Zubero
Uno se apoya en la mochila. Porque en el momento en que nos quitamos el peso de nuestros hombros no sabemos enderezarnos enseguida; ¡pues resulta que era el peso lo que antes nos daba seguridad y equilibrio! [George Simmel]
lunes, 28 de septiembre de 2026
Doctor Rat
La tumba de Antígona
domingo, 27 de septiembre de 2026
Engaño
Sendereando por Arnotegi
Un buzón lleno de buenas experiencias y buenos deseos.
sábado, 26 de septiembre de 2026
La cruz torcida
que el horror tiene un límite
donde detenerse y contemplar desde arriba
cómo se retuerce
o escupe burbujas
o sonríe
o apesta y se pudre ante nuestros ojos
Un límite
que sabemos
que es peligroso
Donde no hay que dar un paso más
ni asomarse
Donde mejor es retirarse uno o dos pasos
Aunque estuviera provisto de pretil
al cual aferrarse
no habría que fiarse de él
Podría estar resquebrajado
y derrumbarse o desmoronarase
Nunca he creído
que fuera un límite consistente
pero lo consideré una especie de aviso
«hasta aquí pero no más»
o «no llegar hasta el límite»
E incluso en mis pesadillas
que me mostraron cuán engañoso y peligroso puede ser
siempre seguía creyendo
que el horror tiene un límite
No sé por qué lo creía así
pero era un consuelo.
No permitamos que nos empujen hasta el límite. A partir de un punto no hay pretil que nos salve del horror.
viernes, 25 de septiembre de 2026
¿A dónde se desahucia a una persona?
Hay palabras cuya normalidad debería
escandalizarnos; una de ellas es «lanzamiento». En el lenguaje judicial, «lanzar»
significa ejecutar un desahucio, expulsar a alguien de la vivienda que ocupa.
Pero, cuando se lanza a una persona fuera de la casa en la que ha vivido
durante setenta años, ¿a dónde se la lanza?
El desahucio de Maricarmen Abascal,
una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa de
Madrid, debería permanecer para siempre en nuestra memoria democrática, no
porque sea un caso excepcional, sino precisamente porque no lo es. Lo
excepcional son sus circunstancias extremas, la edad de Maricarmen, su estado
de salud, el tiempo vivido en aquella casa, la imagen insoportable de su salida
en camilla camino del hospital, pero detrás de esa imagen hay miles de
historias menos visibles atravesadas por el mismo miedo, el de perder la
vivienda y descubrir que, una vez traspasado el umbral de la puerta, no hay
ningún lugar decente al que ir.
Ese miedo es una de las formas
contemporáneas de la desolación. Porque una vivienda nunca es únicamente un
inmueble, es una dirección, pero también una biografía, el lugar desde el que
una persona se relaciona con el mundo, recibe correspondencia, guarda
fotografías, reconoce a sus vecinas y vecinos, compra el pan, sabe dónde está
el interruptor cuando se levanta de noche. Habitar significa haber ido
depositando vida en un espacio hasta convertirlo en lugar. Por eso expulsar a
alguien de su casa no consiste simplemente en trasladarlo de un inmueble a otro,
sino que se convierte en una forma contemporánea de destierro.
El caso de Maricarmen resulta
especialmente perturbador porque mientras se acercaba la fecha de su desahucio
Madrid acogía The District, uno de
los grandes encuentros internacionales del capital inmobiliario, reuniendo a lo
peor-mejor del rentismo especulativo internacional, como BlackRock, Blackstone,
Brookfield y otras grandes compañías de inversión. Isabel Díaz Ayuso, la máxima
expresión de la necropolítica sociopática de la derecha, inauguró el encuentro
defendiendo su política económica y su concepción del mercado inmobiliario. Son
dos imágenes simultáneas de una misma ciudad: en una, responsables públicos
reciben al capital inmobiliario internacional y celebran la capacidad de Madrid
para atraer inversión; en otra, una mujer de 87 años espera que irrumpa,
rodeada de personas armadas, la comisión judicial que va a sacarla de la casa
en la que ha vivido toda su vida.
Además de un conjunto de
procedimientos, la democracia es, sobre todo, una experiencia de vida que se
encarna en la experiencia cotidiana de seguridad que ofrece a quienes viven en
ella: la seguridad de saber que enfermar no significará quedar abandonada, que
envejecer no significará quedar desprotegida, que perder el empleo no supondrá
caer en la indigencia y que ninguna persona será expulsada de su hogar para
satisfacer una expectativa de rentabilidad sin que exista una alternativa
habitacional digna. Cuando estas seguridades desaparecen, la democracia empieza
a vaciarse por dentro al producirse una fractura insoportable entre legalidad y
legitimidad. Y la función de la política democrática consiste en impedir que la
legalidad termine amparando situaciones incompatibles con la dignidad y la
justicia social.
Y aquí convendría volver a leer la Constitución.
Pero leerla entera, hasta ese artículo 128 que dice que «Toda la riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada
al interés general», añadiendo que se reconoce la iniciativa pública en la
actividad económica y que podrán intervenirse empresas cuando así lo exija el
interés general. Por eso, el desahucio de Maricarmen nos obliga también a mirar
hacia el Gobierno de España. Pedro Sánchez lo ha calificado de «tragedia social
que no podemos aceptar como país» y ha recordado que el decreto sobre vivienda
rechazado en el Congreso habría permitido evitar situaciones como esta. También
ha señalado las responsabilidades de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.
Son datos políticamente relevantes, pero no agotan la cuestión. Pedro Sánchez
no es un comentarista de la actualidad ni un activista de un sindicato de
vivienda, es el presidente del Gobierno de España, y de quien ocupa el máximo
poder ejecutivo no esperamos solamente que describa una injusticia, sino que
movilice todas las capacidades constitucionales, legislativas, presupuestarias
y políticas disponibles para combatirla.
Por eso me parece muy insuficiente
que el debate termine convertido en un intercambio entre la «tragedia social»
de Maricarmen y el «aticazo» de Ayuso, pese a reconocer que la contradicción
entre la adquisición por la Comunidad de Madrid del polémico inmueble de lujo
en Chamberí y el desahucio de una mujer de 87 años posee una enorme fuerza
simbólica que, en parte, explica que miles de personas se hayan movilizado.
Pero el problema es mucho mayor que Ayuso, más sierva que ejecutante del
brutalismo capitalista, y mucho mayor que Sánchez, que en esto todavía no se ha
despegado de su «abalista», aquel que cuando era ministro de Vivienda dijo que la
vivienda «es un derecho pero también es un bien de mercado, que genera
actividad económica, que busca seguridad jurídica».
Lo que está en cuestión es una
transformación profunda de nuestras sociedades, la creciente conversión de
bienes indispensables para la vida en activos financieros sometidos exclusivamente
a la lógica de la rentabilidad. La vivienda es su manifestación más dolorosa
porque nadie puede dejar de habitar en algún lugar: podemos renunciar a muchos
consumos cuando suben los precios, pero no podemos renunciar a tener un techo.
Y sobre todo, no deberíamos imaginarnos teniendo que renunciar a ese derecho
fundamental. Porque cuando una parte creciente de la población siente que las
instituciones pueden proteger contratos pero no vidas, garantizar transacciones
pero no hogares, asegurar la circulación del capital pero no la permanencia de
las personas en sus barrios, el fundamento de la democracia salta por los aires.
La democracia deja de pensarse y
sentirse como algo a defender cuando cumplir todas las reglas (trabajar, pagar,
cotizar, pagar durante décadas un alquiler) deja de ofrecer siquiera la
expectativa razonable de una vejez segura, cuando descubrimos que podemos ser
formalmente ciudadanas y ciudadanos y, al mismo tiempo, vivir permanentemente
amenazadas por fuerzas económicas sobre las que nuestra capacidad democrática
de decisión parece cada vez menor. Por eso el miedo al desahucio es también
miedo político, es el terror a ser expulsadas del lugar propio y descubrir que
detrás no existe ninguna red suficientemente fuerte para sostenerte.
«Lanzamiento», dice asépticamente el
lenguaje jurídico. Pero una sociedad democrática debería preguntarse siempre,
antes de «lanzar» a alguien: ¿hacia dónde? Si la respuesta es hacia ninguna
parte, algo esencial ha fracasado, no solo ahora, desde hace décadas. ¿Qué
clase de democracia es aquella en la que podemos llegar a considerar
jurídicamente normal lo que socialmente reconocemos como insoportable? Y si
«toda la riqueza del país» está subordinada al interés general, habrá que preguntarse
qué significa esa frase cuando una mujer de 87 años es expulsada por la fuerza
de la casa en la que ha vivido durante setenta años. Y hacer algo ya, por fin,
para que no vuelva a ocurrir.
domingo, 13 de septiembre de 2026
Haikus (o así) en el Paga
su ojo guarda el mundo.
Calla la tarde.
El pájaro me mira.
Después, el bosque.
En el ojo del pájaro,
quieta la tarde.
En su pequeño ojo,
qué grande el mundo.















