Agosto es, en Europa,
el mes del movimiento. Aeropuertos abarrotados, autopistas congestionadas,
estaciones de ferrocarril llenas, ferris que cruzan el Mediterráneo, familias
que recorren miles de kilómetros para llegar a una playa, una ciudad o una casa
de vacaciones. Centenares de miles de personas atravesamos estos días fronteras
internacionales con una naturalidad extraordinaria. Enseñamos un pasaporte, una
tarjeta de embarque o, muchas veces, ni siquiera eso; dentro del espacio
Schengen podemos viajar de un país a otro sin advertir que acabamos de cruzar
una frontera.
No se trata de un
fenómeno marginal. Según ONU Turismo, en 2024 se registraron en el mundo 1.400
millones de llegadas de turistas internacionales, recuperándose prácticamente
los niveles anteriores a la pandemia. Y la tendencia ha seguido creciendo: solo
entre enero y marzo de 2025 más de 300 millones de personas viajaron
internacionalmente por turismo. Vivimos, efectivamente, en la época de la
movilidad. Pero ¿de la movilidad de quién?
Mientras millones de
personas cruzamos fronteras para disfrutar de nuestras vacaciones, en Ceuta
decenas de miles han intentado atravesar otra frontera. Muchas lo han hecho a
nado, bordeando espigones, lanzándose al mar o aprovechando cualquier resquicio
que pudiera permitirles alcanzar territorio español. Muchas han muerto en el
intento. Una vez más, la frontera entre África y Europa se ha convertido,
literalmente, en un lugar de muerte.
Hay muchas maneras de
analizar lo sucedido. Podemos hablar de la política migratoria europea, de la
responsabilidad de Marruecos, de la instrumentalización política de las
migraciones, del control de fronteras, del derecho de asilo, de las mafias, de
las responsabilidades de España o de la Unión Europea. Todas estas cuestiones
son importantes. Pero hay otra que quizá resulte más incómoda porque no permite
situar el problema exclusivamente en gobiernos, policías o instituciones, sino
que nos obliga a mirarnos también a nosotras mismas: mientras unas personas
arriesgan la vida para cruzar una frontera, otras cruzamos fronteras para irnos
de vacaciones. No es mi intención aventar una culpabilización simplista de
quien viaja, pero eso no significa declarar inocente al turismo. Porque viajar
no es un acto situado fuera de las relaciones sociales y de las desigualdades
que estructuran el mundo, mucho menos cuando viajamos desde sociedades ricas
hacia sociedades empobrecidas.
Viajar a través de la
desigualdad
La desigualdad de
movilidad no puede separarse de una desigualdad económica global
extraordinaria. Según el World Inequality Report 2026, el 10 % más rico
de la población mundial recibe el 53 % de toda la renta, mientras que la mitad
más pobre de la humanidad debe repartirse apenas el 8 %. La concentración de la
riqueza es todavía mayor: el 10 % más rico posee alrededor de tres cuartas
partes del patrimonio mundial, mientras que el 50 % más pobre apenas dispone
del 2 %. Son cifras tan enormes que corren el riesgo de convertirse en
abstracciones. Quizá resulte más fácil comprender lo que significan si
acercamos la mirada a la frontera que estos días nos ocupa. En 2024, el PIB por
habitante de España fue de unos 35.300 dólares; el de Marruecos, situado apenas
a unos kilómetros al otro lado del Estrecho, rondó los 4.150, más de ocho veces
menor. Y si continuamos hacia el sur, las diferencias se hacen todavía mayores:
en Mozambique, por ejemplo, el PIB por habitante no llegó a 660 dólares.
Naturalmente, estos
promedios nacionales ocultan enormes desigualdades internas. Hay personas muy
ricas en Marruecos y personas pobres en España. El mundo no puede dividirse
limpiamente entre países ricos habitados exclusivamente por personas ricas y
países pobres habitados exclusivamente por personas pobres, pero esto no
elimina la desigualdad entre territorios, simplemente obliga a combinarla con
las desigualdades existentes dentro de cada sociedad. Y es sobre ese mundo
profundamente desigual sobre el que se despliegan nuestras movilidades.
En este contexto, el
turismo tiene una característica singular: pone físicamente en contacto
posiciones extraordinariamente desiguales dentro del sistema mundial. Quien
sale de España, Francia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido para pasar una
semana en Marruecos lleva consigo algo más que su equipaje, lleva una determinada
capacidad económica, un pasaporte, tiempo disponible y, sobre todo, la
posibilidad de desplazarse y regresar. Su mera presencia hace visible una forma
de vida. Quien trabaja en un hotel de Marrakech, sirve una mesa en Agadir,
conduce un taxi en Tánger o vende un producto a una persona procedente de
Europa en cualquier mercado no necesita consultar las estadísticas
internacionales de desigualdad para saber que existen lugares desde los que
millones de personas pueden permitirse viajar miles de kilómetros simplemente
para descansar unos días, por placer, como solemos decir.
De este modo, el
turismo funciona como una suerte de efecto llamada. No en el sentido simplista
con el que esta expresión suele utilizarse en el debate migratorio, como si
bastara una determinada política de acogida para desencadenar automáticamente
movimientos de población, sino en un sentido mucho más profundo: el turismo hace visible la desigualdad y, al
hacerla visible, alimenta inevitablemente la comparación entre vidas posibles.
Marruecos constituye
un ejemplo extraordinario. En 2024 recibió 17,4 millones de visitantes y en
2025 casi 20 millones, la mayoría procedentes de Europa. Personas francesas,
españolas, británicas, alemanas, italianas, belgas o neerlandesas atraviesan
cada año hacia el sur una frontera que las políticas europeas intentan hacer
cada vez más difícil de atravesar hacia el norte.
La contradicción
resulta imposible de ignorar: Marruecos desarrolla políticas para conseguir que
cada vez más personas procedentes de Europa crucemos su frontera; Europa
desarrolla políticas para conseguir que determinadas personas que se encuentran
en Marruecos no crucen la nuestra. En
una dirección llamamos al movimiento turismo y lo estimulamos; en la otra lo
llamamos presión migratoria y tratamos de contenerlo.
Ambas movilidades
responden a situaciones distintas, pero precisamente por eso su coexistencia
resulta tan reveladora. Quien llega a Marruecos con un pasaporte europeo
demuestra, mediante el hecho aparentemente banal de estar allí, que pertenece a
un mundo en el que atravesar fronteras puede ser una elección recreativa. Quien
observa esa movilidad desde una posición económica mucho más precaria puede
preguntarse legítimamente por qué esa libertad funciona únicamente en una dirección.
La responsabilidad de
quien viaja
Llegados a este punto
resulta inevitable preguntarse por la dimensión moral del turismo. No para
concluir que viajar por placer sea en sí mismo una práctica inmoral. Viajar
puede significar descanso, conocimiento, encuentro, curiosidad por otras
culturas y ampliación de nuestros horizontes; hay algo profundamente humano en
el deseo de conocer otros lugares. Pero reconocer el valor potencial del viaje
no significa considerarlo moralmente neutro. Como cualquier práctica voluntaria
que consume recursos, produce impactos y se desarrolla dentro de relaciones
profundamente desiguales, también el turismo debe someterse a una pregunta
elemental: ¿qué responsabilidades se derivan de nuestra decisión de viajar?
La cuestión es especialmente
relevante porque el viaje turístico es, por definición, una movilidad
fundamentalmente electiva. No valoramos de la misma manera el desplazamiento de
quien huye de una guerra, busca trabajo, necesita reunirse con su familia o
pretende mejorar unas condiciones de vida insoportables que el de quien toma un
avión para pasar unos días de vacaciones. Precisamente porque este último
desplazamiento es más prescindible, disponemos de un margen mayor para
preguntarnos por sus consecuencias: por las emisiones que generamos, por los
recursos que consumimos, por nuestra contribución al encarecimiento de la
vivienda o a la turistificación de determinados territorios, por las
condiciones laborales precarias que sostenemos con nuestro consumo y, en
general, por la huella que dejamos en los lugares que visitamos.
Pero en un mundo
caracterizado por enormes desigualdades existe una dimensión moral todavía más
profunda: viajar por placer constituye una capacidad extraordinariamente mal
repartida. Para hacerlo no basta con tener dinero, hace falta disponer de
tiempo, seguridad y, sobre todo, de un pasaporte que permita atravesar
fronteras. Quien viaja desde Europa hacia Marruecos o hacia otros países
africanos lleva consigo, aunque raramente sea consciente de ello, todos esos
privilegios, que vivimos como si fueran derechos naturalmente disponibles para
cualquier persona. Por eso, la pregunta no es si somos buenas o malas personas
cuando nos subimos a un avión rumbo a Marrakech, Dakar o Zanzíbar. La pregunta
es qué obligaciones se derivan de saber que nuestra capacidad de hacerlo
depende de una posición extraordinariamente favorecida dentro del sistema
mundial. La culpa nos invita a juzgar a cada persona; la responsabilidad nos
obliga a pensar nuestra relación con las estructuras de las que formamos parte.
Y la responsabilidad
debería aumentar con nuestra capacidad de elección. Cuantas más alternativas
tenemos, más razonable resulta preguntarnos por las consecuencias de nuestras
decisiones. Podemos viajar menos, permanecer más tiempo en los lugares en vez
de acumular escapadas, utilizar medios de transporte menos contaminantes cuando
sea posible, evitar destinos sometidos a una presión turística insoportable,
consumir de manera que una mayor parte de nuestros gastos permanezca en las
comunidades que visitamos. Son decisiones importantes, aunque ninguna de ellas
resuelva por sí sola las contradicciones estructurales del turismo.
Porque hay una
contradicción que ninguna forma de turismo responsable puede eliminar. Quienes poseemos
determinados pasaportes hemos naturalizado nuestra libertad para atravesar
fronteras, considerando perfectamente razonable poder viajar a otros países por
el simple deseo de conocerlos, descansar o disfrutar de ellos. Y, sin embargo,
cuando personas nacidas en esos mismos países pretenden recorrer el camino
contrario para trabajar, estudiar o buscar una vida mejor, su movilidad deja de
aparecer ante nosotras como un ejercicio de libertad y comienza a ser descrita
como un problema de inseguridad.
Esta asimetría
debería interpelarnos. Resulta obsceno que el sistema internacional facilite
extraordinariamente el movimiento de quien quiere recorrer miles de kilómetros
por placer y dificulte hasta extremos mortales el de quien pretende recorrerlos
para transformar sus condiciones de vida. Esta es, creo, la prueba moral más
exigente que el turismo plantea a nuestras sociedades: la reciprocidad. ¿Hasta
qué punto estamos dispuestas a reconocer a las demás personas una libertad de
movimiento comparable a la que consideramos natural para nosotras mismas? Este
principio no resuelve por sí solo la complejidad de las políticas migratorias
ni implica que toda frontera deba desaparecer, pero sí cuestiona una
contradicción demasiado fácilmente aceptada: considerar nuestra movilidad una
manifestación de libertad y la movilidad ajena una amenaza que debe ser
gestionada, contenida o impedida.
Por eso el problema
moral del turismo no consiste simplemente en preguntarnos si está bien o mal
viajar. Formulada así, la cuestión resulta demasiado pobre. La pregunta
verdaderamente esencial es qué significa viajar por placer desde una posición
privilegiada en un mundo que niega a millones de personas la posibilidad de
desplazarse para mejorar sus condiciones de vida. La pregunta que deberíamos
hacernos ante las imágenes de Ceuta no es por qué tantas personas quieren venir
a Europa, sino esta otra: ¿cómo no van
a querer venir al lugar desde el que nosotras podemos permitirnos ir hasta allí
de vacaciones?
El pasaporte como
privilegio
Nos hemos
acostumbrado a pensar la movilidad como una libertad. Poder desplazarse,
conocer otros lugares, estudiar en otro país, trabajar fuera, visitar a
familiares o simplemente viajar por placer forma parte de la ampliación
contemporánea de nuestras posibilidades vitales. Para millones de personas
europeas la pregunta es dónde queremos ir. Consultamos vuelos, hoteles,
apartamentos, previsiones meteorológicas; calculamos precios y distancias.
Nuestro principal límite suele ser el dinero disponible. Para millones de
personas en el mundo, sin embargo, la pregunta es completamente distinta:
¿podré entrar?
Aquí aparece una de
las desigualdades fundamentales de nuestro tiempo. Hemos construido un mundo
extraordinariamente móvil, pero no un mundo en el que todas las personas puedan
moverse. Circulan mercancías, capitales, inversiones, información y flujos
turísticos a una escala desconocida en la historia. También circulan las
personas, por supuesto, pero no todas bajo las mismas condiciones. Y esta
desigualdad puede medirse.
El Henley Passport
Index clasifica 199 pasaportes en función del número de destinos a los que
permiten acceder sin necesidad de obtener previamente un visado. En julio de
2026, el pasaporte español se encuentra entre los más poderosos del mundo, ya
que permite acceder a 186 destinos. En el extremo opuesto se encuentra
Afganistán: su pasaporte permite hacerlo únicamente a 22. Ciento sesenta y
cuatro destinos de diferencia. No estamos hablando de renta, patrimonio o
salario, sino de algo anterior: de las posibilidades que proporciona haber
nacido en un país y no en otro.
Un pasaporte europeo
es, por eso, mucho más que un documento administrativo, es una extraordinaria
reserva de movilidad. Unido a una tarjeta de crédito, constituye algo parecido a
un salvoconducto global: acredita ante el mundo que quien llega no representa,
en principio, un problema: llega como turista, como persona viajera, como
consumidora. Otros pasaportes significan exactamente lo contrario: no abren
fronteras, despiertan sospechas. Exigen visados, garantías económicas, cartas
de invitación, contratos de trabajo, reservas hoteleras, entrevistas
consulares. Y para muchas personas ni siquiera existe una vía razonable para
obtenerlos.
Por eso resulta
insuficiente decir que vivimos en un mundo globalizado. La globalización no ha
abolido las fronteras. Las ha distribuido desigualmente. Para algunas personas,
la frontera se ha vuelto casi invisible. Para otras se ha hecho cada vez más alta,
más vigilada y más peligrosa.
Para unas, paisaje;
para otras, frontera
Esta desigualdad
resulta especialmente visible en verano. El Mediterráneo se convierte entonces
en escenario de dos movilidades simultáneas. Aviones, cruceros y ferris
transportan a millones de personas hacia los lugares donde desean pasar unos
días de descanso. A pocos kilómetros, otras personas intentan atravesar ese
mismo espacio escondidas en vehículos, hacinadas en embarcaciones precarias o
directamente a nado. El mismo mar es para unas personas paisaje y para otras
frontera.
Pocas imágenes
expresan de manera tan brutal la desigualdad global. No porque quienes viajan
por turismo sean necesariamente personas ricas. Muchas familias ahorran durante
meses para poder disfrutar de unos días de vacaciones. También dentro de
nuestras sociedades el acceso al turismo está profundamente estratificado. Hay
quienes pueden recorrer el mundo y quienes apenas pueden permitirse salir de su
ciudad. La desigualdad atraviesa igualmente nuestras sociedades. Pero incluso
reconociendo esas diferencias, existe un privilegio mucho más básico que
compartimos una gran parte de quienes vivimos en Europa: podemos imaginar el
desplazamiento como una elección. Y esa posibilidad cambia radicalmente nuestra
relación con el mundo. Podemos marcharnos y regresar. Podemos viajar miles de
kilómetros sabiendo que, al terminar las vacaciones, podremos volver a casa.
Nuestra movilidad es reversible. Precisamente por eso puede ser placentera.
Quien viaja por turismo se desplaza sabiendo que conserva un lugar al que
regresar.
La experiencia
migratoria de quienes estos días han intentado alcanzar Ceuta pertenece a otro
universo. Para muchas de esas personas, desplazarse no significa interrumpir
temporalmente una vida segura, sino intentar construir otra vida posible. No
llevan en el bolsillo la certeza del regreso, sino la incertidumbre del futuro.
Hay algo
profundamente revelador en que una persona esté dispuesta a lanzarse al mar
para recorrer una distancia que otra atraviesa cómodamente en un ferry.
Tendemos a interpretar estos comportamientos preguntándonos qué les impulsa a
asumir semejante riesgo. Tal vez deberíamos invertir la pregunta: ¿qué
desigualdad tiene que existir para que arriesgar la vida parezca una decisión
razonable?
Porque ninguna
política migratoria debería permitirnos olvidar este hecho elemental. Las
personas comparan vidas posibles. Ven cómo vivimos al otro lado, conocen
nuestros salarios, nuestras ciudades, nuestros sistemas educativos, nuestros
hospitales, nuestras posibilidades de consumo. Internet y las redes sociales
han reducido radicalmente la distancia imaginaria entre sociedades cuyas
oportunidades materiales siguen estando separadas por enormes desigualdades. La
frontera pretende entonces hacer algo extraordinariamente difícil: mantener
próximas sociedades profundamente desiguales y, al mismo tiempo, impedir que
las personas reaccionen ante esa desigualdad desplazándose. Es como construir
un muro en mitad de un desnivel. Podemos elevarlo, reforzarlo, vigilarlo con
cámaras, patrullarlo, externalizar su control a terceros países. Pero mientras
permanezca el desnivel, seguirá existiendo la presión por atravesarlo.
Por eso el turismo
puede ser contemplado como uno de los grandes indicadores de la desigualdad
global. No porque sea su causa principal, sino porque la hace
extraordinariamente visible. Los 1.400 millones de llegadas turísticas
internacionales registradas en 2024 hablan de un planeta caracterizado por una
movilidad gigantesca. Pero quien puede viajar por turismo encarna una de las
libertades más desigualmente repartidas del planeta: la libertad de estar
temporalmente en otro lugar. Deberíamos hablar menos del «derecho a viajar» y
más del privilegio de viajar.
La expresión puede
incomodarnos porque estamos acostumbradas a considerar nuestras posibilidades
de movimiento como algo normal. Pero precisamente en eso consiste un
privilegio: en poder vivir como natural una posibilidad que para otras personas
resulta extraordinaria. Nuestro pasaporte no nos parece un privilegio porque
casi nunca tenemos que pensar en él. Permanece guardado en un cajón hasta que
decidimos viajar. Solo entonces comprobamos que sigue vigente, lo metemos en la
maleta y continuamos organizando nuestras vacaciones. Para otras personas, en
cambio, el pasaporte, o la imposibilidad de conseguir un visado asociado a él,
puede determinar una parte decisiva de su biografía.
Nacer a un lado u
otro de una frontera sigue siendo uno de los mayores repartos de oportunidades
que existen en el mundo. No elegimos el país en el que nacemos, pero ese azar
condiciona nuestra esperanza de vida, nuestra educación, nuestros ingresos,
nuestra seguridad y también nuestra capacidad de desplazarnos. En ese sentido,
la ciudadanía funciona como una herencia. Y las fronteras administran esa
herencia.
Nada de esto
proporciona respuestas sencillas a la cuestión migratoria. Los Estados tienen
responsabilidades, las sociedades necesitan organizar la convivencia y ninguna
política pública puede ignorar los límites, los conflictos o las dificultades
reales que acompañan a los movimientos migratorios. Reconocer la desigualdad
del derecho a moverse no obliga a defender que las fronteras desaparezcan
mañana. Pero sí debería impedirnos hablar de ellas como si fueran simples
líneas neutrales que separan territorios. Una frontera es también una
institución que distribuye posibilidades vitales.
El mundo no es plano
Este agosto, mientras
millones de personas europeas atravesamos fronteras preguntándonos dónde
comeremos, qué visitaremos o cómo estará el tiempo, otras personas se han
lanzado al agua frente a Ceuta preguntándose si conseguirían llegar vivas a la
otra orilla. Unos movimientos aparecen en las estadísticas como turismo. Otros
aparecen como presión migratoria. Quienes viajan por turismo son recibidos con
campañas publicitarias que les invitan a venir. Frente a quienes intentan
migrar se levantan vallas, cámaras, policías y sistemas de vigilancia para
impedirles hacerlo. A unas personas les preguntamos cuánto tiempo piensan
quedarse. A otras, por qué han venido.
Hace ya dos décadas
Thomas L. Friedman popularizó la imagen de un «mundo plano» para describir una
globalización que parecía estar derribando barreras, acortando distancias y
multiplicando las posibilidades de interacción entre lugares cada vez más
conectados. Pero basta observar cómo nos movemos realmente por ese mundo para
descubrir hasta qué punto la metáfora resulta engañosa. El mundo no es plano,
al menos, no lo es para todas las personas.
Como ya hemos dicho,
para quienes disponemos de determinados recursos económicos y de determinados
pasaportes, buena parte del planeta se ha vuelto efectivamente más plana. Las
distancias se han reducido, las comunicaciones se han abaratado y numerosas
fronteras prácticamente han desaparecido. Podemos desayunar en Bilbao y cenar
en Marrakech, pasar un fin de semana en Roma o cruzar media Europa sin mostrar
siquiera un documento de identidad. La combinación de dinero, infraestructuras
de transporte y ciudadanía convierte el espacio en algo relativamente fácil de
atravesar. Pero esa experiencia particular de la globalización corre el riesgo
de ser confundida con una condición universal. Para millones de personas el
mundo continúa estando lleno de obstáculos. Una misma distancia geográfica
puede constituir para unas personas unas pocas horas de avión y para otras una
sucesión de visados imposibles, controles policiales, desiertos, vallas,
embarcaciones precarias y riesgo de muerte.
La globalización no
ha aplanado el mundo, sino que ha
distribuido de manera profundamente desigual sus pendientes. Ha
facilitado extraordinariamente determinadas movilidades -las del capital, las
mercancías, el turismo o quienes poseen los pasaportes adecuados- mientras
mantiene o incluso levanta obstáculos frente a otras. El Estrecho de Gibraltar
constituye una representación casi perfecta de esa geografía desigual. Sus
catorce kilómetros no miden lo mismo en las dos direcciones. Para una persona
española que viaja a Marruecos por turismo son una distancia trivial, unas
vacaciones cercanas, accesibles, incluso exóticas. Para muchas personas que
intentan recorrer el camino inverso pueden convertirse en una de las fronteras
más difíciles del mundo.
Por eso el turismo
resulta un indicador tan revelador de la desigualdad global. Nos permite
comprobar que la verdadera distancia entre dos lugares no se mide únicamente en
kilómetros. Se mide también en renta, ciudadanía, pasaporte, visados, medios de
transporte y capacidad para decidir cuándo marcharse y cuándo regresar. Desde
esta perspectiva, la imagen adecuada para nuestro tiempo no es la de un mundo
plano, sino la de un mundo inclinado:
un espacio por el que algunas personas pueden desplazarse con extraordinaria
facilidad mientras otras tienen que avanzar contra pendientes cada vez más
pronunciadas.
Y ninguna imagen
permite comprenderlo mejor que la de este verano: personas procedentes de
Europa viajando hacia el sur por turismo mientras, simultáneamente, otras
personas se juegan la vida intentando llegar hacia el norte. Se mueven por el
mismo mundo, pero no se mueven por el mismo mapa.
Conviene recordar
esta contradicción cuando volvamos a escuchar que vivimos en un mundo
caracterizado por la libertad de movimiento. Nunca hubo tantas personas
viajando por el planeta, pero no deberíamos confundir un mundo lleno de
turistas con un mundo en el que exista un derecho igual a viajar. Porque una de
las fronteras más profundas de nuestro tiempo no separa simplemente países,
separa a quienes pueden cruzarlas de quienes pueden morir intentándolo.
Publicado en elDiario.es, 12 de agosto de 2026
