Llevamos demasiado tiempo aceptando una idea empobrecida de la democracia.
La hemos reducido al momento electoral, al recuento periódico de votos, a la
competencia entre élites políticas cada vez más desconectadas de la sociedad a
la que dicen representar. Pero una democracia que se limita a eso no solo se
vacía por dentro: se vuelve objetivamente antidemocrática.
Porque la democracia no se sostiene sobre procedimientos, por más
relevantes que estos sean. Depende de la existencia de una minoría suficiente
de demócratas activas y responsables; no una élite ilustrada ni un grupo de
notables, sino un número mínimo de ciudadanas y ciudadanos comprometidas con lo
público, dispuestas a participar, a deliberar, a hacerse cargo de las
decisiones colectivas. Sin esa base cultural y práctica, las instituciones
democráticas se convierten en una carcasa formal, vulnerable a cualquier deriva
autoritaria. Hoy asistimos precisamente a ese riesgo.
La reducción de la democracia a un procedimiento electoral ha ido de la
mano de una transformación profunda de los partidos políticos: si en su origen
fueron herramientas de organización, movilización y socialización democrática,
hoy se han convertido en grupos privados de poder, escasamente democráticos en
su funcionamiento interno, separados de sus bases sociales y progresivamente
identificados con las propias instituciones representativas, de las que se han
adueñado.
Cuando los partidos dejan de ser mediadores entre sociedad e instituciones
y pasan a ocuparlas literalmente, la participación ciudadana se empobrece, la
deliberación desaparece y la política se convierte en un espectáculo de
adhesiones y rechazos inmediatos. En ese terreno fértil crecen los liderazgos
autoritarios que dicen hablar “en nombre del pueblo” mientras vacían de
contenido los controles, las garantías y los derechos.
No es casualidad que en este contexto emerjan figuras como Viktor Orbán o
Donald Trump, ni que prosperen políticas que, bajo un lenguaje de libertad y
eficiencia, desmantelan servicios públicos y derechos sociales, como ocurre con
la mercantilización de la sanidad o la educación impulsada por Isabel Díaz
Ayuso. No se trata de anomalías: son síntomas de una democracia reducida a
mercado político.
Participar no es consumir política
Frente a esta deriva, conviene recordar una idea elemental: la
participación no es un adorno de la democracia, es su fundamento. No solo
porque sea un derecho -que debe ser reconocido y protegido-, sino porque es
fuente de derechos. Es mediante la participación como se incorporan nuevos
problemas a la agenda pública, como se construyen mayorías sociales, como se
defienden y amplían conquistas democráticas.
Pero participar no es simplemente opinar, ni reaccionar en tiempo real, ni
elegir entre opciones cerradas. Una democracia entendida como mera agregación
de preferencias individuales -el modelo liberal-procedimental dominante- parte
de una concepción empobrecida del ser humano: individuos aislados, egoístas
racionales, cuyas preferencias se consideran dadas e inmutables.
El resultado es una ciudadanía desmovilizada, que percibe la participación
como una carga y delega lo esencial en profesionales de la política. Una
ciudadanía que se limita a votar y a consumir mensajes políticos como quien
consume productos.
Existe otra tradición democrática, hoy arrinconada pero más necesaria que
nunca: la tradición republicana y deliberativa. Desde esta perspectiva, la
democracia no se limita a producir decisiones legítimas; aspira a producir
mejores ciudadanas y ciudadanos. Su virtud reside en su capacidad para
transformar preferencias privadas en preferencias públicas, para convertir
intereses egoístas en juicios orientados al bien común.
La democracia, en este sentido, es una conversación colectiva. Un proceso
lento, exigente, a veces conflictivo, mediante el cual las personas revisan sus
posiciones, escuchan razones ajenas, modifican sus puntos de vista y construyen
acuerdos. En este modelo la razón de ser del Estado democrático no es solo
proteger derechos individuales, sino salvaguardar un proceso inclusivo de
formación de la opinión y de la voluntad común.
Votar no desaparece en este modelo. Pero el voto deja de ser el principio y
el final de la democracia para convertirse en la culminación de un proceso
deliberativo. Cuando la votación sustituye al debate, cuando la rapidez
sustituye a la reflexión, cuando la política se rige por la lógica del impacto
inmediato, la democracia se degrada.
Ese vaciamiento moral de la democracia no se ha producido de forma abrupta
ni por una súbita desafección ciudadana. Es el resultado de un proceso largo y
persistente que ha ido erosionando las condiciones sociales, materiales y
simbólicas que hacen posible una ciudadanía activa. Cuando amplios sectores de
la población experimentan que su participación no cambia nada sustantivo, que
las decisiones relevantes se toman lejos y sin ellas, o que la política se
limita a gestionar lo inevitable, la democracia deja de percibirse como un
espacio propio y compartido. No es que la ciudadanía “abandone” la democracia
republicana: es que esta se va retirando de su vida cotidiana.
A ello se suma una transformación profunda de las condiciones de vida. La
precarización del trabajo, la inseguridad residencial, la mercantilización del
tiempo y la intensificación de las exigencias vitales reducen drásticamente la
disponibilidad (material y emocional) para participar, deliberar y
comprometerse. La democracia republicana exige tiempo, atención y confianza
mutua; pero vivimos en sociedades que producen cansancio, competencia y
aislamiento. En ese contexto, la participación aparece como un lujo, la
deliberación como una pérdida de tiempo y el compromiso cívico como una carga
más. El resultado no es apatía pura, sino una retirada defensiva hacia lo
privado, que deja el espacio público cada vez más expuesto a su colonización
por actores con más recursos, más voz y menos escrúpulos democráticos.
Recuperar el tiempo y el espacio
de la democracia
La democracia exige tiempo. Tiempo para hablar, para escuchar, para
disentir, para cambiar de opinión. La obsesión contemporánea por la velocidad -alimentada
por medios, redes y sondeos permanentes- produce una ilusión de participación
que en realidad elimina la reflexión. Se opina sobre opiniones, se reacciona
antes de comprender, se confunde ruido con deliberación.
Esta “democracia en tiempo real” es el caldo de cultivo perfecto para
nuevas formas de autoritarismo: no ya el Estado fuerte y represivo, sino la
desinstitucionalización, la apelación directa y emocional a un “pueblo”
homogéneo, la eliminación de mediaciones, controles y garantías. Un autoritarismo
que habla el lenguaje de la democracia radical mientras vacía su contenido
pluralista.
Este vaciamiento moral de la democracia va acompañado de otro proceso igual
de corrosivo: la separación entre libertad e igualdad. La libertad entendida
solo como ausencia de interferencia (la libertad negativa) resulta
perfectamente compatible con sociedades profundamente desiguales. Se puede ser
“libre” para dormir bajo un puente y estar condenado a hacerlo.
La libertad democrática real es libertad positiva: la capacidad efectiva de
decidir y llevar adelante un proyecto de vida digno. Y esa libertad requiere
condiciones materiales: educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad
económica. No hay participación democrática posible cuando amplios sectores de
la población viven en la precariedad, la dependencia o la exclusión.
Por eso la privatización, la desregulación y la mercantilización de los
servicios esenciales no son solo políticas económicas: son ataques directos a
la democracia. Socavan la igualdad, erosionan la autonomía y reducen la
ciudadanía a un estatus formal vacío.
Recuperar la democracia hoy exige algo más que defender procedimientos.
Exige recuperar su dimensión moral: la idea de que gobernarnos juntas implica
responsabilidad, cuidado de lo común, disposición a la crítica y a la
autocrítica. Exige reconstruir espacios de participación real, fortalecer
instituciones deliberativas y asumir que sin igualdad material no hay libertad
política.
No partimos de cero, ni estamos condenadas a esta sombra de democracia.
Basta con levantar la vista y mirar a nuestro alrededor para comprobar que,
lejos de haberse extinguido, la democracia como práctica moral sigue viva en
múltiples iniciativas sociales, políticas y sindicales que atraviesan nuestra
vida cotidiana. En los barrios, en los centros educativos, en los lugares de
trabajo, en asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas, colectivos
feministas, ecologistas, culturales o de apoyo mutuo, se sigue deliberando,
organizando y cuidando lo común. Ahí, donde no hay focos ni titulares, la democracia
recupera su sentido más profundo: el de una conversación sostenida entre
iguales para transformar problemas compartidos en respuestas colectivas.
Reconstruir la democracia no pasa solo por reformar leyes o perfeccionar
procedimientos, aunque también, sino por volver a vincularnos. Por reconocernos
como parte de tramas sociales vivas y asumir la responsabilidad de habitarlas.
Una democracia con pies de barro, frágil y expuesta a cualquier embate
autoritario, solo puede reconstruirse apostando decididamente por una
democracia con pies de barrio: arraigada, próxima, plural, lenta cuando hace
falta y conflictiva cuando es necesario. Una democracia que no se limita a ser
votada, sino que se practica cada día. Porque solo así la democracia dejará de
ser una fórmula abstracta y volverá a convertirse en una experiencia
compartida.
elDiario.es, 17 enero 2026
