Sueño californiano

Exposición fotográfica de Darcy Padilla en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU, en el campus de Leioa. Merece mucho la pena acercarse a verla.

 

"California alberga a la mitad de las personas sin techo de Estados Unidos. En 2022, según cifras oficiales, 115.491 personas dormían en la calle, en parques, vehículos y edificios abandonados. Algunos expertos creen que la cifra real es mucho mayor. Desde hace más de una década, California tiene la mayor población de personas sin hogar del país y desde la Gran Recesión de 2008, Darcy Padilla ha estado documentando el aumento de la pobreza y la falta de vivienda".

 

 

¿Hay que merecer el derecho a vivir?

 

 

[1] A lo largo del año 2023 y hasta julio de 2024 Lanbide suspendió la RGI a casi seis mil personas, algo más de un 10 por ciento del total de personas perceptoras. Ya sólo este dato debería activar nuestra atención y sacarnos de cualquier discurso autocomplaciente. “¿Por qué no observar la estructura de los programas en vez de las fallas de los beneficiarios? […] ¿Por qué no diseñar programas que toleren más las equivocaciones?” (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez). Máxime cuando muchas veces ni siquiera hablamos de equivocaciones de las personas perceptoras sino de fallos en el propio programa, que pretende formalizar, burocratizar y controlar unas vidas cada vez más líquidas, más inciertas, más fluidas. Con lo que acaba por imponer normas y procedimientos que rompen la organicidad de la vida.

 

[2] En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudiaba la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el 14 de junio de 2022, el Ararteko señaló lo siguiente:

ü  que la suspensión cautelar de la RGI no sea utilizada “de manera sistemática”;

ü  que gran parte de los incumplimientos por los que se suspende son meros trámites, como “la imposibilidad de mantener ininterrumpidamente un padrón” o no presentar “cierta documentación a la que al usuario le resulta difícil o imposible acceder”.

ü  Y recordó algo esencial: que esas personas, cuando se les retira la prestación, siguen siendo vulnerables.

 

[3] Este recordatorio resulta especialmente relevante porque lo cierto es que si consultamos la web del Ararteko (www.ararteko.eus/es/search?texto=suspensi%C3%B3n+RGI)  encontraremos un largo rosario de referencias a suspensiones o extinciones de la RGI a personas muy vulnerables que, si bien han sido atendidas por la administración vasca, suponen una gravísima afectación a la vida de personas en situación de enorme vulnerabilidad:

ü  Lanbide tiene en cuenta una recomendación del Ararteko y revisará la suspensión de la RGI de un ciudadano que no pudo abonar temporalmente una pensión de alimentos en su totalidad (15/05/2023).

ü  Tras la intervención del Ararteko Lanbide anula el acuerdo por el que reclamaba a un ciudadano el reintegro de unas prestaciones (13/01/2020).

ü  El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que deje sin efectos la extinción de una RGI por inexistencia de causa para ello (10/01/2017).

ü  El Ararteko pide al Gobierno Vasco que revise la suspensión de las prestaciones económicas de un trabajador autónomo a quien se le imputó un rendimiento ficticio de su actividad (23/09/2021).

ü  El Ararteko pide revisar la extinción de una RGI a una mujer cuyo marido es temporero y sale de la comunidad autónoma para trabajar (18/01/2021).

ü  Recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución de mantenimiento de la suspensión de la prestación de la RGI y la PCV, por estimar que la persona interesada ha aportado la documentación requerida y ha presentado las alegaciones que acreditan el cumplimiento de los requisitos en la instrucción del expediente, sin que la presentación del documento justificativo en fase de recurso invalide su derecho (26/07/2018).

ü  Lanbide toma en cuenta las recomendaciones del Ararteko y acepta revisar el caso de una madre a la que extinguió las prestaciones económicas (06/06/2023).

“Pero muchas de esas suspensiones finalmente han sido revertidas”, podrá decir alguien; sí, pero tras una suspensión indebida, apresurada, poco o nada reflexionada, con consecuencias que muchas veces han sido dramáticas: dificultades o imposibilidad de pagar alquileres o créditos, para acceder a la alimentación, etc.

 

[4] Las suspensiones, aunque sean temporales y aunque puedan ser revisadas, suponen introducir más escasez en existencias ya truncadas por la escasez, con lo que esto significa:

La escasez no es sólo una limitación física, es también un estado mental. Cuando la escasez captura la atención, cambia la forma de pensar […] cómo se ponderan las elecciones, cómo se delibera y, en última instancia, lo que se decide y la conducta. Cuando se vive en condiciones de escasez, los problemas se representan, administran y tratan de forma diferente […].

Menos dinero significa menos tiempo. Menos dinero significa que es más difícil socializar, menos dinero significa alimentos de menor calidad y menos saludables. La pobreza significa escasez de los propios artículos que sostienen casi todos los demás aspectos de la vida.

[…] Las personas de escasos recursos […] hace malabares para pagar renta, préstamos, cuentas atrasadas, y cuentan cada día que falta para que les paguen su cheque. Emplean su ancho de banda para administrar su escasez. […]

Algo de lo que más carecen los pobres es ancho de banda. La mera lucha por estirar los ingresos les deja menos de este recurso vital (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez).

Es a estas personas, en estas circunstancias, a las que se está suspendiendo la RGI. A las personas más vulnerables, a las más precarizadas, a las más necesitadas de eso de las que se les priva.

 

[5] “¿Qué es una sociedad decente?”, se pregunta y nos pregunta A. Margalit. Esta es su respuesta: “una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas”. ¿Y qué es la humillación? El mismo autor dice que “es un tipo de conducta o condición que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado al respeto”.

¿Estamos seguras de que el sistema de gestión de la RGI cumple el criterio de decencia de Margalit? Yo digo que no.

 

[6] Isabel Torre es una doctora en Sociología que en el año 2023 defendió la tesis titulada Emociones y activación. Un análisis de las subjetividades de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, en la que concluye lo siguiente:

Las principales emociones en la experiencia de encontrarse percibiendo la RGI son el miedo, la tristeza, la vergüenza y la duda. Ante tales emociones, de signo negativo, se desprende una posible erosión de las subjetividades de los individuos bajo estudio, así como una dura gestión emocional. Se confirma, pues, que la actual configuración de la RGI y el imaginario colectivo acerca de la misma no sirve a las personas usuarias como herramienta de empoderamiento (https://addi.ehu.es/handle/10810/64552?show=full).

¿Desearíamos para nosotras una realidad así?

 

[7] En su Teoría de la justicia John Rawls desarrolló las ideas de la "posición original" y el "velo de la ignorancia" como herramientas conceptuales diseñadas para fundamentar principios de justicia imparciales y equitativos. La posición original es un experimento mental en el que individuos racionales y libres deliberan sobre los principios que regirán la estructura básica de la sociedad (instituciones políticas, económicas y sociales).     Estas personas buscan maximizar sus propios intereses, pero no tienen poder ni privilegios sobre otros, asegurando así un proceso equitativo. Estas personas diseñan las reglas desde cero, sin sesgos, ya que operan en el marco del velo de la ignorancia, de manera que desconocen ciertas características de sí mismas o de su lugar en la sociedad, tales como: su posición socioeconómica (ricos, pobres, clase media, etc.), sus habilidades naturales (inteligencia, talento, fuerza, etc.), su género, raza, religión o cualquier otra circunstancia particular, sus preferencias personales o valores específicos. Esto significa que las personas participantes deben formular principios de justicia sin saber si serán ricos o pobres, hombres o mujeres, privilegiados o marginados. La idea es que, al eliminar el conocimiento de estas diferencias, las decisiones que tomen serán imparciales, ya que nadie puede diseñar reglas que beneficien a su posición particular.

El propósito de la posición original y del velo de la ignorancia es garantizar que los principios de justicia acordados sean universales (aplicables a todas las personas, independientemente de sus circunstancias), imparciales (no influenciados por intereses particulares o sesgos) y equitativos (que protejan a las menos aventajadas y aseguren una igualdad básica de oportunidades).

En estas condiciones, ¿de verdad diseñaríamos este sistema de rentas mínimas? ¿o lo hemos diseñado así porque sabemos perfectamente que nunca vamos a vernos en la tesitura de tener que transitar por el espacio de la RGI y someternos a sus exigencias? El problema de la RGI es que quienes estamos aquí sabemos que jamás vamos a tener que recurrir a esa prestación. Pero, ¿y si la pensáramos poniéndonos en el lugar de quienes si lo hacen?

 

[8] Por cierto, a propósito del imaginario colectivo sobre la RGI al que se refería Isabel Torre. Repetidamente se utiliza el argumento del control estricto de las personas perceptoras (base de esa suspensión cautelar sistemática advertida por el Ararteko) como una forma de legitimación de la RGI frente a una opinión pública y publicada cada vez más crítica con esta ayuda. No estoy de acuerdo. Al contrario, creo que se está provocando el efecto contrario, el aumento del discurso deslegitimador. Recordemos aquella infame campaña de la Diputación Foral de Bizkaia en 2017 con el lema “ayudas sí, control también” (https://www.bizkaia.eus/es/web/comunicacion/noticias/-/news/detailView/17923) para presentar su Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019.

En 2023 Lanbide puso en marcha una nueva Unidad de Inspección para “controlar el correcto cumplimiento” de la RGI, con 19 inspectoras e inspectores. Como si el de las prestaciones sociales fuese un lodazal de corrupción. Comparemos este esfuerzo inspector con el hecho de que en febrero de 2023 contábamos con 51 plazas de inspección de trabajo para toda Euskadi, de las que 10 estaban vacantes. Estamos hablando de un ámbito, el laboral, en el que ya se han producido 30 muertes este año, la última esta misma semana, el martes, en Bilbao.

No creo que aventar la imagen de unas prestaciones sociales amenazadas por el fraude, algo que todas las estadísticas desmienten, sea la mejor forma de legitimarlas. Y menos si lo hace la propia administración. Hace mucho que lo vengo diciendo (https://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201410/27/aceptable-ponga-bajo-sospecha-20141025082440.html).

 

[9] Vivianne Forrester nos interpela en El horror económico con un interrogante que no podemos dejar de responder: “En este sistema sobrenada una pregunta esencial, jamás formulada: ¿Es necesario merecer el derecho a vivir?”.

Yo digo que no, y estoy en disposición de hacer lo que sea preciso para avanzar, y hacerlo con rapidez, hacia la incondicionalidad de las rentas que garanticen los ingresos necesarios para evitar la escasez. Y hacerlo de la única manera en que es posible que esa incondicionalidad no genere agravios, que es con criterio de universalidad.

O sea, hacia una renta básica universal.

 

Por unas políticas sociales universales y dignas

EL CORREO, 13/03/2023

La multiplicación de ayudas económicas condicionadas es un fracaso de las políticas sociales y redistributivas. Mejoran ligera y temporalmente algunas situaciones de pobreza, pero no inciden sobre las estructuras de desigualdad. Las más recientes son la “NUEVA (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio” en el marco del plan anticrisis del Gobierno central, que sucede –como no podía ser de otra manera- a la “ANTERIOR (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio”, y, en Euskadi, las “Nuevas Ayudas Mensuales a la Crianza de las Hijas o Hijos”, otros 200 euros mensuales para toda hija o hijo hasta que cumpla tres años y 100 euros mensuales si es la tercera o sucesiva hija o hijo, desde que cumpla los tres años hasta que cumpla los siete. Ayudas que se suman a (en el caso de la medida vasca) o son incompatibles con (en el caso de la medida estatal) otras ayudas económicas anteriores, como el Ingreso Mínimo Vital.

Son las últimas de una extensísima lista de ayudas económicas condicionadas que incluyen medidas permanentes y de mayor dotación económica (las rentas de garantía de ingresos o rentas de inserción) junto a otras complementarias de estas (ayudas de emergencia social, subsidios complementarios por desempleo, renta activa de inserción, subsidio por insuficiencia de cotización…), ayudas ocasionales (bonos cultura) y otras muchas dirigidas a colectivos específicos (prestación extraordinaria por desempleo de los artistas, bono joven de alquiler, subsidio para emigrantes retornados o para personas liberadas de prisión, ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género…). Moverse por esta selva de ayudas que a veces suman y a veces restan, que en muchos casos son incompatibles entre sí y con el empleo, exige unos recursos de tiempo y de competencias (digitales, por ejemplo) que no están al alcance de cualquiera, además de una burocracia hipertrofiada. Y todo ello para que, al final, apenas si permitan superar por poco el umbral de pobreza, sin salir nunca del espacio de la inseguridad y la incertidumbre precarias.

Son “políticas de final de cañería”, actuaciones que buscan revertir situaciones que, en realidad, responden a dinámicas estructurales, de las que no son sino consecuencia: la ruptura de la norma social del empleo estable y la extensión del trabajo indecente; la mercantilización creciente de bienes esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda o la educación; la elusión y evasión fiscales y la consecuente crisis de los ingresos públicos. Frente a estas dinámicas, lo que necesitamos son buenos salarios y buenas condiciones laborales, buenas pensiones de jubilación, una renta básica universal que sustituya a toda esa miríada de ayudas condicionadas, una fiscalidad que tope las desorbitadas rentas altas y recupere para la sociedad beneficios injustamente privatizados, un parque suficiente de vivienda pública que permita a cualquiera acceder a un alquiler y que no retorne al mercado privado, servicios públicos de cuidado para la infancia y para las personas mayores. Lo que necesitamos es aquello que demandamos, quienes podemos hacerlo, para nosotras mismas: justicia y derechos.

Necesitamos políticas universalistas, que nos incluyan a todas. Las políticas sociales destinadas a las personas pobres acaban siendo pobres políticas sociales ya desde su mismo diseño, fundado sobre un insostenible despotismo tecnocrático: todo para las personas pobres, pero sin contar con las personas pobres. La condicionalidad apenas logra ocultar la cultura de la desconfianza sobre la que se conciben y aplican estas ayudas. En estos momentos hay organizaciones sociales vascas denunciando el control al que la Ertzaintza está sometiendo a las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, accediendo a sus hogares con el fin de comprobar el cumplimiento de requisitos como los de empadronamiento o las identidades de las personas que viven en un determinado domicilio. Es la policía la que se está encargando de esta tarea: no sé si somos conscientes de lo que supone que una patrulla uniformada se presente en el domicilio de una persona para investigarla sin que medie denuncia alguna, solo desde la sospecha o la supuesta prevención de un fraude que es rechazable pero anecdótico, lo que esto tiene de estigmatizador, de humillante.

En 1989 la investigadora y activista feminista Peggy McIntosh nos animaba a deshacernos de la “maleta invisible” de nuestros privilegios, de todas esas “ventajas inmerecidas” de las que disfrutamos inconscientemente por el hecho de ser varones, o blancas, o educadas, o económicamente acomodadas: “Al estudiar el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno, me di cuenta que, como las jerarquías de nuestra sociedad están interrelacionadas, es muy probable que haya un fenómeno del privilegio blanco que sea igualmente negado y protegido. Como persona blanca, me di cuenta que me habían enseñado el racismo como algo que pone a otras personas en situación de desventaja, pero me habían enseñado a no pensar en sus consecuencias, el privilegio blanco, lo cual me pone en una situación de ventaja”. Esos privilegios que, como advierte la periodista Reni Eddo-Lodge, son tan difíciles de definir y de percibir porque, esencialmente, significan una “ausencia de las consecuencias negativas” del racismo, del machismo o del clasismo. “El privilegio blanco –escribe Peggy McIntosh- es como una maleta invisible e ingrávida llena de provisiones especiales, mapas, pasaportes, folletos de códigos, visas, ropa, implementos, y cheques en blanco”.

Las personas que investigamos o intervenimos en el campo de las políticas sociales no podemos seguir funcionando desde la inconsciencia de nuestra maleta de privilegios, desde nuestra posición de ventaja. Pensamos y actuamos desde un marco mayoritariamente varón, blanco, educado y económicamente acomodado. Diseñamos o gestionamos ayudas, recursos y servicios que nunca son para nosotras, sino para otras. Imponemos o justificamos condiciones que jamás aceptaríamos para nosotras. Porque nuestro mundo es el de los derechos, no el de las ayudas.

Creo que es urgente que las entidades sociales sistematicen todo el conocimiento del que disponen y que evidencia las insuficiencias y perversiones del modelo de ayudas condicionadas. Que se paren a pensar en el papel que están jugando como gestoras y legitimadoras de este modelo. Que se planten, que nos plantemos, y que militemos de una vez por todas en favor de unas políticas sociales universales y dignas, de unos recursos y servicios sociales a los que no nos importaría tener que recurrir.

Criada: Trabajo duro, sueldos bajos y la voluntad de supervivencia de una madre

Stephanie Land

Criada: Trabajo duro, sueldos bajos y la voluntad de supervivencia de una madre

Traducción de Mireia Bofill Abelló

Capitán Swing, 2021

"Una de las grandes ventajas de estar dispuesta a ponerte de rodillas para fregar un váter es que nunca tendrás problemas para encontrar trabajo".

A sus veintiocho años Stephanie Land se ve obligada a cambiar una vida de clase media, razonablemente resguardada por el manto de la seguridad económica de sus padres, por la de una joven madre enredada en una separación conflictiva y a ratos violenta, afrontando una vida de crianza en solitario y de precariedad económica. Una pobre con trabajo, un empleo mal pagado, físicamente muy exigente, incompatible con el cuidado de su hija y de sí misma:

"Trabajaba aunque estuviera enferma y llevaba a mi hija a la guardería cuando debería haberse quedado en casa. Mis condiciones laborales no incluían bajas por enfermedad, ni vacaciones pagadas, ni la previsión de un posible aumento salarial y, sin embargo, a pesar de todo, yo suplicaba que me dieran más trabajo. Raras veces conseguía recuperar los ingresos perdidos si alguna vez faltaba el trabajo, y si faltaba demasiado a menudo, corría el riesgo de ser despedida. Era vital que no me fallara el coche, pues un conducto roto, un fallo del termostato o incluso un pinchazo podía desequilibrar nuestro presupuesto, hacernos retroceder  y precipitarnos hacia el abismo, de vuelta al refugio para personas sin hogar. Vivíamos, sobrevivíamos, en un mesurado desequilibrio. Esa era mi existencia ignorada, mientras sacaba lustre a la de otras personas para que pareciera perfecta".

Un mundo de análisis de orina aleatorios en las viviendas protegidas para personas con bajos ingresos ("La persona alojada está informada de que este es un refugio para situaciones de emergencia; NO es su domicilio"); de controles permanentes nacidos de la sospecha de que las personas pobres lo son por algún tipo de tara que les impide poner un cierto orden en sus vidas (como si la entropía que las amenaza de forma permanente no fuera un fenómeno estructural, en absoluto una falla en su carácter); una vida marcada por el estigma de tener que comprar con cupones de ayuda, la sospecha de aprovecharse de los impuestos de otras y de otros; un aluvión de burocracia como consecuencia de precisar de "siete modalidades distintas de ayuda pública para poder sobrevivir" (lo que no ocurriría con una Renta Básica); 

"[D]ecidí no prestar atención a los comentarios o a los medios de comunicación que denostaban a las personas que recibían ayudas públicas. 'La asistencia pública no existe', habría querido decirles. El apoyo que ellas y ellos imaginaban no existía. Yo no podía entrar  en una oficina gubernamental y decirles que necesitaba recibir una cantidad suficiente para compensar el exiguo salario con el que tenía que pagar una vivienda. Si pasaba hambre, podría recibir un par de centenares de dólares al mes para comprar comida o acudir a un banco de alimentos. Pero no obtener lo necesario para completar mis ingresos hasta alcanzar la suma que en realidad necesitaba para sobrevivir".

Una existencia de invisibilidad y anonimato a pesar de pasar varias horas en sus casas, con muy contadas excepciones en alguna clienta o cliente que la mira y la trata "como a un ser humano". Un sistema (supuestamente) de protección social que en realidad se configura y funciona como un mecanismo de control y castigo que convierte el hecho de ser pobre en algo demasiado parecido a "estar en libertad condicional".

 

Un relato característicamente estadounidense, es cierto, pero que presenta desasosegantes similitudes (¿anticipaciones?) con procesos de precarización del empleo y culpabilización de las personas pobres cada vez más comunes en nuestra sociedad (los hemos analizado aquí, aquí, aquí, aquí, aquí o aquí).

La automatización de la desigualdad

Virginia Eubanks

La automatización de la desigualdad: Herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres

Traducción de Gemma Deza

Capitán Swing, 2021

 

"Aunque los edificios de los asilos para menesterosos se han demolido, su legado pervive en los sistemas de toma automatizada de decisiones que enjaulan y atrapan a los pobres actuales. Bajo su lustre de alta tecnología, los sistemas de gestión de la pobreza -tanto la toma automatizada de decisiones como la minería de datos y los análisis predictivos- guardan un parecido asombroso con las casas de la caridad del pasado. Las herramientas digitales actuales se sustentan en opiniones punitivas y moralistas de la pobreza y configuran un sistema de contención e investigación con tecnologías avanzadas. El asilo digital disuade a los pobres de acceder a los recursos públicos; supervisa su trabajo, su gasto, su sexualidad y la crianza de sus hijos; intenta predecir su comportamiento futuro, y castiga y criminaliza a quienes no acatan sus dictados. Y, en el proceso, crea distinciones morales cada vez más afiladas entre los pobres que merecen recibir ayudas y los que no, con categorizaciones que demuestran nuestro fracaso como país a la hora de cuidarnos los unos a los otros".

La politóloga Virginia Eubanks firma una profunda investigación sobre la forma en que la asentada cultura de la desconfianza y el castigo hacia las personas pobres se expresa en la actualidad en el lenguaje aparentemente aséptico de las tecnologías de análisis de datos.

 

Porque la aporofobia no es de hoy, aunque el concepto sea muy reciente: no hay más que leer la obra clásica de Bronislaw Geremek La piedad y la horca o recordar la tradición inglesa de las leyes sobre los pobres (en realidad, contra las personas pobres), como el Statut of Laborers (1349), las Poor Relief Acts de 1601 y de 1722, que supone el establecimiento de las workhouses o “casas del trabajo”, ominoso antecedente de la ideología de la activación laboral, o las propuestas del panopticófilo Jeremy Bentham en 1798.

 

Con la excepción de algunos breves momentos de relativa consideración del problema de la pobreza económica como una cuestión social (estructural) y, por ende, como un problema de responsabilidad no solo individual sino también colectiva -la época del denominado sistema Speenhamland (1795), estudiado por Karl Polanyi en La gran transformación, del estado beveridgiano de bienestar o de las políticas de garantía de rentas en sus versiones menos condicionalitarias- las personas pobres han sido siempre una molesta presencia en nuestras sociedades, un recordatorio de todo lo que no funciona (plena, universalmente) en nuestros estados sociales y de derecho: ni el derecho al empleo, ni a la vivienda, ni a la salud... De ahí la permanente tentación de culpabilizarlas de su situación, sacudiéndonos al tiempo nuestra propia responsabilidad colectiva.

Y, claro, los algoritmos desarrollados por una sociedad patriarcal, capitalista, racista y aporofóbica solo pueden reproducir esas mismas bases sociales. Como advierte Eubanks: "Solo la fantasía puede llevar a creer que un modelo estadístico o un algoritmo de clasificación cambiará drásticamente, como por arte de magia, una cultura, unas políticas y unas instituciones construidas a lo largo de los siglos". Y concluye: "Como el asilo para menesterosos de ladrillo y mortero, el asilo digital desvía a los pobres de los recursos públicos. Como la caridad científica, investiga, clasifica y criminaliza. Y como las herramientas acuñadas durante la reacción en contra de los derechos sociales, utiliza bases de datos integradas para marcar objetivos, rastrearlos y castigarlos".

Virginia Eubanks escribe desde y sobre Estados Unidos. Pero lo que dice debería ser leído y reflexionado también por estos lares.

White Trash: Los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses

Nancy Isenberg

White Trash: Los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses

Traducción de Tomás Fernández Aúz

Capitán Swing, 2020 

"Una y otra vez, la presencia de la escoria blanca nos recuerda una de las más incómodas verdades nacionales de Estados Unidos: que sigue habiendo pobres entre nosotros. La zozobra que induce a penalizar a las personas blancas sumidas en la pobreza revela la existencia de una molesta tensión entre las promesas de país que se inculcan a los estadounidenses -es decir, el sueño de la movilidad social ascendente- y la mucho menos atractiva realidad de que las barreras de clase determinen casi invariablemente que ese sueño resulte inalcanzable".

Aunque el acceso de Donald Trump a la Casa Blanca puso el tema de moda (no siendo cierta, se extendió la idea de que quien lo había aupado a la presidencia había sido el voto de la clase trabajadora blanca empobrecida), lo cierto es que la figura del trabajador-blanco-empobrecido es desde hace décadas un icono estadounidense, a la altura del cow-boy o del marine. Personaje literario de primer orden (pensemos en las novelas de John Steinbeck o Erskine Caldwell), es también un objeto de investigación social que ha generado innumerables reportajes periodísticos, así como miles de libros y artículos académicos, muy pocios traducidos al castellano. Entre los libros traducidos, yo destacaría Crónicas de la América profunda, de Joe Bageant (Los libros del lince, 2008; traducción de Pablo Manzano Migliozzi), Hillbilly, una elegía rural, de J.D. Vance (Ediciones Deusto, 2017; trad. de Ramón González Ferriz), Manifiesto Redneck, de Jim Goad (Dirty Works, 2017; trad. de Javier Lucini), Hombres (blancos) cabreados, de  Michael Kimmel (Barlin Libros, 2019; trad. de Daniel Esteban Sanzol) y, sobre todo, Extraños en su propia tierra, de Arlie H. Hochschild (Capitán Swing, 2018; trad. de Amelia Pérez de Villar).

Ahora tenemos la ocasión de leer también este libro de Nancy Isenberg, una auténtica enciclopedia sobre la historia de las y los trabajadores pobres en Estados Unidos, desde la época colobial británica, pasando por el momento fundacional de la nueva nación americana en el siglo XVII, hasta nuestros días:

"Bienvenidos por tanto a la Norteamérica real. La fecha de 1776 es un falso punto de partida para cualquier análisis de las condiciones que reinaban en el continente. La independencia no borró por arte de magia el sistema de clases británico, y tampoco erradicó las arraigadas creencias sobre la pobreza y la deliberada explotación de la fuerza de trabajo humana. La población desfavorecida, a la que prácticamente todo el mundo consideraba un despojo o una simple 'basura', continuaría siendo material desechable hasta bien entrados los tiempos modernos".

Nancy Isenberg construye así la genealogía de las personas y familias blancas pobres, objeto de desprecio y carne de explotación a lo largo de cuatro siglos, estigmatizadas con el apelativo de white trash, escoria o basura blanca. En los siglos XVII y XVIII se veían obligados a trabajar como esclavos en las colonias americanas (recordemos la película de 1947 Los inconquistables, de Cecil B. DeMille, con Gary Cooper y Paulette Goddard como protagonistas), en los años veinte del siglo XX eran los okies narrados por Steinbeck y retratados por Walker Evans, en los setenta fueron los degenerados habitantes de los Apalaches en la película Deliverance, hoy son las y los nómadas que al volante de sus caravanas recorren Estados Unidos a la búsqueda de un empleo precario, tal como denuncia Jessica Bruder en País nómada (Capitán Swing, 2020; trad. de Mireia Bofill Abelló).

Descartados como anomalías genéticas o morales, la escoria blanca es, en realidad, una clase social que constituye una enmienda a la totalidad al mito meritocrático fundamento del sueño americano, el producto de una estructura social radicalmente injusta. Esto es lo que desvela el importante libro de Nancy Isenberg.