Ni Palacio de Justicia ni Teresa de Calcuta

El campo de las políticas sociales, tanto en su dimensión político-institucional como en la de la intervención directa, comparte, explícita o tácitamente, un principio analítico fundamental que articula un orden o régimen de justificación (Boltanski y Thévenot) invocado para legitimar y evaluar sus acciones. Este principio puede expresarse, de forma simplificada, así:

1) Los grandes problemas sociales, los que se agrupan bajo las categorías de la pobreza y la exclusión social, tienen un origen estructural.

2) Actuar sobre las causas estructurales de tales problemas es enormemente complejo, exigiría acuerdos sociales muy mayoritarios, prácticamente imposibles de conseguir, y su “solución” nos coloca en una lógica antisistémica, anticapitalista, literalmente revolucionaria.

3) De este modo, la posibilidad de construir consensos mayoritarios sólidos para la eliminación de la pobreza y la exclusión puede ser un ideal al que aspirar, pero no parece que esté a nuestro alcance.

4) Siendo imposible la eliminación de la desigualdad lo que nos quedaría es actuar en el espacio del “arreglo”, de la mejora de las (malas) condiciones, de la reforma, de la reducción de daños o, en el mejor de los casos, en la búsqueda de palancas que puedan impulsar el cambio individual en la situación de las personas en exclusión.

A partir de este orden de justificación se ha acabado por asumir que las políticas sociales “funcionan” siempre que se muestren eficaces como herramientas de reducción de daños, como última red de protección o, en su versión más ambiciosa, como medios para la activación sociolaboral y el cambio en la posición social de las personas excluidas. No cambian la estructura de desigualdad, pero mejoran porcentualmente las situaciones de exclusión.

La decisión del Ayuntamiento de Donostia de suspender las cenas solidarias ofrecidas desde hace cuatro años por el colectivo ciudadano Kaleko Afari Solidarioak en Egia echa por tierra todo este discurso legitimador de nuestras políticas sociales. Es inaceptable que el Ayuntamiento aliente la confusión indiferenciada entre el discurso de la seguridad y la intervención solidaria de emergencia, confusión que solo sirve para que el securitarismo expulse al humanitarismo de nuestras calles. Sin dar ninguna alternativa, sin asumir institucionalmente la obligación de velar porque ninguna persona que habite en Donostia carezca de lo más básico: de alimento, de techo, de reconocimiento, de escucha.

Lo mismo ocurre si nos aproximamos al funcionamiento en Bilbao del SMUS (Servicios Municipales de Urgencias), como denunciaron en junio ASETU Herri Biltegia, Atxuri Harrera, Irala Harrera, Ongi Etorri Errefuxiatuak y SOS Racismo: colas diarias sin garantía de poder acceder a los recursos de alojamiento provisional, servicios de comedor o acceso al empadronamiento social; un sistema de citas online en estos tiempos en los que, aparentemente, crece la sensibilidad contra la brecha digital; listas de espera de más de dos meses; insuficiencia de recursos y saturación de los servicios.

En su ensayo de 1996, La humanidad perdida, el filósofo Alain Finkielkraut escribió: “En nombre de la ideología nos negábamos ayer a dejarnos engañar por el sufrimiento. Enfrentados al sufrimiento, y con toda la miseria del mundo al alcance de la vista, nos negamos ahora a dejarnos engañar por la ideología”. En Euskadi, como en el resto de las sociedades ricas, hace tiempo que no nos dejamos “engañar” por la ideología y hemos abandonado cualquier pretensión de cambio estructural; pero, de un tiempo para acá, también hemos empezado a rechazar dejarnos “engañar” por el sufrimiento, por más a la vista que lo tengamos.

Los hechos de Egia han ocurrido muy cerca del Palacio de Justicia de Donostia, situado en la plaza Teresa de Calcuta. Todo un símbolo. Podíamos elegir entre la justicia de los derechos fundamentales para todas las personas o la intervención humanitaria de emergencia que, no sin contradicciones, encarna la religiosa. Pero estamos rechazando tanto la una como la otra. Ni la ideología ni el sufrimiento. Ni cambio estructural ni eficacia en la intervención de urgencia. ¿Cuál va a ser, entonces, el régimen de justificación de nuestras políticas sociales?

PUBLICADO EN HORDAGO-EL SALTO

Por unas políticas sociales universales y dignas

EL CORREO, 13/03/2023

La multiplicación de ayudas económicas condicionadas es un fracaso de las políticas sociales y redistributivas. Mejoran ligera y temporalmente algunas situaciones de pobreza, pero no inciden sobre las estructuras de desigualdad. Las más recientes son la “NUEVA (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio” en el marco del plan anticrisis del Gobierno central, que sucede –como no podía ser de otra manera- a la “ANTERIOR (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio”, y, en Euskadi, las “Nuevas Ayudas Mensuales a la Crianza de las Hijas o Hijos”, otros 200 euros mensuales para toda hija o hijo hasta que cumpla tres años y 100 euros mensuales si es la tercera o sucesiva hija o hijo, desde que cumpla los tres años hasta que cumpla los siete. Ayudas que se suman a (en el caso de la medida vasca) o son incompatibles con (en el caso de la medida estatal) otras ayudas económicas anteriores, como el Ingreso Mínimo Vital.

Son las últimas de una extensísima lista de ayudas económicas condicionadas que incluyen medidas permanentes y de mayor dotación económica (las rentas de garantía de ingresos o rentas de inserción) junto a otras complementarias de estas (ayudas de emergencia social, subsidios complementarios por desempleo, renta activa de inserción, subsidio por insuficiencia de cotización…), ayudas ocasionales (bonos cultura) y otras muchas dirigidas a colectivos específicos (prestación extraordinaria por desempleo de los artistas, bono joven de alquiler, subsidio para emigrantes retornados o para personas liberadas de prisión, ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género…). Moverse por esta selva de ayudas que a veces suman y a veces restan, que en muchos casos son incompatibles entre sí y con el empleo, exige unos recursos de tiempo y de competencias (digitales, por ejemplo) que no están al alcance de cualquiera, además de una burocracia hipertrofiada. Y todo ello para que, al final, apenas si permitan superar por poco el umbral de pobreza, sin salir nunca del espacio de la inseguridad y la incertidumbre precarias.

Son “políticas de final de cañería”, actuaciones que buscan revertir situaciones que, en realidad, responden a dinámicas estructurales, de las que no son sino consecuencia: la ruptura de la norma social del empleo estable y la extensión del trabajo indecente; la mercantilización creciente de bienes esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda o la educación; la elusión y evasión fiscales y la consecuente crisis de los ingresos públicos. Frente a estas dinámicas, lo que necesitamos son buenos salarios y buenas condiciones laborales, buenas pensiones de jubilación, una renta básica universal que sustituya a toda esa miríada de ayudas condicionadas, una fiscalidad que tope las desorbitadas rentas altas y recupere para la sociedad beneficios injustamente privatizados, un parque suficiente de vivienda pública que permita a cualquiera acceder a un alquiler y que no retorne al mercado privado, servicios públicos de cuidado para la infancia y para las personas mayores. Lo que necesitamos es aquello que demandamos, quienes podemos hacerlo, para nosotras mismas: justicia y derechos.

Necesitamos políticas universalistas, que nos incluyan a todas. Las políticas sociales destinadas a las personas pobres acaban siendo pobres políticas sociales ya desde su mismo diseño, fundado sobre un insostenible despotismo tecnocrático: todo para las personas pobres, pero sin contar con las personas pobres. La condicionalidad apenas logra ocultar la cultura de la desconfianza sobre la que se conciben y aplican estas ayudas. En estos momentos hay organizaciones sociales vascas denunciando el control al que la Ertzaintza está sometiendo a las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, accediendo a sus hogares con el fin de comprobar el cumplimiento de requisitos como los de empadronamiento o las identidades de las personas que viven en un determinado domicilio. Es la policía la que se está encargando de esta tarea: no sé si somos conscientes de lo que supone que una patrulla uniformada se presente en el domicilio de una persona para investigarla sin que medie denuncia alguna, solo desde la sospecha o la supuesta prevención de un fraude que es rechazable pero anecdótico, lo que esto tiene de estigmatizador, de humillante.

En 1989 la investigadora y activista feminista Peggy McIntosh nos animaba a deshacernos de la “maleta invisible” de nuestros privilegios, de todas esas “ventajas inmerecidas” de las que disfrutamos inconscientemente por el hecho de ser varones, o blancas, o educadas, o económicamente acomodadas: “Al estudiar el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno, me di cuenta que, como las jerarquías de nuestra sociedad están interrelacionadas, es muy probable que haya un fenómeno del privilegio blanco que sea igualmente negado y protegido. Como persona blanca, me di cuenta que me habían enseñado el racismo como algo que pone a otras personas en situación de desventaja, pero me habían enseñado a no pensar en sus consecuencias, el privilegio blanco, lo cual me pone en una situación de ventaja”. Esos privilegios que, como advierte la periodista Reni Eddo-Lodge, son tan difíciles de definir y de percibir porque, esencialmente, significan una “ausencia de las consecuencias negativas” del racismo, del machismo o del clasismo. “El privilegio blanco –escribe Peggy McIntosh- es como una maleta invisible e ingrávida llena de provisiones especiales, mapas, pasaportes, folletos de códigos, visas, ropa, implementos, y cheques en blanco”.

Las personas que investigamos o intervenimos en el campo de las políticas sociales no podemos seguir funcionando desde la inconsciencia de nuestra maleta de privilegios, desde nuestra posición de ventaja. Pensamos y actuamos desde un marco mayoritariamente varón, blanco, educado y económicamente acomodado. Diseñamos o gestionamos ayudas, recursos y servicios que nunca son para nosotras, sino para otras. Imponemos o justificamos condiciones que jamás aceptaríamos para nosotras. Porque nuestro mundo es el de los derechos, no el de las ayudas.

Creo que es urgente que las entidades sociales sistematicen todo el conocimiento del que disponen y que evidencia las insuficiencias y perversiones del modelo de ayudas condicionadas. Que se paren a pensar en el papel que están jugando como gestoras y legitimadoras de este modelo. Que se planten, que nos plantemos, y que militemos de una vez por todas en favor de unas políticas sociales universales y dignas, de unos recursos y servicios sociales a los que no nos importaría tener que recurrir.

Distancia social y derecho al cuidado

Puede leerse íntegramente AQUÍ.

Conclusiones

1ª. La pobreza severa no había parado de aumentar, a pesar de la recuperación del empleo, antes de la COVID-19. Llueve sobre mojado, hoy tres de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.

2º Los hogares en exclusión grave que se sostenían sólo de los ingresos de su propia actividad laboral, que casi habían alcanzado a la mitad del colectivo antes de la crisis, han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo 1 de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo.

3º Tenemos delante una crisis de emergencia habitacional en ciernes que no estamos queriendo ver. Tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no pueden hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda (49,2%) y no disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros (51,2%).

4º El gradiente de la salud adquiere un mayor peso en esta crisis, que incrementa la tendencia de los últimos años en el espacio de la exclusión social grave. Uno de los datos más relevantes de la Encuesta FOESSA en el 2018 fue descubrir que la dimensión de la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunos territorios de nuestro país. El 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico.

5º No pertenecer a la comunidad virtual está minando la igualdad de oportunidades, tanto en la infancia como en los hogares más excluidos. Para uno de cada tres hogares en exclusión grave (34%) está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos e hijas al no poder seguir el ritmo marcado. El resultado es que muchas niñas y niños se están quedando atrás en el ámbito escolar.

6ª La conciliación y las oportunidades de una mayor convivencia han estado determinadas por los niveles de renta. Un 18% de los hogares en exclusión grave con menores de edad a cargo admite haber tenido que renunciar a una ocupación o puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos.

7º Las redes de apoyo, debilitadas tras la última crisis, pierden aún más capacidad de ayuda. La familia y los entornos cercanos siguen ayudando, pero cada vez menos, porque cada vez hay menos desde donde ayudar. La novedad quizá de esta crisis es que está introduciendo una nueva variable de estratificación social entre nosotros vinculada al riesgo de confinamiento. Este nos ha estructurado en tres grandes grupos: los confinados seguros, los confinados de riesgo y los desarraigados.

Retos para mejorar nuestro modelo de desarrollo social

– Aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político. Hay una elevada probabilidad de que la salud pública se convierta en un elemento electoral con gran potencial conflictivo, siendo un nuevo campo de batalla donde las fuerzas políticas pondrán en evidencia la falta de consensos de envergadura.

– Revisar la atención a la dependencia, más de lo que se vaya a realizar La ciudadanía ha tomado conciencia de las deficiencias del sector, que se ha puesto en evidencia de forma dramática en las residencias de personas mayores. Si solo se toman medidas de control y supervisión, no se acometerá el déficit estructural de nuestro sistema de dependencia.

– Visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de círculos reducidos. Esta crisis nos ha puesto frente al espejo de la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos construir un modelo articulado donde lo público, lo privado y lo comunitario se vayan tejiendo para promover una responsabilidad compartida que prevalezca sobre un planteamiento de individualización.

– Consolidar el Ingreso Mínimo Vital en el sistema de Garantía de Ingresos en España. El reto es consolidar este derecho desvinculándolo del derecho a recibir apoyo para la inclusión social. Lo que conocemos como doble derecho: derecho a la supervivencia material y derecho a la inclusión social. Las CC.AA. tienen ahora la oportunidad de transformar sus rentas mínimas complementando las medidas de lucha contra la pobreza, como por ejemplo un complemento para el acceso a la vivienda.

– Reducir la brecha digital con una estrategia coordinada. No es suficiente con una fuerte inversión en infraestructuras y dispositivos, sino que también hay que contemplar la formación a determinados perfiles poblacionales más ajenos a la realidad digital. Si dicho proceso no se le dota de cierta homogeneidad, puede derivar en nuevas desigualdades territoriales.

– Incrementar la pedagogía fiscal para acometer una reforma en profundidad. Un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece.

– Construir puentes en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. Cada vez son más las evidencias del riesgo que corremos de salir de esta crisis con una polarización social que no ayude a enfrentar el futuro. Por eso es más necesario que nunca construir puentes, acciones e ideas que rompan los bloques inmovilistas y que acerquen a las personas. Se requiere de liderazgos políticos y sociales que generen consenso y que no sean manipulados e ideologizados por ningún bloque que trate de sacar rédito electoral en su rechazo o adhesión.

Safari en la pobreza

Darren McGarvey
Safari en la pobreza. Entender la ira de los marginados en Gran Bretaña
Traducción de Martin Schifino
Capitán Swing, 2018

Pertenecer a la clase baja significa sentarse día tras día a leer las noticias para encontrarte con innumerables artículos de The Guardian que confirman cosas que sabías ciertas hace veinte años. […] Ojalá hubiera manera de que quienes crean el relato de vez en cuando consultaran a los más desfavorecidos. Hacerlo podría interrumpir el flujo continuo de suposiciones sobre las que se basan muchos asertos de los ricos y poner el debate sobre la sociedad en sintonía con el modo en que la sociedad realmente vive.

Nacido en una familia y en un barrio de clase trabajadora -su "árbol genealógico" incluye familiares cercanos, o él mismo, con problemas de alcoholismo, antecedentes penales, graves problemas financieros, intentos de suicidio, carencias educativas...-, McGarvey ha escrito un libro que cuestiona la aproximación a la pobreza que se realiza desde una clase media liberal de izquierdas que se ha dedicado históricamente a hablar a/de/sobre/para unas clases populares o una clase trabajadora, pero nunca se ha molestado en hablar con ella o, mejor aún, de dejarse decir por ella. El resultado es un monumental desencuentro:

Dado que los especialistas de esta clase realmente tienen buenas intenciones cuando se trata de atender los intereses de las personas de las comunidades desfavorecidas, acaban un poco confundidos, molestos y ofendidos cuando esas mismas personas empiezan a transmitirles su enfado. Nunca se les ocurre, pues se ven como los buenos, que la gente a la que pretenden servir pueda considerarlos oportunistas, trepas o charlatanes. Ellos mismos se consideran paladines de la subclase, y si algún pobre empieza a mostrar ideas propias o, Dios no lo quiera, se rebela contra los expertos en pobreza, lo culpan de malinterpretar los hechos. En efecto, estos tipos a menudo están tan seguros de su propia visión y sus virtudes que no se lo piensan dos veces antes de describir a la gente de clase trabajadora a la que pretenden representar como responsable de hacerse daño a sí misma si votan por un partido de derechas.

Este desencuentro se ha plasmado de manera muy evidente en los proyectos de "regeneración" de los barrios populares, que han terminado en desastrosas intervenciones cuya consecuencia más dramática ha sido la destrucción de la memoria de esas comunidades y de los espacios públicos que permitía a estas personas encontrarse (muchas veces conflictivamente) y construir lazos sociales entre sí:

La regeneración expone el abismo que separa a la gente que considera esta comunidad un «proyecto» o un «plan», una empresa en curso o un problema por resolver de la gente que realmente vive aquí.

Muy sugerentes las páginas que dedica a la importancia de la biblioteca pública en los barrios populares.

McGarvey cuestiona también los análisis de la izquierda liberal/izquierda cultural sobre la apatía política como un rasgo asociado a menudo con las clases bajas. Análisis moralizantes, ciegos a la posición de clase de quienes los formulan, que a menudo acaban culpando a las personas que sólo se expresan políticamente mediante la ira y el resentimiento, dirigidos muchas veces contra las personas inmigrantes y coincidentes muchas veces con las propuestas del populismo de derechas:

Algunas de las personas más vulnerables del mundo, que huyen de la pobreza y la violencia, acaban en las comunidades más empobrecidas y violentas del Reino Unido cuando llegan a nuestro país. En el torbellino de hipérboles, recriminaciones y chivos expiatorios, queda pendiente un debate sensato sobre las causas y los efectos de la inmigración en nuestras comunidades desaventajadas y sobre lo que podemos hacer para que vaya mejor. Entre otras cosas, para los migrantes mismos.

En relación a estas cuestiones, también dedica varias páginas a plantear una interesante y discutible reflexión sobre las tensiones entre diversidad y clase social, entre las políticas de la identidad y los análisis de clase:

Cuanto más prominente se ha vuelto la teoría de la interseccionalidad, más se ha descartado el análisis de clase. En lugar de producir una política de clases que incluya un espectro amplio de gente, la justicia social que se construye sobre la base de la política identitaria gentrifica los análisis de clase tradicionales. [...] Como manera de percibir la complejidad de nuestras distintas experiencias individuales y grupales, [la interseccionalidad] sin duda es muy útil. Como herramienta práctica para entablar un diálogo abierto con una amplia variedad de voces es un fracaso estrepitoso.

Pero el elemento más novedoso del libro, y el que perimetra el campo para una necesaria conversación (pendiente) en la izquierda, es su aproximación a la relación entre estructura y agencia, entre factores sistémicos y factores personales, entre responsabilidad colectiva y responsabilidad individual. McGarvey es muy consciente -¡cómo no va a serlo con su biografía!- de la influencia que sobre la vida de las personas tienen los factores estructurales:

Por debajo de la especificidad y la singularidad de nuestras vidas individuales tal y como las hemos llevado en el plano subjetivo, corre un camino de pura inevitabilidad del que rara vez nos hemos apartado. [...] Las clases sociales, por encima de todo, siguen constituyendo la principal línea divisoria en nuestra sociedad. En realidad, no se trata tanto de una línea divisoria como de una herida a escala industrial. 

Sin embargo, hay una clara intencionalidad en su libro, que aspira así a cumplir una función performativa, casi diría que militante: resaltar la capacidad que las personas tenemos, incluso en contextos sociales altamente exclusógenos, de tomar decisiones individuales que produzcan cambios significativos en la vida de cada cual, pero también en la vida de la comunidad. De lo que se trataría es de recuperar la idea de responsabilidad personal, que se ha convertido en el monopolio de la derecha:

Un análisis sistémico centrado en factores externos renuncia de manera imprudente a la oportunidad de explorar el papel que nosotros, como individuos, familias y comunidades, podemos desempeñar en las circunstancias que definen nuestras vidas. Adoptar una posición no solo basada en clamar contra el sistema, sino en examinar nuestras ideas y conductas. [...] Al alentar a las personas a creer que sus problemas inmediatos exceden sus capacidades, se les niega la voluntad individual de la que las priva la pobreza.

Un libro escrito desde la experiencia, que permite plantear debates interesantes.

Retos que nos plantea el VIII Informe Foessa

Dejo aquí la presentación que utilizaré esta tarde para dialogar sobre #LaRealidadQueEs en la Asamblea de Cáritas.

Garantía de ingresos y lucha contra la exclusión en Europa

El pasado viernes tuve ocasión de compartir la mañana con las personas representantes de la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) que celebraban su Congreso Estratégico en Bilbao.
En un contexto extremadamente complejo, tanto en los espacios más locales como en el conjunto dela Unión Europea, el trabajo de estas organizaciones tiene un enorme valor.
Yo me limité a aportar una breve reflexión. El texto íntegro puede leerse aquí, en ResearchGate, una red social en Internet y una herramienta de colaboración dirigida a personas que hacen ciencia en el marco de cualquier disciplina.
Lo importante es lo que hagamos a partir de ahora.