En junio de 1986 Guy Standing pronunciaba una conferencia ante el Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT que tituló “La flexibilidad laboral: ¿causa o remedio del desempleo?”. En la parte final de su reflexión, señalaba lo siguiente:
¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? El debate sobre la flexibilidad laboral ha llegado a un estadio interesante, tras algunos años de esterilidad. Los halcones del bando de la oferta siguen de cerca la presa, cazando al vuelo rigideces que el ojo humano no puede detectar. (Por poner un ejemplo: parece bastante extraño calificar las normas de seguridad como una «carga para la industria», pero esto es algo que se ha afirmado). Mientras tanto, los escépticos siguen desorganizados, gimiendo impotentes sin una visión coherente o alternativa, aun cuando, a pesar de los siete años de desreglamentación y creciente flexibilidad laboral, el mercado de trabajo haya mostrado una lamentable tendencia a no comportarse tal como había predicho el bando de la oferta.
A partir de aquí, la flexibilidad puede encaminarse hacia una mayor inseguridad para la mayoría y una menor inseguridad para una elite privilegiada, o puede proporcionar una vía hacia un nuevo estilo de vida en la sociedad posindustrial.
Han pasado 26 años desde esa conferencia; 33 años de desreglamentación y creciente flexibilidad laboral. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? A la luz de la última reforma laboral la sola pregunta se vuelve ominosa.
En un artículo excepcional Antonio Baylos la ha calificado de "clasista". En efecto, con esta reforma el Gobierno pone la legislación al servicio de los interes de los empresarios, rompiendo con una cultura política de pacto social que, mal que bien, ha constituido la base del modelos sociolaboral español y europeo de posguerra:
Una parte del empresariado exulta ante esta pieza legislativa expresiva de un clasismo que hace mucho tiempo no veíamos en el BOE. Llevados por la satisfacción que produce ser reconocidos públicamente como clase dirigente que normativiza sus deseos e intereses de forma directa, sin mediaciones ni contrapesos, demuestran su seguridad aplastante en la violencia del poder privado como única forma de encarar la regulación de las relaciones de trabajo. Confían plenamente en que el sindicalismo confederal, el único realmente organizado en los lugares de producción y en enclaves sociales muy relevantes, sea incapaz de mantener una conflictividad permanente que ponga en riesgo sus expectativas de negocio y su tasa de beneficio. […] La situación es crítica, y la acción de los poderes públicos como salida de la crisis demuestra su alineamiento claro con el privilegio económico y el autoritarismo no sólo económico y empresarial. Ahora comienza una larga marcha de conflictividad y de crítica política que tiene que culminar en el medio plazo con la abolición de esta normativa clasista. Y que sin duda conducirá a la renovación de la acción sindical, de las formas de conflicto y de incidencia social de los sujetos sociales, en torno a un proyecto de regulación garantista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay que confiar en que en esa dirección los partidos políticos progresistas cooperen eficazmente. El camino es largo y es difícil, no sólo porque son muy fuertes las posiciones de los adversarios y la desigualdad entre las partes de la confrontación se incrementa cada día, sino porque el contexto cívico es muy estrecho y las carencias en la difusión generalizada de un pensamiento democrático se revelan decisivas en orden a dar la vuelta a esta situación de opresión y de domesticación del trabajo como punto de partida de una sociedad más igualitaria.
A ensanchar, pues, el contexto cívico. Empezando el próximo domingo.
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