Llevamos demasiado tiempo aceptando una idea empobrecida de la democracia. La hemos reducido al momento electoral, al recuento periódico de votos, a la competencia entre élites políticas cada vez más desconectadas de la sociedad a la que dicen representar. Pero una democracia que se limita a eso no solo se vacía por dentro: se vuelve objetivamente antidemocrática.
Porque la democracia no se sostiene sobre procedimientos, por más relevantes que estos sean. Depende de la existencia de una minoría suficiente de demócratas activas y responsables; no una élite ilustrada ni un grupo de notables, sino un número mínimo de ciudadanas y ciudadanos comprometidas con lo público, dispuestas a participar, a deliberar, a hacerse cargo de las decisiones colectivas. Sin esa base cultural y práctica, las instituciones democráticas se convierten en una carcasa formal, vulnerable a cualquier deriva autoritaria. Hoy asistimos precisamente a ese riesgo.
La reducción de la democracia a un procedimiento electoral ha ido de la mano de una transformación profunda de los partidos políticos: si en su origen fueron herramientas de organización, movilización y socialización democrática, hoy se han convertido en grupos privados de poder, escasamente democráticos en su funcionamiento interno, separados de sus bases sociales y progresivamente identificados con las propias instituciones representativas, de las que se han adueñado.
Cuando los partidos dejan de ser mediadores entre sociedad e instituciones y pasan a ocuparlas literalmente, la participación ciudadana se empobrece, la deliberación desaparece y la política se convierte en un espectáculo de adhesiones y rechazos inmediatos. En ese terreno fértil crecen los liderazgos autoritarios que dicen hablar “en nombre del pueblo” mientras vacían de contenido los controles, las garantías y los derechos.
No es casualidad que en este contexto emerjan figuras como Viktor Orbán o Donald Trump, ni que prosperen políticas que, bajo un lenguaje de libertad y eficiencia, desmantelan servicios públicos y derechos sociales, como ocurre con la mercantilización de la sanidad o la educación impulsada por Isabel Díaz Ayuso. No se trata de anomalías: son síntomas de una democracia reducida a mercado político.
Participar no es consumir política
Frente a esta deriva, conviene recordar una idea elemental: la participación no es un adorno de la democracia, es su fundamento. No solo porque sea un derecho -que debe ser reconocido y protegido-, sino porque es fuente de derechos. Es mediante la participación como se incorporan nuevos problemas a la agenda pública, como se construyen mayorías sociales, como se defienden y amplían conquistas democráticas.
Pero participar no es simplemente opinar, ni reaccionar en tiempo real, ni elegir entre opciones cerradas. Una democracia entendida como mera agregación de preferencias individuales -el modelo liberal-procedimental dominante- parte de una concepción empobrecida del ser humano: individuos aislados, egoístas racionales, cuyas preferencias se consideran dadas e inmutables.
El resultado es una ciudadanía desmovilizada, que percibe la participación como una carga y delega lo esencial en profesionales de la política. Una ciudadanía que se limita a votar y a consumir mensajes políticos como quien consume productos.
Existe otra tradición democrática, hoy arrinconada pero más necesaria que nunca: la tradición republicana y deliberativa. Desde esta perspectiva, la democracia no se limita a producir decisiones legítimas; aspira a producir mejores ciudadanas y ciudadanos. Su virtud reside en su capacidad para transformar preferencias privadas en preferencias públicas, para convertir intereses egoístas en juicios orientados al bien común.
La democracia, en este sentido, es una conversación colectiva. Un proceso lento, exigente, a veces conflictivo, mediante el cual las personas revisan sus posiciones, escuchan razones ajenas, modifican sus puntos de vista y construyen acuerdos. En este modelo la razón de ser del Estado democrático no es solo proteger derechos individuales, sino salvaguardar un proceso inclusivo de formación de la opinión y de la voluntad común.
Votar no desaparece en este modelo. Pero el voto deja de ser el principio y el final de la democracia para convertirse en la culminación de un proceso deliberativo. Cuando la votación sustituye al debate, cuando la rapidez sustituye a la reflexión, cuando la política se rige por la lógica del impacto inmediato, la democracia se degrada.
Ese vaciamiento moral de la democracia no se ha producido de forma abrupta ni por una súbita desafección ciudadana. Es el resultado de un proceso largo y persistente que ha ido erosionando las condiciones sociales, materiales y simbólicas que hacen posible una ciudadanía activa. Cuando amplios sectores de la población experimentan que su participación no cambia nada sustantivo, que las decisiones relevantes se toman lejos y sin ellas, o que la política se limita a gestionar lo inevitable, la democracia deja de percibirse como un espacio propio y compartido. No es que la ciudadanía “abandone” la democracia republicana: es que esta se va retirando de su vida cotidiana.
A ello se suma una transformación profunda de las condiciones de vida. La precarización del trabajo, la inseguridad residencial, la mercantilización del tiempo y la intensificación de las exigencias vitales reducen drásticamente la disponibilidad (material y emocional) para participar, deliberar y comprometerse. La democracia republicana exige tiempo, atención y confianza mutua; pero vivimos en sociedades que producen cansancio, competencia y aislamiento. En ese contexto, la participación aparece como un lujo, la deliberación como una pérdida de tiempo y el compromiso cívico como una carga más. El resultado no es apatía pura, sino una retirada defensiva hacia lo privado, que deja el espacio público cada vez más expuesto a su colonización por actores con más recursos, más voz y menos escrúpulos democráticos.
Recuperar el tiempo y el espacio de la democracia
La democracia exige tiempo. Tiempo para hablar, para escuchar, para disentir, para cambiar de opinión. La obsesión contemporánea por la velocidad -alimentada por medios, redes y sondeos permanentes- produce una ilusión de participación que en realidad elimina la reflexión. Se opina sobre opiniones, se reacciona antes de comprender, se confunde ruido con deliberación.
Esta “democracia en tiempo real” es el caldo de cultivo perfecto para nuevas formas de autoritarismo: no ya el Estado fuerte y represivo, sino la desinstitucionalización, la apelación directa y emocional a un “pueblo” homogéneo, la eliminación de mediaciones, controles y garantías. Un autoritarismo que habla el lenguaje de la democracia radical mientras vacía su contenido pluralista.
Este vaciamiento moral de la democracia va acompañado de otro proceso igual de corrosivo: la separación entre libertad e igualdad. La libertad entendida solo como ausencia de interferencia (la libertad negativa) resulta perfectamente compatible con sociedades profundamente desiguales. Se puede ser “libre” para dormir bajo un puente y estar condenado a hacerlo.
La libertad democrática real es libertad positiva: la capacidad efectiva de decidir y llevar adelante un proyecto de vida digno. Y esa libertad requiere condiciones materiales: educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad económica. No hay participación democrática posible cuando amplios sectores de la población viven en la precariedad, la dependencia o la exclusión.
Por eso la privatización, la desregulación y la mercantilización de los servicios esenciales no son solo políticas económicas: son ataques directos a la democracia. Socavan la igualdad, erosionan la autonomía y reducen la ciudadanía a un estatus formal vacío.
Recuperar la democracia hoy exige algo más que defender procedimientos. Exige recuperar su dimensión moral: la idea de que gobernarnos juntas implica responsabilidad, cuidado de lo común, disposición a la crítica y a la autocrítica. Exige reconstruir espacios de participación real, fortalecer instituciones deliberativas y asumir que sin igualdad material no hay libertad política.
No partimos de cero, ni estamos condenadas a esta sombra de democracia. Basta con levantar la vista y mirar a nuestro alrededor para comprobar que, lejos de haberse extinguido, la democracia como práctica moral sigue viva en múltiples iniciativas sociales, políticas y sindicales que atraviesan nuestra vida cotidiana. En los barrios, en los centros educativos, en los lugares de trabajo, en asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas, colectivos feministas, ecologistas, culturales o de apoyo mutuo, se sigue deliberando, organizando y cuidando lo común. Ahí, donde no hay focos ni titulares, la democracia recupera su sentido más profundo: el de una conversación sostenida entre iguales para transformar problemas compartidos en respuestas colectivas.
Reconstruir la democracia no pasa solo por reformar leyes o perfeccionar procedimientos, aunque también, sino por volver a vincularnos. Por reconocernos como parte de tramas sociales vivas y asumir la responsabilidad de habitarlas. Una democracia con pies de barro, frágil y expuesta a cualquier embate autoritario, solo puede reconstruirse apostando decididamente por una democracia con pies de barrio: arraigada, próxima, plural, lenta cuando hace falta y conflictiva cuando es necesario. Una democracia que no se limita a ser votada, sino que se practica cada día. Porque solo así la democracia dejará de ser una fórmula abstracta y volverá a convertirse en una experiencia compartida.
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