Pensar institucionalmente la RGI

Los pasados 11 y 12 de octubre, sábado y domingo, el profesor de la UPV/EHU Pedro José Chacón y el diputado general de Álava Javier de Andrés publicaron sendos artículos en el diario EL CORREO a propósito del debate provocado por el alcalde de Vitoria sobre la RGI y las personas inmigrantes. Ese mismo domingo me senté ante el ordenador y redacté el artículo que reproduzco a continuación, y que EL CORREO ha publicado hoy en sus páginas de opinión. 

No es posible acceder a la versión digital de ninguno de los tres artículos, por eso no incluyo ningún link. Pero aprovecho para recomendar otro, este sí accesible a través de la web del diario, escrito por su subdirector, Pedro Ontoso: "¿De quién son los pobres en Euskadi?".

Pensar institucionalmente la RGI

El politólogo Hugh Heclo considera que pensar en las instituciones no es lo mismo que pensar institucionalmente, ya que el simple “pensar en” no indica nada necesariamente respecto de nuestra posición hacia los valores y los fines que una determinada institución encarna. “Aceptar esos valores y fines –advierte Heclo- y participar de ellos como agentes morales es lo que nos hace  ser parte de la institución”; y esta participación es la que, de manera recíproca, “hace que la institución pase a ser una parte importante de quiénes somos, aún cuando no tenga nunca por qué definirnos plenamente”. Pensar en las instituciones es un pensar desde fuera, un pensar distanciado, exterior, necesario para no sucumbir bajo el peso de la burocratización y la inercia, pero insuficiente para dar cuenta del orden normativo que existe más allá de la formalización organizativa de una determinada institución. Pensar institucionalmente no es, por tanto exactamente lo mismo que pensar en términos organizativos o burocráticos.

Traigo esta referencia a colación porque me sorprende que, en sendos artículos publicados por este diario, ni mi colega de la UPV/EHU Pedro José Chacón (“La valla de Melilla y la RGI vasca”, sábado 11 de octubre) ni el diputado general de Álava Javier de Andrés (“Integración y RGI”, domingo 12 de octubre) hayan considerado adecuado reflexionar sobre el actual modelo vasco de política social desde una perspectiva interna, contentándose con una mirada externa al mismo. El resultado de su reflexión da la razón a Heclo cuando señala que “«pensar en» puede en realidad disminuir nuestras facultades para «pensar desde» unos términos institucionales”.

Compartiendo su preocupación por mejorar la eficiencia de nuestro sistema de ayudas sociales, me preocupa que el diputado general de Álava conceda tan poca importancia a las posibles consecuencias sociales derivadas de “endurecer” el acceso a las ayudas sociales, como exigir diez años de empadronamiento o negárselas a personas “en situación irregular”. Consecuencias que afectarían a varios miles de personas, algunas fuentes hablan de 30.000, que se encontrarían de la noche a la mañana en la precariedad más absoluta. Suponer que este “ahorro” en términos puramente económicos no tendría consecuencias sociales es la única manera de que el balance resulte positivo. Pero esta suposición no se sostiene: como muestran Wilkinson y Pickett en su imprescindible investigación Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, la desigualdad sale muy cara. Una muestra extrema de esa externalización de los costes sociales la encontramos cuando se refiere a la existencia en los registros de Lanbide de más de 2.800 personas de las que no consta su nacionalidad y se pregunta: “¿A dónde van a ser repatriados si delinquen o incumplen con las más básicas obligaciones?”. Lo que yo me pregunto es si de verdad ha pensado ya cómo procedería, en su caso, a “repatriar” a varios miles de personas: con qué recursos policiales o legales y a costa de qué recursos morales lo haría.

Por otro lado, como sabe perfectamente Pedro José Chacón, en el ámbito de la ciencia social no abundan las “verdades del barquero”: la ciencia social transita siempre por el estrecho sendero de la objetivación de realidades significativas de las que forma parte la propia persona que hace ciencia. Y de esta regla epistemológica no se libran tampoco las “predicciones” o los “anuncios” que pueda hacer Javier Maroto respecto de un supuesto efecto llamada que haría saltar el sistema por los aires. No sé por qué le parecen más dignas de atención dichas predicciones, convertidas en el único soporte de su artículo, y no los diversos estudios sobre la RGI en los que “no se considera la variable de un aumento desmesurado de la inmigración extranjera”, a pesar de que el propio Chacón los considere “muy buenos”.

En la historia reciente de nuestro país hemos sufrido en diversas ocasiones la exclusión categorial de una parte de nuestros convecinos, reducidos a la condición de “cacereños” (como narra y denuncia Raúl Guerra Garrido en su novela de 1969, que Pedro José Chacón tan bien conoce) o motejados de “españolazos” (como habrá sufrido muy de cerca Javier de Andrés), en ambos casos tachados de “población sobrante”. Si algo hemos aprendido del pasado, cualquier crítica al funcionamiento actual de la RGI debería evitar la extranjerización de personas que ya están y quieren seguir viviendo con nosotros.

El 7 de marzo de 1989 el entonces consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, José Ignacio Arrieta, explicaba en un artículo las razones por las cuales, en medio de una pésima situación económica (con un 21,6% de paro, superior a la media española; con una fuerte reducción de la renta per cápita: Bizkaia pasó del segundo puesto en renta familiar disponible en 1971 al puesto 21 en 1985), Euskadi había decidido impulsar un modelo de garantía de ingresos pionero en España: “El día de hoy va a marcar en Euskadi y en el resto del Estado español el inicio de una forma distinta de articular socialmente el país. A partir de esa fecha, los ciudadanos que en el País Vasco más están padeciendo las desigualdades derivadas del actual entramado socioeconómico van a empezar a obtener una respuesta solidaria desde sus instituciones. Y esto ha sido así porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad, y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos”.

Esa perspectiva profundamente integradora, que no desconoce los problemas ni renuncia a ganar en eficiencia, es la verdad institucional que subyace a nuestro modelo social. Me gustaría que este artículo contribuyera a articular una perspectiva institucional compartida sobre la RGI: preocupada por sus posibles disfunciones en la actual coyuntura histórica, pero fiel y agradecidamente comprometida con la intuición moral que estuvo en su origen y a la no debemos renunciar.