Las izquierdas y la tentación del repliegue territorial

El acuerdo alcanzado entre Gabriel Rufián e Irene Montero, por el que Podemos renuncia a competir electoralmente en Cataluña y se compromete a apoyar la candidatura de ERC, mientras ambas dirigentes anuncian una colaboración en la campaña electoral, merece una reflexión que vaya más allá de sus posibles consecuencias sobre el reparto de escaños. Porque la decisión se produce en un momento especialmente delicado para la izquierda española, cuando el avance de la extrema derecha y la posibilidad de un gobierno de PP y Vox plantean interrogantes sobre el futuro de los derechos sociales, las libertades democráticas y la convivencia. En estas circunstancias, cualquier iniciativa que invoque la unidad de las fuerzas progresistas debería ser examinada atendiendo tanto a sus propósitos declarados como a sus consecuencias políticas.

A primera vista, el acuerdo puede interpretarse como un ejercicio de responsabilidad. Dos organizaciones que podrían competir por una parte del electorado deciden colaborar, evitando la dispersión del voto; además, sus protagonistas justifican la decisión apelando a la necesidad de hacer frente al avance de la extrema derecha. Es un argumento comprensible, pero, a mi juicio, absolutamente insuficiente, porque la cuestión no consiste en determinar si dos organizaciones pueden entenderse, sino en explicar por qué han decidido entenderse entre ellas, justo cuando otras fuerzas de izquierda están intentando construir una candidatura más amplia.

Se ha destacado la afinidad política entre Rufián e Irene Montero, su común compromiso antifascista, sus críticas a determinadas políticas del PSOE y su reivindicación de la movilización social. Todo ello es cierto, pero difícilmente puede considerarse una explicación específica del acuerdo ya que esos mismos elementos, con diferencias de intensidad, lenguaje y trayectoria, caracterizan también a Izquierda Unida, los Comuns, Más Madrid, Movimiento Sumar y otras organizaciones situadas a la izquierda del PSOE. Si la afinidad programática y la preocupación por el avance reaccionario constituyen razones más que suficientes para colaborar, lo que habría que explicar es por qué esa colaboración se limita a determinados actores y deja fuera a otros con los que se comparten buena parte de los objetivos políticos.

La pregunta es, creo, pertinente porque la unidad de la izquierda no puede medirse exclusivamente por el número de acuerdos que se anuncian, y un pacto bilateral puede reducir la competencia entre dos organizaciones al mismo tiempo que dificultar una cooperación más amplia. En este caso, la renuncia de Podemos a presentar una candidatura propia en Cataluña no resuelve la división de las izquierdas catalanas, pues los Comuns mantienen legítimamente su propio espacio electoral y ERC continúa compitiendo con ellos. Es por ello que las consecuencias electorales no pueden darse por supuestas, no existiendo ninguna razón para pensar que quienes hubieran votado a Podemos trasladarán automáticamente su apoyo a ERC: algunas personas pueden hacerlo, otras pueden preferir a los Comuns o decidir no votar. Tampoco sabemos si la colaboración entre Rufián e Irene Montero facilitará posteriores acuerdos con otras organizaciones o si, por el contrario, hará más difíciles las negociaciones. Lo que sí puede afirmarse es que la decisión introduce un nuevo elemento de dificultad en un escenario de fragmentación que las propias organizaciones implicadas reconocen como problemático.

Hay, además, una cuestión organizativa que no debería pasar inadvertida. Hasta donde alcanza la información pública disponible, no consta que el acuerdo haya sido sometido a una consulta específica de las bases de Podemos ni que se haya hecho pública una resolución de sus órganos colegiados que explique su aprobación. Esto no demuestra que no haya existido deliberación interna, pero deja sin aclarar cómo se ha adoptado una decisión que afecta directamente a la estrategia electoral de la organización en Cataluña y, por extensión, a la configuración de una alternativa de izquierdas en el conjunto de España.

La cuestión resulta especialmente relevante tratándose de Podemos, una formación que desde sus orígenes ha reivindicado la participación de las personas inscritas y la celebración de primarias como elementos distintivos de su cultura política. Sería importante conocer qué órgano ha autorizado el pacto, qué papel ha desempeñado la organización catalana y cómo se ha previsto la participación de las bases en una decisión que implica renunciar a una candidatura propia y apoyar la de otro partido. También sería necesario aclarar si el acuerdo contempla la incorporación de personas vinculadas a Podemos a las listas de ERC y, en tal caso, mediante qué procedimiento serían seleccionadas.

La ilusión de la inmunidad democrática

Con todo, el aspecto más significativo del acuerdo puede encontrarse en una dimensión que trasciende las relaciones entre Podemos y ERC. Me refiero a la concepción de la lucha contra la extrema derecha que parece abrirse paso en determinados discursos soberanistas y que introduce una tensión entre dos estrategias diferentes: combatir el avance reaccionario en el conjunto del Estado o fortalecer espacios territoriales desde los que protegerse de sus consecuencias.

La diferencia es fundamental. En el primer caso, el objetivo consiste en articular una respuesta democrática ampliamente compartida, capaz de movilizar a las fuerzas sociales y políticas progresistas con independencia de su implantación territorial o de sus respectivas concepciones nacionales. En el segundo, la prioridad se desplaza hacia el fortalecimiento de determinadas comunidades políticas que se consideran especialmente resistentes al avance de la derecha y la extrema derecha. Ambas estrategias pueden compartir objetivos inmediatos, pero sus horizontes políticos no son necesariamente coincidentes. Tampoco sus resultados dinales.

Resulta especialmente revelador que ERC haya presentado su acuerdo con Podemos afirmando que la legitimidad para enfrentarse al reaccionarismo estatal pasa por fortalecer a las izquierdas nacionales y que, en Cataluña, esa fuerza es ERC, una afirmación política que merece ser discutida. ¿Por qué la condición de izquierda «nacional» (no española) habría de conferir una legitimidad especial para combatir a la extrema derecha? ¿Por qué ERC debería representar esa resistencia mejor que otras organizaciones catalanas que también defienden los derechos sociales, las libertades democráticas y el autogobierno?

Si bien la implantación electoral, la trayectoria histórica y la capacidad de movilización son argumentos que pueden justificar una alianza, considero que la pertenencia a un determinado proyecto nacional no constituye, por sí misma, una garantía de mayor compromiso democrático. Al contrario, si se acepta que la lucha contra la extrema derecha exige fortalecer prioritariamente a las izquierdas nacionales, se estrá introduciendo un criterio de preferencia política que va más allá de las coincidencias programáticas y que debería justificarse (y discutirse) abiertamente.

En este contexto adquieren especial interés las declaraciones de Arnaldo Otegi sobre la capacidad de Euskal Herria y Cataluña para frenar al fascismo. El dirigente de EH Bildu ha defendido en distintas ocasiones que la correlación de fuerzas existente en Euskal Herria es sustancialmente diferente de la que caracteriza al conjunto de España y ha vinculado esa diferencia con su proyecto independentista. La idea puede resultar atractiva para quienes contemplan con preocupación el crecimiento de la extrema derecha española: frente a una España que se derechiza, existirían territorios capaces de preservar una orientación política diferente.

Hay una parte de verdad en ese diagnóstico, pues las culturas políticas vasca y catalana presentan características históricas propias, y la extrema derecha española ha encontrado en determinados momentos mayores dificultades electorales en esos territorios que en otros lugares. La existencia de tradiciones políticas y sociales diferenciadas, de organizaciones sindicales y comunitarias arraigadas y de una memoria histórica particular puede contribuir a explicar esas diferencias, e ignorarlas sería tan poco riguroso como negar la diversidad nacional y territorial del Estado.

Pero reconocer esas particularidades no autoriza a convertirlas en una suerte de inmunidad democrática. En primer lugar, porque la debilidad electoral de Vox en un territorio no significa que su sociedad esté libre de racismo, xenofobia, autoritarismo, antifeminismo o rechazo a las personas consideradas diferentes: ahí están la Aliança Catalana de ahora mismo y el MLNV orbitante en torno a ETA de hace bien poco. En segundo lugar, porque tampoco significa que todas esas actitudes reaccionarias adopten necesariamente la forma de una identificación con la extrema derecha española, pudiendo manifestarse mediante otros discursos, organizaciones y prácticas sociales, incluso en ambientes políticos que se consideran progresistas.

Aquí encuentro un salto lógico, y hasta ético, que conviene advertir, porque de la constatación de una determinada realidad electoral se pasa a sugerir la existencia de una virtud política propia y distintiva de la comunidad nacional, y de esa supuesta virtud se deduce que el fortalecimiento del proyecto soberanista constituye una respuesta especialmente adecuada frente al avance reaccionario. Ninguna de estas conclusiones se desprende necesariamente de la anterior. Y alguna de ellas es realmente inquietante.

Las sociedades vasca y catalana no están al margen de las transformaciones económicas, culturales y políticas que favorecen el crecimiento de las derechas radicales en Europa. La precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, las desigualdades sociales, los discursos contra la inmigración, la reacción machista y la desconfianza hacia las instituciones también atraviesan nuestras comunidades. Algunas de estas dinámicas pueden encontrar expresiones particulares en cada territorio, es cierto, pero no desaparecen por la existencia de una identidad nacional diferenciada.

De hecho, la convicción de que una comunidad es esencialmente más democrática o progresista que otras puede convertirse en un obstáculo para reconocer sus propias contradicciones ya que, si el fascismo se identifica exclusivamente con una amenaza exterior, procedente de España, resulta más difícil prestar atención a las formas de exclusión, intolerancia o autoritarismo que se desarrollan dentro de la propia sociedad. La frontera territorial termina funcionando como una frontera moral. Y esto es eso tan inquietante a lo que me refería. Porque la calidad democrática es una construcción histórica, sostenida por instituciones, prácticas sociales y compromisos ciudadanos que necesitan renovarse constantemente, pero en ningún caso es una propiedad natural de ningún pueblo.

El riesgo del repliegue territorial

Por eso, deberíamos prestar atención a la posibilidad de que la respuesta soberanista al avance de la extrema derecha adopte una lógica de repliegue, de modo que, ante la posibilidad de una España gobernada por PP y Vox, la prioridad deje de ser impedir o combatir ese proyecto en el conjunto del Estado para concentrarse en proteger una comunidad política considerada propia. La perspectiva, entonces, dejaría de ser cómo contribuir a una democracia común y pasaría a ser cómo salvarse de una España crecientemente reaccionaria.

Porque existe un riesgo evidente de deriva particularista cuando la pertenencia territorial comienza a funcionar como fundamento de una supuesta superioridad política o moral. Ese riesgo aumenta cuando se contrapone una comunidad propia, presentada como democrática y solidaria, a un exterior caracterizado de manera general como reaccionario, y cuando esa distinción deja de describir diferencias políticas concretas y empieza a establecer una separación entre comunidades que merecerían destinos diferentes. En ese punto, el soberanismo se aproxima a una lógica de cierre comunitario, aunque no adopte necesariamente las formas excluyentes del nativismo, y la solidaridad democrática corre el riesgo de quedar condicionada por las fronteras del sujeto nacional.

En este caso, ¿qué sucede con las personas progresistas de Madrid, Andalucía, Castilla, Extremadura o cualquier otro territorio si las izquierdas soberanistas concluyen que su principal responsabilidad consiste en proteger sus propias comunidades frente a una España gobernada por la extrema derecha? ¿Qué lugar ocupan en esa estrategia quienes, viviendo fuera de Euskadi o Cataluña, comparten las mismas aspiraciones de igualdad, libertad y justicia social? La pregunta también puede formularse desde el otro lado. ¿Qué ocurre con las personas que viven en Euskal Herria o Cataluña y no se identifican con los proyectos soberanistas, pero participan activamente en la defensa de los derechos sociales y las libertades democráticas? ¿Por qué su compromiso habría de quedar políticamente subordinado a organizaciones que se presentan como representantes privilegiadas de una comunidad nacional?

La lucha contra el autoritarismo exige reconocer la pluralidad existente dentro de cada territorio y las solidaridades que atraviesan las fronteras. Por eso, una democracia plurinacional no debería sustituir el centralismo de una identidad nacional por la afirmación de otras identidades igualmente cerradas. Su potencial emancipador reside precisamente en la posibilidad de reconocer distintas pertenencias sin convertirlas en jerarquías de ciudadanía o de legitimidad democrática.

Además, la estrategia de protección territorial presenta limitaciones prácticas que no pueden ignorarse. Un eventual gobierno de PP y Vox tendría competencias decisivas sobre legislación laboral, derechos fundamentales, política migratoria, sistema judicial, fiscalidad, relaciones internacionales y numerosos ámbitos de la vida colectiva. Las instituciones autonómicas y forales disponen de instrumentos importantes para desarrollar políticas propias y, en determinados casos, resistir o amortiguar decisiones estatales, pero su capacidad de protección es necesariamente parcial.

Tampoco cabe olvidar que las amenazas actuales a la democracia exceden ampliamente las fronteras estatales. La crisis climática, el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, la financiarización de la economía, la militarización de las relaciones internacionales y el debilitamiento de los derechos de las personas migrantes son procesos que operan a escala transnacional. Ninguna comunidad política, por fuerte que sea su identidad o por amplias que sean sus competencias, puede sustraerse por sí sola a sus consecuencias.

La respuesta democrática necesita, por tanto, articular diferentes escalas de acción y responsabilidad. La capacidad de autogobierno puede ser un recurso valioso, pero su sentido político depende de los fines a los que se oriente y de las solidaridades que contribuya a construir. Puede servir para ampliar derechos y ensayar políticas que posteriormente se extiendan a otros territorios, o puede utilizarse prioritariamente como mecanismo de protección de quienes forman parte de una comunidad determinada.

Y esta tensión afecta poderosamente a Podemos. Su trayectoria política se ha caracterizado por la defensa de una concepción plurinacional del Estado y por el reconocimiento del derecho a decidir. Ambas posiciones pueden integrarse en un proyecto democrático de alcance general. El problema surge cuando el reconocimiento de la diversidad nacional se traduce en aceptar que la representación privilegiada de la izquierda en un territorio corresponde a las organizaciones soberanistas.

La decisión de apoyar a ERC en Cataluña puede responder a consideraciones electorales perfectamente comprensibles. Podemos tiene dificultades para mantener allí un espacio político propio, y una alianza puede permitirle conservar presencia e influencia. También puede facilitar a su dirección una mayor autonomía respecto de otras organizaciones de izquierda con las que mantiene diferencias importantes. Pero si la justificación política del acuerdo consiste en que combatir al reaccionarismo exige fortalecer a las izquierdas nacionales, la decisión adquiere un significado que supera el cálculo electoral. En ese caso, Podemos estaría contribuyendo a legitimar una determinada jerarquía entre las organizaciones progresistas catalanas, basada en su relación con el proyecto nacional catalán. Pero resulta difícil explicar por qué una formación que aspira a transformar el conjunto del Estado debería asumir ese criterio sin una discusión política explícita.

Cabe otra interpretación, más limitada pero igualmente sensible, y es que el acuerdo responda fundamentalmente a una negociación entre organizaciones que buscan preservar o mejorar sus respectivas posiciones. Desde esta perspectiva, ERC refuerza su candidatura en Cataluña y Rufián mantiene una proyección estatal; por su parte, Podemos evita competir en un territorio electoralmente difícil e Irene Montero obtiene un aliado relevante que permite dibujar una alternativa a la integración de Podemos en el Frente Amplio o, al menos, una forma de aumentar su capacidad negociadora. Esta explicación no tiene por qué excluir las motivaciones ideológicas, pues las alianzas políticas suelen combinar convicciones, intereses organizativos y cálculos electorales. Pero precisamente por eso sería conveniente que sus protagonistas explicaran con mayor claridad qué proyecto común pretenden construir. Como ya he dicho, la apelación al antifascismo no debería convertirse en una fórmula que dispense de justificar las decisiones concretas, por qué se establecen unos acuerdos y se descartan otros.

Una democracia sin fronteras de solidaridad

Hay, finalmente, una cuestión de mayor alcance que afecta al conjunto de las izquierdas. La posibilidad de un gobierno de extrema derecha plantea un desafío que no puede reducirse a la búsqueda de combinaciones electorales. La fragmentación política importa, especialmente en un sistema electoral en el que la distribución territorial del voto puede penalizar determinadas candidaturas, pero la unidad necesaria para hacer frente a las tendencias autoritarias tiene sobre todo una dimensión social, cultural y democrática.

No bastará con reunir siglas si no se consigue reconstruir la confianza de amplios sectores de la población en la capacidad de la política para mejorar sus condiciones de vida. La inseguridad material, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, las desigualdades y la experiencia cotidiana de desprotección alimentan un malestar que la extrema derecha intenta orientar contra las personas migrantes, el feminismo y otros colectivos convertidos en chivos expiatorios. Una respuesta democrática necesita intervenir sobre esas condiciones y disputar las interpretaciones que las convierten en resentimiento y exclusión. Ese trabajo requiere organizaciones políticas, pero también sindicatos, asociaciones vecinales, movimientos feministas, colectivos antirracistas, entidades sociales y espacios comunitarios capaces de sostener vínculos y prácticas de solidaridad. Requiere, asimismo, una ciudadanía dispuesta a asumir responsabilidades más allá del momento electoral. La defensa de la democracia nunca podrá delegarse por completo en las direcciones de los partidos, por mucho que estas alcancen acuerdos de última hora.

Desde esta perspectiva, el debate sobre el pacto entre Rufián e Irene Montero adquiere un significado más amplio a partir de la pregunta de qué tipo de comunidad política quieren contribuir a construir las izquierdas. Porque una comunidad concebida como espacio de pertenencia y protección de quienes se reconocen en una determinada identidad puede proporcionar seguridad en tiempos de incertidumbre, pero también puede reforzar las fronteras que separan a unas personas de otras. Una comunidad democrática abierta, por el contrario, se define por su capacidad de incorporar a quienes son diferentes y extender las obligaciones de justicia más allá de las pertenencias heredadas.

Esta segunda concepción no exige renunciar a las identidades nacionales ni desconocer las aspiraciones de autogobierno, pero sí evitar que esas identidades se conviertan en el límite de la responsabilidad política. Es posible defender mayores cotas de soberanía para Euskadi o Cataluña y, al mismo tiempo, asumir un compromiso activo con la democratización del conjunto de España. También es posible defender una transformación federal o plurinacional del Estado sin exigir a todas las organizaciones que compartan un mismo horizonte nacional. Lo decisivo es que las diferencias territoriales no se conviertan en fronteras de solidaridad.

Si Euskal Herria y Cataluña cuentan con una correlación de fuerzas más favorable a las izquierdas, esa circunstancia debería entenderse como una oportunidad para contribuir a una resistencia democrática más amplia. Sus organizaciones sociales y políticas pueden aportar experiencias, iniciativas, recursos y capacidad de movilización, pueden desarrollar políticas que sirvan de referencia en otros lugares y participar en alianzas que reconozcan la diversidad de los sujetos políticos. Esa sería una manera de poner las particularidades territoriales al servicio de una responsabilidad compartida. Pero también pueden optar por interpretar esas diferencias como una razón para concentrar sus esfuerzos en preservar sus propios espacios de poder y autonomía. Esa estrategia responde a una lógica política distinta, que puede resultar comprensible desde determinados proyectos nacionales, pero cuyas consecuencias para la solidaridad democrática deberían ser discutidas abiertamente.

La sociedad española es profundamente diversa, también en sus tradiciones democráticas, sus conflictos sociales y sus expresiones de solidaridad. Del mismo modo que sería incierto identificar a toda la sociedad vasca o catalana con el soberanismo, sería profundamente equivocado identificar a la sociedad española con el proyecto político de PP y Vox. Las personas que se oponen al autoritarismo en Madrid, Sevilla, Valladolid o Murcia no representan una realidad ajena a quienes hacen lo mismo en Bilbao, Barcelona o Donostia, forman parte de conflictos democráticos relacionados y comparten muchos de sus riesgos.

De ahí que resulte sumamente problemático convertir la perspectiva de una España «voxizada» en argumento para el repliegue territorial. La expresión puede describir el temor ante una determinada orientación del Gobierno del Estado, pero no debería terminar identificando a toda una sociedad con quienes eventualmente la gobiernen. Hacerlo significaría aceptar, aunque fuera involuntariamente, una de las operaciones características de los nacionalismos excluyentes: confundir la pluralidad de una sociedad con una identidad política única. Frente a esa tentación, la respuesta democrática debería partir de una convicción elemental, la de que ninguna comunidad está a salvo del autoritarismo por sus supuestas virtudes históricas o culturales, y ninguna sociedad queda definitivamente identificada con las fuerzas reaccionarias que consiguen gobernarla.

La democracia depende de relaciones sociales, instituciones, derechos y prácticas de participación que necesitan ser defendidas y renovadas. Su protección exige reconocer que nuestras vidas están vinculadas y que las amenazas que afectan a unas personas terminan alcanzando a otras. La experiencia histórica ofrece demasiados ejemplos de lo que sucede cuando una parte de la sociedad confía en poder preservar sus libertades mientras se deterioran las de quienes viven más allá de sus fronteras políticas o simbólicas.

Por eso, la reflexión que plantea el acuerdo entre Rufián e Irene Montero no debería quedar reducida a si permite obtener algunos escaños adicionales o mejorar la posición negociadora de sus respectivas organizaciones. Importa mucho conocer qué concepción de la cooperación política expresa, cómo se ha decidido, qué relaciones establece con el resto de las izquierdas y qué horizonte democrático propone.

Por supuesto, sería injustificado afirmar que este pacto supone necesariamente una apuesta por el repliegue territorial. La información disponible no permite llegar tan lejos. Pero tampoco sería razonable ignorar que determinadas justificaciones del acuerdo, especialmente aquellas que atribuyen a las izquierdas nacionales una legitimidad privilegiada para combatir al reaccionarismo, apuntan hacia una concepción de la resistencia democrática que merece ser examinada críticamente.

Además de la cuestión estricta de las alianzas electorales y el reparto de escaños, el movimiento de Rufián e Irene Montero obliga a las izquierdas, a todas, a plantearse qué significa exactamente salvar la democracia. ¿Preservar determinados espacios territoriales de autonomía y poder frente a una amenaza exterior? ¿O construir las condiciones sociales y políticas para que esa amenaza pueda ser combatida en todas partes, mediante alianzas que reconozcan las diferencias sin convertirlas en separaciones insalvables? No hay razón para que el autogobierno y la solidaridad democrática sean objetivos contrapuestos, pueden reforzarse mutuamente. Pero esa compatibilidad debe demostrarse mediante decisiones políticas concretas y no darse por supuesta mediante apelaciones genéricas al antifascismo.

Ante la posibilidad de una España gobernada por la extrema derecha, la tentación de salvarse de ella puede resultar comprensible. El problema es que las fronteras, por sí solas, no garantizan la libertad, la igualdad ni la justicia, y una izquierda que aspire a combatir el autoritarismo tendrá que preguntarse hasta dónde está dispuesta a extender su solidaridad, especialmente cuando hacerlo no reporte beneficios electorales inmediatos. Porque el alcance del compromiso democrático se revela, especialmente, en la responsabilidad que asumimos hacia quienes viven fuera de nuestra comunidad política más próxima. Y esa responsabilidad no desaparece cuando las fronteras cambian, cuando las mayorías electorales se vuelven adversas o cuando resulta más sencillo proteger lo propio que defender lo común.

 

Dos exigencias ante unas elecciones históricas

Sin abusar del calificativo, pocas veces se habrá podido decir con tanta razón que unas elecciones van a ser históricas. En un mundo que normaliza la inhumanidad y la brutalidad, España no quedará al margen de un ciclo político que ya ha transformado Estados Unidos, buena parte de América del Sur y numerosos países europeos.

Cuando digo España me refiero también a todas sus realidades políticas interiores, se piensen a sí mismas como nación, nacionalidad, comunidad autónoma o región. La desigualdad desatada, la xenofobia, la reacción machista, la crisis climática o el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas no se detendrán ante ninguna frontera nacional. Ningún territorio dispone de una inmunidad democrática que le permita desentenderse de lo que sucede a su alrededor.

En este escenario, lo que necesitamos de cara a las próximas elecciones generales es bastante sencillo de exponer, aunque seguramente mucho más difícil de conseguir. Son dos exigencias: la primera responde a la ética; la segunda, a la lógica electoral.

La primera es una sociedad civil plenamente movilizada. En las calles, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los barrios, pero también en las urnas. La democracia necesita una ciudadanía organizada, capaz de defender sus derechos y de exigir responsabilidades a quienes gobiernan y las elecciones constituyen un momento especialmente importante de esa responsabilidad colectiva.

Comprendo el hartazgo de quienes han perdido la confianza en la democracia electoral, si es que alguna vez la tuvieron. Comprendo el cansancio ante las interminables peleítas entre las izquierdas, sus personalismos y sus disputas por espacios de poder cada vez más pequeños. Hay motivos sobrados para la decepción. Pero también hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de decidir que votar ya no merece la pena: ¿quiénes van a pagar las consecuencias de nuestras decisiones?

Pensemos en las personas que dependen de unos servicios públicos accesibles, en quienes no pueden pagar un alquiler, en las familias amenazadas por un desahucio, en las mujeres amenazadas por la violencia machista, en las personas migrantes y refugiadas cuyos derechos son cuestionados, en quienes sobreviven gracias a unas prestaciones sociales siempre insuficientes. Pensemos en quienes tienen menos recursos para protegerse de las decisiones políticas que afectan a sus vidas. 

La abstención puede expresar una protesta legítima, pero sus consecuencias no se distribuyen por igual. Quienes disponemos de patrimonio, contactos y recursos siempre encontraremos más posibilidades de protegernos. Las personas más vulneradas, bastante menos. Por eso creo que, incluso desde la decepción más profunda, merece la pena preguntarse por la responsabilidad que tenemos hacia quienes seguro sufrirán un retroceso de sus derechos y condiciones materiales de vida si gobiernan PP y Vox. La ética política empieza ahí, en la conciencia de que nuestras decisiones, incluida la de quedarnos en casa, afectan a otras personas.

La segunda exigencia se dirige a las organizaciones políticas. Si se pretende que la participación electoral tenga una traducción institucional eficaz, hay que afrontar el problema de la dispersión de candidaturas. Ya que, en un sistema electoral como el español, la división entre opciones próximas se traduce en una importante pérdida de representación. Es una cuestión conocida, pero parece que nunca suficientemente aprendida.

Ya hay pequeñas formaciones, tan impolutas como históricamente impotentes, que han anunciado a bombo y platillo su voluntad de concurrir a las elecciones con sus propias siglas, aunque sus posibilidades de obtener representación sean nulas. No quisiera despreciar a nadie, pero me resulta difícil disimular el hartazgo ante una fragmentación que parece reproducirse indefinidamente. Pero las principales fuerzas de la izquierda a la izquierda del PSOE todavía tienen margen para buscar acuerdos amplios, aunque este margen es ya mínimo.

¿Son importantes los liderazgos, las caras que representen ese proyecto compartido? Sin duda, pues vivimos en democracias profundamente mediatizadas, en las que la imagen y la comunicación condicionan la percepción pública de la política. Pero resulta desolador que las conversaciones sobre la unidad de las izquierdas acaben reducidas a quién encabeza una candidatura, quién ocupa cada puesto o qué organización consigue mayor visibilidad.

 

Las primarias pueden contribuir a democratizar estas decisiones, aunque tampoco conviene idealizarlas ya que con frecuencia terminan funcionando como mecanismos de selección entre élites previamente constituidas, mientras las cuestiones de fondo quedan relegadas. La participación democrática en los partidos debería abarcar bastante más que elegir nombres en una papeleta. En esto se recuerda poco a Julio Anguita: «Programa, programa, programa». Y, sin embargo, pocas cosas resultan hoy tan necesarias como recuperar aquella exigencia. Porque lo verdaderamente importante para construir una unidad reconocible y capaz de suscitar ilusión es acordar qué se quiere hacer, con quién y frente a qué intereses. 

Necesitamos un programa de confrontación democrática. Sí, de confrontación. Porque hay conflictos sociales reales que ninguna apelación abstracta al consenso puede resolver. No se puede garantizar el derecho a la vivienda sin intervenir sobre los intereses que hacen de ella un negocio especulativo. No se pueden defender unos servicios públicos universales mientras se tolera su deterioro y se favorece su privatización. No se puede combatir la desigualdad sin una fiscalidad que redistribuya efectivamente la riqueza. Ni afrontar la crisis ecológica dejando intactos los privilegios de quienes más contribuyen a provocarla.

Ese programa debería ofrecer compromisos concretos y verificables. Vivienda asequible, salarios y pensiones dignas, reducción de la precariedad, servicios públicos fortalecidos, una transición ecológica socialmente justa, derechos efectivos para todas las personas con independencia de su origen. Y también una política internacional comprometida con la paz, los derechos humanos y el derecho internacional, en un momento en que la militarización amenaza con absorber recursos y energías que necesitamos para sostener la vida.

Nada de esto será sencillo. Habrá resistencias poderosas, límites institucionales y desacuerdos legítimos sobre las medidas más adecuadas. Precisamente por eso necesitamos una izquierda capaz de explicar sus propuestas, reconocer las dificultades y construir mayorías sociales que permitan llevarlas adelante. Una izquierda que vuelva a hablar de los problemas cotidianos de la gente y que sea capaz de relacionarlos con las estructuras económicas y políticas que los producen.

La unidad electoral es necesaria, pero solo un proyecto compartido puede darle sentido y continuidad. Y ese proyecto deberá construirse escuchando a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales, a las iniciativas comunitarias y a tantas personas que llevan años defendiendo derechos y sosteniendo la vida colectiva.

Ante unas elecciones que pueden tener consecuencias duraderas, la ciudadanía tiene derecho a exigir esa responsabilidad a sus representantes, y las organizaciones políticas tienen motivos de sobra para tomársela en serio. La democracia merece ser defendida, pero también necesita ser transformada para que sus promesas de igualdad, libertad y justicia alcancen a todas las personas. Esa es la tarea, y el tiempo para afrontarla no es ilimitado.

Publicado en El Salto - Hordago 

Un desfile de gente desarmada

Cada 12 de octubre asistimos a la misma representación de la nación: soldados desfilando, armas relucientes, vehículos militares, aviones de combate sobrevolando nuestras cabezas, una exhibición de fuerza que pretende transmitir seguridad y orgullo colectivo. Pero ¿es esa la mejor manera de celebrar nuestra pertenencia a una comunidad política? ¿Es el poder militar lo que mejor representa aquello que merece ser defendido? Yo digo, sin dudarlo, que no.

Me gustaría imaginar otra fiesta, más cívica que nacional, en la que las protagonistas fueran las fuerzas sociales que sostienen cotidianamente nuestras vidas. Un desfile de bibliotecarias que mantienen abiertas las puertas del conocimiento; de maestras que enseñan a pensar y a convivir; de médicas, enfermeras y cuidadoras que protegen nuestra salud; de trabajadoras sociales que acompañan a quienes atraviesan situaciones difíciles; de activistas que defienden los derechos humanos; de personas voluntarias que tejen solidaridad allí donde amenaza con imponerse la indiferencia. También de quienes limpian nuestras calles, cultivan nuestros alimentos, apagan incendios, rescatan vidas o trabajan por la paz.

Son nuestras fuerzas desarmadas y desarmantes. Desarmadas porque su herramienta principal es el cuidado, el conocimiento, la cooperación o la palabra. Desarmantes porque su trabajo cotidiano contribuye a desactivar el miedo, la desconfianza, el abandono y las desigualdades que alimentan tantas formas de violencia.

Vivimos en un mundo atravesado por amenazas reales, conflictos y agresiones, y por eso necesitamos ampliar nuestra idea de seguridad. Una sociedad segura es aquella en la que nadie teme perder su vivienda, enfermar sin recibir atención, envejecer en soledad o sufrir discriminación. Y un mundo más seguro será, necesariamente, un mundo más justo. Porque ninguna frontera, por militarizada que esté, podrá protegernos indefinidamente de las consecuencias de una desigualdad global que condena a millones de personas a la pobreza, el desarraigo y la desesperación.

Hay una imagen que resume obscenamente esta contradicción. Durante este puente de octubre, el aeropuerto de Bilbao tiene programadas 664 operaciones aéreas, una cifra récord para cuatro días. Miles de personas viajaremos por ocio, ejerciendo una libertad de movimiento que consideramos natural. Mientras tanto, otras personas seguirán muriendo en el Mediterráneo o en el Atlántico intentando llegar a Europa. Para unas, viajar es un derecho cotidiano; para otras, una aventura que puede costarles la vida. ¿Qué seguridad estamos celebrando cuando aceptamos que la vida de unas personas valga tan poco frente a la libertad de otras?

Quizá algún día celebremos una fiesta cívica en la que el protagonismo corresponda a quienes hacen posible la vida en común. Una fiesta sin exhibiciones de armamento, abierta a todas las personas que viven aquí, cualquiera que sea su origen o su sentimiento de pertenencia. Una celebración de la seguridad que nace de la justicia, de los derechos compartidos y de la solidaridad.

Apuko, Ganeroitz y Akatxa

Ya se nota el otoño. Agradable paseíto por la cordillera de Sasiburu, pasando por los buzones de Apuko (o Peñas Blancas), Ganeroitz y Akatxa. Y las primeras setas, galanperna y txanpis, que me han servido para preparar un rico risotto.

 

 

Diario del afuera

Annie Ernaux
Diario del afuera

Traducción de Lydia Vázquez Jiménez

Cabaret Voltaire, 2024

"Otras veces, he encontrado gestos y frases de mi madre en una mujer que esperaba en la caja del supermercado. Así que ahí afuera, en los pasajeros del metro o del RER [Réseau Express Régional, red de trenes exprés y de cercanías que conecta el centro de París con sus suburbios], en las personas que utilizan las escaleras mecánicas de las Galeries Lafayette y Alcampo, es donde está depositada mi existencia pausada. En individuos anónimos que no saben que conservan parte de mi historia, en rostros, en cuerpos que nunca vuelvo a ver. Sin duda, soy yo misma, entre la multitud de las calles y de las tiendas, portadora de la vida de otros".

En este breve ensayo Annie Ernaux dirige su mirada hacia el mundo más cotidiano que la rodea. Entre 1985 y 1992 recogió escenas observadas en los trenes de cercanías, el metro, los supermercados, los centros comerciales y las calles de Cergy-Pontoise, la ciudad de las afueras de París donde vivía entonces. Son encuentros fugaces, conversaciones escuchadas al pasar, gestos cotidianos y pequeños acontecimientos que normalmente desaparecen sin dejar huella. La autora los rescata mediante una escritura austera, precisa, despojada de cualquier tentación de embellecer la realidad.

Lo que hace especialmente interesante este libro es su manera de convertir la observación cotidiana en una forma de conocimiento social. En esas escenas aparentemente insignificantes aparecen las diferencias de clase, las desigualdades económicas, la soledad, el racismo, las relaciones de género y las múltiples formas de violencia simbólica que atraviesan la vida ordinaria. Annie Ernaux observa a personas desconocidas sin pretender explicar sus vidas ni apropiarse de ellas, y sus anotaciones dejan espacio para la incertidumbre, para aquello que una mirada fugaz nunca puede llegar a conocer.

Hay también una reflexión sobre la identidad que recorre discretamente el libro. Al observar a otras personas, la autora descubre fragmentos de su propia historia, recuerdos y experiencias que parecían olvidados, de modo que la frontera entre lo íntimo y lo colectivo se vuelve porosa. Como ocurre en buena parte de su obra, la experiencia personal aparece inseparable de las condiciones sociales que la hacen posible.

Este librito puede leerse como un ejercicio de sociología espontánea, pero también como una reivindicación literaria de las vidas anónimas. Annie Ernaux demuestra que la realidad cotidiana contiene una densidad humana y social que merece ser observada y narrada, y con su escritura nos invita a prestar atención a quienes habitualmente pasan inadvertidas y a reconocer que nuestra propia existencia está hecha también de esas presencias desconocidas con las que compartimos, aunque sea durante unos instantes, el espacio público.

Buenas, soy la gente

 

Ya tenemos elecciones. Durante las próximas semanas quienes aspiran a gobernarnos nos explicarán quiénes son, qué prometen y por qué deberíamos confiarles nuestro voto. «Buenas, soy…», podrían comenzar sus vídeos electorales. Como si no supiéramos quiénes son y qué ha hecho cada cual. Por eso, esta vez convendría invertir la presentación.

Buenas, soy la gente. Soy quien se levanta temprano para ir a trabajar o busca un empleo que no encuentra, quien paga un alquiler que se come una parte insoportable de su sueldo y hace cuentas antes de llenar la cesta de la compra. Quien cuida a sus criaturas y a sus mayores, quien necesita una residencia, una beca, una médica que atienda sin prisas o un autobús que comunique su pueblo con el hospital. Soy quien ha nacido aquí y quien llegó desde lejos, quien vive acompañada y quien vive sola, quien estudia sin saber si podrá emanciparse. Soy gente distinta en biografías e identidades, pero unida por una evidencia elemental: nadie puede construir una vida digna por sí sola.

De eso deberían ir las elecciones. No de quién gobernará, de estrategias, coaliciones, vetos y liderazgos, sino de qué debemos proteger entre todas y todos para vivir decentemente. Necesitamos vivienda, salarios suficientes y empleos compatibles con la vida; tiempo para cuidar y ser cuidadas; educación y sanidad públicas de calidad, pensiones dignas, barrios habitables y transporte público; aire limpio, agua y un territorio que podamos entregar a quienes vengan después sin pedirles perdón por haberlo devastado. Necesitamos seguridad, sí, pero nada proporciona tanta como saber que perder el empleo no significa perder la casa, que enfermar no conlleva arruinarse o que nacer en una familia pobre no determina toda una vida. Todo eso tiene un nombre, bien común, y una expresión concreta: bienes comunes, aquello que todas necesitamos pero nadie puede garantizarse individualmente. Cosas demasiado importantes para dejarlas en manos del mercado.

Entramos, además, en una época temible de guerras, emergencia climática, machismo, desigualdades obscenas, desplazamientos forzados, discursos de odio y proyectos políticos que prometen seguridad a condición de señalar a alguien como amenaza. Se extiende una concepción brutal de la sociedad según la cual, para que unas personas vivan mejor, otras deben vivir peor, con vidas que cuentan y vidas que no, vidas protegidas y vidas expuestas, vidas cuya pérdida conmueve y otras que ni siquiera son consideradas «llorables».

Frente a esa lógica hay que defender algo aparentemente ingenuo y, por ello, profundamente político: este mundo podría ser de y para la gente. No porque imaginemos una sociedad sin conflictos ni porque baste con apelar a la bondad, sino porque buena parte del sufrimiento que aceptamos como inevitable está socialmente producido. La pobreza, el racismo, el machismo, la explotación laboral, la exclusión residencial o la destrucción de la naturaleza no son fenómenos meteorológicos; existen decisiones, instituciones y relaciones de poder que los producen, y lo construido socialmente puede ser transformado políticamente.

Y para eso está la política: para decidir qué tenemos en común, establecer límites al poder del dinero y distribuir recursos, oportunidades y responsabilidades. Para garantizar derechos, proteger a quien se encuentra en una posición más vulnerable y hacer posible que personas diferentes puedan compartir un mismo mundo. No me importa parecer ingenuo, me preocupa mucho más el cinismo de quien dice que nada puede cambiar, que todo el mundo actúa por interés propio y que lo sensato es proteger cada cual lo suyo. Pocas ideas resultan más útiles para quienes desean que las cosas sigan como están.

Pero tampoco podemos exigirlo todo a «la política», como si esta fuese algo que hacen otras personas. Somos la gente y eso también obliga. Obliga a preguntarnos qué estamos dispuestas y dispuestos a compartir; a qué privilegios renunciaríamos para que otras personas puedan ejercer sus derechos; cómo tratamos a quien llega de otro país; cómo cuidamos y qué estamos dispuestas a hacer por nuestro barrio, nuestra comunidad o nuestro planeta. Porque no hay bien común sin personas comuneras trabajando para construirlo.

Estas elecciones deberían servir no para preguntar a quienes se presentan qué piensan hacer por nosotras y nosotros, sino para preguntarnos qué estamos dispuestas y dispuestos a hacer en común. Votar, por supuesto, pero también organizarnos, cuidar, protestar, deliberar, asociarnos, escuchar a quien piensa diferente y hacernos responsables de aquello que compartimos.

Dentro de unas semanas nos pedirán la confianza y el voto; nos dirán quiénes son, aunque ya lo sabemos. Escuchemos. Pero antes convendría que nos presentemos: buenas, soy la gente. Necesito una casa, un empleo digno, tiempo para vivir, igualdad, cuidados cuando los necesite, una escuela y una sanidad que funcionen, un planeta habitable y una sociedad en la que nadie tenga que hundirse para que otras personas puedan mantenerse a flote. Sé que nada de esto será posible sin política. Pero también sé que nada de eso será posible sin mí.

Publicado en EL CORREO, 7 de octubre de 2026

La casa en el árbol

Kathleen Jamie

La casa en el árbol y otros poemas

Traducción de Antonio Rivero Taravillo

Tierra de Sueños, 2021

Durante años he recorrido monte y páramo

casi teniendo que buscar el camino

serpenteando hacia el país de las hadas

donde el herrero tenía una fragua

que ponía al rojo vivo los arrastrados eslabones

que me unían al pasado,

luego, con un martillazo tremendo

liberarme al fin.

Más vieja hoy, sé que ni bestia

ni yunque rompe esas cadenas

y que las sendas salvajes que creemos recorrer

tan solo nos traen aquí de nuevo.

La de Kathleen Jamie es una una forma de mirar el mundo que parece especialmente amenazada en nuestro tiempo: la de quien se detiene ante las cosas sin necesidad de apropiarse de ellas, explicarlas por completo o convertirlas en metáforas de sí mismo. Este libro nos permite aproximarnos a una de las voces más singulares de la literatura escocesa contemporánea a través de una selección de poemas procedentes de varios de sus libros, publicados entre 2004 y 2015.

La naturaleza ocupa un lugar central en su poesía. Sus pájaros, árboles, insectos, paisajes costeros y cielos cambiantes tienen una existencia propia, independiente de los sentimientos humanos, observado por la autora con una atención extraordinaria, consciente de que nuestra relación con el mundo natural está hecha tanto de proximidad como de extrañeza. Hay belleza en sus poemas, pero también fragilidad, descomposición y muerte. La vida aparece como una realidad compartida por innumerables seres, de los que apenas alcanzamos a conocer una pequeña parte.

Los paisajes que describe no son escenarios intactos, ajenos a la historia o a la intervención humana. En ellos se advierten las huellas del trabajo, de las formas de habitar el territorio y de las transformaciones que experimentan las comunidades. Esta dimensión resulta particularmente sugerente porque permite leer sus poemas desde una sensibilidad ecológica que reconoce nuestra pertenencia al mundo natural sin olvidar las responsabilidades que tenemos hacia él.

De nuestros jardines ha desaparecido el tordo,

ahora es gravilla; aves zancudas viran en lo alto

chillando ¿adónde? ¿adónde? y el pobre pato

se aturulla en la cuneta con sus alas recortadas.

-Supón que desesperados nos reuniéramos

con las manos vacías en el límite del pueblo y llamáramos

a cada pájaro por su nombre, ¿aún podríamos persuadir

a chochín, rascón, el diminuto reyezuelo

a permanecer dentro de nuestra conciencia en este mundo,

el único que hay? No existe el paraíso,

hemos humillado a las criaturas vivas [...].

La de Kathleen Jamie es una poesía contenida, de imágenes precisas y silencios significativos, que concede mucha importancia a lo que queda sin decir. La presencia de expresiones en lengua escocesa añade una profunda dimensión territorial y cultural a su escritura: "Daur we, ma jo, / dae lih thae selchs [...]". La lengua forma parte del paisaje que habita, de su memoria y de las relaciones sociales que lo han configurado. Leerla en traducción supone, inevitablemente, perder algunos de esos matices, aunque permanece la fuerza de su mirada.

En una cultura que nos acostumbra a considerar el mundo como un conjunto de recursos disponibles para nuestro uso, Kathleen Jamie nos invita a reconocer la existencia de otras vidas y otros ritmos, que prestar atención puede ser una forma de cuidado y que aquello que apenas percibimos también merece ser tenido en cuenta. Su poesía amplía nuestra percepción de lo que significa vivir en un mundo compartido. Al terminar sus poemas, los pájaros, los árboles, las piedras o la luz siguen siendo los mismos, pero nuestra disposición a mirarlos ha cambiado. Y ese desplazamiento de la mirada tiene mucho de regalo y descubrimiento.