El DIARIO VASCO se aproxima hoy a la cuestión de la posible reforma de la Renta de Garantía de Ingresos. La periodista que firma el trabajo, Arantxa Aldaz, siempre ha abordado estas temáticas con seriedad.
Las preguntas planteadas han sido estas:
1¿La RGI necesita ser reformada?
2¿En qué sentido deberían ir los cambios?
3¿Sacar a los colectivos de pensionistas y beneficiarios en situación de exclusión social crónica va a mejorar el funcionamiento de Lanbide? ¿Qué efecto puede tener?
Y estas mis respuestas:
1. Entre las reformas entendidas como adaptaciones, hay que ir limando las más llamativas aristas como, por ejemplo, los millones de euros pagados de más por Lanbide a muchas personas beneficiarias, pagos que luego deben ser reclamados a estas, con lo que esto supone para unas economías familiares tan precarias. O la mejora en su capacidad de intermediación laboral. Y sí, vale, también todo lo que tenga que ver con la persecución del fraude, por más que sea anecdótico. Pero no creo que estas sean las reformas que de verdad hay que hacer. Al contrario de lo que plantea la doctrina dominante, que pretende vincular más estrechamente el cobro de la RGI con la activación para el empleo, estoy cada vez más convencido de que un mercado de trabajo cada vez más desregulado, incierto y precario, hace objetivamente imposible esa vinculación. La condena al fracaso.
2.En un contexto de precarización creciente del mercado de trabajo, una RGI vinculada de manera expresa a la activación para el empleo puede acabar convertida en una subvención a la contratación precaria, en una especie de complemento con dinero público a los salarios insuficientes. En este momento ya hay más de 10.000 personas que están trabajando y, aún así, cobran unos sueldos tan bajos que los complementan con la RGI. Yo soy partidario de ir ensayando el camino inverso: buscar la manera de desvincular la garantía de ingresos del empleo. Mi ideal sería avanzar hacia una renta básica de ciudadanía, entendida como un derecho.
3. Parece evidente que si se saca a las y los pensionistas, algo más de 15.000 perceptores, la gestión de Lanbide se simplificaría. Si a estos añadimos las personas que puedan ser definidas como «inempleables» (algo, por otra parte, bastante más complejo que lo anterior), la carga de gestión se vería mucho más reducida, al menos en su dimensión cuantitativa. Pero, como ya he indicado, el problema estructural es otro. Es el mercado de trabajo el que genera precariedad y exclusión. Aunque su gestión pueda aligerarse, Lanbide va a seguir enfrentándose al mismo problema: el de un mercado de trabajo estructuralmente exclusógeno. Pensemos en las más de 2.000 personas con estudios universitarios dadas de alta en Lanbide. Que hagan la prueba con estas personas, en principio con buenas condiciones para la empleabilidad. Y ya me contarán cuántas encuentran empleo y en qué condiciones.
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