Garantizar el derecho a la vivienda

La primera vez que la vivienda se situó como el principal problema para la sociedad española fue en septiembre de 2007 y desde entonces no ha dejado de ocupar los primeros puestos en el listado de preocupaciones ciudadanas. Todas y todos recordamos aquella época en la que las políticas austeritarias transformaron una crisis financiera localizada en una incontenible crisis social y política. La crisis de 2008 no sólo situó la vivienda entre las principales preocupaciones ciudadanas, también abrió un abismo de desconfianza hacia las instituciones públicas, percibidas como incapaces de garantizar el derecho a la vivienda, cuando no como directamente implicadas en su mercantilización.

Un informe del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) cuantifica en 684.385 los desahucios ejecutados entre 2008 y 2019. Familias que vieron hundirse las bases de su existencia. Fue el final de aquella utopía conservadora inaugurada por el franquismo y continuada en la democracia expresada en la famosa sentencia de José Luis Arrese en 1959: "No queremos una España de proletarios sino de propietarios".

Es fundamental impulsar instrumentos de gestión y promoción pública que movilicen vivienda privada vacía hacia el alquiler público, incrementen el parque público de alquiler, primen las reservas de suelo para vivienda protegida, eviten que la VPO retorne al mercado, así como políticas para reducir la influencia del mercado en la vivienda: regulación de los alquileres en zonas tensionadas, compra pública de vivienda para generar un parque público de alquiler. Mientras tanto, dedicar recursos para ayudas al alquiler, convenios con entidades sin ánimo de lucro que promuevan fundaciones de alquiler social y cooperativas en cesión de uso, legislar para garantizar la estabilidad de los alquileres frente a subidas especulativas... La revista Galde, publicada en Donostia-San Sebastián, ha dedicado en su último número un dosier sobre el tema.

El problema de la vivienda es una cuestión esencial de política pública que va más allá de la garantía de un bien de primera necesidad para convertirse en test de verificación de la calidad de nuestra democracia. No son pocos los análisis que apuntan a la posibilidad de que este sea el germen de un nuevo estallido social como el del 15 de mayo de 2011, pero en una coyuntura política mucho más preocupante: hoy la indignación es la cabalgadura de líderes radicalmente antidemocráticos como Trump o Milei.

Por unas políticas sociales universales y dignas

EL CORREO, 13/03/2023

La multiplicación de ayudas económicas condicionadas es un fracaso de las políticas sociales y redistributivas. Mejoran ligera y temporalmente algunas situaciones de pobreza, pero no inciden sobre las estructuras de desigualdad. Las más recientes son la “NUEVA (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio” en el marco del plan anticrisis del Gobierno central, que sucede –como no podía ser de otra manera- a la “ANTERIOR (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio”, y, en Euskadi, las “Nuevas Ayudas Mensuales a la Crianza de las Hijas o Hijos”, otros 200 euros mensuales para toda hija o hijo hasta que cumpla tres años y 100 euros mensuales si es la tercera o sucesiva hija o hijo, desde que cumpla los tres años hasta que cumpla los siete. Ayudas que se suman a (en el caso de la medida vasca) o son incompatibles con (en el caso de la medida estatal) otras ayudas económicas anteriores, como el Ingreso Mínimo Vital.

Son las últimas de una extensísima lista de ayudas económicas condicionadas que incluyen medidas permanentes y de mayor dotación económica (las rentas de garantía de ingresos o rentas de inserción) junto a otras complementarias de estas (ayudas de emergencia social, subsidios complementarios por desempleo, renta activa de inserción, subsidio por insuficiencia de cotización…), ayudas ocasionales (bonos cultura) y otras muchas dirigidas a colectivos específicos (prestación extraordinaria por desempleo de los artistas, bono joven de alquiler, subsidio para emigrantes retornados o para personas liberadas de prisión, ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género…). Moverse por esta selva de ayudas que a veces suman y a veces restan, que en muchos casos son incompatibles entre sí y con el empleo, exige unos recursos de tiempo y de competencias (digitales, por ejemplo) que no están al alcance de cualquiera, además de una burocracia hipertrofiada. Y todo ello para que, al final, apenas si permitan superar por poco el umbral de pobreza, sin salir nunca del espacio de la inseguridad y la incertidumbre precarias.

Son “políticas de final de cañería”, actuaciones que buscan revertir situaciones que, en realidad, responden a dinámicas estructurales, de las que no son sino consecuencia: la ruptura de la norma social del empleo estable y la extensión del trabajo indecente; la mercantilización creciente de bienes esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda o la educación; la elusión y evasión fiscales y la consecuente crisis de los ingresos públicos. Frente a estas dinámicas, lo que necesitamos son buenos salarios y buenas condiciones laborales, buenas pensiones de jubilación, una renta básica universal que sustituya a toda esa miríada de ayudas condicionadas, una fiscalidad que tope las desorbitadas rentas altas y recupere para la sociedad beneficios injustamente privatizados, un parque suficiente de vivienda pública que permita a cualquiera acceder a un alquiler y que no retorne al mercado privado, servicios públicos de cuidado para la infancia y para las personas mayores. Lo que necesitamos es aquello que demandamos, quienes podemos hacerlo, para nosotras mismas: justicia y derechos.

Necesitamos políticas universalistas, que nos incluyan a todas. Las políticas sociales destinadas a las personas pobres acaban siendo pobres políticas sociales ya desde su mismo diseño, fundado sobre un insostenible despotismo tecnocrático: todo para las personas pobres, pero sin contar con las personas pobres. La condicionalidad apenas logra ocultar la cultura de la desconfianza sobre la que se conciben y aplican estas ayudas. En estos momentos hay organizaciones sociales vascas denunciando el control al que la Ertzaintza está sometiendo a las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, accediendo a sus hogares con el fin de comprobar el cumplimiento de requisitos como los de empadronamiento o las identidades de las personas que viven en un determinado domicilio. Es la policía la que se está encargando de esta tarea: no sé si somos conscientes de lo que supone que una patrulla uniformada se presente en el domicilio de una persona para investigarla sin que medie denuncia alguna, solo desde la sospecha o la supuesta prevención de un fraude que es rechazable pero anecdótico, lo que esto tiene de estigmatizador, de humillante.

En 1989 la investigadora y activista feminista Peggy McIntosh nos animaba a deshacernos de la “maleta invisible” de nuestros privilegios, de todas esas “ventajas inmerecidas” de las que disfrutamos inconscientemente por el hecho de ser varones, o blancas, o educadas, o económicamente acomodadas: “Al estudiar el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno, me di cuenta que, como las jerarquías de nuestra sociedad están interrelacionadas, es muy probable que haya un fenómeno del privilegio blanco que sea igualmente negado y protegido. Como persona blanca, me di cuenta que me habían enseñado el racismo como algo que pone a otras personas en situación de desventaja, pero me habían enseñado a no pensar en sus consecuencias, el privilegio blanco, lo cual me pone en una situación de ventaja”. Esos privilegios que, como advierte la periodista Reni Eddo-Lodge, son tan difíciles de definir y de percibir porque, esencialmente, significan una “ausencia de las consecuencias negativas” del racismo, del machismo o del clasismo. “El privilegio blanco –escribe Peggy McIntosh- es como una maleta invisible e ingrávida llena de provisiones especiales, mapas, pasaportes, folletos de códigos, visas, ropa, implementos, y cheques en blanco”.

Las personas que investigamos o intervenimos en el campo de las políticas sociales no podemos seguir funcionando desde la inconsciencia de nuestra maleta de privilegios, desde nuestra posición de ventaja. Pensamos y actuamos desde un marco mayoritariamente varón, blanco, educado y económicamente acomodado. Diseñamos o gestionamos ayudas, recursos y servicios que nunca son para nosotras, sino para otras. Imponemos o justificamos condiciones que jamás aceptaríamos para nosotras. Porque nuestro mundo es el de los derechos, no el de las ayudas.

Creo que es urgente que las entidades sociales sistematicen todo el conocimiento del que disponen y que evidencia las insuficiencias y perversiones del modelo de ayudas condicionadas. Que se paren a pensar en el papel que están jugando como gestoras y legitimadoras de este modelo. Que se planten, que nos plantemos, y que militemos de una vez por todas en favor de unas políticas sociales universales y dignas, de unos recursos y servicios sociales a los que no nos importaría tener que recurrir.

Por un salario mínimo holgado

El pasado 11 de septiembre el diario El País publicaba una entrevista con Denis Pennel, Director General de la Confederación Mundial del Empleo, organización heredera de la anterior Confederación Mundial de Empresas de Trabajo Temporal. En el transcurso de la entrevista, Pennel señalaba lo siguiente: “Debe haber un salario mínimo justo que permita al trabajador vivir de él. Si con él ni siquiera puede alquilarse un piso eso genera un problema social. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, porque si el salario mínimo es muy alto muchas compañías pueden verse ante la situación de no poder seguir adelante y que se destruya empleo. Hay que encontrar un equilibrio entre estas dos situaciones”.

Esta es la formulación canónica mediante la que el mundo empresarial y una parte muy relevante de la ciencia económica plantea su posición ante el salario mínimo: “Si, pero”. Una posición similar es la que expresó el por entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, cuando dijo aquello de que “siempre he defendido que [la vivienda] es un derecho, pero no ignoro que es un bien de mercado también”. El problema es la jerarquía de bienes, la prelación entre una y otra cosa. Y suele ocurrir que la conjunción adversativa “pero” actúa como fiel de balanza, de manera que lo que la precede tiene mucho menos peso que lo que la sucede (como en la frase “yo no soy racista, pero…”).

En el caso del salario mínimo lo que ese “pero” encubre y conviene explicitar es lo siguiente: que si para que una empresa pueda crear o mantener los empleos necesarios para funcionar tiene que ofertar salarios que no permitan a la trabajadora o al trabajador vivir de ellos, habrá que asumirlo. ¿Por qué no decirlo así? Venga, anímense los defensores del salario mínimo condicionado a la viabilidad de las empresas: afirmen sin tapujos que, si hay que pagar salarios que no permiten a las trabajadoras y a los trabajadores vivir de ellos para que una empresa funcione, habrá que asumirlo. ¿De verdad?

Me niego a aceptar el marco que esta formulación canónica pretende hacer pasar por natural. La actividad económica puede y debe supeditarse a los derechos humanos (recordemos el artículo 23.3 de la Declaración Universal), pero ningún derecho humano debería supeditarse a las exigencias económicas.

Economía política de la esclavitud

Perdices de Blas y Ramos Gorostiza firman un interesante artículo en el que analizan el debate económico sobre la esclavitud planteado en Europa en el siglo XIX. “Evidentemente –aclaran-, examinar la esclavitud desde un punto de vista estrictamente económico equivale a discutir aspectos tales como su coste relativo frente al trabajo libre, su eficiencia, su impacto en el modelo productivo, la innovación y las posibilidades de especialización, o su posible relación con políticas comerciales concretas”. Evidentemente. Cada mirada sobre la realidad presenta sus sesgos y puntos ciegos e impone su propia y limitada lógica, y esto es especialmente cierto cuando esa mirada se presenta como “estricta”, es decir, como única mirada. De igual manera podría decirse que examinar la esclavitud desde un punto de vista “estrictamente securitario”, desde la lógica del control de la población esclava y la evitación de conflictos y revueltas, equivale a discutir aspectos tales como el uso más eficiente de la violencia, la oportunidad de los castigos ejemplares, el nivel de temor que conviene inocular en la población esclava para evitar que se rebele, etc.

Pero volvamos al artículo. Resulta que los economistas de los siglos XVIII y XIX apenas prestaron atención a la esclavitud, a pesar de su importancia en las sociedades europeas y en sus colonias, “tal vez porque se consideraba que ello no valía la pena: el sentido común parecía sugerir que –dadas las hondas raíces históricas de dicha institución y lo lucrativo del tráfico negrero- debía tratarse, en todo caso, de una opción productiva evidentemente beneficiosa para quien la adoptaba”. La propia normalización social de la institución esclavista inhibía su evaluación económica, lo que nos indica la profunda interconexión que existe entre el análisis económico y las circunstancias sociales en las que se realiza. Y resulta, también, que cuando algunos economistas empezaron a estudiar la esclavitud y, como consecuencia de sus investigaciones, se acumulaban las pruebas de la falta de sentido económico de la misma, siguió habiendo economistas que defendían su continuidad porque, aun aceptando en términos generales su ineficiencia en comparación con el trabajo libre, “sí podía resultar rentable para los propietarios individuales”.

Aunque no oculto una cierta intención provocadora, no pretendo establecer analogía ninguna entre la esclavitud y la oposición al salario mínimo o a su mejora. Pero sí me permito llamar la atención sobre tres características estructurantes del pensamiento económico que, a la manera de las retóricas de la intransigencia magistralmente desveladas por Albert O. Hirschmann, pueden identificarse tanto en aquel debate sobre la institución esclavista como en la actual discusión sobre la conveniencia o no de un salario mínimo que, sencillamente, permita a quienes lo reciben evitar la pobreza: la aproximación “estrictamente” económica, olvidando que la economía es una ciencia social, que el mercado de trabajo es una institución social (Solow) y que ningún economista es solo economista (Samuel Bentolilla ha reflexionado a este respecto); la preocupación por el objeto de debate solo cuando se propone una mejora en las condiciones del mismo; la búsqueda de casos particulares que puedan justificar el mantenimiento de la situación, su no mejora.

Economía política del salario mínimo

En un libro ya clásico, titulado precisamente Economía política de la esclavitud, Eugene D. Genovese distinguía entre la perspectiva de la “economía política de la esclavitud” y la que se ocupa de estudiar “los aspectos económicos de la esclavitud” para afirmar que la primera no se limitaba a tomar en consideración la economía o la historia económica del esclavismo (como hace la segunda perspectiva), sino que se fijaba en la dimensión “civilizatoria” que una institución, en este caso la esclavitud, puede tener sobre una determinada sociedad, en su potencial configurador, definidor de la totalidad social. En sus palabras: “La esclavitud dio al Sur un modo de vida especial por cuanto estableció las bases indispensables para asentar un orden social regional en el cual el sistema de trabajo esclavista pudo dominar a todos los demás”.

Aceptar que centenares de miles de trabajadoras, sobre todo, y trabajadores, tengan retribuciones iguales o inferiores al SMI, tiene un potencial configurador que debería preocuparnos, ya que convierte en normal la precariedad laboral. Hablamos de una de cada cuatro mujeres empleadas y del 11 por ciento de los hombres (según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del año 2019). Debería preocuparnos porque, en realidad, el llamado salario mínimo es un salario ínfimo, insuficiente para que una persona pueda llevar una vida desahogada. A este respecto sorprende que, por más complicaciones metodológicas que plantee, no dispongamos de una aproximación consensuada que nos permita responder a la pregunta de cuánto cuesta vivir en España.

Sí sabemos, gracias al Àrea Metropolitana de Barcelona, que en 2020 una persona que habitara en Barcelona o en su conurbación necesitaba ingresar, de media, 1.322,52 euros al mes para cubrir sus necesidades básicas (y que una de cada tres personas que la habitan tenían un sueldo inferior a esa cantidad). También sabemos, según una encuesta a más de 1,7 millones de personas de 164 países realizada en 2018, que los ingresos considerados necesarios para disfrutar de bienestar emocional se movían en un intervalo de entre 49.000 y 61.200 euros por persona al año. Cifras muy dispares que, en cualquier caso, son sensiblemente superiores al actual SMI mileurista.

¿Podemos seguir discutiendo sobre el SMI sin acordar, previamente, cuál es el coste económico de una vida decente (es decir, de una vida sin humillaciones institucionales) en España?

De la suficiencia a la holgura

He dicho que el salario mínimo debería permitirnos llevar una vida desahogada, sí. En un libro imprescindible, Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir demuestran que los problemas de escasez (de dinero o de tiempo) no se resuelven con estrategias de “mínimos” ni en el marco de la mera  “suficiencia”. La escasez, vivir con poco, con lo justo, vivir al día, “tener menos de lo que se percibe como necesario”, tiene efectos demoledores sobre la mente humana, sobre nuestra forma de pensar y de actuar; captura nuestra atención, altera nuestra experiencia. La escasez de un determinado recurso reduce nuestra capacidad cognitiva haciendo que nuestro cerebro se enfoque de manera casi obsesiva en una sola cosa: aquella de la cual carecemos. Este mecanismo es denominado “efecto túnel”: la mente se orienta de manera automática y poderosa hacia las necesidades insatisfechas. En concreto, estos investigadores comprobaron que aumentar las preocupaciones financieras de las personas perjudicaba su desempeño cognitivo incluso más que los estados de privación de sueño; las personas pobres eran más impulsivas y tomaban peores decisiones que aquellas que no se encontraban en escenarios de carencia. Los efectos observados correspondían a entre 13 y 14 puntos del coeficiente intelectual, comparables a dejar de dormir una noche o a los efectos del exceso de alcohol.

Evitar la trampa de la escasez -advierten Mullainathan y Shafir- requiere más que abundancia, requiere de holgura: “Requiere suficiente abundancia de modo que, incluso después de gastar demasiado o dejar los asuntos para más tarde, sigamos teniendo suficiente holgura para poder administrar la mayoría de las crisis; suficiente abundancia para que incluso después de dejar para más tarde muchas tareas tengamos todavía suficiente tiempo para cumplir con una fecha limite inesperada. Mantenerse fuera de la trampa de la escasez requiere suficiente holgura para tratar con las crisis que trae el mundo y los problemas que nosotros mismos nos imponemos”.

De manera que sí, por supuesto, sin duda: estoy a favor de incrementar el SMI y de continuar aumentándolo hasta que garantice a sus perceptoras y perceptores no solo suficiencia, sino holgura.

Publicado en el boletín de "Noticias de Política Económica", nº 33, septiembre 2021.

Lectura crítica de la Carta Social Europea

 SEMINARIO ONLINE: “POLÍTICAS EUROPEAS Y ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA”

EAPN - ES

24/09/2021

https://www.eapn.es/actividades/159

 

Panel: “El potencial para los derechos sociales de la Carta Social Europea revisada”

 

 

[I] No soy jurista y hasta hace unos días, cuando empecé a preparar esta intervención, no me había preocupado por conocer nada de esta Carta Social Europea. Carmen Salcedo sabe mucho más que yo de esto. He leído con mucho interés sus artículos “La Constitución Social de Europa (Carta Social Europea): realidad y efectividad de la defensa de los derechos” y “La Carta Social Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas: fortalecimiento de los derechos sociales y sus garantías”, publicado en Gaceta Sindical, la revista del sindicato en el que milito desde hace treinta años.

Pero, como decía Mario Onaindia, si contratas a un mariachi es para que cante rancheras. Así que yo voy a cantar sociología. Y lo haré utilizando como pórtico dos reflexiones:

ü  El jurista italiano Pietro Barcellona denunciaba hace años la conversión del derecho en una mera técnica de control social y lamentaba que “cada vez más, esta sociedad necesita ser regulada jurídicamente; y cada vez más, la justicia aparece lejana e indecible”. Es decir, que producción jurídica y justicia real no van necesariamente unidas.

ü  El activista comunitario Saul Alinsky dijo en alguna ocasión, confrontándose con el maximalismo de los Black Panther, que es un terrible error estratégico proclamar que el poder está en la boca del fúsil cuando es el adversario el que tiene todos los fusiles. Lo mismo ocurre con el derecho.

 

[II] En el webinario 'La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales", organizada por el CERMI y EAPN-ES el pasado mes de julio, el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, calificaba la Carta Social Europea revisada como el tratado social “más importante para el reconocimiento de los derechos sociales”.

Unos meses antes, Confederación Europea de Sindicatos hacía pública una resolución sobre el 60º Aniversario de la Carta Social Europea del Consejo de Europa y del 25º Aniversario de la Carta Social Europea Revisada, en la que señalaba lo siguiente:

Las Cartas Sociales Europeas del Consejo de Europa son las piedras angulares de la protección de los derechos sociales fundamentales en Europa. […] Sin embargo, los derechos sociales fundamentales siguen considerándose en Europa como derechos humanos de "segunda clase". Los derechos sindicales, laborales y sociales fundamentales siguen siendo socavados, en particular en tiempos de crisis económica, financiera y ahora de pandemia. La efectividad de los derechos sociales fundamentales no es suficiente. El número de casos de disconformidad sigue siendo elevado, en particular en ámbitos sensibles como el derecho a la libertad de asociación, la negociación colectiva y la acción colectiva. Además, problemas que a veces han sido criticados durante décadas siguen sin ser resueltos por las respectivas Partes Contratantes debido a la mera falta de voluntad política.

¿Con qué nos quedamos?

 

[III] Valoro enormemente contar con textos políticos y jurídicos creados con la intención de proteger los derechos fundamentales: no renuncio en absoluto a la Declaración de Filadelfia adoptada por la OIT en 1944, ni a la Declaración Universal de Derechos del 48, ni el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, ni a la Constitución del 78. Pero no las mitifico.

Por cierto: no se me ocurre decir que la Carta Social Europea sea más relevante que ninguno de estos tratados desde la perspectiva del reconocimiento y defensa de los derechos sociales.

Pero no deberíamos caer en el espejismo constitucionalista.

“La socialdemocracia –escribía Habermas (1993)– se ha visto sorprendida por la específica lógica sistémica del poder estatal, del que creyó poder servirse como un instrumento neutral, para imponer, en términos de estado social, la universalización de los derechos ciudadanos. No es el estado social el que se ha revelado como una ilusión, sino la expectativa de poder poner en marcha con medios administrativos formas emancipadas de vida”.

Como señala Gray (1998), “una de las principales flaquezas del pensamiento socialdemócrata está en su espejismo constitucionalista: creer que simplemente por instaurar instituciones jurídicas deja de ser necesario proseguir con la negociación del equilibrio entre los intereses en conflicto y con la definición política del modus vivendi entre las distintas comunidades. El verdadero quehacer político consiste, más allá de las reformas constitucionales, en buscar el esquivo hilo de la convivencia en el laberinto de unos intereses y de unos ideales irremediablemente opuestos”.

 

[IV] El objetivo de la carta no es comprometer y asegurar derechos sino establecer las condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos (¿o principios? No es lo mismo, en absoluto). Se trata, por tanto, de derechos condicionados. Y acepto desde el realismo más prosaico que, en la práctica, hasta los derechos fundamentales acaban por verse condicionados. Pero el problema es: ¿condicionados a qué o por qué?

Un ejemplo: el derecho (o principio) 4: “Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”. Dejo a un lado el lenguaje sexista que atraviesa todo el texto y la sospechosa vaguedad del término “decoroso” (aunque hay formas que dicen todo del fondo). Vamos al debate sobre la subida del SMI: la CEOE lo rechaza “por la situación delicada de las empresas”. Confrontadas la situación delicada de las empresas y la situación delicada de las familias trabajadoras para sostener un nivel de vida decoroso, ¿qué hacemos en el marco de esta Carta?

Y si vamos a la Parte III, la que indica las OBLIGACIONES de los estados que la ratifiquen, el escepticismo se apodera de mí:

Art. A.1a) [Cada una de las Partes se compromete] a considerar la parte I de la presente Carta como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados […].

1b) a considerarse obligada por al menos seis de los nueve artículos siguientes de la Parte II de la Carta: artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20.

è Quedan fuera, me gustaría saber por qué, el 31 (derecho a la vivienda), el 30 (derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social), 27 (conciliación familiar-laboral), 26 (derecho a la dignidad en el trabajo), 23 (protección social de las personas de edad avanzada) o el mencionado 4 (derecho a una remuneración suficiente).

Que se vuelven “adicionales” u opcionales, y entre los que los Estados firmantes tendrán que escoger al menos 10 artículos, para sumar 16.

De verdad que me resulta moralmente insoportable encontrar este lenguaje de mercadeo en un texto que, supuestamente, pretende garantizar derechos fundamentales.

 

[V] Los derechos económicos, sociales y culturales deben abandonar definitivamente el ámbito de las declaraciones y convertirse en efectivas obligaciones de las comunidades políticas.

è Siguen sin ser derechos exigibles, a diferencia de los civiles y políticos

 

è Seguimos entrampadas en la tensión entre las famosas dos libertades de Berlin: negativas y positivas, libertad de y libertad para.

 

è Es imprescindible pensar en términos de égaliberté (Balibar), de igual-libertad. “No hay ejemplos de restricción o de supresión de las libertades sin que se produzcan desigualdades sociales; ni desigualdades sin restricción o supresión de las libertades, incluso cuando se puede hablar de grados, tensiones secundarias, fases de equilibrio inestables, situaciones comprometidas en las cuales la explotación y la dominación no se distribuyen de manera homogénea sobre todos los individuos. Étienne Balibar (1992). Les frontières de la démocratie. Paris: La Découverte, p. 137.

Entre otras cosas, esto sólo será posible si pasamos de una simple política de reivindicación de derechos sociales a una nueva política de construcción de poderes sociales. Las políticas de conquista o defensa de derechos sociales muestran en nuestros días toda su fragilidad.

Un “derecho social” no es más que la atribución al Estado de la tarea de gestionar determinados intereses expresados por la ciudadanía. Pero la gestión de los derechos sociales por el Estado se ha visto zarandeada por el impulso del globalismo capitalista, que rechaza tales derechos como obstáculos para el desarrollo económico.

Por eso, no podemos limitarnos a adoptar una estrategia de simple “conquista de derechos”, sino de constitución de poderes sociales para que sean las ciudadanas quienes participen en la definición de las políticas de solidaridad.

è Construcción social de las políticas públicas.

 

[VI] En cuanto al Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas. A través de este mecanismo, las organizaciones sindicales, empresariales y sociales pueden acudir ante el Comité Europeo, sin necesidad de agotar las vías judiciales internas, para presentar reclamaciones colectivas por vulneración de los derechos contenidos en la Carta. Las organizaciones autorizadas son, por ejemplo, aquellas organizaciones no gubernamentales con estatuto consultativo en el Consejo de Europa o las organizaciones de empleadores y sindicatos que actúen en el Estado en cuestión.

 

Riesgo de bascular cada vez más del activismo ciudadano al lobismo, debilitando en última instancia la democracia social y política que queremos defender. Y riesgo de deslegitimación de esas organizaciones sindicales y sociales que, con la mejor voluntad, jueguen solo en ese terreno. Por sus magros resultados. ¿No hemos aprendido nada desde la crisis de 2008?

No es nuestro campo de juego, aunque haya que jugar en él. En esto del lobismo nos gana de largo Iberdrola, entidad que, por cierto, aspira a meter una cuchara de 30.000 millones en los fondos europeos de la Next Generation. Desconozco a qué cantidad aspira el tercer sector de acción social.

Y hablando de fondos europeos. Reviso el listado de proyectos presentados por el Gobierno Vasco   para el fondo europeo Next Generation -Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y me lleno de dudas (y sospechas). Por ejemplo, en el apartado “Hábitat urbano” aparecen estos dos proyectos: Plan "Zero Plana". Descarbonización y digitalización del parque público de alquiler del Gobierno vasco y Electrificación renovable nuevo parque de vivienda social en alquiler CAPV. No tengo nada contra la descarbonización, la digitalización o la electrificación renovable, pero, ¿de verdad está garantizado el derecho a la vivienda en Euskadi como para priorizar este tipo de proyectos? ¿no sería más adecuado, desde una perspectiva de recuperación y resiliencia, disponer de un parque suficiente de vivienda pública para garantizar el derecho número 31 de la Carta Social Europea? Porque el próximo día 13 está previsto el desahucio en Atxuri de Pilar y Ramón…

 

Por tanto. A pesar de mi escepticismo, no renunciar a ninguna herramienta. Al contrario, usarlas todas, también esta. Pero no caer en el espejismo constitucionalista ni en el lobismo aristocrático. Nosotras, con nuestra organización y nuestra lucha, somos el mejor instrumento para asegurar los derechos sociales y económicos de todas y de todos.

La automatización de la desigualdad

Virginia Eubanks

La automatización de la desigualdad: Herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres

Traducción de Gemma Deza

Capitán Swing, 2021

 

"Aunque los edificios de los asilos para menesterosos se han demolido, su legado pervive en los sistemas de toma automatizada de decisiones que enjaulan y atrapan a los pobres actuales. Bajo su lustre de alta tecnología, los sistemas de gestión de la pobreza -tanto la toma automatizada de decisiones como la minería de datos y los análisis predictivos- guardan un parecido asombroso con las casas de la caridad del pasado. Las herramientas digitales actuales se sustentan en opiniones punitivas y moralistas de la pobreza y configuran un sistema de contención e investigación con tecnologías avanzadas. El asilo digital disuade a los pobres de acceder a los recursos públicos; supervisa su trabajo, su gasto, su sexualidad y la crianza de sus hijos; intenta predecir su comportamiento futuro, y castiga y criminaliza a quienes no acatan sus dictados. Y, en el proceso, crea distinciones morales cada vez más afiladas entre los pobres que merecen recibir ayudas y los que no, con categorizaciones que demuestran nuestro fracaso como país a la hora de cuidarnos los unos a los otros".

La politóloga Virginia Eubanks firma una profunda investigación sobre la forma en que la asentada cultura de la desconfianza y el castigo hacia las personas pobres se expresa en la actualidad en el lenguaje aparentemente aséptico de las tecnologías de análisis de datos.

 

Porque la aporofobia no es de hoy, aunque el concepto sea muy reciente: no hay más que leer la obra clásica de Bronislaw Geremek La piedad y la horca o recordar la tradición inglesa de las leyes sobre los pobres (en realidad, contra las personas pobres), como el Statut of Laborers (1349), las Poor Relief Acts de 1601 y de 1722, que supone el establecimiento de las workhouses o “casas del trabajo”, ominoso antecedente de la ideología de la activación laboral, o las propuestas del panopticófilo Jeremy Bentham en 1798.

 

Con la excepción de algunos breves momentos de relativa consideración del problema de la pobreza económica como una cuestión social (estructural) y, por ende, como un problema de responsabilidad no solo individual sino también colectiva -la época del denominado sistema Speenhamland (1795), estudiado por Karl Polanyi en La gran transformación, del estado beveridgiano de bienestar o de las políticas de garantía de rentas en sus versiones menos condicionalitarias- las personas pobres han sido siempre una molesta presencia en nuestras sociedades, un recordatorio de todo lo que no funciona (plena, universalmente) en nuestros estados sociales y de derecho: ni el derecho al empleo, ni a la vivienda, ni a la salud... De ahí la permanente tentación de culpabilizarlas de su situación, sacudiéndonos al tiempo nuestra propia responsabilidad colectiva.

Y, claro, los algoritmos desarrollados por una sociedad patriarcal, capitalista, racista y aporofóbica solo pueden reproducir esas mismas bases sociales. Como advierte Eubanks: "Solo la fantasía puede llevar a creer que un modelo estadístico o un algoritmo de clasificación cambiará drásticamente, como por arte de magia, una cultura, unas políticas y unas instituciones construidas a lo largo de los siglos". Y concluye: "Como el asilo para menesterosos de ladrillo y mortero, el asilo digital desvía a los pobres de los recursos públicos. Como la caridad científica, investiga, clasifica y criminaliza. Y como las herramientas acuñadas durante la reacción en contra de los derechos sociales, utiliza bases de datos integradas para marcar objetivos, rastrearlos y castigarlos".

Virginia Eubanks escribe desde y sobre Estados Unidos. Pero lo que dice debería ser leído y reflexionado también por estos lares.

Deshabitar

Lara Moreno

Deshabitar

Destino, 2020

"A mi alrededor, otros amigos buscaban casa. R. lo dejó con su pareja y, casi con cuarenta años, se fue a compartir piso en Lavapiés con dos chicas. [...] E. encontró un piso en Usera que podía pagar sola porque, con los mismos casi cuarenta años, compartir se le hacía cuesta arriba. M. rompió con su chicoy se fue a Donostia, donde sus padres tenían una casa, porque sabía que ella sola no podría seguir viviendo en Madrid. J., de más de cuarenta años y sueldo fijo, llevaba varios años viviendo en una corrala cerca de la glorieta de Embajadores, con un alquiler razonable, que tampoco podía pagar solo: alquilaba la segunda habitación de la casa y compartía gastos".

"¿Es un objetivo extremadamente utópico desear que haya viviendas para todos? ¿Es plausible imaginar la vivienda incondicional y universal, dentro de comunidades afables y medioambientalmente sostenibles, como un derecho y no como un privilegio mercantilizado?", se preguntan David Madden y  Peter Marcuse al concluir su libro En defensa de la vivienda (Traducción de Violeta Arranz, Capitán Swing 2018). En este breve pero intenso libro, Lara Moreno pone voz y rostro concretos a estas preguntas solo formalmente abstractas, las encarna, las convierte en demanda vivida y sufrida y nos muestra las consecuencias derivadas de la respuesta que el sistema capitalista devuelve a quienes se plantean tales cuestiones: "Sí, es una utopía extrema aspirar a un derecho universal a la vivienda".

Acompañamos a Lara Moreno en su habitar deambulante por Madrid: de Chueca a Cuzco y Puerta del Ángel camino de Huertas, de aquí a Malasaña, un paréntesis de varios años en la Sierra Oeste de Madrid y vuelta a la capital, habitando y deshabitando viviendas alquiladas hasta acabar (o no) comprando un piso "al otro lado del río", ese río que siempre había evitado cruzar.

Acompañamos a Lara (Lara nos hace el inmenso favor de dejarnos acompañarla) a lo largo de quince años de su "camino en la ciudad de Madrid" y sus dificultades, que son las de tantas y tantos, para disfrutar del derecho al que supuestamente daría acceso el artículo 47 de la Constitución. Lara Moreno: ciudadana española, con empleo, educada, madre, proactiva, con capital social ("En menos de media hora, sobre lamesa de esa cafetería, cuatro o cinco manos depositaron otros tantos manojos de llaves. Todos dijeron: micasa es tucasa, puedes quedarte el tiempo que necesites. Madrid tiene esa magia, al menos la tiene para algunos; desde luego siempre la tuvo para mí")... blanca. Si a ella le resulta tan difícil...

Lara Moreno firma una enmienda inapelable contra la supuesta dimensión social (y democrática) de la constitución real del Estado español. Una crónica existencial y, por ello, radicalmente política, del deshabitar, de una desposesión generalizada del hogar permitida por unas instituciones públicas que han renunciado a su función de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando para ello la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y haciendo que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Sí, lo dice el artículo 47.

Distancia social y derecho al cuidado

Puede leerse íntegramente AQUÍ.

Conclusiones

1ª. La pobreza severa no había parado de aumentar, a pesar de la recuperación del empleo, antes de la COVID-19. Llueve sobre mojado, hoy tres de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.

2º Los hogares en exclusión grave que se sostenían sólo de los ingresos de su propia actividad laboral, que casi habían alcanzado a la mitad del colectivo antes de la crisis, han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo 1 de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo.

3º Tenemos delante una crisis de emergencia habitacional en ciernes que no estamos queriendo ver. Tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no pueden hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda (49,2%) y no disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros (51,2%).

4º El gradiente de la salud adquiere un mayor peso en esta crisis, que incrementa la tendencia de los últimos años en el espacio de la exclusión social grave. Uno de los datos más relevantes de la Encuesta FOESSA en el 2018 fue descubrir que la dimensión de la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunos territorios de nuestro país. El 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico.

5º No pertenecer a la comunidad virtual está minando la igualdad de oportunidades, tanto en la infancia como en los hogares más excluidos. Para uno de cada tres hogares en exclusión grave (34%) está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos e hijas al no poder seguir el ritmo marcado. El resultado es que muchas niñas y niños se están quedando atrás en el ámbito escolar.

6ª La conciliación y las oportunidades de una mayor convivencia han estado determinadas por los niveles de renta. Un 18% de los hogares en exclusión grave con menores de edad a cargo admite haber tenido que renunciar a una ocupación o puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos.

7º Las redes de apoyo, debilitadas tras la última crisis, pierden aún más capacidad de ayuda. La familia y los entornos cercanos siguen ayudando, pero cada vez menos, porque cada vez hay menos desde donde ayudar. La novedad quizá de esta crisis es que está introduciendo una nueva variable de estratificación social entre nosotros vinculada al riesgo de confinamiento. Este nos ha estructurado en tres grandes grupos: los confinados seguros, los confinados de riesgo y los desarraigados.

Retos para mejorar nuestro modelo de desarrollo social

– Aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político. Hay una elevada probabilidad de que la salud pública se convierta en un elemento electoral con gran potencial conflictivo, siendo un nuevo campo de batalla donde las fuerzas políticas pondrán en evidencia la falta de consensos de envergadura.

– Revisar la atención a la dependencia, más de lo que se vaya a realizar La ciudadanía ha tomado conciencia de las deficiencias del sector, que se ha puesto en evidencia de forma dramática en las residencias de personas mayores. Si solo se toman medidas de control y supervisión, no se acometerá el déficit estructural de nuestro sistema de dependencia.

– Visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de círculos reducidos. Esta crisis nos ha puesto frente al espejo de la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos construir un modelo articulado donde lo público, lo privado y lo comunitario se vayan tejiendo para promover una responsabilidad compartida que prevalezca sobre un planteamiento de individualización.

– Consolidar el Ingreso Mínimo Vital en el sistema de Garantía de Ingresos en España. El reto es consolidar este derecho desvinculándolo del derecho a recibir apoyo para la inclusión social. Lo que conocemos como doble derecho: derecho a la supervivencia material y derecho a la inclusión social. Las CC.AA. tienen ahora la oportunidad de transformar sus rentas mínimas complementando las medidas de lucha contra la pobreza, como por ejemplo un complemento para el acceso a la vivienda.

– Reducir la brecha digital con una estrategia coordinada. No es suficiente con una fuerte inversión en infraestructuras y dispositivos, sino que también hay que contemplar la formación a determinados perfiles poblacionales más ajenos a la realidad digital. Si dicho proceso no se le dota de cierta homogeneidad, puede derivar en nuevas desigualdades territoriales.

– Incrementar la pedagogía fiscal para acometer una reforma en profundidad. Un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece.

– Construir puentes en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. Cada vez son más las evidencias del riesgo que corremos de salir de esta crisis con una polarización social que no ayude a enfrentar el futuro. Por eso es más necesario que nunca construir puentes, acciones e ideas que rompan los bloques inmovilistas y que acerquen a las personas. Se requiere de liderazgos políticos y sociales que generen consenso y que no sean manipulados e ideologizados por ningún bloque que trate de sacar rédito electoral en su rechazo o adhesión.

¿Trabajo Garantizado o Renta Básica?

REFLEXIÓN DE ENORME CALADO. Hasta Forocoches... No digo qué es lo que prefieren, para no influir en la valoración. 😀

AGRADECER LA PROPUESTA DE IU. Dio lugar a debates interesantísimos entre rentas mínimas, RBU y trabajo garantizado hasta la precampaña de 2015.

• ¿Renta MínimaGarantizada? ¿Renta Básica? ¿Trabajo Garantizado?
• Por una renta mínimagarantizada. Completar las redes de protección social, una necesidad.
• Eduardo Garzón. "Trabajo garantizado: que no haya empleo no quiere decir que no hayatrabajo". El Diario, 06/12/2014.
• Eduardo Garzón. "Siete argumentos contra la Renta Básica Universal y a favor del Trabajo Garantizado".  La  Marea,    13/08/2014.   
• Daniel Raventós, Jordi Arcarons, Lluís Torrens: "¿Siete argumentos en contra de la Renta Básica?No exactamente". Sin Permiso, 24/08/2014
• Jordi Arcarons, Daniel Raventós, Lluís Torrens. "La renta básica incondicional y cómo se puedefinanciar. Comentarios a los amigos y enemigos de la propuesta".

NO PLANTEARLAS COMO MEDIDAS PARA COMBATIR LA POBREZA. Unas políticas o unos servicios- sociales para pobres acaban siendo unos pobres servidos y unas pobres políticas. Se trata de medidas que deberían permitir la reconstrucción de derechos sociales y la desmercantilización creciente del mundo de la vida.

ARGUMENTOS QUE DEBEMOS DESCARTAR

La posibilidad de que la RBU pueda formar parte de un programa político de derechas o económico capitalista. Juan Torres: “La renta básica no es exclusivamente de izquierdas”; "La renta básica universal es anticapitalista pero también puede hacer másequitativo al capitalismo”. Lo mismo el TG. O pensemos en el "lepenismo deizquierdas".

Que la RBU no resuelve otros muchos problemas: brechas de género, desigualdad económica, consumismo, diferencia  norte-sur, etc.

Tampoco el TG.

LA RBU COMO PROBLEQUÉ YPROBLECÓMO.

No mezclar deseabilidad y factibilidad.

Esta es una cuestión que ya podemos despejar en este diálogo, pues Eduardo ya ha ya reconocido que se trata de "una medida potente, factible y muy efectiva para combatir la pobreza".

En la simulación para Gipuzkoa, un tipo único del 40,52% permite financiar la RB a 590.927 personas adultas y a 118.680 jóvenes, garantizando la recaudación del IRPF previa. Resulta un 62,6% de personas declarantes ganadoras: pagan más pero se ven compensadas por la transferencia de RB. Las personas ganadoras aumentan hasta el 74,7% cuando se añaden las que están a su cargo en la declaración, puesto que la RB es una transferencia individual.

è 7.902,0€ anuales (658,5 mees) / 1.580,4€ anuales las/os menores de 18 años (131,6 mes).

·         Todas las personas declarantes de las cuatro primeras decilas, las más pobres, son ganadoras.

·         La 5ª y 6ª decila (renta media de 20.142€ y 24.085€) contienen un 86% y 69% de personas declarantes ganadoras y un 14% y 31% de perdedoras.

·         En la 7ª decila (renta media de 28.653€), las personas perdedoras superan   las ganadoras, aunque pérdidas y ganancias son equivalentes (total y per cápita)

·         En la 8ª decila (renta media de 34.146€, las personas declarantes perdedoras son muy superiores.

·         En las dos últimas decilas (9ª y 10ª; renta media 41.553€ y 77.146€), las más ricas, todas son perdedoras.

EL DESAFÍO AL QUE NOS ENFRENTAMOS

Un endiablado círculo vicioso: crisis de la capacidad del empleo como integrador universal / crisis ecosistémica.

Lo planteaba El Roto: "La solución a la crisis es sencillísima: sólo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta".

ENTENDER LA CRISIS A LA QUE SE ENFRENTA EL EMPLEO:

·         Normalización de la precarización: norma social de empleo precario.

·         Proliferación de trabajos inútiles: bullshit jobs, trabajos de mierda según David Graeber.

·         Mercantilización de esferas originariamente cooperativas: uberización.

·         Salarización de todas las actividades humanas: sólo el necio confunde valor y precio (Machado).

MIS PRINCIPALES DIFERENCIAS CON LA PROPUESTA DEL TG

La idea de convertir en empleos (salarizar, mercantilizar) cantidad de trabajos que hoy no lo son: cuidado, reproductivos, voluntarios, cívicos, políticos... Tiene consecuencias. Cuando la lógica monetaria coloniza ámbitos. regidos por lógicas no mercantiles... Ésta cuestión es perfectamente analizada por André Gorz en Metamosfosis del trabajo, pp. 177-229.

Su fundamento "activador". Se trata de facilitar un empleo para toda aquella persona que quiera y pueda trabajar:

·         Seguirá habiendo personas que no puedan, con lo que habrá que mantener alguna política de garantía de rentas (con sus problemas de comprobación, seguimiento, revisión, fraude, sanción...). Porque habrá quienes digan que no pueden, pero la administración entenderá que en realidad no quieren.

·         Más importante: ¿qué hacemos con quienes efectivamente "no quieren"? Cuando se proponen sanciones para evitar "que los trabajadores menos cumplidores transiten entre el Trabajo Garantizado y las prestaciones por desempleo como si fueran esferas puramente intercambiables", incluyendo la posibilidad de excluir a esas personas del "derecho a percibir cualquier prestación económica" (A. Garzón y A. Guamán, coords., El trabajo garantizado, Akal, Madrid 2015, p. 134), ¿no estamos adentrándonos peligrosamente en formas de condicionalidad extremas? ¿Hay que merecer el derecho a vivir?

¿Y qué hay de los derechos laborales de las personas que desarrollen su actividad laboral en los programas de trabajo garantizado? Recordemos que uno de los argumentos normativos fundamentales para optar por el TG frente a la RBU es que "no tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no estén cubiertas". No hablamos de empleos para producir bienes y servicios cubiertos por el mercado, más cerca de satisfacer deseos que necesidades. Se trata de trabajo socialmente útiles. ¿Y si entran en colisión los derechos laborales (p.e., huelga) y la cobertura de esas necesidades?

En el mismo sentido, ¿qué ocurre con las actividades del programa de trabajo garantizado cuando el sector privado reclama más empleados? ¿Simplemente dejarían de realizarse?

POR QUÉ APOYO LA RBU

Por su inclusividad: no excluye a nadie (más allá de la terrible exclusión que supone la membresía nacional).

Por su simplicidad: control mínimo, por tanto, arbitrariedad mínima.

Por su potencial desmercantilizador: derecho de ciudadanía, exactamente igual que el derecho a la salud, a la educación o al voto.

Por su conexión con procesos culturales de fondo de carácter anticapitalista: suficiencia, autocontención, colaboración, rechazo del productivismo...

Por su contenido autogestionario.

Porque en nuestro país tiene un recorrido largo, con multitud de aportaciones teóricas y aterrizajes empíricos (aunque por ahora sólo en el terreno de las simulaciones).

Por su cercanía con políticas conocidas y legitimadas: garantía de ingresos, becas, ayudas a familias numerosas... Pero no sólo eso: prácticamente la totalidad de las personas recibimos ayudas o complementos económicos habitualmente, otra cosa es que no las veamos así: exenciones fiscales variadas, planes Renove o Pive para cambiar de coche; en la UPV(EHU, reducción de matrícula para mi hija. ¿Por qué nos pasan desapercibidas? ¡Porque quienes más nos beneficiamos de ellas somos las personas que estamos en mejores posiciones económicas!

Porque ha sido un éxito en Finlandia. Sí, ya sé que todas hemos leído que "el sueño del dinerogratis” ha fracasado. Yo lo considero un éxito, a la luz de los resultados del mismo:

·         “According to the analysis of the register data, basic income recipients were no better or worse at finding employment than those in the control group during the first year of the experiment, and in this respect there are no statistically significant differences between the groups”.

·         “According to the analysis of the survey data, the wellbeing of the basic income recipients was clearly better than that of the control group. Those in the test group experienced significantly fewer problems related to health, stress and ability to concentrate than those in the control group. According to the results, those in the test group were also considerably more confident in their own future and their ability to influence societal issues than the control group”.

Es decir, que las personas perceptoras de esa renta no se activaron más laboralmente (¿por qué habían de hacerlo? Esta es la trampa, supeditar la RBU al empleo), pero tampoco menos que quienes no la percibieron.

Pero las personas que la percibieron mejoraron significativamente en su salud, redujeron su estrés, aumentaron su capacidad de concentración y ganaron en confianza respecto a su futuro.

¡Y todo eso por 560 euros mensuales, por un tiempo limitado, en un país donde el sueldo mensual medio después de impuestos ronda los 2.200€!     

DE LA ESCASEZ A LA SUFICIENCIA

Seguimos alimentando una cultura de la escasez. Y la escasez genera una mentalidad que reduce nuestro ancho de banda y produce el efecto de visión de túnel mirada a medio-largo plazo, la distinción entre lo urgente y lo necesario, y nos encierra psicológicamente en escenarios competitivos de suma negativa. De esta manera, las amenazas materiales acaban alimentando las amenazas normativas y el mundo se llena de enemigos que sólo aspiran a privarnos de lo nuestro: de nuestros empleos, de nuestra soberanía, de nuestra lengua, de nuestras costumbres, de nuestras hijas e hijos, de nuestro país... ¿Cómo evitar o superar este círculo vicioso de la ansiedad material y la amenaza normativa? No es fácil. "Mantenerse fuera de la trampa de la escasez -advierten Mullainathan y Shafir- requiere más que abundancia, requiere disfrutar de holgura":

“Requiere suficiente abundancia de modo que, incluso después de gastar demasiado o dejar los asuntos para más tarde, sigamos teniendo suficiente holgura para poder administrar la mayoría de las crisis; suficiente abundancia para que incluso después de dejar para más tarde muchas tareas tengamos todavía suficiente tiempo para cumplir con una fecha limite inesperada. Mantenerse fuera de la trampa de la escasez requiere suficiente holgura para tratar con las crisis que trae el mundo y los problemas que nosotros mismos nos imponemos” (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez. ¿Por qué tener poco significa tanto? Fondo de Cultura Económica, México 2016, p. 176).

Según algunas opiniones, en España se da actualmente una situación de inflación punitiva, expresión extrema de un modelo neoliberal de gestión de la marginalidad que los años de crisis habrían contribuido a impulsar y que concibe la pobreza como un delito o, cuando menos, como consecuencia de fallas actitudinales o morales, sin ninguna razón de índole estructural. Ver, a este respecto, los trabajos de E. Bayona publicados en CTXT: "La inflación punitiva: más presos con menosdelitos", 5/10/2016; "¿Criminales o pobres?", 26/10/2016.

En este contexto, sin llegar a los extremos analizados por Löic Wacquant para el caso estadounidense (aquí y aquí), se va consolidando en la opinión pública un creciente rechazo o, cuando menos, una creciente exigencia, hacia las ayudas sociales destinadas a las personas y los colectivos más empobrecidos. Según la Encuesta Social Europea (8ª oleada, 2016), casi el 42% de las personas encuestadas comparte la opinión de que estas ayudas y los servicios sociales vuelven perezosas a las personas que los reciben, mientras que sólo el 34,5% muestran su desacuerdo. Como dato positivo, en España el nivel de desacuerdo es considerablemente mayor (46,5%), y el de acuerdo bastante menor (34%).

En un escenario prolongado de escasez (recordemos que 8 de cada 10 personas creen que España sufrirá nueva crisis en los próximos cinco años), el potencial de conflicto entre grupos sociales por el acceso a los recursos públicos se dispara; con el agravante de que aquellas distinciones de trazo grueso pero absolutamente claras que tanto éxito tuvieron en los primeros años de la crisis -los de arriba contra los de abajo, el pueblo contra la casta, el 99% contra el 1%- se han ido complicando y emborronando, hasta dibujar un escenario de brechas y frentes múltiples muy complicado de gestionar: jóvenes frente a mayores, personas autóctonas frente a inmigrantes, estables frente a precarias y precarios, clases medias y trabajadoras frente a nuevas clases medias profesionales y técnicas (esa Brahmin Left, élites educadas y cosmopolitas, en términos de Piketty). Así las cosas, la distinción entre personas "productivas" y "gorronas" y su principal derivada, la diferenciación entre quienes merecen o no ayuda pública o protección social, se convierte en un elemento clave en la configuración de los imaginarios y de las instituciones sociales. Como señala Richard Sennett, "la ideología del parasitismo social es una potente herramienta disciplinaria".

La RBU acabaría con el paradigma del parasitismo.