La magia (antidemocrática) del relato

En febrero de 2017 Deutsche Welle (DW), el servicio internacional de radiodifusión pública de Alemania publicó un artículo titulado «El mundo recurre a Hannah Arendt para explicar a Trump». El 20 de enero de 2017 Donald Trump había tomado posesión como 45º presidente de Estados Unidos. ¿Por qué esa referencia a Hannah Arendt?

Las reflexiones de Hannah Arendt sobre la verdad, la mentira y la política constituyen una de las aportaciones más penetrantes del siglo XX para comprender la fragilidad del espacio público democrático. Lejos de tratar la mentira como un simple vicio moral, Arendt la analiza como un fenómeno estructural que puede alterar las condiciones mismas de posibilidad de la acción política.

En Verdad y política (1964) Arendt distingue entre distintos tipos de verdad. Por un lado, la verdad racional o filosófica, propia del ámbito especulativo; por otro, la verdad factual, que se refiere a hechos concretos y contingentes: quién hizo qué, cuándo y cómo. Es esta segunda la que resulta especialmente vulnerable en la esfera política. Los hechos no son interpretaciones libres, y dependen de testigos, documentos, pruebas. Sin embargo, al ser contingentes y estar insertos en conflictos de intereses, pueden ser negados, silenciados o reinterpretados estratégicamente. Para Arendt, la política siempre ha tenido una relación tensa con la verdad, porque el poder busca persuadir y construir relatos, mientras que la verdad factual introduce límites a esta construcción.

En La mentira en política (1971), escrito tras el escándalo provocado por la publicación de los Papeles del Pentágono (un informe secreto del Departamento de Defensa que revelaba que la administración estadounidense había prolongado la guerra de Vietnam mientras ocultaba al público su verdadero alcance y sus dudas internas), Arendt sostiene que esa manipulación sistemática de la información no fue simplemente una sucesión de engaños puntuales, sino la manifestación de una forma de gobierno centrada en la «creación de imagen». En este modelo, gestionar la percepción pública se convierte en una prioridad superior a describir la realidad. El peligro no radica solo en que se difunda una falsedad concreta, sino en que la reiteración de distorsiones erosione el sentido común compartido.

Porque cuando todo el mundo miente constantemente, el resultado no es que la mentira sea aceptada como verdad, sino que ya nadie cree en nada, y cuando se pierde la confianza en la existencia de un mundo común de hechos, la capacidad de juicio se debilita. Sin juicio, la ciudadanía no puede deliberar ni decidir con responsabilidad y la democracia, que presupone ciudadanas y ciudadanos capaces de evaluar información y asignar responsabilidades, se vacía desde dentro.

Con Trump estas reflexiones han adquirido renovada actualidad. La proliferación de narrativas «alternativas» y la deslegitimación sistemática de medios y personas expertas han puesto en cuestión la idea de una realidad compartida. La política se ha transformado en una disputa permanente por el relato, donde la fidelidad a los hechos compite con la eficacia emocional del mensaje. Las redes sociales, con su lógica algorítmica, amplifican contenidos polarizadores y dificultan la verificación sosegada. En este contexto, la advertencia arendtiana sobre la destrucción del sentido común resulta especialmente pertinente.

También en Europa, el espacio público atraviesa tensiones profundas que no pueden atribuirse únicamente a la complejidad institucional. Construida sobre una arquitectura multinivel que exige altos niveles de confianza, la Unión Europea ha gestionado las crisis de la última década desde la opacidad, la tecnocratización y la priorización de intereses económicos sobre la deliberación democrática, imponiendo decisiones basadas en relatos públicos que negaban alternativas o presentaban como inevitables opciones profundamente ideológicas. El problema no es el desacuerdo, consustancial a toda democracia, sino la percepción ciudadana de quedar relegada a espectadora de decisiones alejadas del control público.

En varios países europeos ganan fuerza movimientos que cuestionan abiertamente estadísticas oficiales, consensos científicos o decisiones judiciales. El debate sobre la migración, el cambio climático o la violencia machista se ha visto contaminado por datos selectivos y afirmaciones sin base empírica, que erosionan la distinción entre hecho y opinión. Cuando todo se percibe como narración interesada, el terreno para la conversación común desaparece. También en España la política institucional parece haberse reducido a la batalla por el relato, y la identificación ideológica de muchos medios refuerza la percepción de que cada actor ofrece «su» versión de los hechos.

La normalización de la comunicación puramente instrumental, la manipulación sistemática o la difusión deliberada de falsedades no destruyen de inmediato las instituciones, pero corroen lentamente la base factual sobre la que se construye el consentimiento democrático. La respuesta no puede ser una ilusión de neutralidad absoluta ni la negación del conflicto. Arendt sabía que la política implica interpretación y disputa, pero insistía en que los hechos deben constituir un suelo común, aunque su significado sea objeto de debate. Proteger ese suelo exige transparencia institucional, independencia judicial, periodismo riguroso y educación cívica orientada al discernimiento crítico.

El acrónimo MAGA, marca pública del movimiento sociopolítico en torno a Trump, bien puede leerse simbólicamente como la promesa de una restauración ilusionista o taumatúrgica: «hacer América grande de nuevo» sin atravesar la complejidad institucional, económica y social que toda transformación democrática exige. En ese sentido metafórico, la dimensión «mágica» no sería inocente, sino problemática. Remite a una política que sustituye la deliberación por la consigna, la argumentación por la repetición, la conversación democrática por la adhesión emocional. La magia, entendida como pensamiento que busca producir efectos mediante palabras performativas y simplificaciones extremas, encaja bien con la lógica de la posverdad: no importa tanto la verificación empírica como la eficacia simbólica del enunciado.

Desde esta perspectiva, el riesgo no es solo la falsedad puntual, sino la renuncia al esfuerzo reflexivo que exige la democracia: contrastar datos, aceptar la pluralidad, distinguir entre hechos y opiniones, asumir la complejidad de los problemas públicos. Cuando la política se reduce a eslóganes que prometen soluciones inmediatas y restauraciones míticas, se empobrece el espacio público y se debilita la cultura cívica. La «magia» política, en su versión más peligrosa, no consiste en creer en lo imposible, sino en desactivar el pensamiento crítico.

La democracia arendtiana es exigente: no descansa solo en procedimientos formales, sino en la existencia de un mundo compartido que permita a la ciudadanía orientarse. Si ese mundo se fragmenta en burbujas narrativas inconmensurables, la libertad política pierde su sustento. Estados Unidos, Europa y España afrontan hoy ese desafío. Recordar a Hannah Arendt no es un ejercicio académico, sino una invitación a reconstruir la confianza en la verdad factual como bien público indispensable. 

Publicado en Noticias Obreras el 16 de marzo de 2026

Pido saber la verdad sobre los GAL

Hoy se ha presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la plataforma B-Egiaz. Lo han hecho dos mujeres generosas y fuertes, Pilar y María, la primera hermana de José Ignacio Zabala, asesinado por los GAL, la segunda hija de Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA. 

El 3 de abril Pilar me escribió un correo electrónico (¡gracias de corazón, Pilar, por tu confianza!) en el que me informaba de la iniciativa, me enviaba un primer borrador del Manifiesto y me invitaba a considerar mi apoyo al mismo: "Estoy muy interesada en conocer tu opinión y recibir cualquier sugerencia de mejora. Me encantaría que te unieras a nosotras en este camino en búsqueda de la verdad". No lo dudé ni un instante.

El 29 de agosto de 1996 publiqué en el diario El Mundo un artículo titulado "Los papeles del CESID". Lo firmaba como profesor de la UPV/EHU (aún faltaban unos meses para que accediera a la titularidad) y miembro de Gesto por la Paz. Porque hay que recordar que Gesto por la Paz fue siempre militantemente claro en la demanda de investigación de los crímenes de los GAL. Aquel artículo decía así:

Vivimos en una sociedad caracterizada por la obsolescencia programada del pensamiento, de modo que recuerda cada vez menos cosas y olvida cada vez más de prisa. Nuestra sociedad está enferma de olvido. Jugar a sembrar el olvido en relación con aquellos hechos cuyo recuerdo, por la razón que sea, nos molesta, sólo sirve para fortalecer las tendencias a la desmemoria de nuestra sociedad: con el tiempo, tendremos una sociedad en la que sólo recordaremos lo que nos conviene, o en la que simplemente no recordaremos nada.

El Gobierno de Aznar ha negado la posibilidad de desclasificar los papeles del CESID solicitados por el juez Gómez de Liaño para proseguir sus investigaciones en relación con los asesinatos de Lasa y de Zabala. Como consecuencia inmediata, es más que probable que personas incursas en el sumario por el asesinato de ambos jóvenes queden en libertad al quedar bloqueada la investigación judicial. Y lo ha hecho enarbolando su vocación de gobernar para el futuro, no desde el pasado. Invocación vacía, que vale tanto para un roto como para un descosido. Discurso hueco cuya única función es legitimar una decisión que a muchas personas nos ha parecido inaceptable. Cualquier día, para justificar otra decisión del mismo Gobierno, se nos dirá que un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo, y se quedarán tan anchos.

Pretenden que, como los imbéciles del proverbio, nos limitemos a mirar el dedo que señala a la luna en vez de mirar a la propia luna. Pretenden que nos enredemos en discusiones bizantinas sobre la «seguridad del Estado» (principio que, divorciado de la disciplina democrática, corre el riesgo de asemejarse cada vez más a la para-fascista Doctrina de la Seguridad Nacional), sobre la «responsabilidad» de la función de gobierno (que, al parecer, se construye sobre la irresponsabilidad de la función de oposición, pues donde decía «digo» ahora se dice «Diego»), etc.

Pero, a mi entender, las cuestiones fundamentales no son esas sino otras. A lo largo de la anterior legislatura el PP, desde la oposición, no dejó de afirmar que el PSOE y el Gobierno de González estaban implicados en la creación y actuación de los GAL De hecho, esta argumentación resultó determinante a la hora de inclinar la balanza electoral a su favor. Cuando el PP ha llegado al poder y ha conocido los papeles del CESID sólo caben dos posibilidades: a) o ha confirmado lo que anteriormente eran sospechas y conjeturas, es decir, la implicación del Gobierno del PSOE en el asunto GAL, y lo ha ocultado; b) o ha comprobado que no existía tal implicación, y no ha rectificado sus acusaciones anteriores. Esta es una cuestión fundamental

Otra más. Cuando los diputados y diputadas que formaban la Comisión de Secretos Oficiales en la legislatura anterior conocieron los documentos del CESID: a) o comprobaron la implicación del Estado con los GAL y lo callaron, con lo cual resulta insultante escuchar ahora a alguna de sus señorías, en un repentino ataque de moralidad, afirmar su disposición a comparecer ante el juez para dar una lección al Gobierno; b) o tras la revisión de tales documentos no advirtieron implicación alguna del Estado, con lo que su posible declaración debería estar exenta de alharacas.

En cuanto a la obligación de guardar el secreto de lo expuesto y conocido en la Comisión, el límite de la misma habría de estar en los contenidos de los temas abordados. No se trata de caer en la dinámica irresponsable del «hágase justicia y perezca el mundo», pero: ¿cabe aca­so mantener la obligación del secreto, incluso ante los jueces, en el caso de que se tuviera conocimiento fundado de la realización de gravísimos actos delictivos'?

Durante la pasada legislatura unos y otros se hartaron de expresar su convicción de que el caso GAL debía sustanciarse en los tribunales. Estos días. con ocasión de la excarcelación de Rodriguez Galindo, se vuelve a entonar el estribillo del «respeto escrupuloso a las decisiones judiciales», al tiempo que se toman decisiones políticas que, de hecho, intentan abortar la tarea judicial de profundizar en el esclarecimiento de los crímenes de los GAL. ¿Puede alguien, por favor, explicamos todas estas contradicciones?

Y una cosa más. ETA y su entorno utilizarán el asunto de los papeles del CESID y su no desclasificación del mismo modo que utilizarían su desclasificación: si con la misma no se demostrara la implicación del Estado en el terrorismo de los GAL, dirían que no se han mostrado todos los documentos y se ha ocultado información: si se demostrara tal implicación, dirían que a un Estado que recurre a la «guerra sucia» sólo cabe hacerle la guerra (¿limpia?). Todo este lamentable asunto no «da alas a ETA», como machaconamente se está repitiendo estos días. Todo este asunto recorta las alas de quienes intentamos trabajar por la paz y la normalización en Euskadi. No las de la convicción y la legitimidad. Las alas del entusiasmo. Por eso es tan importante que, de una vez por todas, se haga lo necesario para aclararlo según las reglas de un Estado de Derecho. Aunque, a la luz de la nueva ley de Secretos Oficiales -¿he dicho «luz»? quería decir «tinieblas»- parece que nos esperan 50 años de oscuridad.

Han pasado 25 años. 

¿De verdad vamos a tener que esperar otros 25 para conocer la verdad, toda la verdad, sobre los GAL?