Muerte de un viajero

Didier Fassin

Muerte de un viajero: Una contrainvestigación

Traducción de Francisco Manuel Carballo Rodríguez

Akal, 2024

"La verdad etnográfica es, a diferencia de la verdad judicial, independiente con respecto a las relaciones de saber y poder que vinculan al poder judicial con las fuerzas del orden y sitúan al fiscal bajo la autoridad del ministro de justicia. Por supuesto, tampoco influye en que los acusados sean declarados culpables o inocentes. Pero esta verdad es importante ara aquellos a quienes normalmente se les niega, ya que con ella se restaura parte de su dignidad e incluso les proporciona un atisbo de esperanza en la justicia. Aunque no tiene implicaciones penales, la necesidad de una verdad etnográfica surge de una preocupación ética".

Este ensayo parte de un hecho  trágico: la muerte en 2017 de Angelo Garand, un hombre perteneciente a la comunidad denominada en Francia gens du voyage ("personas viajeras", categoría jurídica con la que se nombra a la comunidad romaní), tiroteado por miembros del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, "una unidad de élite creada para intervenir en caso de actos terroristas, de toma de rehenes y en la lucha contra la delincuencia organizada, es decir, en circunstancias muy distintas a las de una simple detención de un delincuente común". Frente a la versión oficial, que presentó la muerte como consecuencia de una reacción legítima ante una amenaza grave, Fassin emprende una minuciosa "contrainvestigación" para reconstruir lo sucedido y, sobre todo, para preguntarse por las condiciones sociales e institucionales que hicieron posible esa muerte y, sobre todo, su posterior justificación.

El interés del libro desborda pronto el caso particular. Fassin muestra cómo la verdad de un acontecimiento no se establece en condiciones de igualdad: la palabra policial posee de entrada una credibilidad de la que carecen las víctimas y sus familias, especialmente cuando pertenecen a grupos históricamente estigmatizados. La investigación judicial, los medios de comunicación y los discursos públicos reproducen en demasiadas ocasiones esa desigual distribución de la credibilidad. No se trata necesariamente de una conspiración ni de una falsificación deliberada, sino de algo más grave: de rutinas institucionales sesgadas y prejuicios sociales que determinan qué relatos parecen verosímiles y cuáles resultan sospechosos.

Esta cuestión conecta directamente con la reflexión de Amaia González Llama en “Un futuro feminista: la justicia testimonial como tarea institucional pendiente”, donde, a partir de la sociología feminista, analiza la desigual distribución social de la credibilidad: determinados prejuicios estructurales hacen que algunas personas sean consideradas de antemano menos fiables y que, por ello, encuentren mayores dificultades para que su experiencia sea reconocida por las instituciones. Amaia González Llama aborda específicamente la violencia contra las mujeres, pero su concepto de "justicia testimonial" permite iluminar también el caso reconstruido por Fassin: la desigualdad no consiste únicamente en recibir un trato diferente, sino también en que unas voces poseen de partida mayor autoridad que otras para establecer qué ha sucedido. La contrainvestigación etnográfica de Fassin puede entenderse, desde esta perspectiva, como un ejercicio de justicia testimonial: una forma de restituir credibilidad a quienes las relaciones sociales e institucionales de poder tienden a privar de ella.

Por eso, el libro de Fassin es un ensayo sobre la desigualdad ante el Estado. La condición de voyageur no constituye un simple dato biográfico, sino una posición social marcada por una larga historia de vigilancia, discriminación y desconfianza. Fassin reconstruye cuidadosamente ese contexto sin convertir a Angelo Garand en un personaje idealizado, ya que una vida no necesita ser ejemplar para merecer protección, justicia y verdad.

Esa combinación de investigación empírica y reflexión moral es lo más valioso del libro. Fassin no se limita a preguntar cómo murió un hombre, pregunta también por qué determinadas muertes resultan socialmente más fáciles de aceptar que otras y por qué algunas vidas encuentran mayores dificultades para ser reconocidas como vidas dignas de duelo y de justicia. Muerte de un viajero es una reflexión breve pero rigurosa sobre la violencia policial, la discriminación y, sobre todo, sobre la desigualdad con la que nuestras sociedades distribuyen algo tan elemental como el derecho a que nuestra versión de los hechos sea, al menos, escuchada.

CUANDO LA JUSTICIA SE CONVIERTE EN UN CASTIGO EXTRA: LA “MANADA DE CASTELLDEFELS” Y EL PRECIO DE DENUNCIAR

Cinco hombres han sido condenados por violar en grupo a tres mujeres en Castelldefels durante la pandemia. Se hacían llamar, con toda la desfachatez, la “Manada” en su chat de WhatsApp, haciendo de la violencia sexual un espectáculo colectivo. La Fiscalía pedía más de cincuenta años de cárcel para cada uno. La sentencia final: entre tres años y once meses y ocho años y cinco meses de prisión. La diferencia no está en lo que hicieron -eso lo han admitido-, sino en que las víctimas han “aceptado” un pacto para no pasar por el calvario de un juicio.
 

Y no es difícil entender por qué. Sentarse frente a los agresores, responder preguntas que buscan grietas en cada detalle de su testimonio, soportar la insinuación de que quizás exageraron, de que tal vez consintieron, de que su testimonio carece de peso. Las víctimas sabían lo que significa enfrentarse a un juicio: interrogatorios que buscan contradicciones, miradas que dudan de su declaración, la eterna sospecha de que “quizá no fue para tanto”. En nuestro sistema judicial, denunciar una agresión sexual implica arriesgarse a vivirla de nuevo, esta vez bajo las luces de la sala de vistas y con la lupa del cuestionamiento constante. Eso no es justicia: es un eco de la agresión original. En esas circunstancias, pactar no es una concesión sino una forma de defensa. No se trata de perdonar a los agresores, sino de protegerse del propio sistema judicial, que tantas veces se convierte en una máquina de revictimización.
 

El problema no es que las mujeres acepten estas condiciones, sino que el sistema las empuje a hacerlo. La justicia debería protegerlas, pero parece diseñada para desampararlas: los interrogatorios sin perspectiva de género convierten la sala en un campo minado; la presión mediática y social añade miedo a la vergüenza; la lentitud del proceso las obliga a convivir durante años con el caso abierto. Así, lo que debería ser un espacio de reparación se transforma en un escenario de castigo adicional. Y quienes se benefician de ello son, paradójicamente, los agresores.
 

La sala de vistas no debería ser un campo de batalla, pero lo es. Quien denuncia una agresión sexual se expone a un escrutinio feroz: su vida, su ropa, sus gestos, sus recuerdos se convierten en pruebas contra ella misma. La víctima se transforma en sospechosa. En ese escenario, el juicio deja de ser un espacio seguro y se convierte en una segunda condena. Y mientras tanto, quienes deberían rendir cuentas encuentran la posibilidad de una rebaja sustancial en su pena. La paradoja es brutal: cuanto mayor es el miedo de las víctimas, más rentable resulta para los agresores.
 

La propia Fiscalía ha señalado que en el acuerdo de conformidad, “ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como su voluntad de no ser revictimizadas sometiéndolas a la presión de este juicio”, atendiendo especialmente al riesgo de una eventual suspensión del juicio “tras haber constatado que una de las víctimas está sufriendo una crisis postraumática que hacía inviable su presencia” en el mismo, y a las consecuencias que la prolongación del proceso penal habría provocado en la salud emocional de las jóvenes. Pero, en lugar de cuestionar y revisar por qué un juicio en una sociedad democrática puede tener estos efectos, se opta por beneficiar a los violadores.
 

¿Qué mensaje deja esta sentencia? Que violar puede salir muy barato. Que si un grupo de hombres decide organizarse para agredir a mujeres vulnerables, el riesgo real al que se exponen no se parece en nada a la condena solicitada inicialmente por la Fiscalía. Que las disculpas formales (y forzadas) y un “esfuerzo económico” para pagar 30.000 euros pesan más que el daño irreversible de las agresiones.
 

Este mensaje trasciende a las tres mujeres que sufrieron directamente estas violaciones. Llega al conjunto de la sociedad y, sobre todo, a todas las demás mujeres. ¿Qué pensarán aquellas que lean esta sentencia y se planteen denunciar una agresión? ¿Qué confianza pueden tener en un sistema que exige tanto dolor para conseguir tan poco castigo? El riesgo no es solo simbólico. Si los castigos se perciben como leves, ¿qué frena a quienes ya han demostrado estar dispuestos a organizarse para agredir? La reducción de las penas envía otra señal peligrosa: la de que los costes son asumibles, incluso llevaderos, frente a los beneficios que tantos varones buscan en el hecho de dominar, violentar y humillar. De hecho, el contenido de los móviles de estos violadores revela que sus víctimas han podido ser más.
 

La sentencia de Castelldefels no debería leerse como un triunfo de la justicia, sino como un recordatorio de sus fallos. Envía un mensaje devastador: que la violencia sexual en grupo, planificada y repetida, puede “resolverse” con disculpas formales, una indemnización y unos pocos años de cárcel. Un mensaje que no se queda en esa sala ni en esas tres mujeres. Se expande como una amenaza velada hacia todas: si denuncias, te costará caro; si ellos agreden, quizá les salga barato. Cada sentencia habla más allá del caso concreto. Las mujeres que leen esta noticia entienden, con una claridad dolorosa, lo que significa denunciar. No solo luchar contra el recuerdo de lo ocurrido, sino también contra un sistema que exige pruebas imposibles y tolera dudas que siempre caen del mismo lado.
 

Y no, no se trata de pedir más cárcel como único remedio. Se trata de exigir que el proceso judicial no sea otra forma de violencia. Que los interrogatorios no humillen a las mujeres víctimas. Que las declaraciones eviten repetir el relato una y otra vez. Que las y los operadores jurídicos se formen en perspectiva feminista. Que las indemnizaciones sean auténtica reparación, no moneda de cambio, y los acuerdos no diluyan la gravedad de los delitos probados. Apoyo integral a las víctimas: asistencia psicológica y legal gratuita y sostenida, para que no se enfrenten solas al proceso.
 

La “Manada de Castelldefels” quedará en los registros judiciales como un caso más de conformidad penal, pero en la memoria social debería ocupar otro lugar: el de un espejo perverso que nos muestra las fallas de un sistema patriarcal más dispuesto a escuchar a los verdugos que a proteger a las víctimas. ¿Cómo puede ser que el miedo perfectamente justificado de tres mujeres a revivir su agresión en un tribunal acabe beneficiando a quienes las violaron?
 

Estas mujeres han elegido protegerse de un daño mayor, y eso es legítimo. Lo inaceptable es que el sistema judicial las obligue a escoger entre justicia y supervivencia emocional. Han tenido que elegir el camino menos cruel dentro de un laberinto sin salidas justas. Si denunciar significa volver a ser agredida -esta vez desde la mesa de la defensa o desde la indiferencia institucional-, entonces la justicia no está cumpliendo su papel. Está perpetuando el mismo desequilibrio de poder que hace posible la violencia machista. 

¿Hay que merecer el derecho a vivir?

 

 

[1] A lo largo del año 2023 y hasta julio de 2024 Lanbide suspendió la RGI a casi seis mil personas, algo más de un 10 por ciento del total de personas perceptoras. Ya sólo este dato debería activar nuestra atención y sacarnos de cualquier discurso autocomplaciente. “¿Por qué no observar la estructura de los programas en vez de las fallas de los beneficiarios? […] ¿Por qué no diseñar programas que toleren más las equivocaciones?” (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez). Máxime cuando muchas veces ni siquiera hablamos de equivocaciones de las personas perceptoras sino de fallos en el propio programa, que pretende formalizar, burocratizar y controlar unas vidas cada vez más líquidas, más inciertas, más fluidas. Con lo que acaba por imponer normas y procedimientos que rompen la organicidad de la vida.

 

[2] En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudiaba la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el 14 de junio de 2022, el Ararteko señaló lo siguiente:

ü  que la suspensión cautelar de la RGI no sea utilizada “de manera sistemática”;

ü  que gran parte de los incumplimientos por los que se suspende son meros trámites, como “la imposibilidad de mantener ininterrumpidamente un padrón” o no presentar “cierta documentación a la que al usuario le resulta difícil o imposible acceder”.

ü  Y recordó algo esencial: que esas personas, cuando se les retira la prestación, siguen siendo vulnerables.

 

[3] Este recordatorio resulta especialmente relevante porque lo cierto es que si consultamos la web del Ararteko (www.ararteko.eus/es/search?texto=suspensi%C3%B3n+RGI)  encontraremos un largo rosario de referencias a suspensiones o extinciones de la RGI a personas muy vulnerables que, si bien han sido atendidas por la administración vasca, suponen una gravísima afectación a la vida de personas en situación de enorme vulnerabilidad:

ü  Lanbide tiene en cuenta una recomendación del Ararteko y revisará la suspensión de la RGI de un ciudadano que no pudo abonar temporalmente una pensión de alimentos en su totalidad (15/05/2023).

ü  Tras la intervención del Ararteko Lanbide anula el acuerdo por el que reclamaba a un ciudadano el reintegro de unas prestaciones (13/01/2020).

ü  El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que deje sin efectos la extinción de una RGI por inexistencia de causa para ello (10/01/2017).

ü  El Ararteko pide al Gobierno Vasco que revise la suspensión de las prestaciones económicas de un trabajador autónomo a quien se le imputó un rendimiento ficticio de su actividad (23/09/2021).

ü  El Ararteko pide revisar la extinción de una RGI a una mujer cuyo marido es temporero y sale de la comunidad autónoma para trabajar (18/01/2021).

ü  Recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución de mantenimiento de la suspensión de la prestación de la RGI y la PCV, por estimar que la persona interesada ha aportado la documentación requerida y ha presentado las alegaciones que acreditan el cumplimiento de los requisitos en la instrucción del expediente, sin que la presentación del documento justificativo en fase de recurso invalide su derecho (26/07/2018).

ü  Lanbide toma en cuenta las recomendaciones del Ararteko y acepta revisar el caso de una madre a la que extinguió las prestaciones económicas (06/06/2023).

“Pero muchas de esas suspensiones finalmente han sido revertidas”, podrá decir alguien; sí, pero tras una suspensión indebida, apresurada, poco o nada reflexionada, con consecuencias que muchas veces han sido dramáticas: dificultades o imposibilidad de pagar alquileres o créditos, para acceder a la alimentación, etc.

 

[4] Las suspensiones, aunque sean temporales y aunque puedan ser revisadas, suponen introducir más escasez en existencias ya truncadas por la escasez, con lo que esto significa:

La escasez no es sólo una limitación física, es también un estado mental. Cuando la escasez captura la atención, cambia la forma de pensar […] cómo se ponderan las elecciones, cómo se delibera y, en última instancia, lo que se decide y la conducta. Cuando se vive en condiciones de escasez, los problemas se representan, administran y tratan de forma diferente […].

Menos dinero significa menos tiempo. Menos dinero significa que es más difícil socializar, menos dinero significa alimentos de menor calidad y menos saludables. La pobreza significa escasez de los propios artículos que sostienen casi todos los demás aspectos de la vida.

[…] Las personas de escasos recursos […] hace malabares para pagar renta, préstamos, cuentas atrasadas, y cuentan cada día que falta para que les paguen su cheque. Emplean su ancho de banda para administrar su escasez. […]

Algo de lo que más carecen los pobres es ancho de banda. La mera lucha por estirar los ingresos les deja menos de este recurso vital (S. Mullainathan y E. Shafir, Escasez).

Es a estas personas, en estas circunstancias, a las que se está suspendiendo la RGI. A las personas más vulnerables, a las más precarizadas, a las más necesitadas de eso de las que se les priva.

 

[5] “¿Qué es una sociedad decente?”, se pregunta y nos pregunta A. Margalit. Esta es su respuesta: “una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas”. ¿Y qué es la humillación? El mismo autor dice que “es un tipo de conducta o condición que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado al respeto”.

¿Estamos seguras de que el sistema de gestión de la RGI cumple el criterio de decencia de Margalit? Yo digo que no.

 

[6] Isabel Torre es una doctora en Sociología que en el año 2023 defendió la tesis titulada Emociones y activación. Un análisis de las subjetividades de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, en la que concluye lo siguiente:

Las principales emociones en la experiencia de encontrarse percibiendo la RGI son el miedo, la tristeza, la vergüenza y la duda. Ante tales emociones, de signo negativo, se desprende una posible erosión de las subjetividades de los individuos bajo estudio, así como una dura gestión emocional. Se confirma, pues, que la actual configuración de la RGI y el imaginario colectivo acerca de la misma no sirve a las personas usuarias como herramienta de empoderamiento (https://addi.ehu.es/handle/10810/64552?show=full).

¿Desearíamos para nosotras una realidad así?

 

[7] En su Teoría de la justicia John Rawls desarrolló las ideas de la "posición original" y el "velo de la ignorancia" como herramientas conceptuales diseñadas para fundamentar principios de justicia imparciales y equitativos. La posición original es un experimento mental en el que individuos racionales y libres deliberan sobre los principios que regirán la estructura básica de la sociedad (instituciones políticas, económicas y sociales).     Estas personas buscan maximizar sus propios intereses, pero no tienen poder ni privilegios sobre otros, asegurando así un proceso equitativo. Estas personas diseñan las reglas desde cero, sin sesgos, ya que operan en el marco del velo de la ignorancia, de manera que desconocen ciertas características de sí mismas o de su lugar en la sociedad, tales como: su posición socioeconómica (ricos, pobres, clase media, etc.), sus habilidades naturales (inteligencia, talento, fuerza, etc.), su género, raza, religión o cualquier otra circunstancia particular, sus preferencias personales o valores específicos. Esto significa que las personas participantes deben formular principios de justicia sin saber si serán ricos o pobres, hombres o mujeres, privilegiados o marginados. La idea es que, al eliminar el conocimiento de estas diferencias, las decisiones que tomen serán imparciales, ya que nadie puede diseñar reglas que beneficien a su posición particular.

El propósito de la posición original y del velo de la ignorancia es garantizar que los principios de justicia acordados sean universales (aplicables a todas las personas, independientemente de sus circunstancias), imparciales (no influenciados por intereses particulares o sesgos) y equitativos (que protejan a las menos aventajadas y aseguren una igualdad básica de oportunidades).

En estas condiciones, ¿de verdad diseñaríamos este sistema de rentas mínimas? ¿o lo hemos diseñado así porque sabemos perfectamente que nunca vamos a vernos en la tesitura de tener que transitar por el espacio de la RGI y someternos a sus exigencias? El problema de la RGI es que quienes estamos aquí sabemos que jamás vamos a tener que recurrir a esa prestación. Pero, ¿y si la pensáramos poniéndonos en el lugar de quienes si lo hacen?

 

[8] Por cierto, a propósito del imaginario colectivo sobre la RGI al que se refería Isabel Torre. Repetidamente se utiliza el argumento del control estricto de las personas perceptoras (base de esa suspensión cautelar sistemática advertida por el Ararteko) como una forma de legitimación de la RGI frente a una opinión pública y publicada cada vez más crítica con esta ayuda. No estoy de acuerdo. Al contrario, creo que se está provocando el efecto contrario, el aumento del discurso deslegitimador. Recordemos aquella infame campaña de la Diputación Foral de Bizkaia en 2017 con el lema “ayudas sí, control también” (https://www.bizkaia.eus/es/web/comunicacion/noticias/-/news/detailView/17923) para presentar su Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019.

En 2023 Lanbide puso en marcha una nueva Unidad de Inspección para “controlar el correcto cumplimiento” de la RGI, con 19 inspectoras e inspectores. Como si el de las prestaciones sociales fuese un lodazal de corrupción. Comparemos este esfuerzo inspector con el hecho de que en febrero de 2023 contábamos con 51 plazas de inspección de trabajo para toda Euskadi, de las que 10 estaban vacantes. Estamos hablando de un ámbito, el laboral, en el que ya se han producido 30 muertes este año, la última esta misma semana, el martes, en Bilbao.

No creo que aventar la imagen de unas prestaciones sociales amenazadas por el fraude, algo que todas las estadísticas desmienten, sea la mejor forma de legitimarlas. Y menos si lo hace la propia administración. Hace mucho que lo vengo diciendo (https://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201410/27/aceptable-ponga-bajo-sospecha-20141025082440.html).

 

[9] Vivianne Forrester nos interpela en El horror económico con un interrogante que no podemos dejar de responder: “En este sistema sobrenada una pregunta esencial, jamás formulada: ¿Es necesario merecer el derecho a vivir?”.

Yo digo que no, y estoy en disposición de hacer lo que sea preciso para avanzar, y hacerlo con rapidez, hacia la incondicionalidad de las rentas que garanticen los ingresos necesarios para evitar la escasez. Y hacerlo de la única manera en que es posible que esa incondicionalidad no genere agravios, que es con criterio de universalidad.

O sea, hacia una renta básica universal.

 

Por unas políticas sociales universales y dignas

EL CORREO, 13/03/2023

La multiplicación de ayudas económicas condicionadas es un fracaso de las políticas sociales y redistributivas. Mejoran ligera y temporalmente algunas situaciones de pobreza, pero no inciden sobre las estructuras de desigualdad. Las más recientes son la “NUEVA (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio” en el marco del plan anticrisis del Gobierno central, que sucede –como no podía ser de otra manera- a la “ANTERIOR (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio”, y, en Euskadi, las “Nuevas Ayudas Mensuales a la Crianza de las Hijas o Hijos”, otros 200 euros mensuales para toda hija o hijo hasta que cumpla tres años y 100 euros mensuales si es la tercera o sucesiva hija o hijo, desde que cumpla los tres años hasta que cumpla los siete. Ayudas que se suman a (en el caso de la medida vasca) o son incompatibles con (en el caso de la medida estatal) otras ayudas económicas anteriores, como el Ingreso Mínimo Vital.

Son las últimas de una extensísima lista de ayudas económicas condicionadas que incluyen medidas permanentes y de mayor dotación económica (las rentas de garantía de ingresos o rentas de inserción) junto a otras complementarias de estas (ayudas de emergencia social, subsidios complementarios por desempleo, renta activa de inserción, subsidio por insuficiencia de cotización…), ayudas ocasionales (bonos cultura) y otras muchas dirigidas a colectivos específicos (prestación extraordinaria por desempleo de los artistas, bono joven de alquiler, subsidio para emigrantes retornados o para personas liberadas de prisión, ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género…). Moverse por esta selva de ayudas que a veces suman y a veces restan, que en muchos casos son incompatibles entre sí y con el empleo, exige unos recursos de tiempo y de competencias (digitales, por ejemplo) que no están al alcance de cualquiera, además de una burocracia hipertrofiada. Y todo ello para que, al final, apenas si permitan superar por poco el umbral de pobreza, sin salir nunca del espacio de la inseguridad y la incertidumbre precarias.

Son “políticas de final de cañería”, actuaciones que buscan revertir situaciones que, en realidad, responden a dinámicas estructurales, de las que no son sino consecuencia: la ruptura de la norma social del empleo estable y la extensión del trabajo indecente; la mercantilización creciente de bienes esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda o la educación; la elusión y evasión fiscales y la consecuente crisis de los ingresos públicos. Frente a estas dinámicas, lo que necesitamos son buenos salarios y buenas condiciones laborales, buenas pensiones de jubilación, una renta básica universal que sustituya a toda esa miríada de ayudas condicionadas, una fiscalidad que tope las desorbitadas rentas altas y recupere para la sociedad beneficios injustamente privatizados, un parque suficiente de vivienda pública que permita a cualquiera acceder a un alquiler y que no retorne al mercado privado, servicios públicos de cuidado para la infancia y para las personas mayores. Lo que necesitamos es aquello que demandamos, quienes podemos hacerlo, para nosotras mismas: justicia y derechos.

Necesitamos políticas universalistas, que nos incluyan a todas. Las políticas sociales destinadas a las personas pobres acaban siendo pobres políticas sociales ya desde su mismo diseño, fundado sobre un insostenible despotismo tecnocrático: todo para las personas pobres, pero sin contar con las personas pobres. La condicionalidad apenas logra ocultar la cultura de la desconfianza sobre la que se conciben y aplican estas ayudas. En estos momentos hay organizaciones sociales vascas denunciando el control al que la Ertzaintza está sometiendo a las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, accediendo a sus hogares con el fin de comprobar el cumplimiento de requisitos como los de empadronamiento o las identidades de las personas que viven en un determinado domicilio. Es la policía la que se está encargando de esta tarea: no sé si somos conscientes de lo que supone que una patrulla uniformada se presente en el domicilio de una persona para investigarla sin que medie denuncia alguna, solo desde la sospecha o la supuesta prevención de un fraude que es rechazable pero anecdótico, lo que esto tiene de estigmatizador, de humillante.

En 1989 la investigadora y activista feminista Peggy McIntosh nos animaba a deshacernos de la “maleta invisible” de nuestros privilegios, de todas esas “ventajas inmerecidas” de las que disfrutamos inconscientemente por el hecho de ser varones, o blancas, o educadas, o económicamente acomodadas: “Al estudiar el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno, me di cuenta que, como las jerarquías de nuestra sociedad están interrelacionadas, es muy probable que haya un fenómeno del privilegio blanco que sea igualmente negado y protegido. Como persona blanca, me di cuenta que me habían enseñado el racismo como algo que pone a otras personas en situación de desventaja, pero me habían enseñado a no pensar en sus consecuencias, el privilegio blanco, lo cual me pone en una situación de ventaja”. Esos privilegios que, como advierte la periodista Reni Eddo-Lodge, son tan difíciles de definir y de percibir porque, esencialmente, significan una “ausencia de las consecuencias negativas” del racismo, del machismo o del clasismo. “El privilegio blanco –escribe Peggy McIntosh- es como una maleta invisible e ingrávida llena de provisiones especiales, mapas, pasaportes, folletos de códigos, visas, ropa, implementos, y cheques en blanco”.

Las personas que investigamos o intervenimos en el campo de las políticas sociales no podemos seguir funcionando desde la inconsciencia de nuestra maleta de privilegios, desde nuestra posición de ventaja. Pensamos y actuamos desde un marco mayoritariamente varón, blanco, educado y económicamente acomodado. Diseñamos o gestionamos ayudas, recursos y servicios que nunca son para nosotras, sino para otras. Imponemos o justificamos condiciones que jamás aceptaríamos para nosotras. Porque nuestro mundo es el de los derechos, no el de las ayudas.

Creo que es urgente que las entidades sociales sistematicen todo el conocimiento del que disponen y que evidencia las insuficiencias y perversiones del modelo de ayudas condicionadas. Que se paren a pensar en el papel que están jugando como gestoras y legitimadoras de este modelo. Que se planten, que nos plantemos, y que militemos de una vez por todas en favor de unas políticas sociales universales y dignas, de unos recursos y servicios sociales a los que no nos importaría tener que recurrir.

El abrazo de los pueblos - Herrien Arteko Besarkada

Respondiendo a la iniciativa mundial 5M EL ABRAZO DE LOS PUEBLOS nos hemos encontrado hoy en Durango.

Defender los derechos humanos para todas las personas

Por Juana Aranguren, Juanjo Álvarez, Adela Asua, Bernardo Atxaga, Joxerramon Bengoetxea, Garbiñe Biurrun, Marian Diez, Gorka Espiau, Helena Franco, Daniel Innerarity, Maixabel Lasa, Anjel Lertxundi, Irantzu Mendia, Zelai Nicolas, Lourdes Oñederra, Edurne Portela, Ramón Saizarbitoria, Pello Salaburu, Kirmen Uribe, Ramon Zallo, Mario Zubiaga, Iban Zaldua, Gemma Zabaleta, Imanol Zubero y Joseba Sarrionandia

Domingo, 21 de Abril de 2019 

https://www.deia.eus/2019/04/21/opinion/tribuna-abierta/defender-los-derechos-humanos-para-todas-las-personas

ESTE es el panorama de la Europa democrática: 35.597 personas muertas, desde 1993, intentando acceder a Europa por carecer de vías y procedimientos de acceso seguro y garantizado, el Mare Nostrum se ha convertido en el Mare Mortum, el mar de los ahogados; no se han reubicado los miles de personas que llevan meses y años hacinadas en pésimas condiciones -en auténticos campos de concentración- en los países del sur de Europa; son permanentes las agresiones sexuales que sufren las mujeres en el tránsito y el secuestro de muchas por las redes de trata.

La UE -que iba a suprimir las fronteras- ha creado en los últimos años más vallas en y entre sus propios países, que todo el resto del mundo, Trump incluido. La nueva guardia europea de fronteras, se ocupa de las fronteras interiores mermando la soberanía de los Estados y, en los países de origen de las personas migrantes (África, Asia), entrenando a sus policías/milicias para obstaculizar los movimientos de las personas desplazadas a la fuerza. Una pregunta: ¿cuánto dinero público, que podría ser empleado en mejorar las condiciones de vida de europeas y migrantes, va a ser utilizado en la construcción de campos de detención/concentración en Marruecos o Turquía?

En los últimos tiempos, los gobiernos europeos están ya decididamente asumiendo estas políticas de sistemático rechazo y exclusión de personas inmigrantes y refugiadas. Un conjunto de intereses económicos y del mercado de trabajo marcan estas decisiones, pero lo que resulta especialmente grave es la creciente presencia de las fuerzas de extrema derecha, neofascistas, tanto en los procesos de gobernanza europeos como, también, en importantes sectores de la población.

Estas fuerzas están arrojando olas de odio sobre las personas migrantes y refugiadas, a las que culpan de todos los males de nuestras sociedades, del desempleo, de los bajos salarios, de la crisis social y económica, del aumento de la delincuencia y del machismo. Esas fuerzas extremistas, demasiadas veces apoyadas por fuerzas políticas que se autodenominan democráticas, utilizan esos discursos que contribuyen a incrementar las injustas políticas migratorias existentes, como -reiteramos- las expulsiones masivas y el cierre de fronteras, arrojando a la muerte a decenas de miles de personas en las aguas del Mediterráneo, en los desiertos de África y en otros lugares sin nombre, negándoles derechos humanos básicos, la vida y el derecho a migrar.

La política neofascista se asienta y alimenta en la defensa de una sociedad jerárquica basada en el individualismo, la competición y la desigualdad. De una sociedad autoritaria y patriarcal basada en el odio y la exclusión de las personas vulnerables, empobrecidas, excluidas, diferentes, migrantes. De una sociedad donde quienes son diferentes, quienes soportan y también rechazan la desigualdad y la jerarquía -personas pobres, emigrantes, precarias, mujeres insumisas, disidentes en general- deben ser marginadas y aun expulsadas.

El crecimiento de estas fuerzas políticas neofascistas y la facilidad con la que están buscando alianzas en otros partidos y fuerzas de derecha -tenemos ejemplos muy cercanos- empieza a hacer desgraciadamente posible una estrategia que, siendo ahora las personas emigrantes y refugiadas las primeras víctimas, incluiría, si crecen más, no dentro de mucho tiempo, represión y sometimiento a todas las otras personas arrojadas fuera del sistema. Sobre todo a quienes desde la diferencia lo rechazan. Estas fuerzas de derecha buscarán marginar el pensamiento y la acción política y social que lucha por establecer una sociedad de iguales en derechos y libertades, regida por los valores y prácticas de dignidad, respeto, solidaridad, inclusión y democracia, en definitiva en valores de humanidad.

Es necesario revertir este proceso. Es necesario, en este sentido, luchar y movilizarse a favor del respeto radical de los derechos humanos de personas inmigrantes y refugiadas. Sobre todo su derecho a la libertad de circulación. De hecho, en los últimos meses, en Europa resultan continuas las manifestaciones, algunas de ellas masivas, que con distinto signo, tienen todas un mismo objetivo: la lucha contra la represión a las personas más débiles. Ya hay múltiples oportunidades de apoyo. Un ejemplo que destacamos es la iniciativa del 5 de Mayo en un conjunto de ciudades europeas. Se hará precisamente antes de las elecciones europeas para visibilizar que son muchas personas quienes piensan que las mismas deben invertir la tendencia y expresar la deslegitimación de la extrema derecha. 

Por supuesto, también aquí. En Durango. El 5 de mayo a las 12. Una llamada a un acto público, representado con una abrazada colectiva. Un símbolo de la solidaridad y búsqueda de igualdad entre diferentes, frente al establecimiento de la sociedad jerárquica, dividida y desigual… de ellos. Ahí estaremos.