jueves, 25 de junio de 2015

Euskaltel: ¡qué les hagan un control anti-doping!

"Los 46,8 millones de euros brutos que recibirán 25 miembros de la cúpula directiva de Euskaltel como premio por el fulgurante incremento del valor de la compañia y su inmediata salida a Bolsa..." (El Correo, 25.06.15, p. 44).
¿Fulgurante incremento de valor? Veamos de qué valor se trata, leyendo la crónica de Agustín Marco en El Confidencial del pasado día 20:

Euskaltel es de las compañías más austeras en sueldos. Su presidente, Alberto García Erauzkin, tiene un salario anual de apenas 468.000 euros, similar a la retribución del consejero delegado de Jazztel, y muy lejos de los cerca de nueve millones que llega a ganar César Alierta en Telefónica. No obstante, García Erauzkin y un grupo de 25 directivos se van a embolsar el próximo 1 de julio un bonus de 44,34 millones de euros brutos como premio por la salida a bolsa del operador de telecomunicaciones.
Así consta en el folleto informativo de la Oferta Pública de Venta (OPV) del 62% del capital de Euskaltel, una operación por la que los fondos Trilantic (antiguo Lehman Brothers) e Investindustrial, más Kutxabank, van a ingresar 847,7 millones de euros, el triple de lo que pagaron en 2012 cuando entraron en su accionariado al adquirir el 48% del capital.
Gracias a la salida a bolsa, que valora la compañía entre 1.100 y 1.400 millones de euros (la banda orientativa de las acciones oscila entre los 8,7 y los 11,05 euros), se activará la materialización de un plan de incentivos aprobado por el consejo de administración en julio de 2013 y octubre de 2014. Dichos programas de fidelización fueron restringidos para 26 ejecutivos que pagaron 3,43 millones de euros por los títulos que les fueron entregados.
La mayor parte de esta inversión la hicieron gracias a préstamos que les dio la propia empresa. Estas acciones que recibieron hace apenas dos años tienen ahora un valor de 44,34 millones de euros según la horquilla de precios de la OPV reservada únicamente a inversores institucionales. En consecuencia, han multiplicado por 1.192 veces su apuesta.

El más beneficiado es el propio García Erauzkin, al que le corresponden 8,2 de los 44,34 millones, tras haber invertido 656.000 euros. Los nueve miembros de la cúpula directiva se repartirán 30,29 millones (desde 2,32 millones), mientras que 14 ejecutivos de segunda línea percibirán 5,84 millones (451.500 euros). De estas ganancias, la Hacienda vasca se quedará con el 50%, que será retenido previamente por la empresa.
Además, el consejo de administración ha aprobado esta semana distribuir gratuitamente 3,6 millones de euros brutos en acciones -equivalente a dos pagas- al resto de los 325 empleados que aún quedan en la compañía tras haber reducido la plantilla un 31% entre diciembre de 2014 y marzo de este año. Un ajuste que se ha producido tras externalizar varios servicios para rebajar los costes operativos, lo cual ha llevado a un enfrentamiento judicial entre los sindicatos y la compañía. Las primeras sentencias han sido favorables a los empleados.
Dada la generosidad del bonus, tanto el presidente como la cúpula directiva han acordado con el consejo de administración reinvertir 12,53 millones en nuevas compras de acciones de Euskaltel, por lo que tras la OPV serán propietarios de cerca del 1% de la compañía. Los empleados tendrán el 0,3%.
Un pelotazo muy de Bilbao
Al margen de las ingentes plusvalías que van a obtener Trilantic, Investidunsitrial y los directivos por la salida a bolsa de Euskaltel, los accionistas actuales, liderados por Kutxabank (50%) han realizado una rocambolesca operación por la que van a ingresar otros 200 millones de euros adicionales.
Tal y como adelantó El Confidencial el pasado
28 de mayo, la empresa ha solicitado tres líneas de financiación por hasta 500 millones que serán utilizadas para repagar la deuda actual -232 millones- y repartirse a sí mismos un dividendo de 200 millones. Se trata de lo que se conoce como actualización de balance o endeudamiento de la empresa contra el patrimonio con el fin de adecuar su situación financiera a sus competidores ya cotizados y repartirse la caja antes de salir a bolsa.
De esta manera, Trilantic e Investidunstrial van a recibir cerca de 100 millones por esta alambicada operación, a los que hay que sumar los hasta 672 millones que obtendrán por la venta de su 48% del capital.
En total, 772 millones, casi tres veces lo que invirtieron. Por su parte, Kutxabank, que se quedará con el 30% del capital tras la OPV, ingresará unos 275,7 millones.

Nada de mejorar el servicio a sus clientes, nada de ampliar plantillas o mejorar condiciones de trabajo, nada de colaborar con iniciativas sociales... Tan sólo movimientos de dinero, malabarismos financieros e ingenierías contables para generar un incremento del valor bursatil de la compañía.

Antes de aplaudir con las orejas y pagar tan enormes como inmerecidas retribuciones a unos directivos que no han hecho nada especial para merecerlas, alguien debería hacer pasar a Euskaltel por un exigente control anti-doping. ¿Cuánto hay de economía real y cuánto de burbujeante cóctel de especulación en el "exito" de Euskaltel? ¿Cuáles serán los efectos secundarios de meterse en vena tanto repago de deuda, tanto auto-préstamo, tanta actualización de balances?
Ya hemos vivido antes esas fulgurantes salidas a bolsa, con sus correspondientes premios a los directivos, que en poco tiempo han terminado en fiasco.



La que un día fue la gran esperanza tecnológica vasca, presentada como iniciativa estratégica para Euskadi, impulsada con fondos públicos, publicitada como empresa "de aquí y al servicio de las y los de aquí", es sólo otra operadora más de telecomunicaciones, tan poco "vasca y de aquí" como lamás exótica de las muchas compañías que compiten con ella por vendernos sus servicios.
Pues ya les pueden ir dando... Yo, hoy mismo convoco asamblea en mi casa y propongo cambiarnos de operadora. ¿Qué todas son iguales? Pues por eso.

martes, 23 de junio de 2015

¿Sustituir a Maroto? Yo también digo “no”, si…

Empezaba un artículo anterior diciendo que la sustitución de Javier Maroto como alcalde de Vitoria-Gasteiz podía ser objeto de muy diversos análisis y valoraciones. Así ha sido, como es normal. Lo que no esperaba es que, entre esas valoraciones, ocupara tan poco espacio la cuestión que, al menos yo, considero central en todo este caso: la decisión del exalcalde de Vitoria-Gasteiz de utilizar un tema tan sensible como el de la inmigración con el objetivo exclusivo de obtener réditos electorales. Javier Maroto ha sido el único político vasco que escogió la opción de explotar electoralmente un tema tan delicado. El único. Candidatas y candidatos del PP en Bilbao y del PNV en Sestao, en distintos momentos, han incurrido en el mismo lamentable error de Maroto pero, a diferencia del político vitoriano, no se han regodeado en el. Por cierto, debo decir que en el caso de Bilbao al que me he referido, la actuación para reconducir la situación de la persona que en aquel momento lideraba a los populares vascos fue ejemplar.
Alcalde y parlamentario, si su pretensión hubiera sido la mejora de los procesos de gestión de las ayudas sociales y, en general, de integración de las personas inmigrantes, Javier Maroto debería haber optado por utilizar los muchos recursos que su posición política le permitían, en lugar de actuar como un torpe agitador vecinal. Y hacerlo en el marco de obligaciones y responsabilidades que distintas recomendaciones, declaraciones y programas vienen proponiendo desde hace años a las autoridades locales en el seno de la Unión Europea. Es el caso de la Declaración de Zaragoza, fruto de Conferencia Ministerial Europea sobre Integración celebrada en la capital aragonesa los días 15 y 16 de abril de 2010, de la que cito el siguiente texto:

Dado que las ciudades y sus barrios son zonas privilegiadas para impulsar el diálogo intercultural y promover la diversidad cultural y la cohesión social, es importante que las autoridades municipales creen y obtengan capacidades para gestionar mejor la diversidad y luchar contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Para ello, tendrían que intentar poner a punto herramientas que les ayuden a elaborar políticas públicas adaptadas a las diversas necesidades de la población. En este contexto, hay que tener presente los aspectos espaciales de los retos de la integración, como son los barrios segregados. Para luchar contra la desigualdad, es preciso invertir en los barrios con una alta concentración de inmigrantes. La diversidad puede gestionarse adecuadamente si se parte de una metodología de base que garantice la eficacia de los servicios. Esta idea se recoge también en el Principio Básico Común n.º 6 cuando señala que el «acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones es un requisito esencial para una mejor integración». Además, los Principios Básicos Comunes 7 y 9 destacan la importancia de contar con mecanismos de participación que asocien a inmigrantes y a ciudadanos de los Estados miembros. Hay que plantearse un concepto de sociedad civil ampliado, en el que las asociaciones de inmigrantes tengan un papel destacado. El proceso de integración puede verse facilitado por la participación conjunta de inmigrantes y de la comunidad anfitriona en las organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que la creación de asociaciones con las comunidades locales puede contribuir a asentar un clima de entendimiento mutuo, confianza y cooperación.
 
En el marco de propuestas como esta, el alcalde y parlamentario Javier Maroto hubiese podido plantear cuantas iniciativas de mejora de la situación actual hubiera querido. Pero no lo hizo. Al contrario, eligió la peor manera de actuar: manipulando los datos, abonando estereotipos, extendiendo prejuicios, alimentando agravios… ¿Es todo esto importante? Puede que las cuestiones relacionadas con los procesos migratorios les resulten a muchas personas no demasiado relevantes, de manera que apenas movilicen su interés, preocupación o compromiso al respecto. No es mi caso. Para mí es un tema esencial, al que dedico mucha de mi actividad investigadora y de mi compromiso ciudadano. Digo esto con la única intención de mostrar desde dónde abordo el tema que nos ocupa: no pretendo afirmar que la mía sea la posición correcta, ni que otras aproximaciones no sean igualmente adecuadas; pero sí me sorprende que, para la mayoría de las personas a las que he escuchado o leído cuestionar la decisión adoptada en el consistorio vitoriano, la actuación de Maroto, motivo primero y último de toda la situación vivida, haya pasado a un segundo o quinto plano. Como sí alimentar la extranjerización de nuestras convecinas y convecinos o enfrentar a la sociedad desde claves etnoculturales no fuese grave.
Si el asunto hubiera ido de “ambiciones del PNV”, de “conquistar el último bastión del españolismo en Euskadi”, de “maniobra orquestada por la izquierda abertzale para tapar sus propias miserias morales”… yo también estaría en contra. Si la cosa fuera de eso, yo también diría no a la sustitución de Javier Maroto al frente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pero el asunto, el asunto central, iba de otra cosa.
Por cierto: el miércoles pasado Javier Maroto y el resto de parlamentarias y parlamentarios del PP se sumaron sin mayor problema a la iniciativa antifracking liderada desde hace tiempo en la calle y en las instituciones por EH Bildu y a la que tanto el PSE como el PP vasco se han añadido muy al final y con muchas contradicciones. En este caso, ni un problema; lo que a mí me parece muy bien. Pero alguien podría haber recordado, es un decir, pasados conflictos ecológicos como Lemoiz o Leizaran y la forma en que la izquierda abertzale actuó al respecto. Pues nada, en este caso la memoria de pasadas infamias no se ha activado. Me alegro. Pero parece que hay temas y temas; y de esto, ya, me alegro menos.