¿Quién crea empleo y bienestar?

Confebask acaba de hacer pública su propuesta para el debate sobre la fiscalidad impulsado por el lehendakari Patxi López. Tal como señalaba este diario al hacerse eco de la noticia, la patronal vasca pide una rebaja de los impuestos que afectan a las empresas (como el de sociedades y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social), el mantenimiento de los incentivos fiscales y la elevación de impuestos como el IVA o el IRPF (salvo los tipos máximos, es decir, aquellos que se aplican a los salarios más altos). “¿No estarían dispuestos los trabajadores a pagar un poco más para que hubiera más personas trabajando?”, se preguntaba retóricamente el presidente de Confebask al presentar su propuesta. Al fin y al cabo, ¿no son los empresarios los que crean empleo?
En una línea similar, el secretario general de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos , en la presentación de su VII Congreso que se celebrará a finales de este mes en Bilbao, defendía la importancia de “reconocer su mérito, su esfuerzo y su trabajo”, que deben ser adecuadamente “premiados” incluso en la presente situación de crisis. Ambas organizaciones, Confebask y CEDE, consideran que lo que la sociedad debe hacer es procurar que esas personas, empresarios, directivos y ejecutivos, que son quienes generan empleo y riqueza, no se vayan a otros lugares, allí donde se tribute menos o se retribuya más.
En esto coinciden miméticamente con el pensamiento conservador, en una alianza cuyo éxito electoral, en caso de producirse, no solucionará ninguno de nuestros problemas económicos y detonará graves problemas sociales. “A ver si nos vamos a creer que es el Estado el que garantiza ese bienestar”, proclamaba hace unos días el portavoz económico de PP, Cristóbal Montoro, en una entrevista en Los desayunos de TVE. Pues sí, deberíamos creerlo. O cuando menos, deberíamos dejar de militar acríticamente en ese thatcherismo prosaico que continua repitiendo como un mantra aquello que la Dama de Hierro sentenció en 1987 en relación a la sociedad: “¡No existe tal cosa! Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada sino a través de la gente; y la gente debe mirarse a sí mismos en primer lugar”. La sociedad no existe, y si existe no tiene demasiado que ver con la creación de empleo. Menos aún cuando se presenta con los ropajes de sociedad política.
Pero se trata de un discurso falso. ¿Son las empresas las que crean empleo? ¿Debe premiarse el mérito de directivos y ejecutivos? Sí y no. Las empresas que crean empleo lo hacen, siempre, en contextos sociales, culturales, políticos y económicos que ellas mismas no generan ni garantizan. Son cientos, miles, los Steve Jobs que nunca surgirán de tantas regiones el planeta donde lo más seguro para un niño o una niña recién nacidos es que su vida se acabe antes de cumplir los cinco años. ¿Y qué sería de Bill Gates en Mogadiscio? Como señala John Rawls, “hasta la disposición a hacer un esfuerzo, a intentar algo, y por lo tanto el tener mérito en el sentido ordinario, depende a su vez de las circunstancias sociales y de haber tenido una familia feliz”. Hay contextos sociales radicalmente tóxicos para el emprendizaje. Y estos contextos no son, frente a lo que sostiene irresponsablemente el dogma neolibertario, aquellos en los que existe un Estado mínimamente intervencionista y débilmente redistribuidor.
Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, profesores de Derecho en las universidades de Nueva York y Harvard respectivamente, recuerdan que todos los derechos tienen costos económicos, que todas las libertades privadas tienen costos públicos y que la redistribución de los dineros públicos no sólo se da cuando de garantizar derechos sociales se trata. Todos nuestros derechos –tanto los comúnmente denominados “individuales” como los sociales, tanto los vinculados a la “libertad negativa” como a la “libertad positiva”- dependen de los impuestos recaudados por el gobierno. En este sentido todos los derechos son positivos. En palabras de Holmes y Sunstein, “ningún derecho es simplemente el derecho a que los funcionarios públicos no lo molesten a uno […] todos los derechos son costosos porque todos proponen una maquinaria eficaz de supervisión, pagada por los contribuyentes, para monitorear y controlar”.
El caso más evidente es el derecho de propiedad: aparentemente un derecho para cuyo ejercicio basta con la no intervención del Estado, en realidad un servicio que el gobierno presta a quienes tienen propiedades, pero que es financiado por los ingresos generales obtenidos del conjunto de los contribuyentes. El dinero público que ha costado la defensa del derecho de propiedad en el caso de Kukutza no se limita sólo ni fundamentalmente a esos 140.000 euros en los que el Ayuntamiento de Bilbao ha cifrado los destrozos causados por los actos vandálicos que se produjeron tras su desalojo. Todas y todos hemos pagado a escote no sólo los contenedores quemados, sino también los distintos autos judiciales emitidos en relación al caso, así como el espectacular despliegue policial que permitió la ejecución del derribo.
“Los individuos ricos y exitosos –recuerdan Holmes y Sunstein- deben su riqueza y su éxito a instituciones sociales que exigen la cooperación de todos, pero distribuyen sus recompensas en forma selectiva y desigual”. Esta es una lección fundamental que no parece enseñarse en las escuelas de negocios, ni siquiera en aquellas que dicen aspirar no sólo a la excelencia académica y económica, sino también a la excelencia ética. Confebask, estoy seguro, desea poder seguir desarrollando su imprescindible actividad en el marco de una sociedad razonablemente buena, pacífica, segura y virtuosa.
¿No estarían dispuestos los empresarios a pagar un poco más para que hubiera una sociedad más cohesionada, más comprometida, más atenta a descubrir y desarrollar las capacidades de todas y de todos?

[Artículo publicado hoy en en EL CORREO y DIARIO VASCO]