Fue
mi ama la primera que me informó ayer de las declaraciones del presidente de la Conferencia
Episcopal. Tiene 93 años, es una mujer creyente, católica de
toda la vida. Ha conocido varios papas, la posguerra nacionalcatólica, el
Concilio Vaticano II, la Transición democrática y los profundos cambios vividos
por la Iglesia y por la sociedad vasca y española. No me lo contó para comentar
una noticia de la actualidad política, como tantas otras veces (siempre ha sido
una persona comprometida y preocupada por la política, y sigue siéndolo), sino
porque se sentía escandalizada por lo que había escuchado. Al escucharla pensé
que, cuando una mujer que ha vivido casi un siglo dentro de la Iglesia, que ha
procurado vivir el Evangelio con sencillez y fidelidad, experimenta escándalo
al escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal, el problema no resida
únicamente en la dureza de unas palabras o en su mayor o menor fundamento, sino
en la relación entre la autoridad eclesial y el modo de ejercerla.
Escribo estas líneas
como creyente. No desde la distancia, ni desde el resentimiento, ni desde la
hostilidad hacia la Iglesia. Precisamente porque me siento parte de ella creo
que también tengo la responsabilidad de expresar una preocupación que pueden
compartir muchas personas católicas.
Hay una frase que he
utilizado en diversas ocasiones, incluso en alguna conversación con relevantes
figuras del Episcopado español: todas y todos tenemos pájaros en la cabeza, la
diferencia es que, en demasiadas ocasiones, los obispos creen que son el
Espíritu Santo.
Todas y todos
interpretamos la realidad desde una determinada biografía, una tradición
cultural, unas opciones políticas, unos intereses, unos miedos, unos prejuicios
y unas ignorancias. Nadie habla desde un lugar completamente puro o neutral.
Tampoco las personas creyentes, ni las consagradas. La fe no elimina nuestra
condición humana; debería hacernos más conscientes de ella. Reflexionar sobre
nuestro lugar de enunciación es imprescindible. Por eso me inquietan
especialmente determinadas intervenciones públicas de algunos obispos. No
porque entren en cuestiones políticas: sería absurdo pretender que la Iglesia
no tuviera nada que decir sobre la vida pública, la doctrina social de la
Iglesia afirma precisamente lo contrario. El seguimiento de Jesús tiene
consecuencias sociales y políticas ineludibles, y es por ello que la defensa de
la dignidad humana, la justicia, la paz, los pobres o la creación exige tomar
la palabra. ¡Acabamos de tener a un Papa hablando en el Congreso!
El problema no es que
los obispos hablen de política. El problema es cómo hablan y, sobre todo, desde
dónde hablan. Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal afirma que
“cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, y a
las pruebas me remito”, no está hablando simplemente como un ciudadano, un
intelectual o un comentarista político. Habla revestido de un ministerio que
representa institucionalmente a la Iglesia católica y esa circunstancia exige
una responsabilidad extraordinaria. Porque el ministerio episcopal no concede
un privilegio epistemológico. La ordenación sacramental no convierte a nadie en
un mejor economista, sociólogo, jurista o analista político. Un obispo continúa
siendo un hombre de su tiempo, con una determinada sensibilidad cultural, unas
lecturas, una historia personal, unos afectos, unos intereses y unos sesgos. La
gracia del ministerio no elimina esa condición, al contrario, debería hacer
todavía más consciente a quien lo ejerce de la necesidad permanente de
discernir críticamente su propia mirada.
La tradición cristiana
conoce muy bien este problema. Si existe el discernimiento es precisamente
porque no toda convicción procede del Espíritu. También nuestras ideologías,
nuestros prejuicios, nuestros miedos o nuestras preferencias pueden revestirse,
incluso para nosotros mismos, de apariencia de evidencia moral. Nadie está
inmunizado frente a esa confusión. Antes de hablar en nombre de la Iglesia, un
obispo debería preguntarse cuánto hay en su análisis de Evangelio y cuánto de
ideología, cuánto de escucha y cuánto de reacción, cuánto de tradición eclesial
y cuánto de clima cultural, cuánto de esperanza y cuánto de miedo. Esa
depuración constituye una parte esencial del propio ministerio.
Por eso resulta
especialmente problemática la apelación a san Agustín. Su afirmación Remota itaque iustitia, quid sunt regna
nisi magna latrocinia? (“Suprimida, pues, la
justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?”) no fue formulada para
descalificar a un gobierno concreto ni para alimentar la confrontación política
de su tiempo. Agustín estaba desarrollando una reflexión de enorme profundidad
sobre la legitimidad del poder: todo poder, cualquiera que sea su signo, pierde
su fundamento cuando se separa de la justicia. Su crítica es universal, se
dirige a todos los poderes, no solo a aquellos con los que uno discrepa.
Convertir esa intuición teológica en una insinuación sobre un gobierno
determinado supone manipular maliciosamente su alcance. San Agustín deja de
interpelar críticamente a cualquier forma de dominación para convertirse en un
argumento de autoridad al servicio de una posición política concreta.
Y eso debería
preocupar especialmente a quienes tienen la responsabilidad de custodiar la
tradición de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en uno de sus textos más
luminosos, recuerda que las cuestiones temporales admiten con frecuencia
diversas respuestas compatibles con la fidelidad al Evangelio. Gaudium et spes afirma: “Muchas veces sucederá que la propia
concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una
determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo
derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del
mismo asunto de distinta manera”. Y añade una advertencia que conserva hoy toda
su vigencia: “En estos casos de soluciones divergentes aun al margen de la
intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su solución con
el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está
permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la
Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero,
guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”.
No se trata de una
llamada al relativismo. Al contrario, es una invitación a distinguir
cuidadosamente entre la certeza de la fe y la inevitable provisionalidad de
nuestros juicios prudenciales sobre la realidad histórica. Y es aquí donde las
declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, como las de otros
obispos antes que él, muestran una tentación particularmente peligrosa: el
clericalismo intelectual. Solemos asociar el clericalismo al abuso de poder o
al autoritarismo, pero también existe cuando se presupone que el ministerio
episcopal otorga una autoridad especial para interpretar la realidad política.
No es así. Los obispos no reciben con la ordenación un carisma de infalibilidad
sociológica, ni siquiera ética, y por ello su misión no puede consistir en
sustituir el discernimiento de las y los fieles, sino en hacerlo posible, no en
clausurar el debate entre ellas y ellos, sino en iluminarlo desde el Evangelio.
Algo semejante sucede
con otras expresiones utilizadas en esa misma intervención. Hablar de
“paguitas” para referirse a las políticas sociales significa adoptar un
lenguaje cargado de connotaciones partidistas que no puede identificarse con el
estilo propio de la doctrina social de la Iglesia. Esta ha sido siempre muy
crítica con cualquier forma de paternalismo o de dependencia que menoscabe la
dignidad de las personas, pero jamás ha necesitado recurrir al sarcasmo o a la
descalificación para expresarlo. Del mismo modo, las afirmaciones sobre el
Orgullo, las personas LGTBI y las llamadas “terapias de conversión” suscitan en
muchas personas creyentes una profunda incomodidad y, al menos en mi caso, una
crítica abierta. De nuevo, no porque cuestionen la posibilidad de un
discernimiento moral desde la fe, sino porque transmiten una forma de hablar
que se percibe antes como condena que como acompañamiento. Y una Iglesia que
afirma ser sacramento de la misericordia no puede dejar de preguntarse qué
experimentan quienes escuchan sus palabras, en si el modo de expresarlas
transparenta o no el respeto, la compasión y la cercanía que caracterizan al
Evangelio.
La autoridad de un
obispo no debería medirse por la contundencia de sus afirmaciones, sino por la
calidad de su discernimiento. Y discernir comienza precisamente por reconocer
la posibilidad del autoengaño. Solo quien acepta que puede confundirse está
verdaderamente disponible para escuchar al Espíritu. Por eso lo que más me preocupa
de estas declaraciones no es su contenido político, sino el escándalo que
provocan en muchas personas creyentes. Y utilizo deliberadamente esta palabra
en su sentido evangélico. El escándalo no es simplemente aquello que irrita o
molesta, es aquello que hace tropezar en la fe. Jesús reservó algunas de sus
palabras más severas para quienes escandalizan a los pequeños. Cuando una mujer
creyente de 93 años, que ha permanecido fiel a la Iglesia durante toda su vida,
escucha al presidente de la Conferencia Episcopal y siente que esas palabras no
le ayudan a reconocer el rostro de la Iglesia que ama, estamos ante un problema
pastoral antes que político. Ese escándalo merece ser escuchado. No porque mi
madre tenga razón por el hecho de ser mi madre, ni por su edad, sino porque
representa a tantos y tantas creyentes sencillas cuya fidelidad ha sostenido la
vida de nuestras comunidades.
Los obispos tienen el
derecho y el deber de intervenir en los debates públicos. Pero ese derecho
exige una responsabilidad proporcional: no confundir nunca sus convicciones
personales con la voz misma de Dios o de la Iglesia. La misión de la Iglesia no
consiste en canonizar análisis políticos, sino en ofrecer criterios evangélicos
para discernirlos. Por eso, creo que la primera reflexión que un obispo debería
hacerse antes de pronunciar determinadas palabras no es si serán aplaudidas por
unos o criticadas por otros. La pregunta debería ser mucho más sencilla y mucho
más exigente: ¿ayudará esto a que las y los creyentes reconozcan un poco mejor el
rostro de Cristo y el de su Iglesia? Si la respuesta no es clara, quizá
convenga guardar silencio durante un tiempo y seguir discerniendo. Porque
también el silencio, cuando nace de la humildad, puede ser una forma de
obediencia al Espíritu. Tal vez ahí resida hoy una de las tareas más urgentes
del ministerio episcopal: recordar que el Espíritu Santo nunca coincide
automáticamente con nuestras propias certezas. También las de un obispo
necesitan ser permanentemente discernidas, corregidas y convertidas.
