Así de fácil

"El problema no consiste en 'regular' los mercados como se regula la calefacción central. El probema consiste en reglamentarlos, lo que obliga a regresar al terreno político y jurídico con el fin de restablecer en ellos el orden de los fines y los medios entre las necesidades de los hombres y la organización económica y financiera" (A. Supiot, El espíritu de Filadelfia. La justicia social frente al mercado total, Península, 2011).



"Funcionan las medidas antitiburones". Con este titular abre hoy EL CORREO su sección de economía. La intervención de los supervisores de las Bolsas de España, Francia, Italia y Bélgica prohibiendo las operaciones denominadas "ventas en corto"(una forma de vender lo que no se tiene) ha tenido como consecuencia inmediata el sosiego de las bolsas, que dejan atrás la locura de días pasados:

"Se acabó la pesca en aguas revueltas. Las medidas de emergencia adoptadas por los supervisores europeos para frenar la acción de los especuladores sentaron bien en las bolsas. Los inversores, al abrigo de los falsos rumores y de la nefasta influencia de las apuestas bajistas, se decantaron por las adquisiciones. Los precios de las acciones, muy bajos tras continuadas sesiones de fuertes caídas, apuntalaron ese interés. Ni siquiera el pesimismo suscitado por los más recientes y negativos datos de la evolución de las economías francesa, griega y japonesa atenuó esa inclinación hacia las compras".

Por otra parte, leo en PÚBLICO que la intervención del Banco Central Europeo comprando bonos de Italia y España ha hecho que la prima de riesgo de estos dos países mejore en más de 100 puntos.


Y yo me pregunto: si es tan fácil para las instituciones públicas intervenir sobre la especulación y si los efectos de esta intervención son tan inmediatamente beneficiosos, ¿por qué los Gobiernos son tan reacios a hacerlo?
En España estas operaciones especulativas se han prohibido por un período de 15 días, prorrogables si fuera necesario. ¿Por qué solo 15 días? Alemania parece dispuesta a impulsar la prohibición de las apuestas en corto en la Unión Europea de manera definitiva. ¿Por qué no se hace un frente común en este sentido?

Sí, ya lo sé: los "expertos" (neoliberales) recelan de cualquier regulación y reaccionan con el mantra de que no es posible "poner puertas al campo". ¿Tampoco cuando se trata de un campo de minas?
Ha bastado con girar levemente el termostato y el mercado bursátil ha empezado a funcionar con una cierta lógica, lejos de las situaciones de días pasados, inexplicables en términos económicos: las páginas de economía de los diarios se han llenado de jerga psicologista -miedo, desconfianza, pánico, rumor-, sólo para no hablar de especulación. Si esto ha sido posible mediante una mínima regulación, ¿qué no sería posible de afrontar una reglamentación que, como demanda Supiot, ponga los medios de la organización económica y financiera al servicio de los fines de las necesidades humanas?

Las vacas del pueblo ya se han escapau, riau riau

Me ha gustado el artículo que, con el título de Para empezar, paguemos todos, publicaba el pasado domingo el Lehendakari Patxi López. Más allá de las medidas concretas que apunta, plantea el debate sobre la fiscaliad como una cuestión, en primer lugar, de cultura democrática, lo que resulta fundamental en estos tiempos en los que el capital-gorrón (aquel que busca beneficios privados por doquier, escaqueándose de contribuir al bienestar común de las sociedades) está en trance de sustituir al capital-productor. Y al plantearlo así re-enmarca el debate, poniendo el dedo en la llaga de los ingresos, y no de los gastos:

"La pregunta no es si hay que subir o no los impuestos. La pregunta es: ¿quién paga aquí? Y yo quiero responder: en Euskadi pagamos todos, y cada cual según sus ingresos. El fraude fiscal en Euskadi tiene un coste anual estimado en 2.500 millones de euros, una cantidad equivalente a la que nos cuesta todo el sistema educativo vasco.
Utilizando una metáfora que no es mía, yo no pretendo ordeñar la misma vaca muchas veces: lo que planteo es ordeñar a las vacas que se escapan sin ser ordeñadas. Por justicia y para no seguir exprimiendo siempre a los mismos".

Por justicia: esa es la clave. Y así, Justicia, se titula el último libro del filósofo político de Harvard Michael J. Sandel. En sus páginas finales, Sandel propone una reflexión que conecta, creo, con el núcleo normativo que anima ese planteamiento sobre la fiscalidad expresado por el Lehendakari:

"La tendencia de los filósofos a abordar la cuestión [de la desigualdad y la distribución de la renta] desde el punto de vista de la utilidad o del consentimiento les lleva a pasar por alto el argumento contra la desigualdad al que más probable es que se haga caso políticamente, un argumento que se encuentra en el núcleo mismo del proyecto de una renovación moral y cívica [...]. Una brecha excesiva entre ricos y pobres socava la solidaridad que la ciudadanía democrática requiere. Por lo siguiente: a medida que aumenta la desigualdad, ricos y pobres viven vidas cada vez más separadas. [...] Los que tienen dinero se apartan de los lugares y servicios públicos, que quedan solo para los que no pueden pagar otra cosa.
Esto tiene dos efectos nocivos, uno fiscal y otro cívico. En primer lugar, los servicios públicos se deterioran, ya que quienes ya no los usan están menos dispuestos a costearlos con sus impuestos. En segundo lugar, las instalaciones públicas -escuelas, parques, áreas de juegos infantiles, centros cívicos- dejan de ser lugares donde se encuentran ciudadanos que siguen caminos diferentes en la vida [...]. El vaciado de la esfera pública dificulta que se cultiven la solidaridad y el sentimiento comunitario de los que dependen la ciudadanía democrática.
Así pues, aparte de sus efectos en la utilidad o en el consenso público. la desigualdad puede corroer las virtudes cívicas. Los conservadores enamorados de los mercados y los liberales igualitarios partidarios de la redistribución pasan por alto esa pérdida.
Si la erosión de la esfera pública es el problema, ¿cuál es la solución? Una política del bien común tomaría como una de sus primera metas la reconstrucción de la infraestructura de la vida cívica. En vez de centrarse en la redistribución con la intención de ampliar el consumo privado, gravaría a las personas de posibles para reconstruir los servicios e instrituciones públicos, a fin de que, así, ricos y pobres disfruten de ellas por igual".