Amaiur en el Congreso: regalo o conquista

La historia nos enseña que cuando las distintas organizaciones políticas de la izquierda abertzale (o la izquierda abertzale encarnada en distintas formaciones políticas) se ha encontrado en situaciones jurídicamente ambiguas o discutidas solo caben dos salidas:

1. Actuar con flexibilidad, de manera que la resolución de esa situación ambigua pueda presentarse como un acto de inteligencia y generosidad de la mayoría política democrática, como una concesión que pone en el tejado de la izquierda abertzale la tarea de corresponder adecuadamente a la misma.


2. Optar por la inflexibilidad y el rigorismo, lo que supone poner en bandeja la posibilidad de que la izquierda abertzale puede presentarse como víctima de la cerrazón política (si la resolución final del caso no es acorde con sus aspiraciones o demandas) o como luchadora esforzada que ha conseguido arrancar lo que le era debido (si la resolución final responde a esas demandas).

En esas volvemos a estar ahora, con el debate sobre la posibilidad o no de que Amaiur cuente con grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. El dictamen de los servicios juridicos del Congreso ha sido calificado de "contradictorio", ya que abre la posibilidad tanto de considerar que el 15% de votos necesarios para formar grupo parlamentario debe referirse a cada una de las circunscripciones en las que se han presentado candidaturas (requisito que Amaiur no cumple en Navarra) como de entender que han de tomarse en cuenta no los votos de los diputados en cada circunscripción, sino del conjunto de la formación política (en cuyo caso Amaiur estaría porcentualmente sobrado).
También se tacha de contradictorio el informe jurídico porque incluye dos precedentes que servirían para respaldar la petición de Amaiur. Uno, idéntico al actual, es el caso de ERC en 2004, que en la Comunidad Valenciana no logró el 15%, pero a pesar de esto pudo conformar grupo. Otro precedente, en 1986, es aquel en el que la Mesa del Congreso tuvo en cuenta los votos obtenidos en todas las circunscripciones en las que el PNV presentó candidatura, aunque no hubiera obtenido escaño en una de ellas; en aquel caso se hizo la media en todas las circunscripciones, y dado que el PNV superaba el 15%, se permitió que conformara gryupo parlamentario.

Desde esta perspectiva no entiendo la posición mantenida en la Mesa del Congreso por el PSOE. Su representante en la misma, Javier Barrero, se abstuvo en la votación al considerar que el dictamen de los servicios jurídicos era en realidad una simple nota informativa, al carecer de conclusiones operativas claras. Visto lo visto, ¿acaso podía haberlas? Lo que resulta contradictorio no es el informe juridico, sino la práctica parlamentaria que se ha llevado en las dos cámaras, acostumbrada a "salvar" los obstáculos reglamentarios cuando parecía oportuno hacerlo así. La cuestión es: ¿qué piensa el PSOE que hay que hacer en este caso? Ramón Jauregui se ha mostrado partidario de una interpretaciíon flexible del Reglamento que posibilite la conformación de grupo tanto a Amaiur como a UPyD. ¿Por qué no se ha defendido con claridad esa posición en la Mesa?

Durante mi paso por el Senado ha visto hacer cosas con el Reglamento de la Cámara Alta que no creeríais. He visto ceder temporalmente senadores socialistas (más de uno y más de dos y más de tres) al PNV para que este partido pudiera conformar grupo parlamentario. Lo recordaba con gracia el que fuera presidente del Senado entre 1989 y 1996, Juan José Laborda: "Durante muchos años prestamos por un día a senadores socialistas para que los del PNV pudiesen constituir el grupo nacionalista vasco. Y el pago de ese préstamo, ese pequeño fraude de ley, consistía en que el grupo nacionalista nos pagaba una cena en el restaurante Currito de Madrid, en donde los que habían sido vascos por un día y nosotros dábamos cuenta de una buena chuleta". Algo similar (no sé si con chuleta o sin ella) a lo que acaba de ocurrir con UPyD, que ha superado el límite del 5% de votos en toda España exigido por el Reglamento del Congreso para conformar grupo parlamentario (el partido de Rosa Díez sólo llegaba al 4,69%) gracias a la cesión temporal delúnico diputado del Foro Asturias Ciudadano, la formación parida hermafrodíticamente por Álvarez-Cascos.

No me parece mal que se hagan estas cosas. De lo que se trata es de que el reglamento facilite el funcionamiento de la institución. Y es evidente que UPyD tiene una voz claramente propia, que debe poder ser escuchada en el Congreso sin las limitaciones que supone formar parte del Grupo Mixto. ¿Qué también Geroa Bai, Compromis, BNG o ERC tienen voz propia y diferenciada? Sin duda. Pero UPyD tiene 5 parlamentarios, mientras que el resto de fuerzas que compondrán el Mixto no pasan de 3. Algún límite es razonable.

Lo que no es razonable es que Amaiur, voz diferenciada donde las haya y con 7 diputados, se vea impedido de conformar grupo parlamentario con argumentos tan endebles como la moralina estomagante del "es que no son como nosotros, los buenos: ¡es que ellos son malos!". No estamos hablando de eso. Superados los filtros legales correspondientes, Amaiur está en el Congreso de los Diputados como una fuerza política más. Y de lo que se trata es de que a partir de ahora las Cámaras funcionen.

Amaiur acabará teniendo grupo parlamentario propio. Porque es más eficaz y porque es más justo que así sea. Ya veremos si lo logra como consecuencia de nuestra inteligencia democrática o si consiguen presentarlo, cuando sea, como una muestra más de su empecinada lucha contra un sistema poco democrático.

Pacto Social por la Inmigración en Euskadi

Un centenar de personas provenientes de distintos sectores y entidades (administración pública, organizaciones sociales, empresa y sindicatos, partidos políticos, universidad) estamos en estos momentos dialogando en torno a la propuesta, impulsada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, de alcanzar un pacto social por la inmigración y la diversidad en Euskadi. Pienso, y así lo he expresado en la presentación de la jornada, que estamos ante una oportunidad histórica para afrontar desde una perspectiva constructiva e incluyente una cuestión esencial para el futuro de la sociedad vasca.

Ayer, Daniel Innerarity y yo mismo firmamos un artículo al respecto publicado en EL CORREO. Lo reproduzco a continuación.

No es fácil hacer previsiones de futuro; sin embargo, una cosa es segura: que la Euskadi de mañana va a ser una sociedad aún más diversa de lo que ya lo es en la actualidad. Euskadi ha sido siempre un país plural, en el que han convivido a lo largo de la historia religiones, lenguas y culturas diferentes. La diversidad es parte esencial de nuestra historia y de nuestra identidad colectiva. Por eso las nuevas diversidades asociadas a la inmigración no deberían suponer una extrañeza para la ciudadanía vasca. En el corto plazo esta nueva realidad puede ser una fuente de dificultades: no debemos ocultar este hecho, sino reconocerlo y asumirlo como algo normal en todo proceso de cambio social. Es preciso atender a la expresión de estas dificultades y acompañarlas con el fin de que puedan afrontarse y superarse de manera constructiva. Esto es, precisamente, lo que pretende la propuesta de Pacto Social por la Inmigración impulsado por el Gobierno Vasco: enmarcar, definir un espacio ampliamente consensuado para la reflexión colectiva sobre el fenómeno de la inmigración y sobre la mejor manera de abordarlo en el seno de nuestra sociedad.

No abordamos el fenómeno de la inmigración en términos utilitaristas, sino en términos de humanidad y de justicia. Nos inspira la perspectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el convencimiento de que los derechos recogidos en ella son patrimonio de todas y cada una de las personas. La ambición que inspira este Pacto es la de ser capaces de caminar como sociedad en la dirección de una ciudadanía plural e inclusiva, que haga pivotar en la práctica las libertades, los derechos y las obligaciones fundamentales de todas y de todos sobre el hecho de la residencia, y no sobre la condición de nacionales o extranjeros. No cabe integración sin reconocimiento y garantía de todos los derechos para todas las personas.

Esta perspectiva normativa no nos lleva a desconocer el hecho de que la inmigración ya está teniendo efectos muy positivos para nuestra sociedad. Efectos que pueden medirse y objetivarse, y que contrastan con los discursos que se empeñan en presentar el hecho migratorio exclusivamente como un problema. Las personas inmigrantes vienen a Euskadi para trabajar. La inmigración tiene efectos económicos netamente positivos para las sociedades receptoras al favorecer el aumento de la población activa y la elevación de la tasa de actividad femenina, contribuyendo a las arcas públicas a través de los impuestos directos e indirectos y las cotizaciones a la seguridad social, favoreciendo el incremento del consumo y creando nuevas iniciativas empresariales. Es importante recordar en estos momentos de crisis que la inmigración no solo ha contribuido hasta ahora a la prosperidad general de la sociedad, sino también que será parte esencial de la solución a esta crisis. En un tiempo en el que todas las sociedades más desarrolladas se interrogan sobre su futuro demográfico y sobre sus consecuencias sociales y económicas, debemos mirar con esperanza el hecho de que personas procedentes de otros lugares del mundo escojan vivir sus vidas en Euskadi, aportando y compartiendo su energía y su vitalidad.

La inmigración es un fenómeno que ejemplifica como pocos la realidad glocal de la mayoría de procesos sociales contemporáneos: en última instancia, los flujos migratorios siempre acaban por localizarse en un lugar concreto, en un barrio determinado, en un portal, una escalera de vecinos, una escuela o un centro de trabajo. Es en estos lugares donde nos jugamos la posibilidad de convivir y de encontrarnos de tú a tú, más allá de prejuicios y estereotipos. Pensar la inmigración en términos extraordinarios conlleva el riesgo de mirar a las personas inmigrantes como si estas fueran esencialmente distintas de las autóctonas. Y no es así. Ganarnos la vida decentemente, poder vivir con las personas a las que amamos, contribuir responsablemente al bienestar y al desarrollo de las comunidades en las que habitamos, tener capacidad de decisión sobre los procesos que afectan a nuestra existencia, gozar de autonomía y de respeto… todas estas son vivencias y aspiraciones que, cuando se cumplen, nos permiten experimentar nuestra pertenencia plena a una determinada sociedad. Lo expresaba con la mayor sencillez Abdellah El Mekaoui, ese joven natural de Marruecos que desde hace siete años vive y trabaja en Bilbao y que hace unos días devolvió un sobre extraviado con 400 décimos de lotería de Navidad: “Si te encuentras algo que no es tuyo, lo normal es devolverlo”.

La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todas las personas que habitamos en esta sociedad, un compromiso social dinámico y prolongado en el tiempo que tiene que ser continuamente reproducido y renovado, y que requiere un esfuerzo permanente de adaptación a la nueva realidad, tanto por parte de la población inmigrada como de la sociedad receptora. Si echamos la vista atrás comprobaremos que ya ha habido otros momentos en nuestra historia de los que podemos aprender para responder adecuadamente a los tiempos que ahora nos toca vivir. Euskadi ha sido siempre tierra de migración y de inmigración. Tenemos tiempo, pero no para perderlo sino para aprovecharlo. Partimos de un porcentaje relativamente reducido de personas extranjeras en Euskadi. Personas que, además, manifiestan activamente su voluntad de integración, contribuyendo como unas ciudadanas y unos ciudadanos más a la mejora de esta sociedad. Las personas inmigrantes no son el “Otro entre Nosotros”. Son ya, de hecho, parte del “Nosotros” vasco del futuro que estamos construyendo desde ahora entre todas y todos.