La primera vez que la vivienda se situó como el principal problema para la sociedad española fue en septiembre de 2007 y desde entonces no ha dejado de ocupar los primeros puestos en el listado de preocupaciones ciudadanas. Todas y todos recordamos aquella época en la que las políticas austeritarias transformaron una crisis financiera localizada en una incontenible crisis social y política. La crisis de 2008 no sólo situó la vivienda entre las principales preocupaciones ciudadanas, también abrió un abismo de desconfianza hacia las instituciones públicas, percibidas como incapaces de garantizar el derecho a la vivienda, cuando no como directamente implicadas en su mercantilización.
Un informe del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) cuantifica en 684.385 los desahucios ejecutados entre 2008 y 2019. Familias que vieron hundirse las bases de su existencia. Fue el final de aquella utopía conservadora inaugurada por el franquismo y continuada en la democracia expresada en la famosa sentencia de José Luis Arrese en 1959: "No queremos una España de proletarios sino de propietarios".
Es fundamental impulsar instrumentos de gestión y promoción pública que movilicen vivienda privada vacía hacia el alquiler público, incrementen el parque público de alquiler, primen las reservas de suelo para vivienda protegida, eviten que la VPO retorne al mercado, así como políticas para reducir la influencia del mercado en la vivienda: regulación de los alquileres en zonas tensionadas, compra pública de vivienda para generar un parque público de alquiler. Mientras tanto, dedicar recursos para ayudas al alquiler, convenios con entidades sin ánimo de lucro que promuevan fundaciones de alquiler social y cooperativas en cesión de uso, legislar para garantizar la estabilidad de los alquileres frente a subidas especulativas... La revista Galde, publicada en Donostia-San Sebastián, ha dedicado en su último número un dosier sobre el tema.
El problema de la vivienda es una cuestión esencial de política pública que va más allá de la garantía de un bien de primera necesidad para convertirse en test de verificación de la calidad de nuestra democracia. No son pocos los análisis que apuntan a la posibilidad de que este sea el germen de un nuevo estallido social como el del 15 de mayo de 2011, pero en una coyuntura política mucho más preocupante: hoy la indignación es la cabalgadura de líderes radicalmente antidemocráticos como Trump o Milei.
