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Conclusiones
1ª. La pobreza severa no había parado de aumentar, a pesar de la recuperación del empleo, antes de la COVID-19. Llueve sobre mojado, hoy tres de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.
2º Los hogares en exclusión grave que se sostenían sólo de los ingresos de su propia actividad laboral, que casi habían alcanzado a la mitad del colectivo antes de la crisis, han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo 1 de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo.
3º Tenemos delante una crisis de emergencia habitacional en ciernes que no estamos queriendo ver. Tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no pueden hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda (49,2%) y no disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros (51,2%).
4º El gradiente de la salud adquiere un mayor peso en esta crisis, que incrementa la tendencia de los últimos años en el espacio de la exclusión social grave. Uno de los datos más relevantes de la Encuesta FOESSA en el 2018 fue descubrir que la dimensión de la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunos territorios de nuestro país. El 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico.
5º No pertenecer a la comunidad virtual está minando la igualdad de oportunidades, tanto en la infancia como en los hogares más excluidos. Para uno de cada tres hogares en exclusión grave (34%) está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos e hijas al no poder seguir el ritmo marcado. El resultado es que muchas niñas y niños se están quedando atrás en el ámbito escolar.
6ª La conciliación y las oportunidades de una mayor convivencia han estado determinadas por los niveles de renta. Un 18% de los hogares en exclusión grave con menores de edad a cargo admite haber tenido que renunciar a una ocupación o puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos.
7º Las redes de apoyo, debilitadas tras la última crisis, pierden aún más capacidad de ayuda. La familia y los entornos cercanos siguen ayudando, pero cada vez menos, porque cada vez hay menos desde donde ayudar. La novedad quizá de esta crisis es que está introduciendo una nueva variable de estratificación social entre nosotros vinculada al riesgo de confinamiento. Este nos ha estructurado en tres grandes grupos: los confinados seguros, los confinados de riesgo y los desarraigados.
Retos para mejorar nuestro modelo de desarrollo social
– Aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político. Hay una elevada probabilidad de que la salud pública se convierta en un elemento electoral con gran potencial conflictivo, siendo un nuevo campo de batalla donde las fuerzas políticas pondrán en evidencia la falta de consensos de envergadura.
– Revisar la atención a la dependencia, más de lo que se vaya a realizar La ciudadanía ha tomado conciencia de las deficiencias del sector, que se ha puesto en evidencia de forma dramática en las residencias de personas mayores. Si solo se toman medidas de control y supervisión, no se acometerá el déficit estructural de nuestro sistema de dependencia.
– Visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de círculos reducidos. Esta crisis nos ha puesto frente al espejo de la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos construir un modelo articulado donde lo público, lo privado y lo comunitario se vayan tejiendo para promover una responsabilidad compartida que prevalezca sobre un planteamiento de individualización.
– Consolidar el Ingreso Mínimo Vital en el sistema de Garantía de Ingresos en España. El reto es consolidar este derecho desvinculándolo del derecho a recibir apoyo para la inclusión social. Lo que conocemos como doble derecho: derecho a la supervivencia material y derecho a la inclusión social. Las CC.AA. tienen ahora la oportunidad de transformar sus rentas mínimas complementando las medidas de lucha contra la pobreza, como por ejemplo un complemento para el acceso a la vivienda.
– Reducir la brecha digital con una estrategia coordinada. No es suficiente con una fuerte inversión en infraestructuras y dispositivos, sino que también hay que contemplar la formación a determinados perfiles poblacionales más ajenos a la realidad digital. Si dicho proceso no se le dota de cierta homogeneidad, puede derivar en nuevas desigualdades territoriales.
– Incrementar la pedagogía fiscal para acometer una reforma en profundidad. Un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece.
– Construir puentes en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. Cada vez son más las evidencias del riesgo que corremos de salir de esta crisis con una polarización social que no ayude a enfrentar el futuro. Por eso es más necesario que nunca construir puentes, acciones e ideas que rompan los bloques inmovilistas y que acerquen a las personas. Se requiere de liderazgos políticos y sociales que generen consenso y que no sean manipulados e ideologizados por ningún bloque que trate de sacar rédito electoral en su rechazo o adhesión.
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