A primera vista, el acuerdo puede
interpretarse como un ejercicio de responsabilidad. Dos organizaciones que
podrían competir por una parte del electorado deciden colaborar, evitando la
dispersión del voto; además, sus protagonistas justifican la decisión apelando
a la necesidad de hacer frente al avance de la extrema derecha. Es un argumento
comprensible, pero, a mi juicio, absolutamente insuficiente, porque la cuestión
no consiste en determinar si dos organizaciones pueden entenderse, sino en
explicar por qué han decidido entenderse entre ellas, justo cuando otras
fuerzas de izquierda están intentando construir una candidatura más amplia.
Se ha destacado la afinidad política
entre Rufián e Irene Montero, su común compromiso antifascista, sus críticas a
determinadas políticas del PSOE y su reivindicación de la movilización social.
Todo ello es cierto, pero difícilmente puede considerarse una explicación
específica del acuerdo ya que esos mismos elementos, con diferencias de
intensidad, lenguaje y trayectoria, caracterizan también a Izquierda Unida, los
Comuns, Más Madrid, Movimiento Sumar y otras organizaciones situadas a la
izquierda del PSOE. Si la afinidad programática y la preocupación por el avance
reaccionario constituyen razones más que suficientes para colaborar, lo que habría
que explicar es por qué esa colaboración se limita a determinados actores y
deja fuera a otros con los que se comparten buena parte de los objetivos
políticos.
La pregunta es, creo, pertinente
porque la unidad de la izquierda no puede medirse exclusivamente por el número
de acuerdos que se anuncian, y un pacto bilateral puede reducir la competencia
entre dos organizaciones al mismo tiempo que dificultar una cooperación más
amplia. En este caso, la renuncia de Podemos a presentar una candidatura propia
en Cataluña no resuelve la división de las izquierdas catalanas, pues los
Comuns mantienen legítimamente su propio espacio electoral y ERC continúa
compitiendo con ellos. Es por ello que las consecuencias electorales no pueden
darse por supuestas, no existiendo ninguna razón para pensar que quienes
hubieran votado a Podemos trasladarán automáticamente su apoyo a ERC: algunas
personas pueden hacerlo, otras pueden preferir a los Comuns o decidir no votar.
Tampoco sabemos si la colaboración entre Rufián e Irene Montero facilitará posteriores
acuerdos con otras organizaciones o si, por el contrario, hará más difíciles
las negociaciones. Lo que sí puede afirmarse es que la decisión introduce un
nuevo elemento de dificultad en un escenario de fragmentación que las propias
organizaciones implicadas reconocen como problemático.
Hay, además, una cuestión
organizativa que no debería pasar inadvertida. Hasta donde alcanza la
información pública disponible, no consta que el acuerdo haya sido sometido a
una consulta específica de las bases de Podemos ni que se haya hecho pública
una resolución de sus órganos colegiados que explique su aprobación. Esto no
demuestra que no haya existido deliberación interna, pero deja sin aclarar cómo
se ha adoptado una decisión que afecta directamente a la estrategia electoral
de la organización en Cataluña y, por extensión, a la configuración de una
alternativa de izquierdas en el conjunto de España.
La cuestión resulta especialmente
relevante tratándose de Podemos, una formación que desde sus orígenes ha
reivindicado la participación de las personas inscritas y la celebración de
primarias como elementos distintivos de su cultura política. Sería importante
conocer qué órgano ha autorizado el pacto, qué papel ha desempeñado la
organización catalana y cómo se ha previsto la participación de las bases en
una decisión que implica renunciar a una candidatura propia y apoyar la de otro
partido. También sería necesario aclarar si el acuerdo contempla la
incorporación de personas vinculadas a Podemos a las listas de ERC y, en tal
caso, mediante qué procedimiento serían seleccionadas.
La ilusión
de la inmunidad democrática
Con todo, el aspecto más
significativo del acuerdo puede encontrarse en una dimensión que trasciende las
relaciones entre Podemos y ERC. Me refiero a la concepción de la lucha contra
la extrema derecha que parece abrirse paso en determinados discursos
soberanistas y que introduce una tensión entre dos estrategias diferentes:
combatir el avance reaccionario en el conjunto del Estado o fortalecer espacios
territoriales desde los que protegerse de sus consecuencias.
La diferencia es fundamental. En el
primer caso, el objetivo consiste en articular una respuesta democrática ampliamente
compartida, capaz de movilizar a las fuerzas sociales y políticas progresistas con
independencia de su implantación territorial o de sus respectivas concepciones
nacionales. En el segundo, la prioridad se desplaza hacia el fortalecimiento de
determinadas comunidades políticas que se consideran especialmente resistentes
al avance de la derecha y la extrema derecha. Ambas estrategias pueden
compartir objetivos inmediatos, pero sus horizontes políticos no son
necesariamente coincidentes. Tampoco sus resultados dinales.
Resulta especialmente revelador que
ERC haya presentado su acuerdo con Podemos afirmando que la legitimidad para
enfrentarse al reaccionarismo estatal pasa por fortalecer a las izquierdas
nacionales y que, en Cataluña, esa fuerza es ERC, una afirmación política que
merece ser discutida. ¿Por qué la condición de izquierda «nacional» (no
española) habría de conferir una legitimidad especial para combatir a la
extrema derecha? ¿Por qué ERC debería representar esa resistencia mejor que
otras organizaciones catalanas que también defienden los derechos sociales, las
libertades democráticas y el autogobierno?
Si bien la implantación electoral,
la trayectoria histórica y la capacidad de movilización son argumentos que
pueden justificar una alianza, considero que la pertenencia a un determinado
proyecto nacional no constituye, por sí misma, una garantía de mayor compromiso
democrático. Al contrario, si se acepta que la lucha contra la extrema derecha
exige fortalecer prioritariamente a las izquierdas nacionales, se estrá
introduciendo un criterio de preferencia política que va más allá de las
coincidencias programáticas y que debería justificarse (y discutirse) abiertamente.
En este contexto adquieren especial
interés las declaraciones de Arnaldo Otegi sobre la capacidad de Euskal Herria
y Cataluña para frenar al fascismo. El dirigente de EH Bildu ha defendido en
distintas ocasiones que la correlación de fuerzas existente en Euskal Herria es
sustancialmente diferente de la que caracteriza al conjunto de España y ha
vinculado esa diferencia con su proyecto independentista. La idea puede resultar
atractiva para quienes contemplan con preocupación el crecimiento de la extrema
derecha española: frente a una España que se derechiza, existirían territorios
capaces de preservar una orientación política diferente.
Hay una parte de verdad en ese diagnóstico,
pues las culturas políticas vasca y catalana presentan características
históricas propias, y la extrema derecha española ha encontrado en determinados
momentos mayores dificultades electorales en esos territorios que en otros
lugares. La existencia de tradiciones políticas y sociales diferenciadas, de
organizaciones sindicales y comunitarias arraigadas y de una memoria histórica
particular puede contribuir a explicar esas diferencias, e ignorarlas sería tan
poco riguroso como negar la diversidad nacional y territorial del Estado.
Pero reconocer esas particularidades
no autoriza a convertirlas en una suerte de inmunidad democrática. En primer
lugar, porque la debilidad electoral de Vox en un territorio no significa que
su sociedad esté libre de racismo, xenofobia, autoritarismo, antifeminismo o
rechazo a las personas consideradas diferentes: ahí están la Aliança Catalana
de ahora mismo y el MLNV orbitante en torno a ETA de hace bien poco. En segundo
lugar, porque tampoco significa que todas esas actitudes reaccionarias adopten
necesariamente la forma de una identificación con la extrema derecha española,
pudiendo manifestarse mediante otros discursos, organizaciones y prácticas
sociales, incluso en ambientes políticos que se consideran progresistas.
Aquí encuentro un salto lógico, y
hasta ético, que conviene advertir, porque de la constatación de una
determinada realidad electoral se pasa a sugerir la existencia de una virtud
política propia y distintiva de la comunidad nacional, y de esa supuesta virtud
se deduce que el fortalecimiento del proyecto soberanista constituye una
respuesta especialmente adecuada frente al avance reaccionario. Ninguna de
estas conclusiones se desprende necesariamente de la anterior. Y alguna de
ellas es realmente inquietante.
Las sociedades vasca y catalana no
están al margen de las transformaciones económicas, culturales y políticas que
favorecen el crecimiento de las derechas radicales en Europa. La precariedad
laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, las desigualdades sociales, los
discursos contra la inmigración, la reacción machista y la desconfianza hacia
las instituciones también atraviesan nuestras comunidades. Algunas de estas
dinámicas pueden encontrar expresiones particulares en cada territorio, es
cierto, pero no desaparecen por la existencia de una identidad nacional
diferenciada.
De hecho, la convicción de que una
comunidad es esencialmente más democrática o progresista que otras puede
convertirse en un obstáculo para reconocer sus propias contradicciones ya que,
si el fascismo se identifica exclusivamente con una amenaza exterior,
procedente de España, resulta más difícil prestar atención a las formas de
exclusión, intolerancia o autoritarismo que se desarrollan dentro de la propia
sociedad. La frontera territorial termina funcionando como una frontera moral.
Y esto es eso tan inquietante a lo que me refería. Porque la calidad
democrática es una construcción histórica, sostenida por instituciones,
prácticas sociales y compromisos ciudadanos que necesitan renovarse
constantemente, pero en ningún caso es una propiedad natural de ningún pueblo.
El riesgo
del repliegue territorial
Por eso, deberíamos prestar atención
a la posibilidad de que la respuesta soberanista al avance de la extrema derecha
adopte una lógica de repliegue, de modo que, ante la posibilidad de una España
gobernada por PP y Vox, la prioridad deje de ser impedir o combatir ese
proyecto en el conjunto del Estado para concentrarse en proteger una comunidad
política considerada propia. La perspectiva, entonces, dejaría de ser cómo
contribuir a una democracia común y pasaría a ser cómo salvarse de una España
crecientemente reaccionaria.
Porque existe un riesgo evidente de
deriva particularista cuando la pertenencia territorial comienza a funcionar
como fundamento de una supuesta superioridad política o moral. Ese riesgo
aumenta cuando se contrapone una comunidad propia, presentada como democrática
y solidaria, a un exterior caracterizado de manera general como reaccionario, y
cuando esa distinción deja de describir diferencias políticas concretas y
empieza a establecer una separación entre comunidades que merecerían destinos
diferentes. En ese punto, el soberanismo se aproxima a una lógica de cierre
comunitario, aunque no adopte necesariamente las formas excluyentes del
nativismo, y la solidaridad democrática corre el riesgo de quedar condicionada
por las fronteras del sujeto nacional.
En este caso, ¿qué sucede con las
personas progresistas de Madrid, Andalucía, Castilla, Extremadura o cualquier
otro territorio si las izquierdas soberanistas concluyen que su principal
responsabilidad consiste en proteger sus propias comunidades frente a una
España gobernada por la extrema derecha? ¿Qué lugar ocupan en esa estrategia
quienes, viviendo fuera de Euskadi o Cataluña, comparten las mismas
aspiraciones de igualdad, libertad y justicia social? La pregunta también puede
formularse desde el otro lado. ¿Qué ocurre con las personas que viven en Euskal
Herria o Cataluña y no se identifican con los proyectos soberanistas, pero
participan activamente en la defensa de los derechos sociales y las libertades
democráticas? ¿Por qué su compromiso habría de quedar políticamente subordinado
a organizaciones que se presentan como representantes privilegiadas de una
comunidad nacional?
La lucha contra el autoritarismo
exige reconocer la pluralidad existente dentro de cada territorio y las
solidaridades que atraviesan las fronteras. Por eso, una democracia
plurinacional no debería sustituir el centralismo de una identidad nacional por
la afirmación de otras identidades igualmente cerradas. Su potencial
emancipador reside precisamente en la posibilidad de reconocer distintas
pertenencias sin convertirlas en jerarquías de ciudadanía o de legitimidad
democrática.
Además, la estrategia de protección
territorial presenta limitaciones prácticas que no pueden ignorarse. Un
eventual gobierno de PP y Vox tendría competencias decisivas sobre legislación
laboral, derechos fundamentales, política migratoria, sistema judicial,
fiscalidad, relaciones internacionales y numerosos ámbitos de la vida
colectiva. Las instituciones autonómicas y forales disponen de instrumentos
importantes para desarrollar políticas propias y, en determinados casos,
resistir o amortiguar decisiones estatales, pero su capacidad de protección es
necesariamente parcial.
Tampoco cabe olvidar que las
amenazas actuales a la democracia exceden ampliamente las fronteras estatales.
La crisis climática, el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, la
financiarización de la economía, la militarización de las relaciones
internacionales y el debilitamiento de los derechos de las personas migrantes
son procesos que operan a escala transnacional. Ninguna comunidad política, por
fuerte que sea su identidad o por amplias que sean sus competencias, puede
sustraerse por sí sola a sus consecuencias.
La respuesta democrática necesita,
por tanto, articular diferentes escalas de acción y responsabilidad. La
capacidad de autogobierno puede ser un recurso valioso, pero su sentido
político depende de los fines a los que se oriente y de las solidaridades que
contribuya a construir. Puede servir para ampliar derechos y ensayar políticas
que posteriormente se extiendan a otros territorios, o puede utilizarse
prioritariamente como mecanismo de protección de quienes forman parte de una
comunidad determinada.
Y esta tensión afecta poderosamente a
Podemos. Su trayectoria política se ha caracterizado por la defensa de una
concepción plurinacional del Estado y por el reconocimiento del derecho a
decidir. Ambas posiciones pueden integrarse en un proyecto democrático de
alcance general. El problema surge cuando el reconocimiento de la diversidad
nacional se traduce en aceptar que la representación privilegiada de la
izquierda en un territorio corresponde a las organizaciones soberanistas.
La decisión de apoyar a ERC en
Cataluña puede responder a consideraciones electorales perfectamente
comprensibles. Podemos tiene dificultades para mantener allí un espacio
político propio, y una alianza puede permitirle conservar presencia e
influencia. También puede facilitar a su dirección una mayor autonomía respecto
de otras organizaciones de izquierda con las que mantiene diferencias
importantes. Pero si la justificación política del acuerdo consiste en que
combatir al reaccionarismo exige fortalecer a las izquierdas nacionales, la
decisión adquiere un significado que supera el cálculo electoral. En ese caso,
Podemos estaría contribuyendo a legitimar una determinada jerarquía entre las
organizaciones progresistas catalanas, basada en su relación con el proyecto
nacional catalán. Pero resulta difícil explicar por qué una formación que
aspira a transformar el conjunto del Estado debería asumir ese criterio sin una
discusión política explícita.
Cabe otra interpretación, más limitada
pero igualmente sensible, y es que el acuerdo responda fundamentalmente a una
negociación entre organizaciones que buscan preservar o mejorar sus respectivas
posiciones. Desde esta perspectiva, ERC refuerza su candidatura en Cataluña y
Rufián mantiene una proyección estatal; por su parte, Podemos evita competir en
un territorio electoralmente difícil e Irene Montero obtiene un aliado relevante
que permite dibujar una alternativa a la integración de Podemos en el Frente
Amplio o, al menos, una forma de aumentar su capacidad negociadora. Esta
explicación no tiene por qué excluir las motivaciones ideológicas, pues las
alianzas políticas suelen combinar convicciones, intereses organizativos y
cálculos electorales. Pero precisamente por eso sería conveniente que sus
protagonistas explicaran con mayor claridad qué proyecto común pretenden
construir. Como ya he dicho, la apelación al antifascismo no debería
convertirse en una fórmula que dispense de justificar las decisiones concretas,
por qué se establecen unos acuerdos y se descartan otros.
Una
democracia sin fronteras de solidaridad
Hay, finalmente, una cuestión de
mayor alcance que afecta al conjunto de las izquierdas. La posibilidad de un
gobierno de extrema derecha plantea un desafío que no puede reducirse a la
búsqueda de combinaciones electorales. La fragmentación política importa,
especialmente en un sistema electoral en el que la distribución territorial del
voto puede penalizar determinadas candidaturas, pero la unidad necesaria para
hacer frente a las tendencias autoritarias tiene sobre todo una dimensión
social, cultural y democrática.
No bastará con reunir siglas si no
se consigue reconstruir la confianza de amplios sectores de la población en la
capacidad de la política para mejorar sus condiciones de vida. La inseguridad
material, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, las
desigualdades y la experiencia cotidiana de desprotección alimentan un malestar
que la extrema derecha intenta orientar contra las personas migrantes, el
feminismo y otros colectivos convertidos en chivos expiatorios. Una respuesta
democrática necesita intervenir sobre esas condiciones y disputar las
interpretaciones que las convierten en resentimiento y exclusión. Ese trabajo
requiere organizaciones políticas, pero también sindicatos, asociaciones
vecinales, movimientos feministas, colectivos antirracistas, entidades sociales
y espacios comunitarios capaces de sostener vínculos y prácticas de
solidaridad. Requiere, asimismo, una ciudadanía dispuesta a asumir
responsabilidades más allá del momento electoral. La defensa de la democracia nunca
podrá delegarse por completo en las direcciones de los partidos, por mucho que
estas alcancen acuerdos de última hora.
Desde esta perspectiva, el debate
sobre el pacto entre Rufián e Irene Montero adquiere un significado más amplio
a partir de la pregunta de qué tipo de comunidad política quieren contribuir a
construir las izquierdas. Porque una comunidad concebida como espacio de
pertenencia y protección de quienes se reconocen en una determinada identidad
puede proporcionar seguridad en tiempos de incertidumbre, pero también puede
reforzar las fronteras que separan a unas personas de otras. Una comunidad
democrática abierta, por el contrario, se define por su capacidad de incorporar
a quienes son diferentes y extender las obligaciones de justicia más allá de
las pertenencias heredadas.
Esta segunda concepción no exige
renunciar a las identidades nacionales ni desconocer las aspiraciones de
autogobierno, pero sí evitar que esas identidades se conviertan en el límite de
la responsabilidad política. Es posible defender mayores cotas de soberanía
para Euskadi o Cataluña y, al mismo tiempo, asumir un compromiso activo con la
democratización del conjunto de España. También es posible defender una
transformación federal o plurinacional del Estado sin exigir a todas las
organizaciones que compartan un mismo horizonte nacional. Lo decisivo es que
las diferencias territoriales no se conviertan en fronteras de solidaridad.
Si Euskal Herria y Cataluña cuentan
con una correlación de fuerzas más favorable a las izquierdas, esa
circunstancia debería entenderse como una oportunidad para contribuir a una
resistencia democrática más amplia. Sus organizaciones sociales y políticas
pueden aportar experiencias, iniciativas, recursos y capacidad de movilización,
pueden desarrollar políticas que sirvan de referencia en otros lugares y
participar en alianzas que reconozcan la diversidad de los sujetos políticos.
Esa sería una manera de poner las particularidades territoriales al servicio de
una responsabilidad compartida. Pero también pueden optar por interpretar esas
diferencias como una razón para concentrar sus esfuerzos en preservar sus
propios espacios de poder y autonomía. Esa estrategia responde a una lógica
política distinta, que puede resultar comprensible desde determinados proyectos
nacionales, pero cuyas consecuencias para la solidaridad democrática deberían
ser discutidas abiertamente.
La sociedad española es
profundamente diversa, también en sus tradiciones democráticas, sus conflictos
sociales y sus expresiones de solidaridad. Del mismo modo que sería incierto
identificar a toda la sociedad vasca o catalana con el soberanismo, sería
profundamente equivocado identificar a la sociedad española con el proyecto
político de PP y Vox. Las personas que se oponen al autoritarismo en Madrid,
Sevilla, Valladolid o Murcia no representan una realidad ajena a quienes hacen
lo mismo en Bilbao, Barcelona o Donostia, forman parte de conflictos
democráticos relacionados y comparten muchos de sus riesgos.
De ahí que resulte sumamente problemático
convertir la perspectiva de una España «voxizada» en argumento para el
repliegue territorial. La expresión puede describir el temor ante una
determinada orientación del Gobierno del Estado, pero no debería terminar
identificando a toda una sociedad con quienes eventualmente la gobiernen.
Hacerlo significaría aceptar, aunque fuera involuntariamente, una de las
operaciones características de los nacionalismos excluyentes: confundir la
pluralidad de una sociedad con una identidad política única. Frente a esa
tentación, la respuesta democrática debería partir de una convicción elemental,
la de que ninguna comunidad está a salvo del autoritarismo por sus supuestas
virtudes históricas o culturales, y ninguna sociedad queda definitivamente
identificada con las fuerzas reaccionarias que consiguen gobernarla.
La democracia depende de relaciones
sociales, instituciones, derechos y prácticas de participación que necesitan
ser defendidas y renovadas. Su protección exige reconocer que nuestras vidas
están vinculadas y que las amenazas que afectan a unas personas terminan
alcanzando a otras. La experiencia histórica ofrece demasiados ejemplos de lo
que sucede cuando una parte de la sociedad confía en poder preservar sus
libertades mientras se deterioran las de quienes viven más allá de sus
fronteras políticas o simbólicas.
Por eso, la reflexión que plantea el
acuerdo entre Rufián e Irene Montero no debería quedar reducida a si permite
obtener algunos escaños adicionales o mejorar la posición negociadora de sus
respectivas organizaciones. Importa mucho conocer qué concepción de la
cooperación política expresa, cómo se ha decidido, qué relaciones establece con
el resto de las izquierdas y qué horizonte democrático propone.
Por supuesto, sería injustificado
afirmar que este pacto supone necesariamente una apuesta por el repliegue
territorial. La información disponible no permite llegar tan lejos. Pero
tampoco sería razonable ignorar que determinadas justificaciones del acuerdo,
especialmente aquellas que atribuyen a las izquierdas nacionales una
legitimidad privilegiada para combatir al reaccionarismo, apuntan hacia una
concepción de la resistencia democrática que merece ser examinada críticamente.
Además de la cuestión estricta de
las alianzas electorales y el reparto de escaños, el movimiento de Rufián e
Irene Montero obliga a las izquierdas, a todas, a plantearse qué significa
exactamente salvar la democracia. ¿Preservar determinados espacios
territoriales de autonomía y poder frente a una amenaza exterior? ¿O construir
las condiciones sociales y políticas para que esa amenaza pueda ser combatida
en todas partes, mediante alianzas que reconozcan las diferencias sin
convertirlas en separaciones insalvables? No hay razón para que el autogobierno
y la solidaridad democrática sean objetivos contrapuestos, pueden reforzarse
mutuamente. Pero esa compatibilidad debe demostrarse mediante decisiones
políticas concretas y no darse por supuesta mediante apelaciones genéricas al
antifascismo.
Ante la posibilidad de una España
gobernada por la extrema derecha, la tentación de salvarse de ella puede
resultar comprensible. El problema es que las fronteras, por sí solas, no
garantizan la libertad, la igualdad ni la justicia, y una izquierda que aspire
a combatir el autoritarismo tendrá que preguntarse hasta dónde está dispuesta a
extender su solidaridad, especialmente cuando hacerlo no reporte beneficios
electorales inmediatos. Porque el alcance del compromiso democrático se revela,
especialmente, en la responsabilidad que asumimos hacia quienes viven fuera de
nuestra comunidad política más próxima. Y esa responsabilidad no desaparece cuando
las fronteras cambian, cuando las mayorías electorales se vuelven adversas o
cuando resulta más sencillo proteger lo propio que defender lo común.
