Hacia el Estado Mercado

¿Constitucionalizar un límite al déficit público en un país en el que se ha construido un aeropuerto sin aviones, y aún así la sociedad pública que lo gestiona acaba de destinar una partida de 5,5 millones de euros para controlar “los filtros de embarque, el Centro de Seguridad Aeroportuaria y los accesos” al mismo durante cinco años? Cuando el impulso o la decisión política están detrás de infinidad de actuaciones –parques temáticos, estaciones de esquí, aeropuertos, rutas de AVE, ciudades de la cultura, cajas de ahorro, clubes de fútbol, etc.- que generan enormes pérdidas, ¿de qué va a servir fijar en la Constitución un mandato de estabilidad presupuestaria?

Saber que no se debe gastar más de lo que se tiene o razonablemente se espera tener, máxime cuando se maneja dinero de todos, es una cuestión de sentido (del bien) común. Un sentido común, una prudencia elemental y una responsabilidad de la que ha estado ayuna en los últimos tiempos una buena parte de la política española. Por eso me ha gustado escuchar al candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando en un corte del diálogo que mantuvo recientemente con un amplio grupo de padres y madres con hijos o hijas menores de 15 años no dejaba de señalar que el próximo Gobierno va a contar con “pocos recursos”, lo que exigirá fijar bien las prioridades. Esta es la actitud responsable y prudente que debemos exigir a quienes gobiernan los recursos (por definición siempre escasos) de todas y de todos. Confiar en las virtudes taumatúrgicas de una norma, por más alto que sea su rango jurisdiccional, resulta francamente ridículo. Recordemos, si no, lo que la Constitución proclama al respecto del Senado y su función de representación territorial… desde 1978. Si de sujetar el gasto se trata, más nos valdría reformar muchas de nuestras prácticas políticas antes que el texto constitucional.

Sujetar el gasto, sí, pero según qué gasto. A pesar de mantener discrepancias teóricas entre ellos, en los últimos días hemos podido leer sendos artículos de los economistas Paul Krugman (“La crisis secuestrada”, El País, 14 agosto) y James K. Galbraith (“La histeria del déficit”, Público, 14 agosto) en los que cuestionaban con dureza la obsesión con el déficit público, considerándola fundamentalmente una estrategia ideológica destinada a “paralizar al Gobierno y recortar la Seguridad Social” (Galbraith) o a “secuestrar el debate sobre la crisis para conseguir las mismas cosas que uno defendía antes de la crisis, dejar que la economía siga desangrándose” (Krugman). Una posición similar es mantenida por Robert Reich, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad de Berkeley y secretario de Trabajo con Clinton (“La manipulación de la crisis”, Público, 1 agosto), quien al igual que los anteriores sostiene que la mejor forma de salir de la crisis es aumentar el gasto público, no disminuirlo. Los tres refieren sus análisis a Estados Unidos, pero creo que podemos aplicarnos el cuento. En España, el colectivo Economistas frente a la Crisis ha criticado la imposición por el Consejo Europeo de políticas de recorte drástico del gasto público y plantean en relación al déficit: “Se asume que un problema esencial en el actual contexto es el déficit público, causado por un exceso de gasto. Sin embargo, el déficit encuentra una de sus principales causas en la fuerte y rápida reducción de los ingresos, que dependen directamente de la evolución del PIB. ¿No sería más adecuado centrarse en la recuperación de los ingresos sin olvidar, por supuesto, la necesaria eficiencia del gasto público?”.

Hablando de recuperación de ingresos: los empresarios españoles que tan contundentemente han salido a apoyar la medida de constitucionalizar el límite de déficit, ¿reclamarán también una subida de impuestos para las rentas más altas como han hecho algunos de sus colegas franceses y norteamericanos? ¿O acaso tendrán a bien reflexionar públicamente sobre la información proporcionada por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), según la cual la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8% del importe total de estas bolsas de fraude en España, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos?

Ya basta de seguir alimentando la ficción de unos mercados guiados por una cierta racionalidad, fundamentalmente prudentes, a quienes espanta la incertidumbre, deseosos de confiar en nosotros para así aterrizar amigablemente en nuestro entorno productivo y ayudarnos a salir de la crisis. Seguros de impago de créditos, ventas a corto, apalancamientos, apuestas a la baja, inversiones de alto riesgo… la incertidumbre y el desequilibrio configuran el ecosistema necesario donde se desarrolla el capitalismo de casino. He leído, incluso, sobre “máquinas de inversión de alta frecuencia” (High Frequency Trading), potentes ordenadores programados matemáticamente para comprar y vender en segundos modificando así las tendencias en las bolsas, con volúmenes de negocio de miles de millones diarios. ¿Modificarán estas supermáquinas de especular sus algoritmos para incorporar nuestra reforma constitucional?

Y luego está la cuestión de las formas: sin debate, decidiendo con incomprensible urgencia una medida pensada para ser aplicada en 2018 o en 2020, generando con ello aún más indignación en una ciudadanía cuya desconfianza debería importarnos mucho más que la de los volubles y codiciosos mercados.

En 2002, siendo Director de Inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Philip Bobbitt publicaba el libro The Shield of Achilles: War, Peace, and the Course of History (“El escudo de Aquiles: Guerra, paz y el curso de la Historia”). Bobbitt considera que la sucesión de conflictos bélicos que han caracterizado el siglo XX –desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín- constituyen, en realidad, un solo y prolongado conflicto de naturaleza epocal, la Larga Guerra, prolongada en el cambio de siglo con la guerra global contra el terror. Como consecuencia se ha producido una transformación esencial de la naturaleza y la lógica del Estado nación, sustituido por el Estado Mercado. La diferencia fundamental entre ambos es que mientras el Estado nación clásico deriva su poder y su legitimidad de la promesa de garantizar a sus ciudadanos bienestar material a través de la regulación de los mercados, la redistribución de la riqueza nacional y el impulso de programas de asistencia social, el Estado Mercado se legitima a través de la promesa de maximizar las oportunidades de sus ciudadanos impulsando la libre empresa y la iniciativa privada en un entorno de mercado libre. El dinamismo y los incentivos del mercado sustituyen crecientemente la regulación y los programas sociales impulsados por los gobiernos, que externalizan muchas de sus funciones clásicas hacia organizaciones privadas.


Consagrar constitucionalmente de esta manera el equilibrio presupuestario es convertir a España un poco más en Estado Mercado. Donde algunos podremos posicionarnos como agentes económicos, pero con el que pocos nos identificaremos como ciudadanos. Desde ahora digo que mi voto no servirá para apoyar esta reforma.