre los intereses que hacen de ella un negocio
especulativo. No se pueden defender unos servicios públicos
universales mientras se tolera su deterioro y se favorece su privatización. No
se puede combatir la desigualdad sin una fiscalidad que redistribuya efectivamente la riqueza.
Ni afrontar la crisis ecológica dejando intactos los
privilegios de quienes más contribuyen a provocarla.
Ese programa debería ofrecer compromisos concretos y verificables. Vivienda
asequible, salarios y pensiones dignas, reducción de la
precariedad, servicios públicos fortalecidos, una transición ecológica socialmente justa, derechos
efectivos para todas las personas con independencia de su origen. Y también una
política internacional comprometida con la paz, los derechos humanos y el
derecho internacional, en un momento en que la militarización amenaza con absorber recursos y
energías que necesitamos para sostener la vida.
Nada de esto será sencillo. Habrá resistencias poderosas, límites
institucionales y desacuerdos legítimos sobre las medidas más adecuadas.
Precisamente por eso necesitamos una izquierda capaz de explicar sus
propuestas, reconocer las dificultades y construir mayorías sociales que
permitan llevarlas adelante. Una izquierda que vuelva a hablar de los problemas
cotidianos de la gente y que sea capaz de relacionarlos con las estructuras
económicas y políticas que los producen.
La unidad electoral es necesaria, pero solo un proyecto
compartido puede darle sentido y continuidad. Y ese proyecto deberá construirse
escuchando a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales, a las
iniciativas comunitarias y a tantas personas que llevan años defendiendo
derechos y sosteniendo la vida colectiva.
Ante unas elecciones que pueden tener consecuencias duraderas, la
ciudadanía tiene derecho a exigir esa responsabilidad a sus representantes, y
las organizaciones políticas tienen motivos de sobra para tomársela en serio.
La democracia merece ser defendida, pero también necesita ser transformada para
que sus promesas de igualdad, libertad y justicia alcancen a todas las
personas. Esa es la tarea, y el tiempo para afrontarla no es ilimitado.
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