El informe contiene 11 propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas inmigrantes, sí, pero creo que sobre todo se trata de propuestas dirigidas a mejorar nuestra propia calidad moral como sociedad:
1. Garantizar el acceso al Padrón Municipal. Es fundamental que el Gobierno vele porque los Ayuntamientos cumplan rigurosamente con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, especialmente, en lo que se refiere al empadronamiento de ciudadanos extracomunitarios.
2. Elaborar un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en el que se reconozcan las medidas de protección y los supuestos de personas víctimas, o presuntas víctimas, de explotación laboral, y en cuyo ámbito de aplicación se entienda tanto a personas extranjeras como españolas o comunitarias.
3. Ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Exigimos al Gobierno la ratificación de esta Convención con el objetivo de que nuestro ordenamiento jurídico asuma normas internacionales para un trato justo y sin abusos respecto todas las personas inmigrantes.
4. Modificar la normativa para solucionar el problema del impago de hipotecas. Urge realizar una reforma legislativa de nuestro sistema hipotecario que proteja a las familias de las graves situaciones que están sufriendo en relación con la vivienda y el sobreendeudamiento. Proponemos que se adopte el sistema anglosajón de dación en pago. Asimismo, a corto plazo, se deberá crear una ley de sobreendeudamiento familiar que contemple mecanismos de asesoramiento legal y acompañamiento social para evitar una sobreexposición familiar. Al mismo tiempo, el Gobierno debe arbitrar soluciones para el grave problema de las hipotecas impagadas que afecta en España a miles de ciudadanos extracomunitarios.
5. Habilitar soluciones para los inmigrantes en situación administrativa irregular. El Gobierno debe articular medidas que permitan erradicar las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que sufren estas personas como consecuencia de su situación administrativa, promoviendo un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que les garantice el acceso en igualdad de condiciones a estos derechos. Será imprescindible promover procedimientos de arraigo y autorizaciones de trabajo provisional, que tomen en cuenta los criterios personales y sociales de las personas para evitar que caigan en la exclusión.
6. Detener las situaciones de irregularidad sobrevenida. Aunque el Gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de evitar en lo posible la irregularidad sobrevenida, el borrador de Reglamento de extranjería, al que reconocemos algunas bondades, nos hace abrigar pocas esperanzas al respecto. En este sentido, se deberían retirar alguna de las exigencias documentales que se incluyen en el citado borrador con respecto a la renovación de algunas autorizaciones (como la de reagrupación familiar). Recordamos, además, que el reglamento no puede ir más allá de lo establecido en la Ley Orgánica, salvo que esta así lo establezca.
7. Velar por el cumplimiento de la ley en los controles selectivos. El Gobierno debe velar por el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, asegurando que el control de la migración en situación irregular se realiza dentro de los parámetros legales establecidos. Debemos prevenir sobre uno de los mensajes implícitos que estas prácticas traen consigo yque ponen en peligro la convivencia al asociar inmigración a delito. Es urgente que todos recordemos, una vez más, que encontrarse en situación irregular NO es un delito.
8. Limitar el acceso de las fuerzas de seguridad a los centros de Cáritas. Cáritas supone para muchos ciudadanos, migrantes o no, un lugar de acogida, de refugio, de escucha, de seguridad. No podemos poner en riesgo este principio de intervención. Por tanto, pedimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedan a los dispositivos de Cáritas para solicitar información sobre los datos personales de los residentes únicamente en aquellos casos en los que medie una situación de peligro real (excepcional, por tanto) o para intervenir ante una infracción penal (situación individual).
9. Incrementar la dotación presupuestaria para los servicios destinados a la Integración. Dado que es responsabilidad directa del Estado, resulta prioritario dotar a las Administraciones públicas (autonómicas y locales) de los necesarios recursos económicos para afrontar los retos que plantea la inmigración y para evitar, sobre todo, situaciones de vulnerabilidad o exclusión, e impulsar acciones que aprovechen la diversidad cultural de los inmigrantes como proceso de enriquecimiento para la sociedad.
10. Acuerdo marco por la inmigración. Exigimos que la inmigración deje de ser una cuestión que las fuerzas políticas utilicen para lograr mayores réditos electorales por medio de mensajes discriminatorios, racistas o xenófobos. De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, solicitamos a todos nuestros representantes que se pongan manos a la obra para impulsar un Acuerdo marco por la Inmigración sobre el que cimentar una sociedad de acogida más plural y cohesionada.
11. Detener las actitudes racistas y xenófobas. En este momento resulta necesario que las Administraciones públicas redoblen sus esfuerzos para revertir la percepción negativa que la ciudadanía tiene sobre la migración, por medio de campañas y acciones que combatan los estereotipos que alimentan acciones de discriminación, racismo y xenofobia, y contribuyan a convertir los barrios de nuestras ciudades en comunidades más acogedoras.
Los puntos 7 y 8 han sido objeto de una especial atención por parte de los medios de comunicación. Prácticamente todos los diarios has destacado la denuncia de Cáritas relativa al incremento de los controles de identificación en locutorios, parques e intercambiadores de transporte público, controles que se han hecho extensivos a los propios centros de acogida de la organización, simplemente por motivos fenotípicos, es decir, atendiendo a rasgos externos de los sujetos que permiten identificarlos como inmigrantes extranjeros.
El Ministerio del Interior ha desmentido la existencia de estos controles de identificación. Lamento tener que decir que en este caso estoy con Cáritas más que con el Ministerio. El próximo martes le haré llegar mi preocupación ante estos hechos.
No es la primera vez que se hacen estas denuncias, incluso por parte del Sindicato Unificado de Policía. Hay pruebas fotográficas (y persecución a quienes las recogen), cualquiera que pasee por una gran ciudad puede ser testigo de estas prácticas (si nos parecen humillantes y arbitrarios los controles de seguridad en los embarques de los aeropuertos, pensemos en lo que supone ser retenido e identificado en plena calle sólo por tu aspecto físico) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha pedido a España que acabe con los controles de identificación basados en "perfiles étnicos y raciales" que, en la práctica, se traducen en "detenciones indiscriminadas" y "restricción de derechos" de los extranjeros. Hay vídeos y una exposición, Fronteras invisibles, con las fotos de Edu León y Olmo Calvo.
Supongo que en la actitud del Ministerio de Interior encontraremos una mezcla de ejercicio de su responsabilidad contaminada de obsesión securitaria y de populismo, a la que no será ajena la denuncia ciudadana por lo que consideran una "intolerable presencia masiva" de inmigrantes en determinados lugares y momentos.
Pero no podemos caer en eso.
Debemos asumir, por necesidad y por virtud, que la inmigración que va a aumentar la diversidad de nuestra sociedad es un proceso que no se a a detener. Por necesidad, porque se trata de la gran transformación social del siglo XXI, imparable; y por virtud, porque si la afrontamos bien nos va a hacer mejores.
Situarse ante el fenómeno de la inmigración desde el miedo y el rechazo es condenarnos a repetir la historia trágica de Dorian Grey: viviremos la ficción de que no estamos cambiado, hasta que el reflejo horroroso de un retrato corrompido nos ponga en nuestro lugar; demasiado tarde.
Afortunadamente, las cosas parecen ir mejor en relación al punto 10 de la propuesta de Cáritas: que la inmigración deje de ser una cuestión abordada desde criterios burda y estrechamente electorales. Al menos en Euskadi, donde el Parlamento Vasco a hecho pública una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia (que se conmemora el próximo lunes 21 de marzo) en la que, entre otras cosas, se dice lo siguiente:
Somos conscientes de la responsabilidad de los partidos políticos en la generación de discursos y climas sociales. Queremos hacer uso de esa capacidad para alentar la convivencia y la inclusión, y para rechazar con contundencia el racismo y la xenofobia. Deseamos ejercer una labor de pedagogía ciudadana sobre las transformaciones sociales a las que asistimos. Por esta razón, y muy especialmente de cara al periodo previo a las elecciones municipales y forales, nos comprometemos a que por encima de nuestras legítimas diferencias políticas, conduciremos con la máxima responsabilidad los discursos públicos, orientándolos a la creación de un clima de igualdad, convivencia y respeto entre todas las personas que compartimos la condición de vecinos y vecinas de los barrios, pueblos y ciudades de Euskadi.
Que así sea.
