Por un salario mínimo holgado

El pasado 11 de septiembre el diario El País publicaba una entrevista con Denis Pennel, Director General de la Confederación Mundial del Empleo, organización heredera de la anterior Confederación Mundial de Empresas de Trabajo Temporal. En el transcurso de la entrevista, Pennel señalaba lo siguiente: “Debe haber un salario mínimo justo que permita al trabajador vivir de él. Si con él ni siquiera puede alquilarse un piso eso genera un problema social. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, porque si el salario mínimo es muy alto muchas compañías pueden verse ante la situación de no poder seguir adelante y que se destruya empleo. Hay que encontrar un equilibrio entre estas dos situaciones”.

Esta es la formulación canónica mediante la que el mundo empresarial y una parte muy relevante de la ciencia económica plantea su posición ante el salario mínimo: “Si, pero”. Una posición similar es la que expresó el por entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, cuando dijo aquello de que “siempre he defendido que [la vivienda] es un derecho, pero no ignoro que es un bien de mercado también”. El problema es la jerarquía de bienes, la prelación entre una y otra cosa. Y suele ocurrir que la conjunción adversativa “pero” actúa como fiel de balanza, de manera que lo que la precede tiene mucho menos peso que lo que la sucede (como en la frase “yo no soy racista, pero…”).

En el caso del salario mínimo lo que ese “pero” encubre y conviene explicitar es lo siguiente: que si para que una empresa pueda crear o mantener los empleos necesarios para funcionar tiene que ofertar salarios que no permitan a la trabajadora o al trabajador vivir de ellos, habrá que asumirlo. ¿Por qué no decirlo así? Venga, anímense los defensores del salario mínimo condicionado a la viabilidad de las empresas: afirmen sin tapujos que, si hay que pagar salarios que no permiten a las trabajadoras y a los trabajadores vivir de ellos para que una empresa funcione, habrá que asumirlo. ¿De verdad?

Me niego a aceptar el marco que esta formulación canónica pretende hacer pasar por natural. La actividad económica puede y debe supeditarse a los derechos humanos (recordemos el artículo 23.3 de la Declaración Universal), pero ningún derecho humano debería supeditarse a las exigencias económicas.

Economía política de la esclavitud

Perdices de Blas y Ramos Gorostiza firman un interesante artículo en el que analizan el debate económico sobre la esclavitud planteado en Europa en el siglo XIX. “Evidentemente –aclaran-, examinar la esclavitud desde un punto de vista estrictamente económico equivale a discutir aspectos tales como su coste relativo frente al trabajo libre, su eficiencia, su impacto en el modelo productivo, la innovación y las posibilidades de especialización, o su posible relación con políticas comerciales concretas”. Evidentemente. Cada mirada sobre la realidad presenta sus sesgos y puntos ciegos e impone su propia y limitada lógica, y esto es especialmente cierto cuando esa mirada se presenta como “estricta”, es decir, como única mirada. De igual manera podría decirse que examinar la esclavitud desde un punto de vista “estrictamente securitario”, desde la lógica del control de la población esclava y la evitación de conflictos y revueltas, equivale a discutir aspectos tales como el uso más eficiente de la violencia, la oportunidad de los castigos ejemplares, el nivel de temor que conviene inocular en la población esclava para evitar que se rebele, etc.

Pero volvamos al artículo. Resulta que los economistas de los siglos XVIII y XIX apenas prestaron atención a la esclavitud, a pesar de su importancia en las sociedades europeas y en sus colonias, “tal vez porque se consideraba que ello no valía la pena: el sentido común parecía sugerir que –dadas las hondas raíces históricas de dicha institución y lo lucrativo del tráfico negrero- debía tratarse, en todo caso, de una opción productiva evidentemente beneficiosa para quien la adoptaba”. La propia normalización social de la institución esclavista inhibía su evaluación económica, lo que nos indica la profunda interconexión que existe entre el análisis económico y las circunstancias sociales en las que se realiza. Y resulta, también, que cuando algunos economistas empezaron a estudiar la esclavitud y, como consecuencia de sus investigaciones, se acumulaban las pruebas de la falta de sentido económico de la misma, siguió habiendo economistas que defendían su continuidad porque, aun aceptando en términos generales su ineficiencia en comparación con el trabajo libre, “sí podía resultar rentable para los propietarios individuales”.

Aunque no oculto una cierta intención provocadora, no pretendo establecer analogía ninguna entre la esclavitud y la oposición al salario mínimo o a su mejora. Pero sí me permito llamar la atención sobre tres características estructurantes del pensamiento económico que, a la manera de las retóricas de la intransigencia magistralmente desveladas por Albert O. Hirschmann, pueden identificarse tanto en aquel debate sobre la institución esclavista como en la actual discusión sobre la conveniencia o no de un salario mínimo que, sencillamente, permita a quienes lo reciben evitar la pobreza: la aproximación “estrictamente” económica, olvidando que la economía es una ciencia social, que el mercado de trabajo es una institución social (Solow) y que ningún economista es solo economista (Samuel Bentolilla ha reflexionado a este respecto); la preocupación por el objeto de debate solo cuando se propone una mejora en las condiciones del mismo; la búsqueda de casos particulares que puedan justificar el mantenimiento de la situación, su no mejora.

Economía política del salario mínimo

En un libro ya clásico, titulado precisamente Economía política de la esclavitud, Eugene D. Genovese distinguía entre la perspectiva de la “economía política de la esclavitud” y la que se ocupa de estudiar “los aspectos económicos de la esclavitud” para afirmar que la primera no se limitaba a tomar en consideración la economía o la historia económica del esclavismo (como hace la segunda perspectiva), sino que se fijaba en la dimensión “civilizatoria” que una institución, en este caso la esclavitud, puede tener sobre una determinada sociedad, en su potencial configurador, definidor de la totalidad social. En sus palabras: “La esclavitud dio al Sur un modo de vida especial por cuanto estableció las bases indispensables para asentar un orden social regional en el cual el sistema de trabajo esclavista pudo dominar a todos los demás”.

Aceptar que centenares de miles de trabajadoras, sobre todo, y trabajadores, tengan retribuciones iguales o inferiores al SMI, tiene un potencial configurador que debería preocuparnos, ya que convierte en normal la precariedad laboral. Hablamos de una de cada cuatro mujeres empleadas y del 11 por ciento de los hombres (según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del año 2019). Debería preocuparnos porque, en realidad, el llamado salario mínimo es un salario ínfimo, insuficiente para que una persona pueda llevar una vida desahogada. A este respecto sorprende que, por más complicaciones metodológicas que plantee, no dispongamos de una aproximación consensuada que nos permita responder a la pregunta de cuánto cuesta vivir en España.

Sí sabemos, gracias al Àrea Metropolitana de Barcelona, que en 2020 una persona que habitara en Barcelona o en su conurbación necesitaba ingresar, de media, 1.322,52 euros al mes para cubrir sus necesidades básicas (y que una de cada tres personas que la habitan tenían un sueldo inferior a esa cantidad). También sabemos, según una encuesta a más de 1,7 millones de personas de 164 países realizada en 2018, que los ingresos considerados necesarios para disfrutar de bienestar emocional se movían en un intervalo de entre 49.000 y 61.200 euros por persona al año. Cifras muy dispares que, en cualquier caso, son sensiblemente superiores al actual SMI mileurista.

¿Podemos seguir discutiendo sobre el SMI sin acordar, previamente, cuál es el coste económico de una vida decente (es decir, de una vida sin humillaciones institucionales) en España?

De la suficiencia a la holgura

He dicho que el salario mínimo debería permitirnos llevar una vida desahogada, sí. En un libro imprescindible, Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir demuestran que los problemas de escasez (de dinero o de tiempo) no se resuelven con estrategias de “mínimos” ni en el marco de la mera  “suficiencia”. La escasez, vivir con poco, con lo justo, vivir al día, “tener menos de lo que se percibe como necesario”, tiene efectos demoledores sobre la mente humana, sobre nuestra forma de pensar y de actuar; captura nuestra atención, altera nuestra experiencia. La escasez de un determinado recurso reduce nuestra capacidad cognitiva haciendo que nuestro cerebro se enfoque de manera casi obsesiva en una sola cosa: aquella de la cual carecemos. Este mecanismo es denominado “efecto túnel”: la mente se orienta de manera automática y poderosa hacia las necesidades insatisfechas. En concreto, estos investigadores comprobaron que aumentar las preocupaciones financieras de las personas perjudicaba su desempeño cognitivo incluso más que los estados de privación de sueño; las personas pobres eran más impulsivas y tomaban peores decisiones que aquellas que no se encontraban en escenarios de carencia. Los efectos observados correspondían a entre 13 y 14 puntos del coeficiente intelectual, comparables a dejar de dormir una noche o a los efectos del exceso de alcohol.

Evitar la trampa de la escasez -advierten Mullainathan y Shafir- requiere más que abundancia, requiere de holgura: “Requiere suficiente abundancia de modo que, incluso después de gastar demasiado o dejar los asuntos para más tarde, sigamos teniendo suficiente holgura para poder administrar la mayoría de las crisis; suficiente abundancia para que incluso después de dejar para más tarde muchas tareas tengamos todavía suficiente tiempo para cumplir con una fecha limite inesperada. Mantenerse fuera de la trampa de la escasez requiere suficiente holgura para tratar con las crisis que trae el mundo y los problemas que nosotros mismos nos imponemos”.

De manera que sí, por supuesto, sin duda: estoy a favor de incrementar el SMI y de continuar aumentándolo hasta que garantice a sus perceptoras y perceptores no solo suficiencia, sino holgura.

Publicado en el boletín de "Noticias de Política Económica", nº 33, septiembre 2021.