Negacionismo machista en el Congreso

No puedo comprender que el PSOE haya aprobado con su voto la celebración en el Congreso de una jornada que niega la violencia machista y que se escuda en el fantasma de las “denuncias falsas” para sostener una agenda política regresiva. Nadie discute que cada grupo parlamentario tenga derecho a organizar actos, pero hay límites que no son meramente jurídicos sino políticos y democráticos: el Congreso no es un salón de eventos alquilable, sino la sede de la soberanía popular. Es allí donde se hacen visibles las prioridades del Estado, donde se envía un mensaje simbólico potente a la sociedad. Y al permitir que este acto se celebre en esa institución, PP y PSOE han contribuido a blanquear un discurso que cuestiona la existencia misma de la violencia de género como problema estructural.

Porque no nos engañemos: en Madrid hay decenas de lugares donde Vox podría haberse reunido para reafirmar su negacionismo. Pero hacerlo en el Congreso no es casual, es parte de una estrategia. La elección de ese lugar transmite un mensaje muy claro: que los asesinatos machistas –al menos 54 en lo que va de año- no se entienden como un problema estructural, sino como episodios lamentables que se resolverían “volviendo” a modelos tradicionales de familia y a identidades de mujer y de hombre robustas, sin tanta fluidez; que algo habrán hecho las mujeres víctimas de violencia; y que legislar con perspectiva integral (al menos en el texto de la ley) no es necesario.

El PSOE intenta justificarse con un argumento formalista: todo grupo puede usar el Congreso mientras no incurra en un delito de odio. Pero ese razonamiento es pobre, casi patético, porque ignora el verdadero trasfondo. El negacionismo de la violencia machista no es neutro: es objetivamente cómplice de esa misma violencia. Así lo han señalado hasta las propias campañas institucionales del Estado. Recordemos la del 25N, cuando el Ministerio de Igualdad lanzó la campaña #EntoncesQuién? para “romper la complicidad del pacto entre caballeros”, ese pacto que garantiza la perpetuación de privilegios y que solo se sostiene gracias al silencio o a la inacción. Con frases como “Todos conocemos a una víctima de violencia machista, pero casi nadie a un agresor”, el Ministerio interpelaba directamente a los hombres para que rompieran ese pacto.

Ahora, en cambio, lo que vamos a ver es cómo en la propia sede del legislativo se juntan algunos de esos “caballeros” (no, no voy a decir nada de Rocío de Meer) que niegan la necesidad de dar ningún paso adelante, porque para ellos todo se reduce a un simple problema “intrafamiliar”. Y es aquí donde cobra sentido lo que tan bien expresa Alana S. Portero: “Lo de llamar problema a un abuso monstruoso era un ejercicio de cinismo considerable, jamás hubieran utilizado un lenguaje semejante para los conflictos laborales”. Eso los hombres a los que se refiere la autora de La mala costumbre, personas de clase obrera en la España de los 80. Los que se reúnan en el Congreso también considerarán un “problema” los conflictos laborales, nada estructural, por favor. Machistas, clasistas y racistas.

El Congreso de todas y de todos no puede ni debe acoger actos que niegan evidencias científicas, que ponen en cuestión derechos humanos fundamentales y que legitiman la continuidad de estructuras de violencia que producen tanto sufrimiento. Convertirlo en escenario del negacionismo es deshonrar su función representativa y dar oxígeno a un discurso que, con cada víctima que se suma a la lista, demuestra su carácter letal.