El 3 de abril Pilar me escribió un correo electrónico (¡gracias de corazón, Pilar, por tu confianza!) en el que me informaba de la iniciativa, me enviaba un primer borrador del Manifiesto y me invitaba a considerar mi apoyo al mismo: "Estoy muy interesada en conocer tu opinión y recibir cualquier sugerencia de mejora. Me encantaría que te unieras a nosotras en este camino en búsqueda de la verdad". No lo dudé ni un instante.
El 29 de agosto de 1996 publiqué en el diario El Mundo un artículo titulado "Los papeles del CESID". Lo firmaba como profesor de la UPV/EHU (aún faltaban unos meses para que accediera a la titularidad) y miembro de Gesto por la Paz. Porque hay que recordar que Gesto por la Paz fue siempre militantemente claro en la demanda de investigación de los crímenes de los GAL. Aquel artículo decía así:
El Gobierno de Aznar ha negado la posibilidad de desclasificar los papeles del CESID solicitados por el juez Gómez de Liaño para proseguir sus investigaciones en relación con los asesinatos de Lasa y de Zabala. Como consecuencia inmediata, es más que probable que personas incursas en el sumario por el asesinato de ambos jóvenes queden en libertad al quedar bloqueada la investigación judicial. Y lo ha hecho enarbolando su vocación de gobernar para el futuro, no desde el pasado. Invocación vacía, que vale tanto para un roto como para un descosido. Discurso hueco cuya única función es legitimar una decisión que a muchas personas nos ha parecido inaceptable. Cualquier día, para justificar otra decisión del mismo Gobierno, se nos dirá que un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo, y se quedarán tan anchos.
Pretenden que, como los imbéciles del proverbio, nos limitemos a mirar el dedo que señala a la luna en vez de mirar a la propia luna. Pretenden que nos enredemos en discusiones bizantinas sobre la «seguridad del Estado» (principio que, divorciado de la disciplina democrática, corre el riesgo de asemejarse cada vez más a la para-fascista Doctrina de la Seguridad Nacional), sobre la «responsabilidad» de la función de gobierno (que, al parecer, se construye sobre la irresponsabilidad de la función de oposición, pues donde decía «digo» ahora se dice «Diego»), etc.
Pero, a mi entender, las cuestiones fundamentales no son esas sino otras. A lo largo de la anterior legislatura el PP, desde la oposición, no dejó de afirmar que el PSOE y el Gobierno de González estaban implicados en la creación y actuación de los GAL De hecho, esta argumentación resultó determinante a la hora de inclinar la balanza electoral a su favor. Cuando el PP ha llegado al poder y ha conocido los papeles del CESID sólo caben dos posibilidades: a) o ha confirmado lo que anteriormente eran sospechas y conjeturas, es decir, la implicación del Gobierno del PSOE en el asunto GAL, y lo ha ocultado; b) o ha comprobado que no existía tal implicación, y no ha rectificado sus acusaciones anteriores. Esta es una cuestión fundamental
Otra más. Cuando los diputados y diputadas que formaban la Comisión de Secretos Oficiales en la legislatura anterior conocieron los documentos del CESID: a) o comprobaron la implicación del Estado con los GAL y lo callaron, con lo cual resulta insultante escuchar ahora a alguna de sus señorías, en un repentino ataque de moralidad, afirmar su disposición a comparecer ante el juez para dar una lección al Gobierno; b) o tras la revisión de tales documentos no advirtieron implicación alguna del Estado, con lo que su posible declaración debería estar exenta de alharacas.
En cuanto a la obligación de guardar el secreto de lo expuesto y conocido en la Comisión, el límite de la misma habría de estar en los contenidos de los temas abordados. No se trata de caer en la dinámica irresponsable del «hágase justicia y perezca el mundo», pero: ¿cabe acaso mantener la obligación del secreto, incluso ante los jueces, en el caso de que se tuviera conocimiento fundado de la realización de gravísimos actos delictivos'?
Durante la pasada legislatura unos y otros se hartaron de expresar su convicción de que el caso GAL debía sustanciarse en los tribunales. Estos días. con ocasión de la excarcelación de Rodriguez Galindo, se vuelve a entonar el estribillo del «respeto escrupuloso a las decisiones judiciales», al tiempo que se toman decisiones políticas que, de hecho, intentan abortar la tarea judicial de profundizar en el esclarecimiento de los crímenes de los GAL. ¿Puede alguien, por favor, explicamos todas estas contradicciones?
Y una cosa más. ETA y su entorno utilizarán el asunto de los papeles del CESID y su no desclasificación del mismo modo que utilizarían su desclasificación: si con la misma no se demostrara la implicación del Estado en el terrorismo de los GAL, dirían que no se han mostrado todos los documentos y se ha ocultado información: si se demostrara tal implicación, dirían que a un Estado que recurre a la «guerra sucia» sólo cabe hacerle la guerra (¿limpia?). Todo este lamentable asunto no «da alas a ETA», como machaconamente se está repitiendo estos días. Todo este asunto recorta las alas de quienes intentamos trabajar por la paz y la normalización en Euskadi. No las de la convicción y la legitimidad. Las alas del entusiasmo. Por eso es tan importante que, de una vez por todas, se haga lo necesario para aclararlo según las reglas de un Estado de Derecho. Aunque, a la luz de la nueva ley de Secretos Oficiales -¿he dicho «luz»? quería decir «tinieblas»- parece que nos esperan 50 años de oscuridad.
Han pasado 25 años.
¿De verdad vamos a tener que esperar otros 25 para conocer la verdad, toda la verdad, sobre los GAL?
