Rescate, lo llaman: ¿qué necesidad hay de disimular? Rescate, lo llaman, y con razón, puesto que de un secuestro se trata. El secuestro del control democrático de los mercados, el secuestro de la soberanía política de la ciudadanía.
En todo caso, un secuestro evitable si los mismos Estados cuestionados por las agencias de rating toman medidas frente al abusivo e infundado poder de estas. Pues las evaluaciones negativas de estas agencias actúan a la manera de esa primera carta que ETA envía a los empresarios para extorsionarles mediante el mal llamado "impuesto revolucionario".
"Rebajamos tu calificación, con ello enviamos a los mercados señales que te retratan como poco solvente. Toma medidas ya o de lo contrario...". El pizzo mafioso de alcance global.
Un artículo de Javier Ayuso en EL PAÍS de hoy argumenta la necesidad de regular las agencias de rating: "Muchos inversores castigados por quiebras recientes echan de menos que los directivos de las tres principales agencias de rating del mundo (Moody's, Standard and Poor's y Fitch) no hayan reconocido públicamente su error al mantener la máxima calificación a Lehman Brothers, o de otras empresas cotizadas, hasta el día antes de que quebraran. Y lo que más extraña es que estas agencias se hayan pasado ahora al otro lado del péndulo y se dediquen a reducir drásticamente la calificación de la deuda soberana de algunos países europeos (entre ellos, España) en el momento más inoportuno, causando un daño irreparable a sus cuentas públicas, al generar un círculo vicioso: la bajada de rating aumenta el coste de la refinanciación de una deuda que está condenada a crecer exponencialmente. Se impone una regulación europea de estas sociedades que abusan, en muchos casos, de posición de dominio a la hora de ejercer su actividad".
Las agencias de rating tienen una enorme responsabilidad en la extensión del miedo y la desconfianza de "los mercados" hacia las economías de determinados países. Son como los cuervos que señalan la existencia de un cadáver a los buitres, que se encargarán de despedazar el cuerpo con sus poderosos picos, permitiendo así a los primeros disfrutar de su parte de carroña.
El control de estas agencias de calificación están recogido en las medidas 8 y 8bis del Manifiesto de economistas aterrados, consecuencia del cuestionamiento que en el mismo se hace de esa falsa evidencia que sostiene que "los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados". Como señala el Manifiesto, "la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar las tasas de interés en los mercados de obligaciones atribuyendo unas notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas han anunciado".
Las medidas que se proponen son las siguientes:
Medida n°8 : No se debe autorizar a las agencias de calificación financiera a influir arbitrariamente en los tipos de interés de los mercados de renta fija por el hecho de disminuir la calificación de un Estado: habría que regular su actividad exigiendo que esa valoración sea el resultado de un calculo económico transparente.
Medida n°8 bis : Liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando la compra de los títulos públicos por el Banco Central Europeo (BCE).
Ayuso finaliza así su artículo: "En una situación tan delicada como la actual, las agencias de calificación deberían ejercer su función con un plus de responsabilidad y, visto que la autorregulación brilla por su ausencia, se impone una regulación por parte de las autoridades europeas. Si Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, o Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, han llegado a calificar de "irracional" la actuación de estas entidades, ¿a qué esperan para proponer una nueva reglamentación sobre su actividad?".
Eso mismo me pregunto yo. Y la respuesta que se me ocurre me intranquliza tanto que prefiero meditarla un poco más.
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