1. La
violencia exterior como pedagogía del poder
En el plano internacional -por
ejemplo, en la política hacia Venezuela-
la administración Trump ha reforzado una lógica de castigo, asfixia y escarmiento. No se trata solo de sanciones económicas,
sino de un discurso que deshumaniza al adversario político, presenta la coerción
como moralmente necesaria y normaliza el sufrimiento civil como “daño colateral
aceptable”.
Esta forma de ejercer hegemonía
tiene un rasgo clave: el poder deja de
justificarse por normas compartidas y se justifica solo por su capacidad de
imponerse. La ley internacional, los organismos multilaterales o los
derechos humanos pasan a ser obstáculos, no marcos. Pero esa “pedagogía” no se
queda fuera. Vuelve a casa.
El asesinato de una mujer
estadounidense en Minneapolis
durante un operativo migratorio es brutal precisamente porque rompe la ficción
de que la violencia del Estado “solo” se ejerce contra otros. Aquí el
“otro” ya no es extranjero, es cualquiera que quede fuera del relato de orden.
2. La
importación de la lógica del enemigo al espacio interno
Cuando un Estado se acostumbra a
tratar a otros pueblos como amenazas abstractas, termina aplicando el mismo
esquema a sectores de su propia población.
En el ámbito interno, esa lógica se
manifiesta en la militarización de la
seguridad, la expansión de agencias como la Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o la
idea de que ciertos cuerpos (migrantes, pobres, disidentes, racializadas) son riesgos a neutralizar, no ciudadanas y
ciudadanos a proteger.
Un agente del ICE a asesinado a Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres criaturas, durante una operación
de control migratorio federal en la que participaban unos 2.000. Vídeos tomados por testigos
muestran a agentes del ICE fuertemente armados rodeando del vehículo de la
mujer, quien, tras un aparente intento de avanzar con su vehículo, es tiroteada quemarropa.
La
administración del presidente Trump y el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) se han
apresurado a afirmar que el agente actuó en defensa propia y han calificado los hechos cmo algo similar a un
“acto de terrorismo doméstico”. El vicepresidente Vance también ha dicho que el
agente autor de los disparos “está protegido por inmunidad absoluta” y ha
acusado a la fallecida de ser una activista “víctima de la ideología de
izquierda” que trató de atropellar al oficial con su vehículo.
Por el contrario, autoridades locales y estatales,
incluyendo el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota, han rechazado esa narrativa,
denunciando el uso excesivo de la fuerza y exigiendo investigaciones claras y
participación estatal en las mismas.
3. El hilo
común: deshumanización y excepcionalidad permanente
El vínculo entre lo externo y lo
interno no es retórico, es estructural. Ambos descansan en dos pilares. El
primero, la deshumanización: cuando
el lenguaje del poder convierte personas en categorías (“ilegales”, “amenazas”,
“enemigos”), la violencia se vuelve técnica, administrativa, casi automática; ya
no se mata a alguien, se “neutraliza un riesgo”. El segundo pilar es la excepcionalidad: se gobierna como si el
país estuviera siempre al borde del colapso. En ese clima, todo vale: fuera,
bloqueos, injerencias, castigos colectivos; dentro, uso letal de la fuerza,
opacidad, impunidad federal. La excepción se vuelve norma, y la norma deja de
proteger.
4. El
retorno de la violencia imperial
Hay algo histórico en esto. Los
imperios siempre acaban reimportando a
casa las técnicas de dominación que ensayan fuera; estos nunca consiguen
confinar la violencia a sus márgenes, a sus periferias. Las técnicas que
ensayan lejos, sobre poblaciones convertidas en objetos de administración o
castigo, terminan regresando al centro; la frontera exterior se disuelve y reaparece en las calles,
en los cuerpos, en las instituciones.
Ya lo advirtieron pensadoras como Hannah
Arendt y pensadores como Aimé Césaire: la dominación colonial no solo destruye a los
dominados, también corroe moral
e institucionalmente a la metrópolis. La violencia que se
justifica “fuera” vuelve hacia “dentro” transformada en método de gobierno. La
brutalidad interna es el precio de una hegemonía que ha aprendido a gobernar instalada
en la excepción. El imperio, incapaz de contener su violencia en el exterior,
acaba aplicándose a sí mismo las herramientas que creó para dominar a otras y otros.
En el caso estadounidense, este “efecto boomerang”
se manifiesta de manera muy concreta. Las doctrinas de contrainsurgencia,
desarrolladas para gestionar poblaciones consideradas hostiles en escenarios
externos, han ido impregnando progresivamente la concepción de la seguridad
interna. La ciudadana y el ciudadano dejan de ser un sujeto de derechos y pasan
a ser un factor de riesgo
en unas ciudades convertidas en teatro de operaciones.
No se trata ya de perseguir delitos, sino de controlar territorios y conductas.
A esta transformación
doctrinal se suma una traducción material inequívoca: la militarización de la policía.
Equipos diseñados para la guerra (vehículos blindados, armamento táctico,
dispositivos de vigilancia) pasan de los frentes exteriores a las calles. El
mensaje es claro: el orden interno se mantiene con lógicas de guerra, no de
convivencia democrática. Cuando la estética, el entrenamiento y el lenguaje son
militares, la respuesta tiende a ser militar, incluso ante conflictos civiles.
El tercer canal del
retorno es la vigilancia.
Las herramientas creadas en nombre de la “guerra contra el terrorismo” (recolección
masiva de datos, centros de fusión de inteligencia, cooperación opaca entre
agencias) se integran en la gestión cotidiana del Estado. El resultado es una
relación invertida entre poder y sociedad: la ciudadanía se vuelve transparente
para el Estado, mientras el Estado se vuelve totalmente opaco para esta.
5. La frontera como laboratorio
El laboratorio más revelador de esta lógica
sea la frontera. Allí se
normalizan prácticas de excepción: detenciones prolongadas, uso intensivo de la
fuerza, ambigüedad legal, deshumanización del “otro”. Cuando agencias como la ICE
trasladan esa lógica al interior del país, la frontera deja de ser un lugar y
se convierte en una condición: aparece en barrios, carreteras, domicilios, y
el “enemigo externo” se reconfigura como amenaza interna.
En este contexto, lo
verdaderamente inquietante no es solo el acto violento en sí, sino su normalización discursiva.
Cada episodio sigue un guion reconocible: se invoca la autodefensa, se
amplifica la noción de amenaza, se activa el cierre de filas institucional y se
desplaza el caso a circuitos de investigación que reducen la transparencia.
Nombrar el hecho como “crimen” se vuelve casi imposible, porque el lenguaje
disponible es el de la seguridad, no el de la justicia. Cuando el Estado pierde
la capacidad de sentir vergüenza ante su propia violencia, ya no estamos ante
una democracia tensionada, sino ante una democracia degradada.
Aquí se produce el punto de inflexión más
grave. Una democracia puede soportar tensiones, incluso episodios de violencia.
Lo que no puede soportar es la pérdida de vergüenza ante esa violencia. Cuando el Estado
ya no siente la necesidad de justificarse moralmente, cuando basta con invocar
“orden”, “seguridad” o “terrorismo” para clausurar el debate, la degradación
democrática está en marcha.
6. Las resistencias a la brutalización: límites,
fisuras y posibilidades
La buena noticia es que esta deriva
autoritaria no avanza en un vacío. Incluso en un contexto de fuerte
recentralización del poder bajo Donald
Trump, Estados Unidos sigue siendo un sistema fragmentado, y esa fragmentación es precisamente el terreno donde
surgen las resistencias.
Resistencias
institucionales: frágiles pero reales
Uno de los principales focos de
resistencia proviene de gobiernos
estatales y municipales, especialmente en estados gobernados por
demócratas. Ciudades como Minneapolis
o estados como California han
limitado la cooperación con la ICE,
como durante la anterior presidencia de Trump se constituyeron como “santuarios”
frente a la política anti inmigración. Tras episodios de violencia
federal, alcaldes y gobernadores han exigido investigaciones estatales,
rompiendo el monopolio narrativo del gobierno federal. El problema es que estas
resistencias dependen de competencias legales restringidas, por lo que el poder
coercitivo último sigue siendo federal.
También el sistema judicial
estadounidense sigue siendo un campo de disputa. Juezas y jueces federales y
estatales han bloqueado órdenes ejecutivas, deportaciones colectivas y usos
expansivos de la fuerza. Por otra parte, demandas civiles y constitucionales
intentan repolitizar la legalidad,
obligando al Estado a justificar sus actuaciones. También esta resistencia
tiene un límite: la
judicialización es lenta, técnica y fácilmente presentada como “elitista” o
“antidemocrática” por el discurso trumpista.
Resistencias
sociales: fragmentadas pero persistentes
Movimientos
civiles y comunitarios, organizaciones
de derechos civiles, redes vecinales y colectivos migrantes actúan como infraestructuras de contención frente a la
brutalización: monitorean redadas, documentan abusos, ofrecen apoyo
legal y material a las personas perseguidas y violentadas. Cada muerte, cada
abuso visible, reactiva ciclos de protesta, no siempre masivos, pero
constantes. La calle sigue siendo un espacio de disputa simbólica y la
violencia estatal ya no puede ocultarse del todo gracias a registros
ciudadanos. El problema es que esta protesta es fácilmente encuadrada como
amenaza al orden, justificando más represión. Es una resistencia necesaria pero
vulnerable. ¿Su límite? Desgaste, criminalización y desigualdad de recursos
frente al Estado.
Resistencias
dentro del propio Estado
Esta dimensión suele pasarse por
alto, pero es crucial. Muchas funcionarias y funcionarios, fiscales locales,
agentes y burócratas no comparten esta
deriva brutalista y autoritaria, lo que se concreta en filtraciones,
dimisiones, resistencias pasivas y desacuerdos internos que erosionan la
eficacia total del aparato represor. Incluso dentro de agencias federales
existen fracturas entre mandos politizados y profesionales que aún se reconocen
en una ética de servicio público. De nuevo, hay un evidente límite en esta
forma de resistencia: estas resistencias son silenciosas, individuales y rara
vez visibles; no construyen por sí solas una alternativa política.
Resistencias
culturales y narrativas
Aquí se libra una batalla decisiva.
Hablamos del periodismo de investigación, las universidades, la producción
cultural o las acciones y reivindicaciones de memoria histórica, que siguen
disputando el relato de lo que es “normal” o “aceptable”. Nombrar un asesinato
como asesinato y no como “incidente” es ya una forma de resistencia. Mantener
el lenguaje moral vivo es una forma de frenar la deshumanización. Su limitación;
saturación informativa, polarización y desconfianza generalizada en la idea
misma de “verdad”.
El rasgo común de todas estas
resistencias es que existen,
pero no convergen. Son
defensivas, reactivas y sectoriales. Lo que falta no es indignación ni valor,
sino un marco común, un proyecto político articulado y una
narrativa capaz de disputar la idea de seguridad, soberanía y orden sin caer en
la lógica del miedo. Mientras la brutalización se presenta como “decisión
fuerte”, la resistencia aparece como “obstáculo”.
7. Una conclusión
provisional
La pregunta decisiva no es si hay
resistencias, que las hay, sino si pueden dejar de resistir para empezar a gobernar el sentido del poder en el país.
Hoy, en EE. UU., la brutalización avanza no porque no encuentre oposición, sino
porque no encuentra todavía una
alternativa creíble que la sustituya
El triunfo de Zohran Kwame Mamdani en Nueva
York no constituye una solución al problema de fondo que venímos analizando,
pero sí funciona como una señal. No altera el equilibrio nacional del poder ni
frena por sí mismo la dinámica de brutalización, pero ofrece algo escaso hoy en
Estados Unidos (y en el mundo): una intuición práctica de cómo podría construirse una
alternativa creíble.
Lo interesante del
caso Mamdani no reside únicamente en su programa, sino en la forma en que concibe la política.
No se presenta como una figura de resistencia exclusivamente moral frente a un
poder desbocado, sino como alguien que aspira a gobernar el sentido mismo del poder político.
Su discurso no se organiza en torno al miedo, la amenaza o la excepcionalidad,
sino alrededor de derechos materiales concretos: vivienda, transporte,
alimentación, servicios públicos. En lugar de responder a la lógica securitaria
con una versión “progresista” de la seguridad, desplaza el eje del debate: el
problema central no es el desorden social, sino la inseguridad material estructural que
atraviesa la vida cotidiana.
En ese desplazamiento
hay una enseñanza clave: la brutalización del poder se legitima prometiendo
orden frente al caos; Mamdani, en cambio, redefine la agenda mostrando que la
verdadera estabilidad proviene de condiciones de vida previsibles y dignas. No
se limita a denunciar la violencia del Estado o la injusticia del sistema, sino
que propone cómo debe
funcionar el poder para producir bienestar. Eso le permite
interpelar no solo a los sectores militantes, sino a amplias capas de población
que no se reconocen en una identidad política radical, pero sí como inquilinas,
usuarias del transporte público, trabajadoras o vecinas.
Su victoria también
muestra que es posible pasar, al menos en determinadas escalas, de la protesta
defensiva a una hegemonía
parcial. Es verdad que Nueva York ofrece condiciones
específicas tales como densidad organizativa, sindicatos aún influyentes,
tradición de políticas redistributivas, pero la lección no es replicar
mecánicamente ese contexto, sino aprender que la hegemonía no se construye solo
denunciando el poder existente, sino ejercitando otro modo de gobernar allí donde sea posible.
Hay, además, un
aspecto particularmente relevante frente a la lógica de la brutalización:
Mamdani evita deliberadamente la construcción del enemigo. No responde a la
política del miedo señalando nuevos culpables ni reforzando la centralidad de
la policía como solución universal. Su discurso no gira en torno a quién debe
ser castigado, sino a qué condiciones deben garantizarse para que la violencia deje
de ser el lenguaje dominante del Estado. En ese sentido, no disputa quién es la
amenaza, sino si es necesario gobernar a través de amenazas.
El proyecto que
encarna Mamdani sigue siendo local, depende de coaliciones frágiles y no controla los
grandes aparatos coercitivos ni el marco federal. Existe el riesgo de que este
tipo de experiencias queden confinadas como “excepciones urbanas”: toleradas,
contenidas o absorbidas sin capacidad de transformación estructural. La
historia, también la estadounidense, está llena de islas de buen gobierno
rodeadas por un océano de políticas regresivas.
Aun así, la enseñanza
más relevante no es electoral, sino conceptual. La alternativa a la
brutalización no pasa por una política simplemente “más ética” o “menos
violenta” (con ser esto relevante), sino por una política materialmente eficaz para producir seguridad colectiva
sin recurrir a la coerción y a la violencia. Mamdani sostiene que la seguridad
puede pensarse como vivienda estable, la paz como acceso garantizado a servicios
y el orden como previsibilidad vital. En esa redefinición, el poder deja de ser
la capacidad de imponer y pasa a ser la capacidad de hacer innecesaria la imposición.
Su triunfo no constituye una alternativa
sistémica, pero sí algo imprescindible para que esta llegue a existir: una gramática distinta del poder.
En un contexto donde la brutalización avanza no porque no encuentre oposición,
sino porque no encuentra un reemplazo creíble, experiencias como esta señalan
que el problema no es solo frenar la deriva autoritaria, sino imaginar y practicar otra forma
de gobernar. Toda nueva hegemonía empieza ahí, cambiando el
lenguaje con el que se concibe y practica el poder.
