Vivimos desde hace décadas en un
tiempo de “desecho internacional”: naciones hundidas, pueblos sacrificados, “desechos
humanos”, vidas humanas convertidas en residuos políticos. No es una crisis
coyuntural, sino el resultado de un vaciamiento progresivo del orden nacido
tras la Segunda Guerra Mundial. Un sistema que proclamó la universalidad de los
derechos humanos y la primacía del derecho sobre la fuerza, pero que nunca
resolvió su contradicción constitutiva: normas universales combinadas con
excepciones permanentes para los poderosos.
El orden construido entre 1945 y
1948 nació con una promesa histórica —impedir la repetición de la catástrofe—,
pero también con un límite decisivo: fue un orden interestatal, no
verdaderamente humano ni democrático. Regulaba relaciones entre Estados, no la
dignidad efectiva de las personas ni la protección real de los pueblos frente
al abuso del poder. Hoy, tras Corea, Vietnam, las guerras africanas, las dictaduras
del Cono Sur, Nicaragua, Afganistán, Irak y Gaza, y ahora Venezuela, podemos
afirmarlo con claridad: estamos de nuevo donde estábamos en 1945–1948, ante la
evidencia de que el orden existente no protege a la humanidad frente a sí
misma.
La erosión comenzó pronto. Corea
marcó el momento en que el sistema dejó de aspirar seriamente a contener la
guerra y pasó a administrarla según correlaciones de poder. Vietnam quebró su
autoridad moral. Las décadas siguientes consolidaron un universalismo
selectivo: los derechos humanos existen, pero no para todos; obligan a los
débiles, no a los fuertes.
En el periodo más reciente, esta
lógica entra en una fase abiertamente nihilista. Afganistán normaliza la guerra
indefinida. Irak consagra la guerra preventiva y la destrucción deliberada de
un Estado sin consecuencias jurídicas. Gaza representa el estadio extremo: la
devastación sistemática de una población civil ante la mirada impotente —o
cómplice— de la legalidad internacional. El ataque contra Venezuela se inscribe
en esta misma secuencia: la demostración de que ningún país está a salvo si se
interpone en los intereses de una potencia hegemónica. El sistema no colapsa:
se vacía. La norma persiste como retórica; la fuerza gobierna la realidad.
Si esto no se detiene, ese será el
futuro: un mundo en el que las potencias deciden unilateralmente quién
gobierna, quién merece vivir en paz y quién puede ser castigado colectivamente;
un mundo donde la intervención, el asedio, el castigo económico o la violencia
directa se convierten en herramientas ordinarias de gobierno global. Venezuela
no es solo una víctima más: es un aviso.
Ante este agotamiento histórico, no
basta con “reformar” el orden internacional existente. Lo que se requiere es un
nuevo punto de partida, comparable en radicalidad al de la posguerra, pero más
lúcido. No un orden meramente internacional —es decir, interestatal— sino un
orden de cooperación y democracia global, fundado directamente en la comunidad
humana y no en la fuerza relativa de los Estados.
Volver a las
raíces
Para pensar ese nuevo comienzo, es
imprescindible volver a dos voces que escribieron precisamente desde el umbral
de 1945–1948: Albert Camus y Simone Weil. Ambos comprendieron que el problema
central no era técnico ni institucional, sino moral y político a la vez.
En Ni víctimas ni verdugos (1946), Camus parte de una constatación que
hoy resulta casi profética: “Hoy sabemos que ya no quedan islas y que las
fronteras son inútiles”. En un mundo interdependiente, afirma, estamos
obligados “a la solidaridad o a la complicidad”. No existe ya sufrimiento
aislado: “no había, como ya no hay, un solo sufrimiento, aislado, una sola
tortura en este mundo que no repercutiera en nuestra vida de todos los días”.
Desde esta constatación, Camus llega a una conclusión decisiva: el nuevo orden
no puede ser nacional, ni continental, ni de bloques; debe ser universal.
Pero Camus va más lejos. Advierte
que una legalidad internacional producida únicamente por los gobiernos equivale
a una dictadura internacional. Si la ley está por debajo de los Estados, no hay
derecho, solo fuerza organizada. Por eso formula una idea que sigue siendo
explosiva hoy: “La única forma de evadirnos de ella consiste en poner a la ley
internacional por encima de los gobiernos […] y por lo tanto constituir ese
parlamento mediante elecciones mundiales en las que participarían todos los
pueblos”.
Camus no propone un ideal ingenuo,
sino una exigencia mínima: sin democracia global, no hay justicia global. “Y
como no tenemos ese parlamento, el único medio es resistir a esa dictadura
internacional en un plano internacional y con medios que no contradigan el fin
perseguido”. Resistir, resistir y resistir a la dictadura internacional, pero
–y esto es esencial- hacerlo con medios que no entren en contradicción con los
fines proclamados y perseguidos,
Por su parte Simone Weil, en su
fundamental Estudio para una declaración
de las obligaciones respecto al ser humano (1942-1943) introduce una
profundidad aún mayor. Frente a la centralidad moderna de los “derechos”, Weil
sitúa el fundamento ético en las obligaciones. Todo ser humano, afirma, está
ligado por una exigencia absoluta de bien, anterior a cualquier institución o
contrato. De ese vínculo nace el respeto universal: “Considera a todo ser
humano sin ninguna excepción como algo sagrado ante lo que está obligado a
testimoniar respeto”.
Para Simone Weil, la legitimidad
política no depende de la soberanía ni de la fuerza, sino de la capacidad real
de un orden para remediar las privaciones del alma y del cuerpo. Cuando la vida
humana es destruida o mutilada por acción u omisión deliberada, se produce un
sacrilegio. Por eso su juicio es implacable: “Un Estado cuya doctrina oficial
constituye toda ella una provocación hacia ese crimen se ha colocado él mismo por
completo en el crimen. No le queda ninguna huella de legitimidad”.
Weil formula así un criterio radical
para juzgar instituciones, leyes y sistemas internacionales: frente a la
centralidad moderna de los “derechos”, sitúa en el centro las obligaciones.
Todo ser humano está ligado por una exigencia absoluta de bien, anterior a
cualquier institución. Cuando la vida humana es destruida o mutilada por acción
u omisión deliberada —ya sea Vietnam, en Gaza, en Irak o mediante la asfixia de
un país entero como Venezuela o antes Cuba— se comete un sacrilegio político.
Por eso su juicio es implacable: cualquier Estado, institución o sistema cuyo
funcionamiento normal produzca seres humanos sacrificables es ilegítimo y debe
ser transformado o abolido.
Leídas juntas, Albert Camus y Simone
Weil ofrecen el esbozo de un nuevo comienzo histórico. Camus aporta la
exigencia política de una democracia mundial capaz de someter el poder a la ley
común de la humanidad. Weil aporta el fundamento ético: una civilización
centrada no en derechos abstractos, sino en la obligación efectiva de cuidar
las necesidades humanas, materiales y espirituales, sin excepción.
Si hoy estamos de nuevo en un punto
comparable al de 1945–1948, la lección es clara. No se trata de restaurar un
orden internacional agotado, sino de reimaginar una comunidad humana global,
donde ninguna vida sea tratada como desecho, donde no haya víctimas necesarias
ni verdugos legítimos. Camus nos recuerda que no podemos aceptar la
complicidad; Weil, que ningún poder es legítimo si no se somete a la obligación
hacia todas y todos.
Ese es el nuevo punto de partida
imprescindible: no un mundo perfectamente justo, sino un mundo que, al menos,
renuncie a organizar el crimen como sistema y vuelva a reconocer, en cada ser
humano, algo que no puede ser sacrificado sin que todo el orden pierda su razón
de ser.
