¿Hay que merecer el derecho a vivir?

 

 

[1] A lo largo del año 2023 y hasta julio de 2024 Lanbide suspendió la RGI a casi seis mil personas, algo más de un 10 por ciento del total de personas perceptoras. Ya sólo este dato debería activar nuestra atención y sacarnos de cualquier discurso autocomplaciente. “¿Por qué no observar la estructura de los programas en vez de las fallas de los beneficiarios? […] ¿Por qué no diseñar programas que toleren más las equivocaciones?” (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez). Máxime cuando muchas veces ni siquiera hablamos de equivocaciones de las personas perceptoras sino de fallos en el propio programa, que pretende formalizar, burocratizar y controlar unas vidas cada vez más líquidas, más inciertas, más fluidas. Con lo que acaba por imponer normas y procedimientos que rompen la organicidad de la vida.

 

[2] En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudiaba la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el 14 de junio de 2022, el Ararteko señaló lo siguiente:

ü  que la suspensión cautelar de la RGI no sea utilizada “de manera sistemática”;

ü  que gran parte de los incumplimientos por los que se suspende son meros trámites, como “la imposibilidad de mantener ininterrumpidamente un padrón” o no presentar “cierta documentación a la que al usuario le resulta difícil o imposible acceder”.

ü  Y recordó algo esencial: que esas personas, cuando se les retira la prestación, siguen siendo vulnerables.

 

[3] Este recordatorio resulta especialmente relevante porque lo cierto es que si consultamos la web del Ararteko (www.ararteko.eus/es/search?texto=suspensi%C3%B3n+RGI)  encontraremos un largo rosario de referencias a suspensiones o extinciones de la RGI a personas muy vulnerables que, si bien han sido atendidas por la administración vasca, suponen una gravísima afectación a la vida de personas en situación de enorme vulnerabilidad:

ü  Lanbide tiene en cuenta una recomendación del Ararteko y revisará la suspensión de la RGI de un ciudadano que no pudo abonar temporalmente una pensión de alimentos en su totalidad (15/05/2023).

ü  Tras la intervención del Ararteko Lanbide anula el acuerdo por el que reclamaba a un ciudadano el reintegro de unas prestaciones (13/01/2020).

ü  El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que deje sin efectos la extinción de una RGI por inexistencia de causa para ello (10/01/2017).

ü  El Ararteko pide al Gobierno Vasco que revise la suspensión de las prestaciones económicas de un trabajador autónomo a quien se le imputó un rendimiento ficticio de su actividad (23/09/2021).

ü  El Ararteko pide revisar la extinción de una RGI a una mujer cuyo marido es temporero y sale de la comunidad autónoma para trabajar (18/01/2021).

ü  Recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución de mantenimiento de la suspensión de la prestación de la RGI y la PCV, por estimar que la persona interesada ha aportado la documentación requerida y ha presentado las alegaciones que acreditan el cumplimiento de los requisitos en la instrucción del expediente, sin que la presentación del documento justificativo en fase de recurso invalide su derecho (26/07/2018).

ü  Lanbide toma en cuenta las recomendaciones del Ararteko y acepta revisar el caso de una madre a la que extinguió las prestaciones económicas (06/06/2023).

“Pero muchas de esas suspensiones finalmente han sido revertidas”, podrá decir alguien; sí, pero tras una suspensión indebida, apresurada, poco o nada reflexionada, con consecuencias que muchas veces han sido dramáticas: dificultades o imposibilidad de pagar alquileres o créditos, para acceder a la alimentación, etc.

 

[4] Las suspensiones, aunque sean temporales y aunque puedan ser revisadas, suponen introducir más escasez en existencias ya truncadas por la escasez, con lo que esto significa:

La escasez no es sólo una limitación física, es también un estado mental. Cuando la escasez captura la atención, cambia la forma de pensar […] cómo se ponderan las elecciones, cómo se delibera y, en última instancia, lo que se decide y la conducta. Cuando se vive en condiciones de escasez, los problemas se representan, administran y tratan de forma diferente […].

Menos dinero significa menos tiempo. Menos dinero significa que es más difícil socializar, menos dinero significa alimentos de menor calidad y menos saludables. La pobreza significa escasez de los propios artículos que sostienen casi todos los demás aspectos de la vida.

[…] Las personas de escasos recursos […] hace malabares para pagar renta, préstamos, cuentas atrasadas, y cuentan cada día que falta para que les paguen su cheque. Emplean su ancho de banda para administrar su escasez. […]

Algo de lo que más carecen los pobres es ancho de banda. La mera lucha por estirar los ingresos les deja menos de este recurso vital (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez).

Es a estas personas, en estas circunstancias, a las que se está suspendiendo la RGI. A las personas más vulnerables, a las más precarizadas, a las más necesitadas de eso de las que se les priva.

 

[5] “¿Qué es una sociedad decente?”, se pregunta y nos pregunta A. Margalit. Esta es su respuesta: “una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas”. ¿Y qué es la humillación? El mismo autor dice que “es un tipo de conducta o condición que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado al respeto”.

¿Estamos seguras de que el sistema de gestión de la RGI cumple el criterio de decencia de Margalit? Yo digo que no.

 

[6] Isabel Torre es una doctora en Sociología que en el año 2023 defendió la tesis titulada Emociones y activación. Un análisis de las subjetividades de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, en la que concluye lo siguiente:

Las principales emociones en la experiencia de encontrarse percibiendo la RGI son el miedo, la tristeza, la vergüenza y la duda. Ante tales emociones, de signo negativo, se desprende una posible erosión de las subjetividades de los individuos bajo estudio, así como una dura gestión emocional. Se confirma, pues, que la actual configuración de la RGI y el imaginario colectivo acerca de la misma no sirve a las personas usuarias como herramienta de empoderamiento (https://addi.ehu.es/handle/10810/64552?show=full).

¿Desearíamos para nosotras una realidad así?

 

[7] En su Teoría de la justicia John Rawls desarrolló las ideas de la "posición original" y el "velo de la ignorancia" como herramientas conceptuales diseñadas para fundamentar principios de justicia imparciales y equitativos. La posición original es un experimento mental en el que individuos racionales y libres deliberan sobre los principios que regirán la estructura básica de la sociedad (instituciones políticas, económicas y sociales).     Estas personas buscan maximizar sus propios intereses, pero no tienen poder ni privilegios sobre otros, asegurando así un proceso equitativo. Estas personas diseñan las reglas desde cero, sin sesgos, ya que operan en el marco del velo de la ignorancia, de manera que desconocen ciertas características de sí mismas o de su lugar en la sociedad, tales como: su posición socioeconómica (ricos, pobres, clase media, etc.), sus habilidades naturales (inteligencia, talento, fuerza, etc.), su género, raza, religión o cualquier otra circunstancia particular, sus preferencias personales o valores específicos. Esto significa que las personas participantes deben formular principios de justicia sin saber si serán ricos o pobres, hombres o mujeres, privilegiados o marginados. La idea es que, al eliminar el conocimiento de estas diferencias, las decisiones que tomen serán imparciales, ya que nadie puede diseñar reglas que beneficien a su posición particular.

El propósito de la posición original y del velo de la ignorancia es garantizar que los principios de justicia acordados sean universales (aplicables a todas las personas, independientemente de sus circunstancias), imparciales (no influenciados por intereses particulares o sesgos) y equitativos (que protejan a las menos aventajadas y aseguren una igualdad básica de oportunidades).

En estas condiciones, ¿de verdad diseñaríamos este sistema de rentas mínimas? ¿o lo hemos diseñado así porque sabemos perfectamente que nunca vamos a vernos en la tesitura de tener que transitar por el espacio de la RGI y someternos a sus exigencias? El problema de la RGI es que quienes estamos aquí sabemos que jamás vamos a tener que recurrir a esa prestación. Pero, ¿y si la pensáramos poniéndonos en el lugar de quienes si lo hacen?

 

[8] Por cierto, a propósito del imaginario colectivo sobre la RGI al que se refería Isabel Torre. Repetidamente se utiliza el argumento del control estricto de las personas perceptoras (base de esa suspensión cautelar sistemática advertida por el Ararteko) como una forma de legitimación de la RGI frente a una opinión pública y publicada cada vez más crítica con esta ayuda. No estoy de acuerdo. Al contrario, creo que se está provocando el efecto contrario, el aumento del discurso deslegitimador. Recordemos aquella infame campaña de la Diputación Foral de Bizkaia en 2017 con el lema “ayudas sí, control también” (https://www.bizkaia.eus/es/web/comunicacion/noticias/-/news/detailView/17923) para presentar su Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019.

En 2023 Lanbide puso en marcha una nueva Unidad de Inspección para “controlar el correcto cumplimiento” de la RGI, con 19 inspectoras e inspectores. Como si el de las prestaciones sociales fuese un lodazal de corrupción. Comparemos este esfuerzo inspector con el hecho de que en febrero de 2023 contábamos con 51 plazas de inspección de trabajo para toda Euskadi, de las que 10 estaban vacantes. Estamos hablando de un ámbito, el laboral, en el que ya se han producido 30 muertes este año, la última esta misma semana, el martes, en Bilbao.

No creo que aventar la imagen de unas prestaciones sociales amenazadas por el fraude, algo que todas las estadísticas desmienten, sea la mejor forma de legitimarlas. Y menos si lo hace la propia administración. Hace mucho que lo vengo diciendo (https://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201410/27/aceptable-ponga-bajo-sospecha-20141025082440.html).

 

[9] Vivianne Forrester nos interpela en El horror económico con un interrogante que no podemos dejar de responder: “En este sistema sobrenada una pregunta esencial, jamás formulada: ¿Es necesario merecer el derecho a vivir?”.

Yo digo que no, y estoy en disposición de hacer lo que sea preciso para avanzar, y hacerlo con rapidez, hacia la incondicionalidad de las rentas que garanticen los ingresos necesarios para evitar la escasez. Y hacerlo de la única manera en que es posible que esa incondicionalidad no genere agravios, que es con criterio de universalidad.

O sea, hacia una renta básica universal.

 

Por unas políticas sociales universales y dignas

EL CORREO, 13/03/2023

La multiplicación de ayudas económicas condicionadas es un fracaso de las políticas sociales y redistributivas. Mejoran ligera y temporalmente algunas situaciones de pobreza, pero no inciden sobre las estructuras de desigualdad. Las más recientes son la “NUEVA (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio” en el marco del plan anticrisis del Gobierno central, que sucede –como no podía ser de otra manera- a la “ANTERIOR (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio”, y, en Euskadi, las “Nuevas Ayudas Mensuales a la Crianza de las Hijas o Hijos”, otros 200 euros mensuales para toda hija o hijo hasta que cumpla tres años y 100 euros mensuales si es la tercera o sucesiva hija o hijo, desde que cumpla los tres años hasta que cumpla los siete. Ayudas que se suman a (en el caso de la medida vasca) o son incompatibles con (en el caso de la medida estatal) otras ayudas económicas anteriores, como el Ingreso Mínimo Vital.

Son las últimas de una extensísima lista de ayudas económicas condicionadas que incluyen medidas permanentes y de mayor dotación económica (las rentas de garantía de ingresos o rentas de inserción) junto a otras complementarias de estas (ayudas de emergencia social, subsidios complementarios por desempleo, renta activa de inserción, subsidio por insuficiencia de cotización…), ayudas ocasionales (bonos cultura) y otras muchas dirigidas a colectivos específicos (prestación extraordinaria por desempleo de los artistas, bono joven de alquiler, subsidio para emigrantes retornados o para personas liberadas de prisión, ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género…). Moverse por esta selva de ayudas que a veces suman y a veces restan, que en muchos casos son incompatibles entre sí y con el empleo, exige unos recursos de tiempo y de competencias (digitales, por ejemplo) que no están al alcance de cualquiera, además de una burocracia hipertrofiada. Y todo ello para que, al final, apenas si permitan superar por poco el umbral de pobreza, sin salir nunca del espacio de la inseguridad y la incertidumbre precarias.

Son “políticas de final de cañería”, actuaciones que buscan revertir situaciones que, en realidad, responden a dinámicas estructurales, de las que no son sino consecuencia: la ruptura de la norma social del empleo estable y la extensión del trabajo indecente; la mercantilización creciente de bienes esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda o la educación; la elusión y evasión fiscales y la consecuente crisis de los ingresos públicos. Frente a estas dinámicas, lo que necesitamos son buenos salarios y buenas condiciones laborales, buenas pensiones de jubilación, una renta básica universal que sustituya a toda esa miríada de ayudas condicionadas, una fiscalidad que tope las desorbitadas rentas altas y recupere para la sociedad beneficios injustamente privatizados, un parque suficiente de vivienda pública que permita a cualquiera acceder a un alquiler y que no retorne al mercado privado, servicios públicos de cuidado para la infancia y para las personas mayores. Lo que necesitamos es aquello que demandamos, quienes podemos hacerlo, para nosotras mismas: justicia y derechos.

Necesitamos políticas universalistas, que nos incluyan a todas. Las políticas sociales destinadas a las personas pobres acaban siendo pobres políticas sociales ya desde su mismo diseño, fundado sobre un insostenible despotismo tecnocrático: todo para las personas pobres, pero sin contar con las personas pobres. La condicionalidad apenas logra ocultar la cultura de la desconfianza sobre la que se conciben y aplican estas ayudas. En estos momentos hay organizaciones sociales vascas denunciando el control al que la Ertzaintza está sometiendo a las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, accediendo a sus hogares con el fin de comprobar el cumplimiento de requisitos como los de empadronamiento o las identidades de las personas que viven en un determinado domicilio. Es la policía la que se está encargando de esta tarea: no sé si somos conscientes de lo que supone que una patrulla uniformada se presente en el domicilio de una persona para investigarla sin que medie denuncia alguna, solo desde la sospecha o la supuesta prevención de un fraude que es rechazable pero anecdótico, lo que esto tiene de estigmatizador, de humillante.

En 1989 la investigadora y activista feminista Peggy McIntosh nos animaba a deshacernos de la “maleta invisible” de nuestros privilegios, de todas esas “ventajas inmerecidas” de las que disfrutamos inconscientemente por el hecho de ser varones, o blancas, o educadas, o económicamente acomodadas: “Al estudiar el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno, me di cuenta que, como las jerarquías de nuestra sociedad están interrelacionadas, es muy probable que haya un fenómeno del privilegio blanco que sea igualmente negado y protegido. Como persona blanca, me di cuenta que me habían enseñado el racismo como algo que pone a otras personas en situación de desventaja, pero me habían enseñado a no pensar en sus consecuencias, el privilegio blanco, lo cual me pone en una situación de ventaja”. Esos privilegios que, como advierte la periodista Reni Eddo-Lodge, son tan difíciles de definir y de percibir porque, esencialmente, significan una “ausencia de las consecuencias negativas” del racismo, del machismo o del clasismo. “El privilegio blanco –escribe Peggy McIntosh- es como una maleta invisible e ingrávida llena de provisiones especiales, mapas, pasaportes, folletos de códigos, visas, ropa, implementos, y cheques en blanco”.

Las personas que investigamos o intervenimos en el campo de las políticas sociales no podemos seguir funcionando desde la inconsciencia de nuestra maleta de privilegios, desde nuestra posición de ventaja. Pensamos y actuamos desde un marco mayoritariamente varón, blanco, educado y económicamente acomodado. Diseñamos o gestionamos ayudas, recursos y servicios que nunca son para nosotras, sino para otras. Imponemos o justificamos condiciones que jamás aceptaríamos para nosotras. Porque nuestro mundo es el de los derechos, no el de las ayudas.

Creo que es urgente que las entidades sociales sistematicen todo el conocimiento del que disponen y que evidencia las insuficiencias y perversiones del modelo de ayudas condicionadas. Que se paren a pensar en el papel que están jugando como gestoras y legitimadoras de este modelo. Que se planten, que nos plantemos, y que militemos de una vez por todas en favor de unas políticas sociales universales y dignas, de unos recursos y servicios sociales a los que no nos importaría tener que recurrir.

¿Trabajo Garantizado o Renta Básica?

REFLEXIÓN DE ENORME CALADO. Hasta Forocoches... No digo qué es lo que prefieren, para no influir en la valoración. 😀

AGRADECER LA PROPUESTA DE IU. Dio lugar a debates interesantísimos entre rentas mínimas, RBU y trabajo garantizado hasta la precampaña de 2015.

• ¿Renta MínimaGarantizada? ¿Renta Básica? ¿Trabajo Garantizado?
• Por una renta mínimagarantizada. Completar las redes de protección social, una necesidad.
• Eduardo Garzón. "Trabajo garantizado: que no haya empleo no quiere decir que no hayatrabajo". El Diario, 06/12/2014.
• Eduardo Garzón. "Siete argumentos contra la Renta Básica Universal y a favor del Trabajo Garantizado".  La  Marea,    13/08/2014.   
• Daniel Raventós, Jordi Arcarons, Lluís Torrens: "¿Siete argumentos en contra de la Renta Básica?No exactamente". Sin Permiso, 24/08/2014
• Jordi Arcarons, Daniel Raventós, Lluís Torrens. "La renta básica incondicional y cómo se puedefinanciar. Comentarios a los amigos y enemigos de la propuesta".

NO PLANTEARLAS COMO MEDIDAS PARA COMBATIR LA POBREZA. Unas políticas o unos servicios- sociales para pobres acaban siendo unos pobres servidos y unas pobres políticas. Se trata de medidas que deberían permitir la reconstrucción de derechos sociales y la desmercantilización creciente del mundo de la vida.

ARGUMENTOS QUE DEBEMOS DESCARTAR

La posibilidad de que la RBU pueda formar parte de un programa político de derechas o económico capitalista. Juan Torres: “La renta básica no es exclusivamente de izquierdas”; "La renta básica universal es anticapitalista pero también puede hacer másequitativo al capitalismo”. Lo mismo el TG. O pensemos en el "lepenismo deizquierdas".

Que la RBU no resuelve otros muchos problemas: brechas de género, desigualdad económica, consumismo, diferencia  norte-sur, etc.

Tampoco el TG.

LA RBU COMO PROBLEQUÉ YPROBLECÓMO.

No mezclar deseabilidad y factibilidad.

Esta es una cuestión que ya podemos despejar en este diálogo, pues Eduardo ya ha ya reconocido que se trata de "una medida potente, factible y muy efectiva para combatir la pobreza".

En la simulación para Gipuzkoa, un tipo único del 40,52% permite financiar la RB a 590.927 personas adultas y a 118.680 jóvenes, garantizando la recaudación del IRPF previa. Resulta un 62,6% de personas declarantes ganadoras: pagan más pero se ven compensadas por la transferencia de RB. Las personas ganadoras aumentan hasta el 74,7% cuando se añaden las que están a su cargo en la declaración, puesto que la RB es una transferencia individual.

è 7.902,0€ anuales (658,5 mees) / 1.580,4€ anuales las/os menores de 18 años (131,6 mes).

·         Todas las personas declarantes de las cuatro primeras decilas, las más pobres, son ganadoras.

·         La 5ª y 6ª decila (renta media de 20.142€ y 24.085€) contienen un 86% y 69% de personas declarantes ganadoras y un 14% y 31% de perdedoras.

·         En la 7ª decila (renta media de 28.653€), las personas perdedoras superan   las ganadoras, aunque pérdidas y ganancias son equivalentes (total y per cápita)

·         En la 8ª decila (renta media de 34.146€, las personas declarantes perdedoras son muy superiores.

·         En las dos últimas decilas (9ª y 10ª; renta media 41.553€ y 77.146€), las más ricas, todas son perdedoras.

EL DESAFÍO AL QUE NOS ENFRENTAMOS

Un endiablado círculo vicioso: crisis de la capacidad del empleo como integrador universal / crisis ecosistémica.

Lo planteaba El Roto: "La solución a la crisis es sencillísima: sólo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta".

ENTENDER LA CRISIS A LA QUE SE ENFRENTA EL EMPLEO:

·         Normalización de la precarización: norma social de empleo precario.

·         Proliferación de trabajos inútiles: bullshit jobs, trabajos de mierda según David Graeber.

·         Mercantilización de esferas originariamente cooperativas: uberización.

·         Salarización de todas las actividades humanas: sólo el necio confunde valor y precio (Machado).

MIS PRINCIPALES DIFERENCIAS CON LA PROPUESTA DEL TG

La idea de convertir en empleos (salarizar, mercantilizar) cantidad de trabajos que hoy no lo son: cuidado, reproductivos, voluntarios, cívicos, políticos... Tiene consecuencias. Cuando la lógica monetaria coloniza ámbitos. regidos por lógicas no mercantiles... Ésta cuestión es perfectamente analizada por André Gorz en Metamosfosis del trabajo, pp. 177-229.

Su fundamento "activador". Se trata de facilitar un empleo para toda aquella persona que quiera y pueda trabajar:

·         Seguirá habiendo personas que no puedan, con lo que habrá que mantener alguna política de garantía de rentas (con sus problemas de comprobación, seguimiento, revisión, fraude, sanción...). Porque habrá quienes digan que no pueden, pero la administración entenderá que en realidad no quieren.

·         Más importante: ¿qué hacemos con quienes efectivamente "no quieren"? Cuando se proponen sanciones para evitar "que los trabajadores menos cumplidores transiten entre el Trabajo Garantizado y las prestaciones por desempleo como si fueran esferas puramente intercambiables", incluyendo la posibilidad de excluir a esas personas del "derecho a percibir cualquier prestación económica" (A. Garzón y A. Guamán, coords., El trabajo garantizado, Akal, Madrid 2015, p. 134), ¿no estamos adentrándonos peligrosamente en formas de condicionalidad extremas? ¿Hay que merecer el derecho a vivir?

¿Y qué hay de los derechos laborales de las personas que desarrollen su actividad laboral en los programas de trabajo garantizado? Recordemos que uno de los argumentos normativos fundamentales para optar por el TG frente a la RBU es que "no tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no estén cubiertas". No hablamos de empleos para producir bienes y servicios cubiertos por el mercado, más cerca de satisfacer deseos que necesidades. Se trata de trabajo socialmente útiles. ¿Y si entran en colisión los derechos laborales (p.e., huelga) y la cobertura de esas necesidades?

En el mismo sentido, ¿qué ocurre con las actividades del programa de trabajo garantizado cuando el sector privado reclama más empleados? ¿Simplemente dejarían de realizarse?

POR QUÉ APOYO LA RBU

Por su inclusividad: no excluye a nadie (más allá de la terrible exclusión que supone la membresía nacional).

Por su simplicidad: control mínimo, por tanto, arbitrariedad mínima.

Por su potencial desmercantilizador: derecho de ciudadanía, exactamente igual que el derecho a la salud, a la educación o al voto.

Por su conexión con procesos culturales de fondo de carácter anticapitalista: suficiencia, autocontención, colaboración, rechazo del productivismo...

Por su contenido autogestionario.

Porque en nuestro país tiene un recorrido largo, con multitud de aportaciones teóricas y aterrizajes empíricos (aunque por ahora sólo en el terreno de las simulaciones).

Por su cercanía con políticas conocidas y legitimadas: garantía de ingresos, becas, ayudas a familias numerosas... Pero no sólo eso: prácticamente la totalidad de las personas recibimos ayudas o complementos económicos habitualmente, otra cosa es que no las veamos así: exenciones fiscales variadas, planes Renove o Pive para cambiar de coche; en la UPV(EHU, reducción de matrícula para mi hija. ¿Por qué nos pasan desapercibidas? ¡Porque quienes más nos beneficiamos de ellas somos las personas que estamos en mejores posiciones económicas!

Porque ha sido un éxito en Finlandia. Sí, ya sé que todas hemos leído que "el sueño del dinerogratis” ha fracasado. Yo lo considero un éxito, a la luz de los resultados del mismo:

·         “According to the analysis of the register data, basic income recipients were no better or worse at finding employment than those in the control group during the first year of the experiment, and in this respect there are no statistically significant differences between the groups”.

·         “According to the analysis of the survey data, the wellbeing of the basic income recipients was clearly better than that of the control group. Those in the test group experienced significantly fewer problems related to health, stress and ability to concentrate than those in the control group. According to the results, those in the test group were also considerably more confident in their own future and their ability to influence societal issues than the control group”.

Es decir, que las personas perceptoras de esa renta no se activaron más laboralmente (¿por qué habían de hacerlo? Esta es la trampa, supeditar la RBU al empleo), pero tampoco menos que quienes no la percibieron.

Pero las personas que la percibieron mejoraron significativamente en su salud, redujeron su estrés, aumentaron su capacidad de concentración y ganaron en confianza respecto a su futuro.

¡Y todo eso por 560 euros mensuales, por un tiempo limitado, en un país donde el sueldo mensual medio después de impuestos ronda los 2.200€!     

DE LA ESCASEZ A LA SUFICIENCIA

Seguimos alimentando una cultura de la escasez. Y la escasez genera una mentalidad que reduce nuestro ancho de banda y produce el efecto de visión de túnel mirada a medio-largo plazo, la distinción entre lo urgente y lo necesario, y nos encierra psicológicamente en escenarios competitivos de suma negativa. De esta manera, las amenazas materiales acaban alimentando las amenazas normativas y el mundo se llena de enemigos que sólo aspiran a privarnos de lo nuestro: de nuestros empleos, de nuestra soberanía, de nuestra lengua, de nuestras costumbres, de nuestras hijas e hijos, de nuestro país... ¿Cómo evitar o superar este círculo vicioso de la ansiedad material y la amenaza normativa? No es fácil. "Mantenerse fuera de la trampa de la escasez -advierten Mullainathan y Shafir- requiere más que abundancia, requiere disfrutar de holgura":

“Requiere suficiente abundancia de modo que, incluso después de gastar demasiado o dejar los asuntos para más tarde, sigamos teniendo suficiente holgura para poder administrar la mayoría de las crisis; suficiente abundancia para que incluso después de dejar para más tarde muchas tareas tengamos todavía suficiente tiempo para cumplir con una fecha limite inesperada. Mantenerse fuera de la trampa de la escasez requiere suficiente holgura para tratar con las crisis que trae el mundo y los problemas que nosotros mismos nos imponemos” (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez. ¿Por qué tener poco significa tanto? Fondo de Cultura Económica, México 2016, p. 176).

Según algunas opiniones, en España se da actualmente una situación de inflación punitiva, expresión extrema de un modelo neoliberal de gestión de la marginalidad que los años de crisis habrían contribuido a impulsar y que concibe la pobreza como un delito o, cuando menos, como consecuencia de fallas actitudinales o morales, sin ninguna razón de índole estructural. Ver, a este respecto, los trabajos de E. Bayona publicados en CTXT: "La inflación punitiva: más presos con menosdelitos", 5/10/2016; "¿Criminales o pobres?", 26/10/2016.

En este contexto, sin llegar a los extremos analizados por Löic Wacquant para el caso estadounidense (aquí y aquí), se va consolidando en la opinión pública un creciente rechazo o, cuando menos, una creciente exigencia, hacia las ayudas sociales destinadas a las personas y los colectivos más empobrecidos. Según la Encuesta Social Europea (8ª oleada, 2016), casi el 42% de las personas encuestadas comparte la opinión de que estas ayudas y los servicios sociales vuelven perezosas a las personas que los reciben, mientras que sólo el 34,5% muestran su desacuerdo. Como dato positivo, en España el nivel de desacuerdo es considerablemente mayor (46,5%), y el de acuerdo bastante menor (34%).

En un escenario prolongado de escasez (recordemos que 8 de cada 10 personas creen que España sufrirá nueva crisis en los próximos cinco años), el potencial de conflicto entre grupos sociales por el acceso a los recursos públicos se dispara; con el agravante de que aquellas distinciones de trazo grueso pero absolutamente claras que tanto éxito tuvieron en los primeros años de la crisis -los de arriba contra los de abajo, el pueblo contra la casta, el 99% contra el 1%- se han ido complicando y emborronando, hasta dibujar un escenario de brechas y frentes múltiples muy complicado de gestionar: jóvenes frente a mayores, personas autóctonas frente a inmigrantes, estables frente a precarias y precarios, clases medias y trabajadoras frente a nuevas clases medias profesionales y técnicas (esa Brahmin Left, élites educadas y cosmopolitas, en términos de Piketty). Así las cosas, la distinción entre personas "productivas" y "gorronas" y su principal derivada, la diferenciación entre quienes merecen o no ayuda pública o protección social, se convierte en un elemento clave en la configuración de los imaginarios y de las instituciones sociales. Como señala Richard Sennett, "la ideología del parasitismo social es una potente herramienta disciplinaria".

La RBU acabaría con el paradigma del parasitismo.