Alcalde y parlamentario, si su pretensión hubiera sido la mejora de los procesos de gestión de las ayudas sociales y, en general, de integración de las personas inmigrantes, Javier Maroto debería haber optado por utilizar los muchos recursos que su posición política le permitían, en lugar de actuar como un torpe agitador vecinal. Y hacerlo en el marco de obligaciones y responsabilidades que distintas recomendaciones, declaraciones y programas vienen proponiendo desde hace años a las autoridades locales en el seno de la Unión Europea. Es el caso de la Declaración de Zaragoza, fruto de Conferencia Ministerial Europea sobre Integración celebrada en la capital aragonesa los días 15 y 16 de abril de 2010, de la que cito el siguiente texto:
Dado que las ciudades y sus barrios son zonas privilegiadas para impulsar el diálogo intercultural y promover la diversidad cultural y la cohesión social, es importante que las autoridades municipales creen y obtengan capacidades para gestionar mejor la diversidad y luchar contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Para ello, tendrían que intentar poner a punto herramientas que les ayuden a elaborar políticas públicas adaptadas a las diversas necesidades de la población. En este contexto, hay que tener presente los aspectos espaciales de los retos de la integración, como son los barrios segregados. Para luchar contra la desigualdad, es preciso invertir en los barrios con una alta concentración de inmigrantes. La diversidad puede gestionarse adecuadamente si se parte de una metodología de base que garantice la eficacia de los servicios. Esta idea se recoge también en el Principio Básico Común n.º 6 cuando señala que el «acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones es un requisito esencial para una mejor integración». Además, los Principios Básicos Comunes 7 y 9 destacan la importancia de contar con mecanismos de participación que asocien a inmigrantes y a ciudadanos de los Estados miembros. Hay que plantearse un concepto de sociedad civil ampliado, en el que las asociaciones de inmigrantes tengan un papel destacado. El proceso de integración puede verse facilitado por la participación conjunta de inmigrantes y de la comunidad anfitriona en las organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que la creación de asociaciones con las comunidades locales puede contribuir a asentar un clima de entendimiento mutuo, confianza y cooperación.
Si el asunto hubiera ido de “ambiciones del PNV”, de “conquistar el último bastión del españolismo en Euskadi”, de “maniobra orquestada por la izquierda abertzale para tapar sus propias miserias morales”… yo también estaría en contra. Si la cosa fuera de eso, yo también diría no a la sustitución de Javier Maroto al frente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pero el asunto, el asunto central, iba de otra cosa.
Por cierto: el miércoles pasado Javier Maroto y el resto de parlamentarias y parlamentarios del PP se sumaron sin mayor problema a la iniciativa antifracking liderada desde hace tiempo en la calle y en las instituciones por EH Bildu y a la que tanto el PSE como el PP vasco se han añadido muy al final y con muchas contradicciones. En este caso, ni un problema; lo que a mí me parece muy bien. Pero alguien podría haber recordado, es un decir, pasados conflictos ecológicos como Lemoiz o Leizaran y la forma en que la izquierda abertzale actuó al respecto. Pues nada, en este caso la memoria de pasadas infamias no se ha activado. Me alegro. Pero parece que hay temas y temas; y de esto, ya, me alegro menos.
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