El
rearme como nuevo sentido común europeo
En nuestras
sociedades la defensa militar se ha convertido en un supuesto incuestionado. Se
da por hecho que la seguridad depende de disponer de ejércitos capaces de
disuadir mediante la amenaza de la fuerza. Este planteamiento suele presentarse
como realismo político, como una respuesta técnica a un mundo peligroso. Sin
embargo, en realidad es una opción histórica y cultural muy concreta,
profundamente ideológica, que rara vez se somete a discusión ética o política.
Cuando se debate
sobre defensa nunca se cuestiona ese supuesto básico. Las discusiones se
limitan a aspectos secundarios: cuánto gastar en defensa, qué alianzas mantener
o dónde desplegar tropas. Pero la premisa de fondo (que la seguridad solo puede
garantizarse mediante la capacidad de infligir violencia) permanece intacta.
Bajo ese marco, imaginar formas alternativas de seguridad se considera ingenuo
o irresponsable.
El contexto
geopolítico reciente ha reforzado esta lógica. En la Unión Europea se ha
abierto paso un nuevo consenso: la idea de que Europa debe convertirse en una
potencia militar más autónoma. La Comisión Europea impulsa instrumentos
financieros para fortalecer la industria de defensa y fomentar la compra
conjunta de armamento, mientras Emmanuel Macron, defiende una Europa capaz de
ejercer plenamente su poder militar, incluida la dimensión nuclear.
En España el
debate ha adoptado un tono aparentemente pragmático y el Gobierno sostiene que
es posible aumentar el gasto militar sin sacrificar el Estado del bienestar.
Según esta lógica, si el presupuesto de defensa puede ampliarse sin recortes en
sanidad, educación o políticas sociales, el dilema entre “cañones o
mantequilla” quedaría resuelto. Pero ese razonamiento evita la pregunta
fundamental: incluso si podemos pagarlo, ¿es realmente la vía adecuada para
garantizar nuestra seguridad?
El gasto en defensa
no es neutral. No se limita a cubrir una necesidad técnica, sino que orienta la
economía, fortalece determinadas industrias, condiciona la política exterior y,
sobre todo, formatea las mentalidades, configurando una auténtica economía
política de la seguridad armada. Por eso el debate democrático no debería
limitarse a la aritmética presupuestaria, sino abordar cuestiones más
profundas: qué amenazas consideramos prioritarias, qué tipo de defensa queremos
y qué papel debe tener la fuerza militar dentro de una concepción más amplia de
seguridad humana, social y ecológica.
Esa reflexión
exige también preguntarse qué significa exactamente “defender nuestro modo de
vida”. Con frecuencia esta expresión funciona como un eslogan que agrupa
prosperidad, libertades políticas y estabilidad institucional. Sin embargo,
rara vez se reconoce que el modelo de vida europeo se ha construido
históricamente sobre relaciones económicas coloniales y patrones de consumo que
dependen de la explotación de recursos y trabajo en otras partes del mundo. Es
lo que Nancy Fraser ha llamado “capitalismo caníbal”. Defender ese modo de vida
sin cuestionarlo significa, en realidad, proteger militarmente una posición
privilegiada en la jerarquía global.
La
defensa que destruye lo que dice proteger
Por otro lado, la
forma en que se libran las guerras contemporáneas obliga a revisar seriamente
la supuesta capacidad protectora de la defensa militar. Hoy los conflictos se
desarrollan principalmente en ciudades densamente pobladas y en estos escenarios
el uso de artillería pesada, misiles o bombardeos aéreos tiene consecuencias
devastadoras para la población civil. Según informes de Naciones Unidas, hasta
el 90 % de las víctimas en zonas urbanas son civiles.
Además, el coste
humano de la guerra va mucho más allá de las muertes directas en combate. La
antropóloga Stephanie Savell muestra que las guerras posteriores al 11 de
septiembre de 2001 han tenido un impacto humano mucho mayor del que suele
reconocerse. En las guerras de Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Yemen y
regiones relacionadas, se estima que el total de muertes asociadas a los
conflictos podría situarse entre 4,5 y 4,7 millones de personas, de las que 3,6
millones corresponden a muertes indirectas, es decir, personas que no murieron
por violencia directa en el campo de batalla, sino por las consecuencias
estructurales de la guerra: colapso de servicios de salud, malnutrición,
enfermedades prevenibles, falta de agua potable y desplazamientos forzados. Casos actuales como Ucrania, Gaza o Irán muestran
con crudeza que la guerra contemporánea convierte a la sociedad civil en su
principal víctima.
En este contexto
resulta imposible sostener la idea de que la guerra sirve para proteger la
vida. La defensa armada se legitima como respuesta frente a una amenaza
absoluta, pero los datos muestran que su funcionamiento real implica la
destrucción masiva de vidas e infraestructuras civiles. Como ha señalado Judith
Butler, las guerras también se libran en el terreno simbólico: determinan qué
vidas son reconocidas como valiosas y cuáles pueden ser reducidas a cifras
estadísticas o daños colaterales.
Existe además una
ilusión persistente sobre la guerra que también hay que cuestionar: la creencia
de que en ella se dirimen valores como la justicia o la libertad. En la
práctica, sin embargo, las guerras las ganan quienes disponen de mayor
capacidad destructiva y más recursos materiales. La guerra premia la
superioridad de la fuerza, no la legitimidad moral. Y esa acumulación de poder
militar nunca es neutral: tiende a reproducir y ampliar las desigualdades
existentes entre países y dentro de las propias sociedades.
Aquí resulta
especialmente pertinente recordar la advertencia de Audre Lorde cuando afirma que “las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo”.
La violencia, las armas, los ejércitos son precisamente esas herramientas.
Pretender construir un mundo más justo, más seguro o más humano mediante una
intensificación de la fuerza armada equivale a reforzar el mismo principio que
genera la opresión: la imposición del
más fuerte sobre el más débil.
La gravedad del
momento histórico también queda reflejada en un símbolo conocido: el Reloj del Juicio Final (Doomsday Clock)
del Bulletin of the Atomic Scientists.
Este indicador, creado tras la Segunda Guerra Mundial por científicos
vinculados al Proyecto Manhattan, utiliza la metáfora de un reloj para
representar la proximidad de la humanidad a una catástrofe global. En la
actualidad el reloj marca apenas 85
segundos antes de la medianoche, una advertencia que refleja el aumento
simultáneo de riesgos nucleares, crisis climática y tensiones tecnológicas. El
mensaje es claro: el rumbo actual del sistema internacional es profundamente
inestable y exige respuestas cooperativas a escala global.
Reconocer estos
límites no implica negar la existencia de agresiones reales ni ignorar
situaciones en las que la resistencia armada ha sido comprensible. La derrota
del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial es el ejemplo más claro. Sin
embargo, incluso esa victoria no eliminó la lógica de la fuerza en el sistema
internacional; al contrario, inauguró un orden basado en la disuasión nuclear y
la amenaza permanente de destrucción mutua. Se trata de una dinámica
estructural del sistema internacional conocida como el “dilema de la defensa”.
Cuando los Estados se arman para protegerse generan inseguridad en otros, que
responden armándose también. De este modo se desencadenan carreras
armamentísticas que refuerzan la percepción de amenaza. Este proceso se ve
intensificado por el peso económico del complejo militar-industrial, que
convierte la producción de armamento en un sector con poderosos incentivos para
su expansión.
Si para ser más
fuerte que el amo tengo que convertirme en amo…
La pregunta de si “merece la pena” defenderse violentamente cuando eso
exige volverse más fuerte e incluso más despiadado que el agresor nos sitúa
ante uno de los dilemas más antiguos y perturbadores de la política: ¿en qué
estamos dispuestos a convertirnos para sobrevivir? La cuestión no es
simplemente estratégica, es moral. No se trata solo de ganar una guerra, sino
de preguntarse qué tipo de sociedad y qué futuro emergen de esa victoria.
Cuando una comunidad decide defenderse, el objetivo declarado es
preservar su forma de vida frente a una amenaza. Sin embargo, en el curso de
esa defensa se introducen como “medidas excepcionales” prácticas que erosionan
precisamente aquello que pretende proteger: limitación de libertades,
concentración de poder, normalización de la mentira como herramienta política,
deshumanización del adversario y, por extensión, del disidente interno. La
historia muestra que las excepciones tienden a volverse permanentes y que la
guerra, que comienza como reacción a una agresión externa, termina transformando el régimen desde dentro.
Si para derrotar a un régimen autoritario hubiera que adoptar sus métodos
(represión sistemática, propaganda omnipresente, desprecio por el derecho
internacional) la victoria sería más que ambigua: podría lograrse una
superioridad militar, pero al precio de vaciar el proyecto político original.
De forma análoga, si una democracia respondiera a un entorno internacional crecientemente
iliberal imitándolo, “trumpizándose” o endureciendo sus propias reglas hasta
diluir los contrapesos institucionales, podría obtener fortaleza a corto plazo,
pero a largo plazo estaría debilitando su legitimidad y su estabilidad.
El problema no es solo moral; es también práctico. La crueldad tiende a
producir efectos secundarios estratégicamente costosos. Alimenta ciclos de
represalia, dificulta la construcción de alianzas, erosiona el apoyo
internacional y fractura la cohesión interna. Una sociedad que adopta métodos
despiadados necesita reforzar el control interno para sostenerlos. Y ese
refuerzo (más vigilancia, menos transparencia, menor pluralismo) transforma la
naturaleza misma del régimen: no hay más que mirar a los Estados Unidos de Trump
y a la Rusia de Putin.
Pensar
la seguridad más allá de las armas
Frente a este
paradigma, deberíamos explorar seriamente la defensa civil noviolenta. Este
enfoque parte de una premisa sencilla: ningún régimen puede sostenerse
únicamente mediante la coerción. Incluso los poderes más represivos dependen de
la cooperación cotidiana de la población. Si esa cooperación se retira mediante
huelgas, boicots, desobediencia civil o creación de instituciones alternativas,
el poder puede quedar paralizado.
La historia ofrece
múltiples ejemplos de resistencia civil, de no cooperación, de retirada de
legitimidad, de desobediencia organizada que ha erosionado regímenes violentos
sin recurrir a la guerra. No son caminos fáciles ni exentos de costes, pero
tampoco lo es la militarización permanente del mundo. La diferencia crucial es
que la defensa civil noviolenta no
convierte la violencia en principio, ni hace de la muerte del otro una
condición de posibilidad para la propia supervivencia. Como proclamó Manuel
Sacristán, “el pacifismo no consiste en no querer morir, sino en no querer
matar”.
Cuestionar la
supuesta bondad o inevitabilidad de la defensa militar no es negar los
conflictos ni idealizar la paz. Es reconocer que el modelo dominante de
seguridad ha fracasado, especialmente para quienes más sufren, y que insistir
en él solo profundiza las dinámicas que nos han traído hasta aquí. Reivindicar
la defensa civil noviolenta es apostar por una noción de seguridad que no se
mida por la capacidad de matar, sino por la capacidad de cuidar, resistir y transformar sin
renunciar a la dignidad humana.
El poder no reside en las armas, sino
en la obediencia cotidiana. Cuando esa obediencia se retira de forma sostenida
y colectiva, incluso los regímenes más violentos se ven debilitados, porque pierden la capacidad práctica de gobernar.
La resistencia civil noviolenta no derrota al adversario destruyéndolo, sino dejándolo sin suelo.
Este enfoque
permite, además, introducir una reflexión crucial sobre quién puede resistir.
La violencia armada es radicalmente
excluyente. Se trata de una
herramienta profundamente machista, pero también edadista y capacitista. Su uso “eficiente” está pensado para
cuerpos muy concretos: varones jóvenes, en excelentes condiciones físicas,
entrenados para soportar dolor, miedo extremo y estrés prolongado. Todo lo
demás (mujeres, personas mayores, personas con diversidad funcional, cuerpos no
normativos) queda relegado al papel de víctimas pasivas o de daños colaterales.
Más aún: la
violencia no solo exige unas condiciones físicas específicas, sino también unas
disposiciones morales muy particulares.
Acechar, engañar, herir, mutilar o matar de forma sistemática requiere
suspender, al menos temporalmente, rasgos éticos básicos como la empatía, el
cuidado de la otra y el otro o el reconocimiento de la dignidad ajena. No es
casual que los ejércitos inviertan enormes recursos en procesos de
deshumanización del enemigo: sin ellos, la mayoría de las personas no podría
matar. La violencia organizada se apoya en disposiciones psicológicas más
cercanas a la sociopatía funcional que a una ética compartida de la vida.
Por eso, y esto es
importante subrayarlo, la violencia es
una herramienta al alcance de una minoría. No porque el resto de la población sea cobarde o incapaz, sino
porque, afortunadamente, la mayoría de los seres humanos no está hecha para matar. El militarismo convierte esa limitación
ética en un defecto; la defensa civil noviolenta, en cambio, la reconoce como
fortaleza.
El problema es que
estas alternativas suelen plantearse cuando la guerra ya ha comenzado, cuando
la lógica militar domina la opinión pública y las decisiones políticas. Por eso
la defensa civil noviolenta solo puede convertirse en una opción creíble si se
construye con antelación, como una política pública organizada en tiempos de
paz.
La vieja máxima
romana afirmaba: si vis pacem, para bellum, si quieres la paz, prepárate
para la guerra. Ha llegado el momento de invertir esa lógica. Si queremos
realmente la paz, debemos comprometernos firmemente desde ahora en prepararla.
