Las izquierdas y la tentación del repliegue territorial

El acuerdo alcanzado entre Gabriel Rufián e Irene Montero, por el que Podemos renuncia a competir electoralmente en Cataluña y se compromete a apoyar la candidatura de ERC, mientras ambas dirigentes anuncian una colaboración en la campaña electoral, merece una reflexión que vaya más allá de sus posibles consecuencias sobre el reparto de escaños. Porque la decisión se produce en un momento especialmente delicado para la izquierda española, cuando el avance de la extrema derecha y la posibilidad de un gobierno de PP y Vox plantean interrogantes sobre el futuro de los derechos sociales, las libertades democráticas y la convivencia. En estas circunstancias, cualquier iniciativa que invoque la unidad de las fuerzas progresistas debería ser examinada atendiendo tanto a sus propósitos declarados como a sus consecuencias políticas.

A primera vista, el acuerdo puede interpretarse como un ejercicio de responsabilidad. Dos organizaciones que podrían competir por una parte del electorado deciden colaborar, evitando la dispersión del voto; además, sus protagonistas justifican la decisión apelando a la necesidad de hacer frente al avance de la extrema derecha. Es un argumento comprensible, pero, a mi juicio, absolutamente insuficiente, porque la cuestión no consiste en determinar si dos organizaciones pueden entenderse, sino en explicar por qué han decidido entenderse entre ellas, justo cuando otras fuerzas de izquierda están intentando construir una candidatura más amplia.

Se ha destacado la afinidad política entre Rufián e Irene Montero, su común compromiso antifascista, sus críticas a determinadas políticas del PSOE y su reivindicación de la movilización social. Todo ello es cierto, pero difícilmente puede considerarse una explicación específica del acuerdo ya que esos mismos elementos, con diferencias de intensidad, lenguaje y trayectoria, caracterizan también a Izquierda Unida, los Comuns, Más Madrid, Movimiento Sumar y otras organizaciones situadas a la izquierda del PSOE. Si la afinidad programática y la preocupación por el avance reaccionario constituyen razones más que suficientes para colaborar, lo que habría que explicar es por qué esa colaboración se limita a determinados actores y deja fuera a otros con los que se comparten buena parte de los objetivos políticos.

La pregunta es, creo, pertinente porque la unidad de la izquierda no puede medirse exclusivamente por el número de acuerdos que se anuncian, y un pacto bilateral puede reducir la competencia entre dos organizaciones al mismo tiempo que dificultar una cooperación más amplia. En este caso, la renuncia de Podemos a presentar una candidatura propia en Cataluña no resuelve la división de las izquierdas catalanas, pues los Comuns mantienen legítimamente su propio espacio electoral y ERC continúa compitiendo con ellos. Es por ello que las consecuencias electorales no pueden darse por supuestas, no existiendo ninguna razón para pensar que quienes hubieran votado a Podemos trasladarán automáticamente su apoyo a ERC: algunas personas pueden hacerlo, otras pueden preferir a los Comuns o decidir no votar. Tampoco sabemos si la colaboración entre Rufián e Irene Montero facilitará posteriores acuerdos con otras organizaciones o si, por el contrario, hará más difíciles las negociaciones. Lo que sí puede afirmarse es que la decisión introduce un nuevo elemento de dificultad en un escenario de fragmentación que las propias organizaciones implicadas reconocen como problemático.

Hay, además, una cuestión organizativa que no debería pasar inadvertida. Hasta donde alcanza la información pública disponible, no consta que el acuerdo haya sido sometido a una consulta específica de las bases de Podemos ni que se haya hecho pública una resolución de sus órganos colegiados que explique su aprobación. Esto no demuestra que no haya existido deliberación interna, pero deja sin aclarar cómo se ha adoptado una decisión que afecta directamente a la estrategia electoral de la organización en Cataluña y, por extensión, a la configuración de una alternativa de izquierdas en el conjunto de España.

La cuestión resulta especialmente relevante tratándose de Podemos, una formación que desde sus orígenes ha reivindicado la participación de las personas inscritas y la celebración de primarias como elementos distintivos de su cultura política. Sería importante conocer qué órgano ha autorizado el pacto, qué papel ha desempeñado la organización catalana y cómo se ha previsto la participación de las bases en una decisión que implica renunciar a una candidatura propia y apoyar la de otro partido. También sería necesario aclarar si el acuerdo contempla la incorporación de personas vinculadas a Podemos a las listas de ERC y, en tal caso, mediante qué procedimiento serían seleccionadas.

La ilusión de la inmunidad democrática

Con todo, el aspecto más significativo del acuerdo puede encontrarse en una dimensión que trasciende las relaciones entre Podemos y ERC. Me refiero a la concepción de la lucha contra la extrema derecha que parece abrirse paso en determinados discursos soberanistas y que introduce una tensión entre dos estrategias diferentes: combatir el avance reaccionario en el conjunto del Estado o fortalecer espacios territoriales desde los que protegerse de sus consecuencias.

La diferencia es fundamental. En el primer caso, el objetivo consiste en articular una respuesta democrática ampliamente compartida, capaz de movilizar a las fuerzas sociales y políticas progresistas con independencia de su implantación territorial o de sus respectivas concepciones nacionales. En el segundo, la prioridad se desplaza hacia el fortalecimiento de determinadas comunidades políticas que se consideran especialmente resistentes al avance de la derecha y la extrema derecha. Ambas estrategias pueden compartir objetivos inmediatos, pero sus horizontes políticos no son necesariamente coincidentes. Tampoco sus resultados dinales.

Resulta especialmente revelador que ERC haya presentado su acuerdo con Podemos afirmando que la legitimidad para enfrentarse al reaccionarismo estatal pasa por fortalecer a las izquierdas nacionales y que, en Cataluña, esa fuerza es ERC, una afirmación política que merece ser discutida. ¿Por qué la condición de izquierda «nacional» (no española) habría de conferir una legitimidad especial para combatir a la extrema derecha? ¿Por qué ERC debería representar esa resistencia mejor que otras organizaciones catalanas que también defienden los derechos sociales, las libertades democráticas y el autogobierno?

Si bien la implantación electoral, la trayectoria histórica y la capacidad de movilización son argumentos que pueden justificar una alianza, considero que la pertenencia a un determinado proyecto nacional no constituye, por sí misma, una garantía de mayor compromiso democrático. Al contrario, si se acepta que la lucha contra la extrema derecha exige fortalecer prioritariamente a las izquierdas nacionales, se estrá introduciendo un criterio de preferencia política que va más allá de las coincidencias programáticas y que debería justificarse (y discutirse) abiertamente.

En este contexto adquieren especial interés las declaraciones de Arnaldo Otegi sobre la capacidad de Euskal Herria y Cataluña para frenar al fascismo. El dirigente de EH Bildu ha defendido en distintas ocasiones que la correlación de fuerzas existente en Euskal Herria es sustancialmente diferente de la que caracteriza al conjunto de España y ha vinculado esa diferencia con su proyecto independentista. La idea puede resultar atractiva para quienes contemplan con preocupación el crecimiento de la extrema derecha española: frente a una España que se derechiza, existirían territorios capaces de preservar una orientación política diferente.

Hay una parte de verdad en ese diagnóstico, pues las culturas políticas vasca y catalana presentan características históricas propias, y la extrema derecha española ha encontrado en determinados momentos mayores dificultades electorales en esos territorios que en otros lugares. La existencia de tradiciones políticas y sociales diferenciadas, de organizaciones sindicales y comunitarias arraigadas y de una memoria histórica particular puede contribuir a explicar esas diferencias, e ignorarlas sería tan poco riguroso como negar la diversidad nacional y territorial del Estado.

Pero reconocer esas particularidades no autoriza a convertirlas en una suerte de inmunidad democrática. En primer lugar, porque la debilidad electoral de Vox en un territorio no significa que su sociedad esté libre de racismo, xenofobia, autoritarismo, antifeminismo o rechazo a las personas consideradas diferentes: ahí están la Aliança Catalana de ahora mismo y el MLNV orbitante en torno a ETA de hace bien poco. En segundo lugar, porque tampoco significa que todas esas actitudes reaccionarias adopten necesariamente la forma de una identificación con la extrema derecha española, pudiendo manifestarse mediante otros discursos, organizaciones y prácticas sociales, incluso en ambientes políticos que se consideran progresistas.

Aquí encuentro un salto lógico, y hasta ético, que conviene advertir, porque de la constatación de una determinada realidad electoral se pasa a sugerir la existencia de una virtud política propia y distintiva de la comunidad nacional, y de esa supuesta virtud se deduce que el fortalecimiento del proyecto soberanista constituye una respuesta especialmente adecuada frente al avance reaccionario. Ninguna de estas conclusiones se desprende necesariamente de la anterior. Y alguna de ellas es realmente inquietante.

Las sociedades vasca y catalana no están al margen de las transformaciones económicas, culturales y políticas que favorecen el crecimiento de las derechas radicales en Europa. La precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, las desigualdades sociales, los discursos contra la inmigración, la reacción machista y la desconfianza hacia las instituciones también atraviesan nuestras comunidades. Algunas de estas dinámicas pueden encontrar expresiones particulares en cada territorio, es cierto, pero no desaparecen por la existencia de una identidad nacional diferenciada.

De hecho, la convicción de que una comunidad es esencialmente más democrática o progresista que otras puede convertirse en un obstáculo para reconocer sus propias contradicciones ya que, si el fascismo se identifica exclusivamente con una amenaza exterior, procedente de España, resulta más difícil prestar atención a las formas de exclusión, intolerancia o autoritarismo que se desarrollan dentro de la propia sociedad. La frontera territorial termina funcionando como una frontera moral. Y esto es eso tan inquietante a lo que me refería. Porque la calidad democrática es una construcción histórica, sostenida por instituciones, prácticas sociales y compromisos ciudadanos que necesitan renovarse constantemente, pero en ningún caso es una propiedad natural de ningún pueblo.

El riesgo del repliegue territorial

Por eso, deberíamos prestar atención a la posibilidad de que la respuesta soberanista al avance de la extrema derecha adopte una lógica de repliegue, de modo que, ante la posibilidad de una España gobernada por PP y Vox, la prioridad deje de ser impedir o combatir ese proyecto en el conjunto del Estado para concentrarse en proteger una comunidad política considerada propia. La perspectiva, entonces, dejaría de ser cómo contribuir a una democracia común y pasaría a ser cómo salvarse de una España crecientemente reaccionaria.

Porque existe un riesgo evidente de deriva particularista cuando la pertenencia territorial comienza a funcionar como fundamento de una supuesta superioridad política o moral. Ese riesgo aumenta cuando se contrapone una comunidad propia, presentada como democrática y solidaria, a un exterior caracterizado de manera general como reaccionario, y cuando esa distinción deja de describir diferencias políticas concretas y empieza a establecer una separación entre comunidades que merecerían destinos diferentes. En ese punto, el soberanismo se aproxima a una lógica de cierre comunitario, aunque no adopte necesariamente las formas excluyentes del nativismo, y la solidaridad democrática corre el riesgo de quedar condicionada por las fronteras del sujeto nacional.

En este caso, ¿qué sucede con las personas progresistas de Madrid, Andalucía, Castilla, Extremadura o cualquier otro territorio si las izquierdas soberanistas concluyen que su principal responsabilidad consiste en proteger sus propias comunidades frente a una España gobernada por la extrema derecha? ¿Qué lugar ocupan en esa estrategia quienes, viviendo fuera de Euskadi o Cataluña, comparten las mismas aspiraciones de igualdad, libertad y justicia social? La pregunta también puede formularse desde el otro lado. ¿Qué ocurre con las personas que viven en Euskal Herria o Cataluña y no se identifican con los proyectos soberanistas, pero participan activamente en la defensa de los derechos sociales y las libertades democráticas? ¿Por qué su compromiso habría de quedar políticamente subordinado a organizaciones que se presentan como representantes privilegiadas de una comunidad nacional?

La lucha contra el autoritarismo exige reconocer la pluralidad existente dentro de cada territorio y las solidaridades que atraviesan las fronteras. Por eso, una democracia plurinacional no debería sustituir el centralismo de una identidad nacional por la afirmación de otras identidades igualmente cerradas. Su potencial emancipador reside precisamente en la posibilidad de reconocer distintas pertenencias sin convertirlas en jerarquías de ciudadanía o de legitimidad democrática.

Además, la estrategia de protección territorial presenta limitaciones prácticas que no pueden ignorarse. Un eventual gobierno de PP y Vox tendría competencias decisivas sobre legislación laboral, derechos fundamentales, política migratoria, sistema judicial, fiscalidad, relaciones internacionales y numerosos ámbitos de la vida colectiva. Las instituciones autonómicas y forales disponen de instrumentos importantes para desarrollar políticas propias y, en determinados casos, resistir o amortiguar decisiones estatales, pero su capacidad de protección es necesariamente parcial.

Tampoco cabe olvidar que las amenazas actuales a la democracia exceden ampliamente las fronteras estatales. La crisis climática, el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, la financiarización de la economía, la militarización de las relaciones internacionales y el debilitamiento de los derechos de las personas migrantes son procesos que operan a escala transnacional. Ninguna comunidad política, por fuerte que sea su identidad o por amplias que sean sus competencias, puede sustraerse por sí sola a sus consecuencias.

La respuesta democrática necesita, por tanto, articular diferentes escalas de acción y responsabilidad. La capacidad de autogobierno puede ser un recurso valioso, pero su sentido político depende de los fines a los que se oriente y de las solidaridades que contribuya a construir. Puede servir para ampliar derechos y ensayar políticas que posteriormente se extiendan a otros territorios, o puede utilizarse prioritariamente como mecanismo de protección de quienes forman parte de una comunidad determinada.

Y esta tensión afecta poderosamente a Podemos. Su trayectoria política se ha caracterizado por la defensa de una concepción plurinacional del Estado y por el reconocimiento del derecho a decidir. Ambas posiciones pueden integrarse en un proyecto democrático de alcance general. El problema surge cuando el reconocimiento de la diversidad nacional se traduce en aceptar que la representación privilegiada de la izquierda en un territorio corresponde a las organizaciones soberanistas.

La decisión de apoyar a ERC en Cataluña puede responder a consideraciones electorales perfectamente comprensibles. Podemos tiene dificultades para mantener allí un espacio político propio, y una alianza puede permitirle conservar presencia e influencia. También puede facilitar a su dirección una mayor autonomía respecto de otras organizaciones de izquierda con las que mantiene diferencias importantes. Pero si la justificación política del acuerdo consiste en que combatir al reaccionarismo exige fortalecer a las izquierdas nacionales, la decisión adquiere un significado que supera el cálculo electoral. En ese caso, Podemos estaría contribuyendo a legitimar una determinada jerarquía entre las organizaciones progresistas catalanas, basada en su relación con el proyecto nacional catalán. Pero resulta difícil explicar por qué una formación que aspira a transformar el conjunto del Estado debería asumir ese criterio sin una discusión política explícita.

Cabe otra interpretación, más limitada pero igualmente sensible, y es que el acuerdo responda fundamentalmente a una negociación entre organizaciones que buscan preservar o mejorar sus respectivas posiciones. Desde esta perspectiva, ERC refuerza su candidatura en Cataluña y Rufián mantiene una proyección estatal; por su parte, Podemos evita competir en un territorio electoralmente difícil e Irene Montero obtiene un aliado relevante que permite dibujar una alternativa a la integración de Podemos en el Frente Amplio o, al menos, una forma de aumentar su capacidad negociadora. Esta explicación no tiene por qué excluir las motivaciones ideológicas, pues las alianzas políticas suelen combinar convicciones, intereses organizativos y cálculos electorales. Pero precisamente por eso sería conveniente que sus protagonistas explicaran con mayor claridad qué proyecto común pretenden construir. Como ya he dicho, la apelación al antifascismo no debería convertirse en una fórmula que dispense de justificar las decisiones concretas, por qué se establecen unos acuerdos y se descartan otros.

Una democracia sin fronteras de solidaridad

Hay, finalmente, una cuestión de mayor alcance que afecta al conjunto de las izquierdas. La posibilidad de un gobierno de extrema derecha plantea un desafío que no puede reducirse a la búsqueda de combinaciones electorales. La fragmentación política importa, especialmente en un sistema electoral en el que la distribución territorial del voto puede penalizar determinadas candidaturas, pero la unidad necesaria para hacer frente a las tendencias autoritarias tiene sobre todo una dimensión social, cultural y democrática.

No bastará con reunir siglas si no se consigue reconstruir la confianza de amplios sectores de la población en la capacidad de la política para mejorar sus condiciones de vida. La inseguridad material, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, las desigualdades y la experiencia cotidiana de desprotección alimentan un malestar que la extrema derecha intenta orientar contra las personas migrantes, el feminismo y otros colectivos convertidos en chivos expiatorios. Una respuesta democrática necesita intervenir sobre esas condiciones y disputar las interpretaciones que las convierten en resentimiento y exclusión. Ese trabajo requiere organizaciones políticas, pero también sindicatos, asociaciones vecinales, movimientos feministas, colectivos antirracistas, entidades sociales y espacios comunitarios capaces de sostener vínculos y prácticas de solidaridad. Requiere, asimismo, una ciudadanía dispuesta a asumir responsabilidades más allá del momento electoral. La defensa de la democracia nunca podrá delegarse por completo en las direcciones de los partidos, por mucho que estas alcancen acuerdos de última hora.

Desde esta perspectiva, el debate sobre el pacto entre Rufián e Irene Montero adquiere un significado más amplio a partir de la pregunta de qué tipo de comunidad política quieren contribuir a construir las izquierdas. Porque una comunidad concebida como espacio de pertenencia y protección de quienes se reconocen en una determinada identidad puede proporcionar seguridad en tiempos de incertidumbre, pero también puede reforzar las fronteras que separan a unas personas de otras. Una comunidad democrática abierta, por el contrario, se define por su capacidad de incorporar a quienes son diferentes y extender las obligaciones de justicia más allá de las pertenencias heredadas.

Esta segunda concepción no exige renunciar a las identidades nacionales ni desconocer las aspiraciones de autogobierno, pero sí evitar que esas identidades se conviertan en el límite de la responsabilidad política. Es posible defender mayores cotas de soberanía para Euskadi o Cataluña y, al mismo tiempo, asumir un compromiso activo con la democratización del conjunto de España. También es posible defender una transformación federal o plurinacional del Estado sin exigir a todas las organizaciones que compartan un mismo horizonte nacional. Lo decisivo es que las diferencias territoriales no se conviertan en fronteras de solidaridad.

Si Euskal Herria y Cataluña cuentan con una correlación de fuerzas más favorable a las izquierdas, esa circunstancia debería entenderse como una oportunidad para contribuir a una resistencia democrática más amplia. Sus organizaciones sociales y políticas pueden aportar experiencias, iniciativas, recursos y capacidad de movilización, pueden desarrollar políticas que sirvan de referencia en otros lugares y participar en alianzas que reconozcan la diversidad de los sujetos políticos. Esa sería una manera de poner las particularidades territoriales al servicio de una responsabilidad compartida. Pero también pueden optar por interpretar esas diferencias como una razón para concentrar sus esfuerzos en preservar sus propios espacios de poder y autonomía. Esa estrategia responde a una lógica política distinta, que puede resultar comprensible desde determinados proyectos nacionales, pero cuyas consecuencias para la solidaridad democrática deberían ser discutidas abiertamente.

La sociedad española es profundamente diversa, también en sus tradiciones democráticas, sus conflictos sociales y sus expresiones de solidaridad. Del mismo modo que sería incierto identificar a toda la sociedad vasca o catalana con el soberanismo, sería profundamente equivocado identificar a la sociedad española con el proyecto político de PP y Vox. Las personas que se oponen al autoritarismo en Madrid, Sevilla, Valladolid o Murcia no representan una realidad ajena a quienes hacen lo mismo en Bilbao, Barcelona o Donostia, forman parte de conflictos democráticos relacionados y comparten muchos de sus riesgos.

De ahí que resulte sumamente problemático convertir la perspectiva de una España «voxizada» en argumento para el repliegue territorial. La expresión puede describir el temor ante una determinada orientación del Gobierno del Estado, pero no debería terminar identificando a toda una sociedad con quienes eventualmente la gobiernen. Hacerlo significaría aceptar, aunque fuera involuntariamente, una de las operaciones características de los nacionalismos excluyentes: confundir la pluralidad de una sociedad con una identidad política única. Frente a esa tentación, la respuesta democrática debería partir de una convicción elemental, la de que ninguna comunidad está a salvo del autoritarismo por sus supuestas virtudes históricas o culturales, y ninguna sociedad queda definitivamente identificada con las fuerzas reaccionarias que consiguen gobernarla.

La democracia depende de relaciones sociales, instituciones, derechos y prácticas de participación que necesitan ser defendidas y renovadas. Su protección exige reconocer que nuestras vidas están vinculadas y que las amenazas que afectan a unas personas terminan alcanzando a otras. La experiencia histórica ofrece demasiados ejemplos de lo que sucede cuando una parte de la sociedad confía en poder preservar sus libertades mientras se deterioran las de quienes viven más allá de sus fronteras políticas o simbólicas.

Por eso, la reflexión que plantea el acuerdo entre Rufián e Irene Montero no debería quedar reducida a si permite obtener algunos escaños adicionales o mejorar la posición negociadora de sus respectivas organizaciones. Importa mucho conocer qué concepción de la cooperación política expresa, cómo se ha decidido, qué relaciones establece con el resto de las izquierdas y qué horizonte democrático propone.

Por supuesto, sería injustificado afirmar que este pacto supone necesariamente una apuesta por el repliegue territorial. La información disponible no permite llegar tan lejos. Pero tampoco sería razonable ignorar que determinadas justificaciones del acuerdo, especialmente aquellas que atribuyen a las izquierdas nacionales una legitimidad privilegiada para combatir al reaccionarismo, apuntan hacia una concepción de la resistencia democrática que merece ser examinada críticamente.

Además de la cuestión estricta de las alianzas electorales y el reparto de escaños, el movimiento de Rufián e Irene Montero obliga a las izquierdas, a todas, a plantearse qué significa exactamente salvar la democracia. ¿Preservar determinados espacios territoriales de autonomía y poder frente a una amenaza exterior? ¿O construir las condiciones sociales y políticas para que esa amenaza pueda ser combatida en todas partes, mediante alianzas que reconozcan las diferencias sin convertirlas en separaciones insalvables? No hay razón para que el autogobierno y la solidaridad democrática sean objetivos contrapuestos, pueden reforzarse mutuamente. Pero esa compatibilidad debe demostrarse mediante decisiones políticas concretas y no darse por supuesta mediante apelaciones genéricas al antifascismo.

Ante la posibilidad de una España gobernada por la extrema derecha, la tentación de salvarse de ella puede resultar comprensible. El problema es que las fronteras, por sí solas, no garantizan la libertad, la igualdad ni la justicia, y una izquierda que aspire a combatir el autoritarismo tendrá que preguntarse hasta dónde está dispuesta a extender su solidaridad, especialmente cuando hacerlo no reporte beneficios electorales inmediatos. Porque el alcance del compromiso democrático se revela, especialmente, en la responsabilidad que asumimos hacia quienes viven fuera de nuestra comunidad política más próxima. Y esa responsabilidad no desaparece cuando las fronteras cambian, cuando las mayorías electorales se vuelven adversas o cuando resulta más sencillo proteger lo propio que defender lo común.