La democracia como práctica moral y conversación cívica

 

Llevamos demasiado tiempo aceptando una idea empobrecida de la democracia. La hemos reducido al momento electoral, al recuento periódico de votos, a la competencia entre élites políticas cada vez más desconectadas de la sociedad a la que dicen representar. Pero una democracia que se limita a eso no solo se vacía por dentro: se vuelve objetivamente antidemocrática.

Porque la democracia no se sostiene sobre procedimientos, por más relevantes que estos sean. Depende de la existencia de una minoría suficiente de demócratas activas y responsables; no una élite ilustrada ni un grupo de notables, sino un número mínimo de ciudadanas y ciudadanos comprometidas con lo público, dispuestas a participar, a deliberar, a hacerse cargo de las decisiones colectivas. Sin esa base cultural y práctica, las instituciones democráticas se convierten en una carcasa formal, vulnerable a cualquier deriva autoritaria. Hoy asistimos precisamente a ese riesgo.

La reducción de la democracia a un procedimiento electoral ha ido de la mano de una transformación profunda de los partidos políticos: si en su origen fueron herramientas de organización, movilización y socialización democrática, hoy se han convertido en grupos privados de poder, escasamente democráticos en su funcionamiento interno, separados de sus bases sociales y progresivamente identificados con las propias instituciones representativas, de las que se han adueñado.

Cuando los partidos dejan de ser mediadores entre sociedad e instituciones y pasan a ocuparlas literalmente, la participación ciudadana se empobrece, la deliberación desaparece y la política se convierte en un espectáculo de adhesiones y rechazos inmediatos. En ese terreno fértil crecen los liderazgos autoritarios que dicen hablar “en nombre del pueblo” mientras vacían de contenido los controles, las garantías y los derechos.

No es casualidad que en este contexto emerjan figuras como Viktor Orbán o Donald Trump, ni que prosperen políticas que, bajo un lenguaje de libertad y eficiencia, desmantelan servicios públicos y derechos sociales, como ocurre con la mercantilización de la sanidad o la educación impulsada por Isabel Díaz Ayuso. No se trata de anomalías: son síntomas de una democracia reducida a mercado político.

Participar no es consumir política

Frente a esta deriva, conviene recordar una idea elemental: la participación no es un adorno de la democracia, es su fundamento. No solo porque sea un derecho -que debe ser reconocido y protegido-, sino porque es fuente de derechos. Es mediante la participación como se incorporan nuevos problemas a la agenda pública, como se construyen mayorías sociales, como se defienden y amplían conquistas democráticas.

Pero participar no es simplemente opinar, ni reaccionar en tiempo real, ni elegir entre opciones cerradas. Una democracia entendida como mera agregación de preferencias individuales -el modelo liberal-procedimental dominante- parte de una concepción empobrecida del ser humano: individuos aislados, egoístas racionales, cuyas preferencias se consideran dadas e inmutables. 

El resultado es una ciudadanía desmovilizada, que percibe la participación como una carga y delega lo esencial en profesionales de la política. Una ciudadanía que se limita a votar y a consumir mensajes políticos como quien consume productos.

Existe otra tradición democrática, hoy arrinconada pero más necesaria que nunca: la tradición republicana y deliberativa. Desde esta perspectiva, la democracia no se limita a producir decisiones legítimas; aspira a producir mejores ciudadanas y ciudadanos. Su virtud reside en su capacidad para transformar preferencias privadas en preferencias públicas, para convertir intereses egoístas en juicios orientados al bien común.

La democracia, en este sentido, es una conversación colectiva. Un proceso lento, exigente, a veces conflictivo, mediante el cual las personas revisan sus posiciones, escuchan razones ajenas, modifican sus puntos de vista y construyen acuerdos. En este modelo la razón de ser del Estado democrático no es solo proteger derechos individuales, sino salvaguardar un proceso inclusivo de formación de la opinión y de la voluntad común.

Votar no desaparece en este modelo. Pero el voto deja de ser el principio y el final de la democracia para convertirse en la culminación de un proceso deliberativo. Cuando la votación sustituye al debate, cuando la rapidez sustituye a la reflexión, cuando la política se rige por la lógica del impacto inmediato, la democracia se degrada.

Ese vaciamiento moral de la democracia no se ha producido de forma abrupta ni por una súbita desafección ciudadana. Es el resultado de un proceso largo y persistente que ha ido erosionando las condiciones sociales, materiales y simbólicas que hacen posible una ciudadanía activa. Cuando amplios sectores de la población experimentan que su participación no cambia nada sustantivo, que las decisiones relevantes se toman lejos y sin ellas, o que la política se limita a gestionar lo inevitable, la democracia deja de percibirse como un espacio propio y compartido. No es que la ciudadanía “abandone” la democracia republicana: es que esta se va retirando de su vida cotidiana.

A ello se suma una transformación profunda de las condiciones de vida. La precarización del trabajo, la inseguridad residencial, la mercantilización del tiempo y la intensificación de las exigencias vitales reducen drásticamente la disponibilidad (material y emocional) para participar, deliberar y comprometerse. La democracia republicana exige tiempo, atención y confianza mutua; pero vivimos en sociedades que producen cansancio, competencia y aislamiento. En ese contexto, la participación aparece como un lujo, la deliberación como una pérdida de tiempo y el compromiso cívico como una carga más. El resultado no es apatía pura, sino una retirada defensiva hacia lo privado, que deja el espacio público cada vez más expuesto a su colonización por actores con más recursos, más voz y menos escrúpulos democráticos.

Recuperar el tiempo y el espacio de la democracia

La democracia exige tiempo. Tiempo para hablar, para escuchar, para disentir, para cambiar de opinión. La obsesión contemporánea por la velocidad -alimentada por medios, redes y sondeos permanentes- produce una ilusión de participación que en realidad elimina la reflexión. Se opina sobre opiniones, se reacciona antes de comprender, se confunde ruido con deliberación.

Esta “democracia en tiempo real” es el caldo de cultivo perfecto para nuevas formas de autoritarismo: no ya el Estado fuerte y represivo, sino la desinstitucionalización, la apelación directa y emocional a un “pueblo” homogéneo, la eliminación de mediaciones, controles y garantías. Un autoritarismo que habla el lenguaje de la democracia radical mientras vacía su contenido pluralista.

Este vaciamiento moral de la democracia va acompañado de otro proceso igual de corrosivo: la separación entre libertad e igualdad. La libertad entendida solo como ausencia de interferencia (la libertad negativa) resulta perfectamente compatible con sociedades profundamente desiguales. Se puede ser “libre” para dormir bajo un puente y estar condenado a hacerlo.

La libertad democrática real es libertad positiva: la capacidad efectiva de decidir y llevar adelante un proyecto de vida digno. Y esa libertad requiere condiciones materiales: educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad económica. No hay participación democrática posible cuando amplios sectores de la población viven en la precariedad, la dependencia o la exclusión.

Por eso la privatización, la desregulación y la mercantilización de los servicios esenciales no son solo políticas económicas: son ataques directos a la democracia. Socavan la igualdad, erosionan la autonomía y reducen la ciudadanía a un estatus formal vacío.

Recuperar la democracia hoy exige algo más que defender procedimientos. Exige recuperar su dimensión moral: la idea de que gobernarnos juntas implica responsabilidad, cuidado de lo común, disposición a la crítica y a la autocrítica. Exige reconstruir espacios de participación real, fortalecer instituciones deliberativas y asumir que sin igualdad material no hay libertad política.

Final del formulario

No partimos de cero, ni estamos condenadas a esta sombra de democracia. Basta con levantar la vista y mirar a nuestro alrededor para comprobar que, lejos de haberse extinguido, la democracia como práctica moral sigue viva en múltiples iniciativas sociales, políticas y sindicales que atraviesan nuestra vida cotidiana. En los barrios, en los centros educativos, en los lugares de trabajo, en asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas, colectivos feministas, ecologistas, culturales o de apoyo mutuo, se sigue deliberando, organizando y cuidando lo común. Ahí, donde no hay focos ni titulares, la democracia recupera su sentido más profundo: el de una conversación sostenida entre iguales para transformar problemas compartidos en respuestas colectivas.

Reconstruir la democracia no pasa solo por reformar leyes o perfeccionar procedimientos, aunque también, sino por volver a vincularnos. Por reconocernos como parte de tramas sociales vivas y asumir la responsabilidad de habitarlas. Una democracia con pies de barro, frágil y expuesta a cualquier embate autoritario, solo puede reconstruirse apostando decididamente por una democracia con pies de barrio: arraigada, próxima, plural, lenta cuando hace falta y conflictiva cuando es necesario. Una democracia que no se limita a ser votada, sino que se practica cada día. Porque solo así la democracia dejará de ser una fórmula abstracta y volverá a convertirse en una experiencia compartida.

 

elDiario.es, 17 enero 2026 

Los Estados Unidos de Trump: la doble brutalización

Lo ocurrido en Minneapolis no es solo una tragedia individual, menos aún un “exceso” puntual de una agencia federal. Es un síntoma y, sobre todo, encaja con una lógica más amplia: la brutalización simultánea del ejercicio del poder hacia el exterior y hacia el interior de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

1. La violencia exterior como pedagogía del poder

En el plano internacional -por ejemplo, en la política hacia Venezuela- la administración Trump ha reforzado una lógica de castigo, asfixia y escarmiento. No se trata solo de sanciones económicas, sino de un discurso que deshumaniza al adversario político, presenta la coerción como moralmente necesaria y normaliza el sufrimiento civil como “daño colateral aceptable”.

Esta forma de ejercer hegemonía tiene un rasgo clave: el poder deja de justificarse por normas compartidas y se justifica solo por su capacidad de imponerse. La ley internacional, los organismos multilaterales o los derechos humanos pasan a ser obstáculos, no marcos. Pero esa “pedagogía” no se queda fuera. Vuelve a casa.

El asesinato de una mujer estadounidense en Minneapolis durante un operativo migratorio es brutal precisamente porque rompe la ficción de que la violencia del Estado “solo” se ejerce contra otros. Aquí el “otro” ya no es extranjero, es cualquiera que quede fuera del relato de orden.

2. La importación de la lógica del enemigo al espacio interno

Cuando un Estado se acostumbra a tratar a otros pueblos como amenazas abstractas, termina aplicando el mismo esquema a sectores de su propia población.

En el ámbito interno, esa lógica se manifiesta en la militarización de la seguridad, la expansión de agencias como la Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o la idea de que ciertos cuerpos (migrantes, pobres, disidentes, racializadas) son riesgos a neutralizar, no ciudadanas y ciudadanos a proteger.

Un agente del ICE a asesinado a Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres criaturas, durante una operación de control migratorio federal en la que participaban unos 2.000. Vídeos tomados por testigos muestran a agentes del ICE fuertemente armados rodeando del vehículo de la mujer, quien, tras un aparente intento de avanzar con su vehículo, es tiroteada quemarropa.

La administración del presidente Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se han apresurado a afirmar que el agente actuó en defensa propia y han calificado los hechos cmo algo similar a un “acto de terrorismo doméstico”. El vicepresidente Vance también ha dicho que el agente autor de los disparos “está protegido por inmunidad absoluta” y ha acusado a la fallecida de ser una activista “víctima de la ideología de izquierda” que trató de atropellar al oficial con su vehículo.

Por el contrario, autoridades locales y estatales, incluyendo el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota, han rechazado esa narrativa, denunciando el uso excesivo de la fuerza y exigiendo investigaciones claras y participación estatal en las mismas.

3. El hilo común: deshumanización y excepcionalidad permanente

El vínculo entre lo externo y lo interno no es retórico, es estructural. Ambos descansan en dos pilares. El primero, la deshumanización: cuando el lenguaje del poder convierte personas en categorías (“ilegales”, “amenazas”, “enemigos”), la violencia se vuelve técnica, administrativa, casi automática; ya no se mata a alguien, se “neutraliza un riesgo”. El segundo pilar es la excepcionalidad: se gobierna como si el país estuviera siempre al borde del colapso. En ese clima, todo vale: fuera, bloqueos, injerencias, castigos colectivos; dentro, uso letal de la fuerza, opacidad, impunidad federal. La excepción se vuelve norma, y la norma deja de proteger.

4. El retorno de la violencia imperial

Hay algo histórico en esto. Los imperios siempre acaban reimportando a casa las técnicas de dominación que ensayan fuera; estos nunca consiguen confinar la violencia a sus márgenes, a sus periferias. Las técnicas que ensayan lejos, sobre poblaciones convertidas en objetos de administración o castigo, terminan regresando al centro; la frontera exterior se disuelve y reaparece en las calles, en los cuerpos, en las instituciones.

Ya lo advirtieron pensadoras como Hannah Arendt y pensadores como Aimé Césaire: la dominación colonial no solo destruye a los dominados, también corroe moral e institucionalmente a la metrópolis. La violencia que se justifica “fuera” vuelve hacia “dentro” transformada en método de gobierno. La brutalidad interna es el precio de una hegemonía que ha aprendido a gobernar instalada en la excepción. El imperio, incapaz de contener su violencia en el exterior, acaba aplicándose a sí mismo las herramientas que creó para dominar a otras y otros.

En el caso estadounidense, este “efecto boomerang” se manifiesta de manera muy concreta. Las doctrinas de contrainsurgencia, desarrolladas para gestionar poblaciones consideradas hostiles en escenarios externos, han ido impregnando progresivamente la concepción de la seguridad interna. La ciudadana y el ciudadano dejan de ser un sujeto de derechos y pasan a ser un factor de riesgo en unas ciudades convertidas en teatro de operaciones. No se trata ya de perseguir delitos, sino de controlar territorios y conductas.

A esta transformación doctrinal se suma una traducción material inequívoca: la militarización de la policía. Equipos diseñados para la guerra (vehículos blindados, armamento táctico, dispositivos de vigilancia) pasan de los frentes exteriores a las calles. El mensaje es claro: el orden interno se mantiene con lógicas de guerra, no de convivencia democrática. Cuando la estética, el entrenamiento y el lenguaje son militares, la respuesta tiende a ser militar, incluso ante conflictos civiles.

El tercer canal del retorno es la vigilancia. Las herramientas creadas en nombre de la “guerra contra el terrorismo” (recolección masiva de datos, centros de fusión de inteligencia, cooperación opaca entre agencias) se integran en la gestión cotidiana del Estado. El resultado es una relación invertida entre poder y sociedad: la ciudadanía se vuelve transparente para el Estado, mientras el Estado se vuelve totalmente opaco para esta.

5. La frontera como laboratorio

El laboratorio más revelador de esta lógica sea la frontera. Allí se normalizan prácticas de excepción: detenciones prolongadas, uso intensivo de la fuerza, ambigüedad legal, deshumanización del “otro”. Cuando agencias como la ICE trasladan esa lógica al interior del país, la frontera deja de ser un lugar y se convierte en una condición: aparece en barrios, carreteras, domicilios, y el “enemigo externo” se reconfigura como amenaza interna.

En este contexto, lo verdaderamente inquietante no es solo el acto violento en sí, sino su normalización discursiva. Cada episodio sigue un guion reconocible: se invoca la autodefensa, se amplifica la noción de amenaza, se activa el cierre de filas institucional y se desplaza el caso a circuitos de investigación que reducen la transparencia. Nombrar el hecho como “crimen” se vuelve casi imposible, porque el lenguaje disponible es el de la seguridad, no el de la justicia. Cuando el Estado pierde la capacidad de sentir vergüenza ante su propia violencia, ya no estamos ante una democracia tensionada, sino ante una democracia degradada.

Aquí se produce el punto de inflexión más grave. Una democracia puede soportar tensiones, incluso episodios de violencia. Lo que no puede soportar es la pérdida de vergüenza ante esa violencia. Cuando el Estado ya no siente la necesidad de justificarse moralmente, cuando basta con invocar “orden”, “seguridad” o “terrorismo” para clausurar el debate, la degradación democrática está en marcha.

6. Las resistencias a la brutalización: límites, fisuras y posibilidades

La buena noticia es que esta deriva autoritaria no avanza en un vacío. Incluso en un contexto de fuerte recentralización del poder bajo Donald Trump, Estados Unidos sigue siendo un sistema fragmentado, y esa fragmentación es precisamente el terreno donde surgen las resistencias.

Resistencias institucionales: frágiles pero reales

Uno de los principales focos de resistencia proviene de gobiernos estatales y municipales, especialmente en estados gobernados por demócratas. Ciudades como Minneapolis o estados como California han limitado la cooperación con la ICE, como durante la anterior presidencia de Trump se constituyeron como “santuarios” frente a la política anti inmigración. Tras episodios de violencia federal, alcaldes y gobernadores han exigido investigaciones estatales, rompiendo el monopolio narrativo del gobierno federal. El problema es que estas resistencias dependen de competencias legales restringidas, por lo que el poder coercitivo último sigue siendo federal.

También el sistema judicial estadounidense sigue siendo un campo de disputa. Juezas y jueces federales y estatales han bloqueado órdenes ejecutivas, deportaciones colectivas y usos expansivos de la fuerza. Por otra parte, demandas civiles y constitucionales intentan repolitizar la legalidad, obligando al Estado a justificar sus actuaciones. También esta resistencia tiene un límite: la judicialización es lenta, técnica y fácilmente presentada como “elitista” o “antidemocrática” por el discurso trumpista.

Resistencias sociales: fragmentadas pero persistentes

Movimientos civiles y comunitarios, organizaciones de derechos civiles, redes vecinales y colectivos migrantes actúan como infraestructuras de contención frente a la brutalización: monitorean redadas, documentan abusos, ofrecen apoyo legal y material a las personas perseguidas y violentadas. Cada muerte, cada abuso visible, reactiva ciclos de protesta, no siempre masivos, pero constantes. La calle sigue siendo un espacio de disputa simbólica y la violencia estatal ya no puede ocultarse del todo gracias a registros ciudadanos. El problema es que esta protesta es fácilmente encuadrada como amenaza al orden, justificando más represión. Es una resistencia necesaria pero vulnerable. ¿Su límite? Desgaste, criminalización y desigualdad de recursos frente al Estado.

Resistencias dentro del propio Estado

Esta dimensión suele pasarse por alto, pero es crucial. Muchas funcionarias y funcionarios, fiscales locales, agentes y burócratas no comparten esta deriva brutalista y autoritaria, lo que se concreta en filtraciones, dimisiones, resistencias pasivas y desacuerdos internos que erosionan la eficacia total del aparato represor. Incluso dentro de agencias federales existen fracturas entre mandos politizados y profesionales que aún se reconocen en una ética de servicio público. De nuevo, hay un evidente límite en esta forma de resistencia: estas resistencias son silenciosas, individuales y rara vez visibles; no construyen por sí solas una alternativa política.

Resistencias culturales y narrativas

Aquí se libra una batalla decisiva. Hablamos del periodismo de investigación, las universidades, la producción cultural o las acciones y reivindicaciones de memoria histórica, que siguen disputando el relato de lo que es “normal” o “aceptable”. Nombrar un asesinato como asesinato y no como “incidente” es ya una forma de resistencia. Mantener el lenguaje moral vivo es una forma de frenar la deshumanización. Su limitación; saturación informativa, polarización y desconfianza generalizada en la idea misma de “verdad”.

El rasgo común de todas estas resistencias es que existen, pero no convergen. Son defensivas, reactivas y sectoriales. Lo que falta no es indignación ni valor, sino un marco común, un proyecto político articulado y una narrativa capaz de disputar la idea de seguridad, soberanía y orden sin caer en la lógica del miedo. Mientras la brutalización se presenta como “decisión fuerte”, la resistencia aparece como “obstáculo”.

7. Una conclusión provisional

La pregunta decisiva no es si hay resistencias, que las hay, sino si pueden dejar de resistir para empezar a gobernar el sentido del poder en el país. Hoy, en EE. UU., la brutalización avanza no porque no encuentre oposición, sino porque no encuentra todavía una alternativa creíble que la sustituya

El triunfo de Zohran Kwame Mamdani en Nueva York no constituye una solución al problema de fondo que venímos analizando, pero sí funciona como una señal. No altera el equilibrio nacional del poder ni frena por sí mismo la dinámica de brutalización, pero ofrece algo escaso hoy en Estados Unidos (y en el mundo): una intuición práctica de cómo podría construirse una alternativa creíble.

Lo interesante del caso Mamdani no reside únicamente en su programa, sino en la forma en que concibe la política. No se presenta como una figura de resistencia exclusivamente moral frente a un poder desbocado, sino como alguien que aspira a gobernar el sentido mismo del poder político. Su discurso no se organiza en torno al miedo, la amenaza o la excepcionalidad, sino alrededor de derechos materiales concretos: vivienda, transporte, alimentación, servicios públicos. En lugar de responder a la lógica securitaria con una versión “progresista” de la seguridad, desplaza el eje del debate: el problema central no es el desorden social, sino la inseguridad material estructural que atraviesa la vida cotidiana.

En ese desplazamiento hay una enseñanza clave: la brutalización del poder se legitima prometiendo orden frente al caos; Mamdani, en cambio, redefine la agenda mostrando que la verdadera estabilidad proviene de condiciones de vida previsibles y dignas. No se limita a denunciar la violencia del Estado o la injusticia del sistema, sino que propone cómo debe funcionar el poder para producir bienestar. Eso le permite interpelar no solo a los sectores militantes, sino a amplias capas de población que no se reconocen en una identidad política radical, pero sí como inquilinas, usuarias del transporte público, trabajadoras o vecinas.

Su victoria también muestra que es posible pasar, al menos en determinadas escalas, de la protesta defensiva a una hegemonía parcial. Es verdad que Nueva York ofrece condiciones específicas tales como densidad organizativa, sindicatos aún influyentes, tradición de políticas redistributivas, pero la lección no es replicar mecánicamente ese contexto, sino aprender que la hegemonía no se construye solo denunciando el poder existente, sino ejercitando otro modo de gobernar allí donde sea posible.

Hay, además, un aspecto particularmente relevante frente a la lógica de la brutalización: Mamdani evita deliberadamente la construcción del enemigo. No responde a la política del miedo señalando nuevos culpables ni reforzando la centralidad de la policía como solución universal. Su discurso no gira en torno a quién debe ser castigado, sino a qué condiciones deben garantizarse para que la violencia deje de ser el lenguaje dominante del Estado. En ese sentido, no disputa quién es la amenaza, sino si es necesario gobernar a través de amenazas.

El proyecto que encarna Mamdani sigue siendo local, depende de coaliciones frágiles y no controla los grandes aparatos coercitivos ni el marco federal. Existe el riesgo de que este tipo de experiencias queden confinadas como “excepciones urbanas”: toleradas, contenidas o absorbidas sin capacidad de transformación estructural. La historia, también la estadounidense, está llena de islas de buen gobierno rodeadas por un océano de políticas regresivas.

Aun así, la enseñanza más relevante no es electoral, sino conceptual. La alternativa a la brutalización no pasa por una política simplemente “más ética” o “menos violenta” (con ser esto relevante), sino por una política materialmente eficaz para producir seguridad colectiva sin recurrir a la coerción y a la violencia. Mamdani sostiene que la seguridad puede pensarse como vivienda estable, la paz como acceso garantizado a servicios y el orden como previsibilidad vital. En esa redefinición, el poder deja de ser la capacidad de imponer y pasa a ser la capacidad de hacer innecesaria la imposición.

Su triunfo no constituye una alternativa sistémica, pero sí algo imprescindible para que esta llegue a existir: una gramática distinta del poder. En un contexto donde la brutalización avanza no porque no encuentre oposición, sino porque no encuentra un reemplazo creíble, experiencias como esta señalan que el problema no es solo frenar la deriva autoritaria, sino imaginar y practicar otra forma de gobernar. Toda nueva hegemonía empieza ahí, cambiando el lenguaje con el que se concibe y practica el poder.

Construir el mañana democrático

 

Cincuenta años después de la muerte de Franco, la sociedad vasca y española afrontan una paradoja inquietante: parte de la juventud, nacida en democracia y con acceso ilimitado a información, empieza a mostrar simpatías hacia discursos reaccionarios e incluso nostalgias del franquismo. Diversos estudios confirman un menor compromiso con la democracia, un giro conservador y un creciente apoyo a la extrema derecha entre la llamada Generación Z (18-28 años) en España. En Euskadi, si bien la juventud en su conjunto sigue siendo mayoritariamente democrática y de centro-izquierda y el voto explícito a Vox es muy reducido, están apareciendo nichos concretos de chicos jóvenes con actitudes cercanas a marcos de extrema derecha (rechazo a la inmigración, a los derechos del colectivo LGTBIAQ+ o al aborto).

La brecha de género refuerza esta deriva. Los hombres jóvenes adoptan posturas más indulgentes, creen que el franquismo pudo tener efectos positivos e incluso beneficiar a las familias, mientras que las mujeres jóvenes mantienen una visión más crítica, subrayan el carácter opresivo del régimen y rechazan cualquier legitimación del autoritarismo. De esta brecha derivan actitudes machistas, homófobas y xenófobas presentadas como “rebeldías modernas”, así como una preocupante banalización de la violencia.

Este fenómeno no es aislado ni nuevo. El informe de 2013 Backsliders: Measuring Democracy in the EU (Retrocesos: midiendo la democracia en la UE), publicado por el think tank británico Demos, ya alertaba de que la crisis económica y la desafección ciudadana alimentaban discursos iliberales en varios Estados miembros, y que, sin una vigilancia sistemática y criterios comunes de evaluación, la UE corría el riesgo de tolerar en su interior democracias cada vez más frágiles, erosionadas o incompletas. “La democracia en Europa ya no puede darse por sentada”, advertía.

España no es ajena a una ola reaccionaria que atrae a jóvenes desconectados de la democracia liberal y seducidos por discursos que prometen identidad, orden y certezas. La memoria del franquismo y del terrorismo en Euskadi -nuestro particular elefante en la habitación- no siempre se han transmitido de forma clara. Y la política institucional, puro ruido y furia, ha dejado un vacío narrativo que no ofrece horizontes de futuro capaces de ilusionar.

A ello se suma un elemento decisivo: las condiciones materiales de vida de la juventud. No comprenderemos la creciente distancia entre jóvenes y democracia sin atender a un presente marcado por la inestabilidad laboral, alquileres inasumibles y un horizonte vital aplazado. Cuando la democracia no garantiza expectativas razonables de autonomía y bienestar, su legitimidad se erosiona. En esa grieta se instalan y crecen discursos que prometen soluciones simples a problemas complejos. La precariedad no solo empobrece, también debilita el vínculo cívico, rompe la confianza y deja a una generación atrapada entre el desencanto y la tentación autoritaria.

Dicho esto, conviene situar la realidad en sus justos términos. Aunque existe un segmento significativo (en torno al 23 por ciento, en el caso de España) que muestra cierta simpatía hacia el autoritarismo, el grueso de la juventud sigue alineado con los valores democráticos. Lo preocupante no es que la juventud sea mayoritariamente antidemocrática, que no lo es, sino la emergencia de una minoría creciente que cuestiona principios antes ampliamente consensuados, y cuya sensibilidad es más volátil en contextos de precariedad, incertidumbre y déficit de memoria histórica.

Frente a esta deriva, se necesita una respuesta firme pero serena. Urge una educación democrática que fomente pensamiento crítico, alfabetización mediática y conocimiento riguroso del pasado para entender cómo se conquistaron las libertades. Es clave reactivar la transmisión entre generaciones: Euskadi cuenta con una memoria organizada (archivos, asociaciones, víctimas) que puede dialogar con la juventud sobre el franquismo y la transición democrática en lenguajes contemporáneos y desde espacios culturales y formativos atractivos. La democracia necesita relato y referentes, pero también buenas leyes que blinden derechos y libertades: igualdad real de género, protección frente al odio, derechos sociales. Esta es la manera de presentar a las personas más jóvenes un horizonte inspirador, una Euskadi y una España justas, plurales, comprometidas con sus libertades.

El terreno digital es, en este sentido, un frente decisivo. La democracia debe competir donde hoy se forma la opinión juvenil, apoyando a creadoras y creadores que defiendan la igualdad y los derechos, y produciendo contenidos capaces de contrarrestar la potencia emocional de los discursos extremistas. Junto a ello, son imprescindibles espacios físicos de convivencia intergeneracional e intercultural, proyectos comunitarios y barriales, iniciativas que fortalezcan la experiencia cotidiana de la diversidad y fomenten la conversación cívica.

La regresión no es inevitable, pero ignorarla no es opción. Frente a la tentación autoritaria, toca alzar de nuevo la voz colectiva que nos trajo hasta aquí: libertad sin ira, sí, pero libertad disputada y arduamente construida. A medio siglo del fin de la dictadura no basta con recordar, hay que transmitir el sentido de lo ocurrido. La añoranza franquista es una distopía canalla y sangrienta. La insatisfacción con la democracia nos eleva cuando exige más democracia, no menos. Porque cada generación tiene la responsabilidad y el derecho de ensanchar la libertad recibida.

https://www.elcorreo.com/opinion/imanol-zubero-construir-manana-democratico-20251123000407-ntrc.html