El campo de las políticas sociales, tanto en su dimensión político-institucional como en la de la intervención directa, comparte, explícita o tácitamente, un principio analítico fundamental que articula un orden o régimen de justificación (Boltanski y Thévenot) invocado para legitimar y evaluar sus acciones. Este principio puede expresarse, de forma simplificada, así:
1) Los grandes problemas sociales, los que se agrupan bajo las categorías de la pobreza y la exclusión social, tienen un origen estructural.
2) Actuar sobre las causas estructurales de tales problemas es enormemente complejo, exigiría acuerdos sociales muy mayoritarios, prácticamente imposibles de conseguir, y su “solución” nos coloca en una lógica antisistémica, anticapitalista, literalmente revolucionaria.
3) De este modo, la posibilidad de construir consensos mayoritarios sólidos para la eliminación de la pobreza y la exclusión puede ser un ideal al que aspirar, pero no parece que esté a nuestro alcance.
4) Siendo imposible la eliminación de la desigualdad lo que nos quedaría es actuar en el espacio del “arreglo”, de la mejora de las (malas) condiciones, de la reforma, de la reducción de daños o, en el mejor de los casos, en la búsqueda de palancas que puedan impulsar el cambio individual en la situación de las personas en exclusión.
A partir de este orden de justificación se ha acabado por asumir que las políticas sociales “funcionan” siempre que se muestren eficaces como herramientas de reducción de daños, como última red de protección o, en su versión más ambiciosa, como medios para la activación sociolaboral y el cambio en la posición social de las personas excluidas. No cambian la estructura de desigualdad, pero mejoran porcentualmente las situaciones de exclusión.
La decisión del Ayuntamiento de Donostia de suspender las cenas solidarias ofrecidas desde hace cuatro años por el colectivo ciudadano Kaleko Afari Solidarioak en Egia echa por tierra todo este discurso legitimador de nuestras políticas sociales. Es inaceptable que el Ayuntamiento aliente la confusión indiferenciada entre el discurso de la seguridad y la intervención solidaria de emergencia, confusión que solo sirve para que el securitarismo expulse al humanitarismo de nuestras calles. Sin dar ninguna alternativa, sin asumir institucionalmente la obligación de velar porque ninguna persona que habite en Donostia carezca de lo más básico: de alimento, de techo, de reconocimiento, de escucha.
Lo mismo ocurre si nos aproximamos al funcionamiento en Bilbao del SMUS (Servicios Municipales de Urgencias), como denunciaron en junio ASETU Herri Biltegia, Atxuri Harrera, Irala Harrera, Ongi Etorri Errefuxiatuak y SOS Racismo: colas diarias sin garantía de poder acceder a los recursos de alojamiento provisional, servicios de comedor o acceso al empadronamiento social; un sistema de citas online en estos tiempos en los que, aparentemente, crece la sensibilidad contra la brecha digital; listas de espera de más de dos meses; insuficiencia de recursos y saturación de los servicios.
En su ensayo de 1996, La humanidad perdida, el filósofo Alain Finkielkraut escribió: “En nombre de la ideología nos negábamos ayer a dejarnos engañar por el sufrimiento. Enfrentados al sufrimiento, y con toda la miseria del mundo al alcance de la vista, nos negamos ahora a dejarnos engañar por la ideología”. En Euskadi, como en el resto de las sociedades ricas, hace tiempo que no nos dejamos “engañar” por la ideología y hemos abandonado cualquier pretensión de cambio estructural; pero, de un tiempo para acá, también hemos empezado a rechazar dejarnos “engañar” por el sufrimiento, por más a la vista que lo tengamos.
Los hechos de Egia han ocurrido muy cerca del Palacio de Justicia de Donostia, situado en la plaza Teresa de Calcuta. Todo un símbolo. Podíamos elegir entre la justicia de los derechos fundamentales para todas las personas o la intervención humanitaria de emergencia que, no sin contradicciones, encarna la religiosa. Pero estamos rechazando tanto la una como la otra. Ni la ideología ni el sufrimiento. Ni cambio estructural ni eficacia en la intervención de urgencia. ¿Cuál va a ser, entonces, el régimen de justificación de nuestras políticas sociales?
PUBLICADO EN HORDAGO-EL SALTO
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